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domingo, 18 de abril de 2010

Las malas cuentas de Calderón en 2008

La Auditoría Superior de la Federación detectó un manejo discrecional de los excedentes financieros del Gobierno Federal en 2008 para forzar el equilibrio presupuestal

MÉXICO, D.F.-
El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa maquilló las cifras de su gasto de 2008, incurrió en subejercicios injustificados, realizó transferencias indebidas a diversos fondos e impidió que los millonarios recursos adicionales que obtuvo por ingresos excedentes llegaran a la población, destinándolos al mantenimiento del costoso aparato burocrático.

Desde la llegada del panismo al Gobierno Federal, los ingresos por excedentes petroleros y tributarios han alcanzado niveles sin precedente; para 2008 sumaban ya mil 282 millones de pesos. Sin embargo, gran parte de esos recursos ha ido a parar a los bolsillos de la alta burocracia: en los últimos 10 años, el número de plazas en el Gobierno Federal se incrementó en más de mil por ciento.

Lo anterior se desprende del análisis de la cuenta pública federal 2008 que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la Unidad de Evaluación y Control de la misma cámara y los informes cuatrimestrales de ese año de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la interpretación de los documentos que hacen legisladores del PRI y el PT, especializados en el manejo del gasto público.

Año tras año, la Cámara de Diputados autoriza una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos para el Gobierno Federal. En 2008, los legisladores autorizaron un gasto de 2 billones 894 mil 806 millones de pesos a la administración calderonista. De esta cantidad, 85% corresponde a pagos ineludibles como programas sociales, mantenimiento de escuelas, salarios de maestros y médicos y pago de la deuda, entre otros.

Por lo tanto, sólo 434 mil 220 millones de pesos pudieron ser etiquetados por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón realizó un manejo discrecional de esos recursos, e incluso fuera de la ley, para mantener el llamado "equilibrio presupuestal".

DINERO PERDIDO

De los 434 mil 220 millones de pesos que manejó libremente el gobierno calderonista, 315 mil 476 millones de pesos (el 72.6%) fueron captados por la venta de excedentes petroleros y recursos tributarios no previstos. Los legisladores no tienen certeza del uso de esos recursos, pues no cuentan con la justificación correspondiente.

Mario Di Costanzo, diputado federal del Partido del Trabajo y exfuncionario de Hacienda, detalla que más de la mitad de esos recursos fueron empleados en el gasto corriente de la administración de Calderón, esto es, pago de salario de altos funcionarios y el mantenimiento del aparto como compra de vehículos y gasolina. En contraste, la inversión pública cayó 40% y la deuda creció en 650 mil millones de pesos, asegura.

"Un ciudadano común no puede entender cómo con más ingresos en el país la inflación y la deuda crecieron en lugar de disminuir. Y la respuesta está en que poco más de la mitad de ese dinero se fue al pago de salarios y mantenimiento del aparato burocrático", expone.


El informe de la ASF señala que la mayor parte del gasto neto devengado se destinó al gasto corriente, "en el que los servicios personales representaron la mayor parte".

A su vez, el diputado del PRI Sebastián Lerdo de Tejada, especialista en la elaboración de presupuestos, acusa al gobierno panista de estar "engañando" a la población, pues el número de plazas de nivel superior –dice apoyado en datos de Hacienda– ha crecido por encima de mil por ciento desde el arribo del PAN a la Presidencia. Por ejemplo, en 2001 había 89 funcionaros que ganaban como subsecretarios de Estado o titulares de entidad. Para 2009, el número aumentó a mil 11 funcionarios, es decir, un crecimiento de mil 36 por ciento.

En el mismo periodo, de 4 mil 446 directores de área que había en 2001, la cifra llegó a 38 mil 427 directores, y de 69 jefes de unidad o titular de entidad se pasó a mil 212.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, el costo total del aparato burocrático del Gobierno Federal en 2008 fue de 185 mil 44 millones de pesos, de los cuales 6 mil 500 millones se emplearon para el pago de salarios; el resto (134 mil millones) en gasto corriente.

La ASF encontró que el Gobierno Federal erogó 126 mil 877 millones de pesos (poco más del 40% de los excedentes petroleros y tributarios) para "otros gastos corrientes".

Paradójicamente, la Cámara de Diputados obligó al Gobierno Federal a "racionalizar su gasto de operación" y le ordenó "compactar su estructura administrativa", según estableció en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.

Lo anterior implica la reorganización del Poder Ejecutivo Federal, incluyendo la revisión de la duplicidad de funciones, la reducción de los niveles salariales equivalentes en subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales "que no tenga dichos cargos" y la posible reducción de direcciones generales adjuntas.

