Absurdo que el Gobierno Reporte un Superávit Fiscal de poco más de 100 mil mdp, mientras que PEMEX reportó pérdidas por casi 10,143 mdp

Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo.

De acuerdo con el primer informe sobre la situación de las finanzas públicas, al primer trimestre del año, el sector público obtuvo un superávit fiscal, de 102 mil 436 millones de pesos.

Lo anterior quiere decir que al mes de marzo del presente año, los ingresos obtenidos por el gobierno fueron superiores al gasto que este realizo durante los tres primeros meses del año.

Si bien es cierto que a primera vista esta situación podría parecer “buena”, cuando revisamos este resultado de manera más detenida, nos encontramos que el hecho de que el gobierno este reportando este “superávit”, ha implicado que PEMEX haya registrado durante los tres primeros meses del presente año un déficit de operación, o sea una perdida de 10 mil 143 millones de pesos.



Para mostrar lo anterior solo basta mencionar que de acuerdo con los datos publicados por PEMEX al primer trimestre del año, esta paraestatal, registró ventas totales por 235 mil 900 millones de pesos, de los cuales, 134 mil millones de pesos, (aproximadamente el 56% de sus ventas totales) le fueron entregados a la SHCP por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos.

Sin embargo y de manera adicional, PEMEX le entregó al gobierno por concepto de “ingresos propios” 68 mil 353.5 millones de pesos con lo que la contribución total de PEMEX a las finanzas públicas 202 mil 753 millones de pesos, cifra que representa el 85.9% de las ventas totales de Petróleos Mexicanos.

Cabe destacar que si a las aportaciones a las finanzas públicas que hace PEMEX por concepto de impuestos y de ingresos propios, le añadimos lo que el gobierno recauda por concepto del Impuesto Especial a la Producción y Servicios proveniente de la gasolina y el diesel (IEPS de gasolina y diesel) y lo que recauda por concepto de IVA a la gasolina, nos damos cuenta que la contribución total de los ingresos petroleros a las finanzas públicas fue de 212 mil 410 millones de pesos, cifra que representa el 38% de los ingresos públicos totales.

Por ello resulta absurdo que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se vanaglorie de haber obtenido un superávit fiscal de 102 mil millones de pesos, cuando esto fue a costa de que PEMEX operara con pérdidas durante el primer trimestre del año.

También pone de manifiesto que Petróleos Mexicanos jamás podrá ser una empresa competitiva y rentable mientras esté sujeta a las carga fiscal de la que es objeto por parte de la SHCP.

De hecho si PEMEX enfrentara una carga fiscal (como en teoría la tiene cualquier otra empresa privada), es decir 28%, durante el primer trimestre del
Presente año, la paraestatal hubiese reportado una utilidad de operación de cuando menos 60 mil millones de pesos, cifra que representa el costo de una refinería con las mejores tecnologías de punta.

Así mientras que PEMEX paga una tasa de impuestos de 56% como proporción de sus ventas, Grupo Bimbo paga sólo el 4%, o Grupo Alfa que paga el 2.5% o Bachoco que pagó el 0.01%.

De esta manera esta es la verdadera razón de que PEMEX se encuentre descapitalizado y opere con pérdidas y también es la razón que explica el tremendo e inoperante superávit fiscal, en una economía que enfrenta tremendos rezagos en infraestructura social y productiva.

Agustín Carstens y su Equipo Incapaces de Hacer Frente al Estancamiento Económico: Deben de apoyar al mercado interno y regular a los monopolios

Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legitimo

Abril 30, 2007

La proyección de un menor crecimiento económico para el presente año, anunciada por el Banco de México, pone de manifiesto la incapacidad del equipo económico de Agustín Carstens para reactivar la economía mexicana.

Hay que recordar que desde su incorporación al equipo de Felipe Calderón, ha sido evidente que Felipe Calderón se supedito nuevamente a las instrucciones del FMI y de Roberto Hernández.

Por ello, el enfoque del proyecto económico hasta el momento no ha planteado ninguna diferencia con el del gobierno foxista, de hecho el principal problema económico del sexenio foxista, fue la falta de crecimiento y de empleo, Carstens al aplicar las mismas medidas económicas que su antecesor, no ha podido, ni podrá obtener resultados diferentes a los actuales.