En lugar de cumplir con el mandato, el gobierno de Felipe Calderón envió lo que fue considerado por priístas y petistas como "una burla": un plan de austeridad por tres años que comprende el ahorro de 40 mil 100 millones de pesos (13 mil 366 millones de pesos por año), cifra que contrasta con los 185 mil millones de pesos que gastó tan sólo en 2008 para el mantenimiento del aparato burocrático.

SIMULACIONES

La Auditoría Superior de la Federación detectó que en el llamado ramo 23 ("previsiones salariales") existió un sobregiro de 126 mil 877 millones de pesos, según el cuarto informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2008.

De acuerdo con el informe, Hacienda "autorizó la reasignación de gasto por 9 mil 538 millones de pesos a diversas entidades y fideicomisos, aun cuando, por lo avanzado del ejercicio fiscal, no era factible que dichos recursos se devengaran".

Además "se realizaron transferencias de recursos por 67 mil 587 millones de pesos a diversos ramos, sin que para ello hubiesen justificado las contingencias o gastos urgentes en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria".

El ramo 23 concentra recursos para contingencias como desastres naturales o aumentos salariales no previstos, y su aplicación debe estar siempre justificada. En realidad, el Gobierno Federal lo utiliza como una caja chica, considera el diputado federal Mario Di Costanzo.

"En este caso, nada de los más de 126 mil millones de pesos utilizados fue justificado", puntualiza.


La auditoría también llama la atención sobre el registro de recursos que el Gobierno Federal transfiere a diferentes fondos como "inversión física", pero que "son destinados al gasto corriente por sus ejecutores finales, como son los gobiernos estatales o municipales, razón por la cual se sobreestima el gasto de inversión".

Un ejemplo: según el informe de la auditoría, se dejaron de invertir 41 mil 331 millones de pesos en infraestructura; sin embargo, a esta cantidad hay que restarle 5 mil millones de pesos que supuestamente habían pasado al llamado Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y que debían de haberse utilizado para la infraestructura rural y urbana. Aunque fueron registrados en las cuentas del Gobierno Federal como inversión física y etiquetados para ese propósito, fueron usados "para gasto corriente".

LOS SUBEJERCICIOS

A esto se suman los llamados subejercicios, es decir, dinero que la federación dejó de ejercer injustificadamente en diversos programas sociales, dice por su parte el diputado priísta Sebastián Lerdo de Tejada, lo que para él es "una muestra plena de la ineficiencia en el ejercicio de los ingresos y el gasto público de parte del gobierno panista".

Peor aún: dice que las cuentas de la administración calderonista contienen "simulaciones y ajustes realizados por el Ejecutivo Federal para ocultar millonarios subejercicios en el gasto".

Reclama que el Gobierno Federal recurrió a la alquimia financiera "para que se alcanzara el equilibrio presupuestario y no se reflejara un subejercicio mayor al cierre de 2008".

Denuncia que Hacienda autorizó distribuir remanentes presupuestales por 44 mil 542.3 millones de pesos, de los cuales 9 mil 537.7 millones fueron transferidos a diversas dependencias, entidades, fondos y fideicomisos, así como para la constitución de depósitos en la Tesorería de la Federación (Tesote)".

Ofrece otros datos que él llama "preocupantes" sobre el manejo de las finanzas federales:

"En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encontraron recursos no devengados de los convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos a entidades federativas por 2 mil 100 millones de pesos.

"En el Programa Enciclopedia, la ASF detectó que la Secretaría de Educación Pública reportó indebidamente mil 300 millones de pesos como ejercidos, siendo que hasta octubre de 2009 se encontraban depositados en la Tesofe en una cuenta a favor de esa dependencia. También se realizaron transferencias por mil 73 millones de pesos a otras unidades administrativas y órganos desconcentrados para cubrir los capítulos de servicios personales y gastos de operación."

Lo que es más, la administración calderonista recurrió a la figura de fideicomisos para ejercer dinero de manera discrecional, sin la autorización de la Cámara de Diputados, como lo demuestran las auditorias financieras y de cumplimiento con el manejo de los llamados "aprovechamientos" (el dinero que ingresa a la federación por el cobro de usufructo de algunos bienes, al margen de la tributación que paga cada ciudadano) y de la recuperación de capital por venta de bienes.

El Gobierno Federal reportó a la ASF 353 fidecomisos, cifra menor a los existentes durante la administración de Vicente Fox. Sin embargo, los recursos depositados en estos instrumentos ascienden a 506 mil 946 millones de pesos.

‘EL ESCÁNDALO’

Sin embargo, dice Lerdo de Tejada, en 2008 "había 992 instrumentos jurídicos con disponibilidad de 601 mil 681 millones de pesos", según la información proporcionada por los tres poderes, órganos autónomos, instituciones públicas de educación superior y gobiernos estatales.

El "escándalo" –como lo llaman tanto el priísta Lerdo de Tejada como el petista Di Costanzo– radica en el manejo discrecional de esos recursos.

Lerdo de Tejada sostiene que estos instrumentos financieros han servido al gobierno para "desviar recursos" y utilizarlos con fines distintos para los que fueron autorizados.

Un ejemplo de lo anterior es el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP), constituido por Hacienda "en una cuenta de depósito de terceros en la Tesofe, mediante un acto que denominaron ‘acto jurídico análogo a mandato’, figura no prevista en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lugar de formalizarlo como un fideicomiso público. Una parte de los recursos del FARP los destinó Hacienda para atender la insuficiencia en el presupuesto original del ISSSTE en el rubro de pensiones y jubilaciones. Además, los rendimientos financieros de los recursos del FARP fueron depositados en cuentas distintas a las de dicho fondo", reportó la Auditoría Superior de la Federación.

El colmo, según el legislador Sebastián Lerdo de Tejada, es que "Hacienda obligó a Banobras a retirar 5 mil millones de pesos de su capital –depositado en el Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral de 2006–, y que lo regresara a la Tesofe para que ésta lo inscribiera en la Ley de Ingresos de la Federación como si fuera parte de los ingresos que se obtienen por impuestos o aprovechamientos o excedentes petroleros".

Lerdo de Tejada califica esta maniobra financiera como "una simulación para lograr un equilibrio presupuestal", como lo evidencia la propia ASF:

"La SHCP utilizó posteriormente dichos recursos para alcanzar un equilibrio presupuestal en las finanzas públicas, y en el ejercicio siguiente para autorizar un mayor gasto, sin la intervención y aprobación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, Hacienda continuó manejando discrecionalmente los fideicomisos, mandatos y actos análogos para canalizar recursos públicos excedentes enterados en la Tesofe y resignados en la Ley de Ingresos de la Federación."

"A esto sólo se le puede llamar un fraude a la nación", sostiene el diputado petista Mario Di Costanzo.

Fuente: Jesusa Cervantes / Proceso

lunes, 15 de marzo de 2010

Profeco: la procuraduría inútil

Isabel Argüello

Laura Soto Pinetti compró un vehículo automotor Gol Sedán, color negro, de la marca Volkswagen, el 27 de abril de 2009. Pasaron algunos meses para que, casualmente, se diera cuenta de que su coche había sido sometido a reparaciones antes de que ella lo “estrenara”. Luego de una investigación propia, se enteraría de que tiempo atrás un espectacular había caído encima de los autos que se encontraban en la sala de exhibición de Vehículos Aragón, SA de CV, y la compañía había decidido reconstruirlos y venderlos como “nuevos”. Ella fue una de las víctimas del engaño.

Ante el reclamo de Soto Pinetti, presentado en octubre del año pasado, los abogados de la franquicia respondieron –hasta el 8 de enero de 2010– que se reservaban su “derecho de emitir una opinión”.

Pero la consumidora defraudada también interpuso una queja en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). El 16 de octubre acudió a la Delegación del Norte de la dependencia para abrir el expediente PFC.NDF.B.3/003136-2009 contra Volkswagen de México, SA de CV, y Vehículos Aragón. Sin embrago, después de una audiencia realizada el 26 de noviembre, que duró 33 minutos, se le informó que quedaban “a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma que más le conviniera a sus intereses”; es decir, la Profeco cerró el caso y lo turnó al Archivo General.

––Yo creí que me podían ayudar en la Procuraduría, porque soy consumidor. Se supone que le resuelven a uno este tipo de problemas…

A decir de Soto Pinetti, los servidores públicos de la Profeco y los representantes legales de Volkswagen mostraron siempre una camaradería, aunque el trato hacia ella fue distante.

El caso de Laura Soto es uno de los 111 mil que recibió la Profeco durante 2009. Según el comunicado 011 emitido por esta instancia el 3 de febrero pasado, 14 mil 867 procedimientos concluyeron con multas a proveedores: poco más del 13 por ciento de los casos se resolvió a favor del consumidor. Así, recuperó 1 mil 106 millones de pesos para los ciudadanos.