Es pertinente recordar, que durante la gestión de Agustín Carstens como Subsecretario de Hacienda (2001-2003) , del gobierno foxista, fue cuando se obtuvo un menor crecimiento económico.

De esta manera y hasta el momento Carstens, ha insistido en las principales líneas de política fiscal, tributaria y presupuestaria emprendidas en la pasada administración, entre ellas, la astringencia presupuestaria en materia de inversión pública directa y la falta de atención al mercado interno..

A lo anterior se ha sumado el crecimiento de los precios, que está obligando al Banco de México a aplicar una política monentaria mas restrictiva mediante el incremento de la tasa de interès, con lo que las posibilidades de crecimiento y creación de empleos se están reduciendo.

Es importante mencionar que si bien es cierto que la reducción en las posibilidades de crecimiento de la economía norteamericana impactan al entorno económico de nuestro país, también lo es, el hecho de que la existencia de los monopolios y oligopolios en sectores estratégicos de nuestra economía inciden fuertemente en las posibilidades de crecimiento económico y del empleo en nuestro país, de hecho y de acuerdo con el Banco Mundial la existencia de estos monopolios y oligopolios le cuestan al país entre 2 y 3 puntos de crecimiento anual por ello Carstens y su equipo deben de voltear al mercado interno y a la regulación de estos monopolios para que México retorne a la senda del crecimiento, de otra manera nos acercamos a una crisis de mayores proporciones.

EL IPAB HA IDO LAVANDO TODAS LAS DEUDAS QUE FUERON ADQUIRIDAS DE MANERA ILEGAL

Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública Del Gobierno Legítimo

De acuerdo con la información del Informe sobre la Situación de las Finanzas Publicas al mes de diciembre de 2006, la deuda bruta derivada del Rescate Bancario ascendió a 748 mil 524 millones de pesos, esta cifra representa aproximadamente el 32% del Presupuesto de Egresos para el 2007.

Cabe mencionar que en virtud de algunos activos que el IPAB ha podido vender y debido a la cobranza de créditos ya pactada en el programa de capitalización y compra de cartera, la deuda neta del rescate bancario al mes de diciembre de 2005 ascendió a 714 mil 541 millones de pesos.

Esta deuda, genera un costo financiero a cargo de los contribuyentes por aproximadamente 50,000 millones de pesos anuales.

Es importante mencionar que desde su constitución en 1999 a la fecha, la estructura de la deuda del IPAB se ha modificado, debido a que el IPAB a pagado o prepagado deudas derivadas directamente del FOBAPROA y por lo tanto de dudosa legalidad,

Esto ha sido posible por la capacidad de refinanciamiento que le otorga el Artìculo 2 de la Ley de Ingresos, y que nunca fue acotado por los legisladores durante los periodos de aprobación de la Ley de Ingresos en cada año.

Esta disposición le permite al Instituto “contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago,…”


Estos “canjes” o “sustitución de deuda” ha sido por instrumentos que el IPAB utiliza para refinanciar sus pasivos o por créditos que ha obtenido de las mismas instituciones rescatadas y que prácticamente han generado una “nueva deuda” que el IPAB ha adquirido y que a la fecha asciende a 717 mil 053 millones de pesos, representando el 95.8% de la deuda total del rescate bancario.

Sin embargo esto ha sido simplemente un lavado de deudas “cuestionables” por una nueva deuda supuestamente legal, lo que ha permitido que los bancos hayan podido cobrar deudas que eran consideradas como ilegales y que no contaron con el aval del Congreso.

Para evitar lo anterior los diputados debieron de haber modificado el articulo segundo de la ley de ingresos, para limitar la capacidad de refinanciamiento de pasivos del Instituto, excluyendo de esta la posibilidad de refinanciar los pasivos o deudas derivadas del Programa de Capitalización y Compra de Cartera asi como cualquier operación que estuviése con alguna observación de la Auditoria Superior de la Federación y que a la fecha no estuviése solventada.

Hay que recordar que de acuerdo al último reporte de la Auditoria Superior de la Federación, aún existen observaciones sin solventar con respecto al Rescate Bancario y que el propio Auditor Superior concluyò que el Comité Técnico del Fobaproa procedió de manera discrecional y en exceso de sus atribuciones.