El propio comunicado da cuenta de que los sectores contra los que mayor número de quejas se interponen son telecomunicaciones, inmobiliario y electricidad.

El sector vehicular también es uno de los obligados por el artículo 39 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a indicar el estado físico de sus productos (deficiencia, uso o reconstrucción), información que no fue proporcionada a la ciudadana Soto Pinetti al momento de realizar la compra.

Antes de que la consumidora acudiera a la Profeco, Juan Manuel Noguez, gerente de Ventas de Vehículos Aragón, le había dicho que los desperfectos encontrados en el automóvil “seguramente” se debían a “la sal del mar, porque los embarcan desde Brasil… O se dañó a la hora de bajarlo de la madrina (grúa)”. Y le ofreció cambiar las piezas dañadas del vehículo y un carro para que se transportara en esos días.

––No, señor. Yo compré un coche nuevo; yo no compré uno usado o reparado –fue la respuesta de Soto Pinetti.
Proceso conciliatorio

En la audiencia, efectuada en noviembre, estuvieron presentes: Teresa Guadalupe Bautista Franco y Rodolfo Mondragón Monroy, conciliadora y delegado de la Procuraduría; Sergio Chávez Martínez, abogado de la concesionaria vehicular; y Soto Pinetti, a quien no se le permitió estar acompañada de su esposo por no contar con una carta poder.

La consumidora solicitó el cambio de su auto. La licenciada Bautista Franco argumentó que la Procuraduría no tiene ese tipo de facultades y que, si no aceptaba los términos de Volkswagen, se cerraba el proceso; además, que no tenía caso volverla a citar a otra audiencia.

En entrevista con Contralínea, Norelly Domínguez Acosta, subprocuradora de Servicios, dice que no se puede obligar al proveedor a la devolución, pero que “el Poder Judicial tiene los medios para hacer cumplir la sentencia que el juzgado determine”.

Carolina López Reyes, directora de Atención a Medios, señala que cuando no se ponen de acuerdo las partes involucradas se cierra el caso. “Después de este proceso de conciliación, la persona puede acudir a un MP (Ministerio Público) con una denuncia penal; la idea es hacerlo de inmediato”.

Sin embargo, a la consumidora no se le informó siquiera que podía acudir al Ministerio Público para levantar un acta civil o penal. Soto Pinetti dice que no se sintió respaldada ni asesorada.

Domínguez Acosta indica que todo procedimiento conciliatorio tarda aproximadamente 90 días naturales para resolverse. “Citamos al proveedor y al consumidor. Se pueden celebrar tres audiencias, buscando un acuerdo, y si no hay ninguna satisfacción, se dejan a salvo los derechos del consumidor para que los haga valer como le convenga, básicamente a través del Poder Judicial”.

Ante las quejas de la consumidora sobre “maltrato”, Domínguez Acosta explica que, “como servidores públicos, estamos regidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Servicio Profesional, la Ley de Servidores Públicos”.
El papel de la Profeco

“Un fracaso”, es el calificativo que utiliza el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfonso Bouzas Ortiz para definir la labor conciliadora de la Profeco. Manifiesta que el interés empresarial domina y la Procuraduría ha sido reducida a una instancia que afecta a los propios consumidores.

El objetivo de la Profeco es conciliar proveedores y consumidores. Pero, para que haya una verdadera protección del consumidor, debe redefinirse la política económica, priorizar el interés del consumidor y meter frenos al sector empresarial, añade Bouzas Ortiz.

Explica que el procedimiento actual de defensa de los consumidores que realiza la Procuraduría depende de la disposición de conciliar: si el empresario no desea una conciliación, no se le puede obligar y el consumidor llega a la conclusión de que perdió el tiempo. Señala que, para que los consumidores puedan ser defendidos realmente, se necesita una reforma a la ley.

––No se tiene el mecanismo ni la cultura de protección al consumidor. La Procuraduría se convierte en un aparto burocrático que no sirve de nada y las instancias gubernamentales se preocupan de todo, menos de proteger al consumidor –concluye el abogado laboral, quien también es doctor en derechos social y maestro en sociología del trabajo.

En una postura similar, Mario Di Costanzo, diputado del Partido del Trabajo, considera que las funciones principales de la Profeco son la defensa del consumidor en conflictos con el proveedor y la de informar sobre las condiciones del mercado. Y en ambas, “más o menos ha cumplido con su papel”.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, comenta que “hay un abismo” entre los objetivos de la Profeco y su cumplimiento. Su labor conciliadora se encuentra limitada. Por ello, también demanda una reforma a la ley.

––En realidad, la Profeco, más que una procuraduría, es una especie de concertación entre las partes. Se pierde tiempo y no hay resultados en este proceso de conciliación; los consumidores abandonan los casos y muchas veces el propio proceso de conciliación puede ser tortuoso y largo. Entonces, esto es lo que hace que los consumidores no acudan a Profeco, a menos que haya un daño o gasto mayor.

Daniel Gershenson, miembro de Al consumidor, AC, dice que la Profeco fue una idea que en 1976, “en un sistema muy autoritario”, constituía una novedad, pues los usuarios estarían representados y el gobierno velaría por sus intereses. Pero el concepto se devaluó porque se convirtió en una burocracia.

––Si nos vamos al aspecto puramente informativo, creo que Profeco sí ha cumplido. Por otro lado, si se trata de facultar a los consumidores y de limitar excesos de empresas inescrupulosas, Profeco ha sido un fracaso rotundo. El proceso de conciliación es una verdadera monserga.

La lectura que hace es que la Profeco no cumple con las características necesarias para definirse como procuraduría, “a lo más que aspira es a sentar al consumidor junto con los abogados de estos grandes corporativos en un proceso desigual y en donde, por lo general, los que salen siempre ganando son estos corporativos”. Propone una renovación completa, en la que se incluyan la delimitación de actividades y la ingerencia que pueda tener la Secretaría de Economía.

Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, señala que la Profeco “no sirve para nada” porque es una instancia cada día más sometida a los grupos del gran capital.

Irónicamente, recuerda que el 15 de marzo es el Día Internacional del Consumidor y que la Profeco organiza un acto protocolario con grandes empresas y grupos que están siendo demandados por los consumidores. “Más que un día del consumidor, es un día de los grandes empresarios”.

Finalmente, Dolores Rojas, de Oxfam México, asevera que la conciliación es una salida pronta, pues parece que la mentalidad de la institución es: “mejor un buen arreglo que un mal pleito o un mal arreglo que un buen pleito que pueda durar tanto tiempo”.

––No me parece que frente a un mal servicio o un incumplimiento de un proveedor se concilie, cuando lo que tiene que haber es un cumplimiento del contrato, o sea, tendría que ser sancionado.

“No volvería nunca más con la Profeco”, dice Laura Soto, quien conduce un auto reconstruido que Volkswagen le vendió como nuevo. Aún paga mensualidades por 3 mil 900 pesos, que no concluirá hasta que sume 153 mil 648 pesos.

A empresarios panistas, contratos por 37 mil MDP

Érika Ramírez *

El gobierno federal endeuda a México con más de 37 mil 600 millones de pesos. Los compromisos se asumieron a través de nueve Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), esquemas de financiamiento firmados entre la iniciativa privada y el gobierno federal. La deuda tardará en cubrirse más de dos décadas y fue adquirida sin el consentimiento del Congreso de la Unión durante el periodo 2005-2008.

Bajo el pretexto de ampliar la infraestructura hospitalaria de la nación, en la Presidencia de Vicente Fox se inició este esquema de negocios en el sector salud, mismo que se amplió a la construcción de tramos carreteros y, también, contempla la edificación de una universidad en San Luis Potosí.

Luego de la fiscalización de hospitales regionales y unidades de especialidades médicas del Bajío y de Ciudad Victoria, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por incumplimiento de contratos y la “no” incorporación de los montos comprometidos en la deuda pública del país.

Ya en 2007, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre los “problemas latentes” que atraen las también llamadas asociaciones público-privadas. Destaca en su informe CEFP/019/2007: “El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un PPS, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública”. Es decir, contrario al discurso oficial, al país le resulta más caro “invitar” a la iniciativa privada a invertir en la construcción de obra pública y prestación de servicios.

En un primer esquema de promoción de estos vehículos de financiamiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –entonces a cargo de Francisco Gil Díaz– proyectó llevar a cabo 11 esquemas, de los cuales, tres serían desarrollados por las secretarías de Salud, siete más por la de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, según muestra el portal de internet oficial.

Sin embargo, la Secretaría de Salud indica que los PPS podrían incrementarse hasta en 10 institutos de salud. Los mismos deberán acabar su concurso de licitación al final de la segunda administración panista, bajo el plan México 2030, Proyecto de Gran Visión (Contralínea 171), firmado por Felipe Calderón Hijonosa.

Hospitales “especiales”

Documentos oficiales muestran que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón suman ya un adeudo en el sector salud por 18 mil 481 millones 181 mil 500 pesos. La cifra engloba la firma de contratos para la construcción de tres unidades hospitalarias en Guanajuato, Ciudad Victoria y Estado de México.