Por ello el IPAB utilizo indebidamente esta facultad de refinanciamiento como una fuente alternativa de allegarse recursos, lo que le permitió refinanciar operaciones cuestionadas o ilegales y borrar su rastro.

Es por ello, que el IPAB de la misma manera como se “lava el dinero sucio” en un proceso similar al “lavado de dinero” entendiéndose este procedimiento como el cambiar o borrar el rastro de una deuda de “dudosa legalidad o procedencia, por una deuda aparentemente legal”, ha borrado los pasivos originados directamente por el Fobaproa.

Para mostrar lo anterior conviene mencionar a manera de ejemplo, que en el mes de octubre de 2002, el IPAB cambió los 6 pagarés de saneamiento del Banco del Atlántico, por una “línea de crédito simple” por 48,779 millones de pesos, que le fue otorgada por BITAL. Esto es equivalente a “lavar una deuda”.

La operación fue realizada de la siguiente manera; Hasta el mes de septiembre del 2002, Bital como resultado de su cuestionada fusión con el Banco del Atlántico, se hizo dueño de los “pagarés de saneamiento” que eran a favor del banco del Atlántico, como la operación de fusión entre los dos bancos ha sido sumamente cuestionada, tanto por el costo para el IPAB como por el hecho de que el senador Diego Fernández de Cevallos participó como abogado de Bital en contra del IPAB, el Instituto de Protección al ahorro Bancario, prefirió “desaparecer” o bien “liquidar” pagarés, solicitando un préstamo a BITAL para liquidarlos.

A fin de cuentas el beneficiario seguía siendo Bital, con la única diferencia de que jurídicamente hablando, la “nueva deuda” del IPAB con Bital ya no es producto de los “pagarés de saneamiento” (que han desaparecido), sino obedece a una “operación de refinanciamiento” es decir a un préstamo simple de Bital hacia el IPAB.

Claro que hubo un “premio adicional para Bital” y es que los pagarés de saneamiento del Banco del Atlántico que vencían entre el 2005 y el 2008, fueron modificados y el “crédito simple contratado con Bital por 39,000 millones de pesos aproximadamente” vence en su totalidad en el 2005, acortando casi tres años el periodo de vencimiento del préstamo.

Más aún si revisamos, el “listado” de pagarés a cargo del IPAB en su página de internet, hasta el mes de septiembre del 2002, aparecían los pagarés del Banco del Atlántico, pero si revisamos el mismo “listado” para el mes de Junio del 2004, los “pagarés de Atlántico” ya no aparecen.

De hecho, tal y como el IPAB lo anunció el 1 de octubre del 2002, “da por concluido el saneamiento del Banco del Atlántico”, esto prácticamente deja sin posibilidad de investigación, una operación sumamente cuestionada, cuyo costo fiscal se estimo en 48,779.5 millones de pesos.

Dé esta manera mientras que el saldo de los pagarés por “saneamiento” disminuyó entre diciembre del 2000 y diciembre del 2006, al pasar de 214 mil 368 millones, a sólo 25 mil 876 millones, los pagarés por “Refinanciamiento” aumentaron considerablemente entre el mismo periodo al pasar de 187 mil 672 millones en diciembre del 2000 a 717 mil 053 millones de pesos, representando, el 95.8% del saldo total deudor del IPAB.

Por ello el IPAB esta aprovecho la facultad que tiene para refinanciar sus pasivos, para lavar deudas de operaciones que han sido altamente cuestionadas, como lo son las deudas derivadas de las intervenciones bancarias y los saneamientos que en su momento llevó a cabo el Fobaproa y el Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

Asimismo se observa de que a pesar de que los Programas de Capitalización y Compra de Cartera no son deuda del IPAB, ahora se han liquidado en su totalidad como parte de los prepagos que el IPAB realizo, sosteniendo que ya se cumplió con lo dispuesto por el articulo quinto transitorio, lo cual es una grave ilegalidad puesto que la ASF no ha dado su visto bueno al Acuerdo firmado el 14 de julio de 2004 y mucho menos al resultado de las revisiones anunciadas por el IPAB el año pasado. El prepago de estas obligaciones iniciaron desde el 21 de julio de 2005,

Por ello, será imprescindible que la Comisión Especial del Senado que investigará la deuda pública directa e indirecta, que existe en México, revise con lupa el caso del IPAB y del Rescate Bancario.