Los contratos fueron asignados a la trasnacional española Acciona para el Hospital Regional de Alta especialidad (HRAE) Bajío; Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella, quienes aportaron más de 2 millones de pesos al Partido Acción Nacional–, el HRAE Ciudad Victoria; así como a Constructora y Edificadora GIA+A, Constructora Hispánica, y Eductrade, el HRAE de Ixtapaluca. Los dos primeros merecieron observaciones del máximo órgano de fiscalización del país.

En marzo de 2009, Contralínea documentó que la “primera etapa” de administración de los PPS puso en marcha la construcción del HRAE Bajío. El 7 de noviembre de 2005, la Secretaría de Salud (Ssa) –entonces a cargo de Julio Frenk Mora– firmó el contrato 00012004-005, por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, con la trasnacional española.

Sin embargo, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la ASF, revela que el contrato se modificó el 25 de enero de 2007 y duplicó el monto inicial. A los más de 3 mil millones se le sumaron otros 4 mil 617 millones 684 mil pesos, lo que implica que el compromiso ascendió a 7 mil 748 millones 559 mil pesos. El mismo tiene vigencia hasta el 30 de enero de 2031.

En las “observaciones” que la ASF señala a la Ssa, el máximo órgano de fiscalización del país pone en entredicho la legalidad de los contratos y los pagos por 143 millones de pesos que debe pagar anualmente la secretaría, por 25 años: “aún no se había previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, hoy abrogada, la modalidad de autorización de presupuestos multianuales de gasto”.

Los compromisos, dice el informe, fueron autorizados “únicamente” por la SHCP, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, “sin participación alguna de la Cámara de Diputados”, para presupuestar el gasto y los compromisos de pago “con efectos similares a un endeudamiento público”.

La ASF destaca la manera “discrecional” de contratar los esquemas de financiamiento, pues hasta enero de 2009 –cuando se llevó a cabo la auditoría–, la Cámara de Diputados “no participa en la autorización de los PPS ni de los presupuestos multianuales correspondientes, dichas responsabilidades son ejercidas a total discreción por la SHCP”.

“Si bien, los compromisos de pago que se adquirieron en el contrato PPS no se clasifican como deuda y sólo se registran como gasto corriente, su efecto en las finanzas públicas es el mismo que el de la contratación de un crédito a largo plazo autorizado como deuda por el Congreso de la Unión”, dice.

Además, requiere la homologación del contrato de concesión sobre el terreno en el que está construido el HRAE Bajío, ya que “en el contrato del PPS no se especifica tal situación y el título de concesión se otorgó por un plazo de 50 años, periodo que difirió con el plazo del PPS, que fue a 25 años”. Tampoco se especificó qué sucederá con la concesión del terreno durante el tiempo restante, menciona la ASF.
Incumplimiento de los Servitje

Otro de los contratos auditados por la ASF fue el que firmó la administración de Felipe Calderón con quienes financiaron su campaña en 2006: los Mariscal Servitje y Mariscal Torroella. El proyecto de Prestación de Servicios HRAE de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que costará al erario más de 4 mil millones de pesos; monto que deberá liquidarse hasta el 11 de julio de 2032.

A través de la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, los accionistas de grupo Bimbo obtuvieron el contrato 00012003-009-06, que concursó en una licitación pública internacional.

El compromiso, pactado entre la Ssa y los empresarios, fue incumplido “al no poner en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y no exigieron que el inversionista proveedor suministrara e instalara el equipamiento médico necesario”.

Pese a que el 10 de enero la Ssa certificó la terminación de los trabajos, la dependencia a cargo de Córdova Villalobos “no utilizó los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos del proyecto, debido a que no ha puesto en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE”, indica la ASF.

Del hospital de atención especializada no se pusieron en servicio las áreas de “anatomía patológica, medicina física y rehabilitación, medicina nuclear, oncología, radioterapia, quimioterapia, y braquioterapia, y parcialmente consulta externa y hospitalización con 20 camas, cuatro camas en terapia intensiva y dos de la unidad de cuidados intensivos”.

El contrato de más de 4 mil millones de pesos comprende el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento y manutención y conservación del proyecto. Sin embargo, indica la ASF, la Ssa “no actuó de conformidad con lo establecido en el contrato, debido a que no exigió oportunamente al inversionista proveedor el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el mismo para que la prestación de los servicios médicos se dé con eficiencia, calidad y oportunidad para el buen funcionamiento del hospital”.

De la maquinaria que no fue instalada se destacan los monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, ultrasonido intravascular, portaendoscopios, oximetría de pulso, ortopantomógrafo, neuroestimuladores, sillón de exploración con unidad de otorrinolaringología, computadora para terapia de lenguaje y oftalmoscopio directo, entre otras.

Además, la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella– “proyectó y construyó un espacio que incumple con las necesidades requeridas para funcionar adecuadamente como un auditorio, el cual debe tener una capacidad para 200 personas con butacas con paletas y preparación de traductor simultáneo. El espacio construido no cumple con la acústica y visibilidad necesarias”.

La Ssa “tampoco ha exigido el equipamiento y mobiliario de la biblioteca, hemeroteca y videoteca, así como la colocación de cuadros de ambientación, macetones con vegetación natural, calcomanías, tapetes de acceso y un mural o murales en su caso”, revela la revisión a la Cuenta Pública 2008.

El máximo órgano de fiscalización del país solicitó la intervención del Órgano Interno de Control para fincar responsabilidades. En tanto, la Ssa tiene un plazo de 45 días hábiles para solventar los señalamientos de la ASF.
Concesiones por 19 mil MDP a militantes del PAN

Empresas ICA (Ingenieros Civiles Asociados) es una de las principales compañías que conforman los consorcios “ganadores” de los PPS carreteros. Estos esquemas licitados por la SCT rebasan un “adeudo” por 19 mil millones de pesos.

Informes del financiamiento de campaña en 2006 del Partido Acción Nacional (PAN) muestran que los accionistas de ICA, militantes del blanquiazul, aportaron recursos por más de 4.5 millones de pesos a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, en la contienda presidencial de 2006.

La compañía liderada por Bernardo Quintana Isaac se ha dedicado a la construcción de obra pública desde 1947, cuando su padre Bernardo Quintana Arrioja inició el negocio. Ésta ha firmado alianzas con Desarrolladora de Proyectos de Infraestructura, Controladora de Operaciones e Infraestructura y FCC Construcción, para obtener la concesión de cuatro de los seis PPS carreteros.

De los hermanos Bernardo, Alonso y Diego Quintana Kawage, Diego es el que aportó más recursos al PAN en 2006: 2 millones 790 mil pesos. Integrante del Consejo de Administración de ICA e hijo de Quintana Isaac, el empresario hizo los depósitos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los meses de enero, junio, julio y septiembre de ese año electoral, como muestra la Relación personalizada de aportaciones de militantes del PAN en efectivo 2006 (cuya copia posee Contralínea).

El nieto del fundador de ICA aparece en el Consejo de Administración como director de la Unidad de Negocios de Vivienda desde 2004. También es vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Mexicana de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.

Sus hermanos Alonso y Bernardo fueron también donadores panistas en las elecciones presidenciales pasadas. Ambos depositaron al CEN de PAN 900 mil pesos cada uno, en mayo y junio de aquel año.

El primero ocupa el cargo de director Corporativo de Finanzas y Administración de ICA, desde enero de 2007, luego de integrarse a la empresa familiar desde 1994. El segundo es el director general de ICA Construcciones Urbanas.


Contratos al margen de la ley

Además de los contratos a través de los esquemas PPS, las administraciones panistas han licitado siete proyectos carreteros, concesionados a la iniciativa privada por más de 20 años. La cifra total de este compromiso suma 19 mil 202 millones de pesos mediante seis tramos carreteros.

El informe de la Cámara de Diputados explica que los PPS carreteros son una concesión otorgada a través de una licitación pública, que le garantiza al concesionario la adjudicación del contrato de prestación de servicios. Éste establece la asociación entre la SCT y la empresa privada para diseñar, financiar, construir, mantener y operar una carretera; el plazo del mismo va de 15 a 30 años.

De los seis proyectos licitados (de un total de siete programados) la ASF fiscalizó en la Cuenta Pública el “tramo carretero Querétaro-Irapuato”, que comprende 3 mil 628 millones de pesos. Concedido hasta por 20 años, el pago del contrato fue administrado como gasto corriente.

Sin embargo, el máximo órgano de fiscalización dice que los compromisos adquiridos bajo los esquemas PPS “representan obligaciones reales ineludibles de pago y de tener un carácter preferencial en la presupuestación anual, al momento de asignar y autorizar recursos, tal como fue el caso del contrato del proyecto de prestación de servicios del tramo carretero Querétaro- Irapuato, suscrito entre la SCT y la empresa Concesionaria de Vías Irapuato-Querétaro”.

El informe indica que es “conveniente que el Congreso de la Unión tenga una mayor participación en la autorización de este tipo de compromisos”, que formen parte del registro de la deuda pública federal, sean identificados plenamente en la Cuenta Pública y en los estados financieros de las paraestatales.

El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que el Congreso tiene la facultad para “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional”.

“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república.

“Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente”.
PPS, “pilar” del sector salud: Ssa

Manuel de la Llata Romero, director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de la Secretaría de Salud, defiende los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en el sector, y la deuda que conllevan. Son el “pilar” fundamental para incrementar la infraestructura hospitalaria que necesita México, dice.

“Es bien sabido que los recursos no abundan en nuestro país y tenemos que establecer los hospitales que se requieren; por ello, a partir de que en el gobierno de Vicente Fox quedaron aprobados, por las secretarías de Hacienda y la Función Pública, ahora se tiene proyectado que sean 12 PPS en todo el país, más tres en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey”, agrega.

Ante el impacto social que podrían tener estos proyectos, que en promedio significan un compromiso de más de 7 mil millones de pesos, a un plazo de 25 años, De la Llata dice que aún es “prematuro hacer juicios, pero sabemos que ha habido una reducción de padecimientos de personas que habitan en esas regiones, particularmente: cáncer, cardiología y algunas otras especialidades (sic)”.

Luego de que el pasado 17 de febrero se hicieran públicas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, el coordinador de los HRAE dice desconocer el porqué Acciona, proveedor, accionista del PPS del Bajío, tiene un contrato en el que se define que tiene derecho sobre las tierras en donde se edificó el HRAE por 50 años, y no por los 25 que durará la relación comercial con el gobierno federal, como lo menciona el órgano fiscalizador.

“Ese detalle no lo conozco, porque estos HRAE son entidades independientes, desde el punto de vista jurídico. Dependen normativamente de esta comisión, pero tienen una estructura de independencia. Ésa es la fortaleza del instituto. Son los directivos los que tendrán que solventar las observaciones de la auditoría”, comenta.

Sobre el incumplimiento de contrato de Grupo Marhnos en el HRAE de Ciudad Victoria, en donde la ASF detectó la falta de equipo y maquinaria para la atención médica, el funcionario de la Secretaría de Salud asegura que, justo un día antes de la entrevista con Contralínea (3 de marzo de 2010), se resolvieron algunas de las controversias con los proveedores: “Hubo algunos aspectos del equipamiento, y hemos tenido reuniones con ellos para que quede totalmente aclarado. Digamos que existe una visión distinta, pero confío en que quede totalmente aclarado”.

Sobre la entrega de donativos en la campaña presidencial de 2006, de familias que ahora tienen los PPS en su cartera de negocios, De la Llata prefiere no “opinar”, pues de eso sólo sabe la Dirección General de Infraestructura Física. “Nosotros sólo somos operativos”.

Mario Di Costanzo Armenta, economista y legislador por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, explica que los PPS generan una deuda “contingente” que finalmente se materializa, como los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto, un esquema que no fue idóneo para Petróleos Mexicanos.

El pretexto, comenta, es “encontrar nuevos negocios para entregárselos a los privados y seguir endeudando al país, cuando se puede hacer una inversión directa. Los empresarios son los nuevos intermediarios que se van a quedar con todo. Es otra manera de seguir entregando al país”. (ER)


“Problemas latentes en un contrato PPS”

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica cuáles podrían ser los problemas que genere la contratación de obra a través de los PPS:

· El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un proyecto de Prestación de Servicios, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública. El sector privado requiere una tasa de retorno superior a la tasa requerida por el sector público. Esta diferencia impacta en las finanzas públicas y en la capacidad gubernamental para mantener y expandir los servicios existentes.

· Si bien, la inyección de recursos privados permite satisfacer necesidades y proveer servicios públicos, que podrían haberse pospuesto o no atendido en el corto plazo, también en el largo plazo se acumulan pasivos durante la vida del contrato.

· Dado que se trata de contratos de largo plazo, superiores a 15 años, en la contraparte privada se podrían observar cambios en las estrategias de inversión, en la organización, en la propiedad o en la junta directiva.

· Finalmente, los PPS emergen cuando un inversionista privado o el gobierno identifica una oportunidad, no necesariamente responden a necesidades urgentes plenamente identificadas, en este caso, el sector privado los desarrolla con un costo extra.

* Reportera de las revistas mexicanas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna, negocios y finanzas. Egresada de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, UNAM. Becaria de los diplomados de Periodismo Radial y Periodismo de Investigación, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba.