sábado, 29 de diciembre de 2007


EL PROGRAMA ANUAL ESTIMADO DE ADQUISICIONES PARA 2008 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL MEJOR EJEMPLO DE DESPILFARRO EN EL GASTO PÙBLICO


Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2008, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público contará con un presupuesto de 36 mil 139 millones de pesos, de los cuales casi 6,000 millones de pesos los ejercerá directamente esta dependencia (sector central) y el resto serán gastados por sus organismos descentralizados, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el Instituto de Nacional Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

De esta manera tan sólo esta dependencia, sin incluir las demás entidades, ejercerá un gasto corriente para 2008, de más de 4 mil 153 millones de pesos, de los cuales 2 mil 572 millones de pesos serán para el pago de salarios y el resto será destinado al pago de materiales y suministros y servicios generales de esta secretaria.

Estos gastos supuestamente son realizados para cumplir con las tareas que la dependencia realiza, sin embargo si revisamos El Programa Anual Estimado de Adquisiciones para 2008, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, nos damos cuenta del despilfarro y la mala aplicación del gasto público.

Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que de acuerdo a la revisión del documento que esta dependencia ha publicado en su página de Internet, se observan diversos conceptos de gasto, que nada tienen que ver con el funcionamiento de ésta secretaria y muestra como se dilapida los recursos de los contribuyentes.

De esta manera se observa en el documento publicado el pasado 30 de noviembre que esta secretaria entre otras cosas adquirirá o erogará recursos por los siguientes conceptos: 318 cerraduras para puertas y cajones, 100 chapas, mas de 500 pilas “AA” y “AAA”, 8 botiquines de primeros auxilios, además de un extenso surtido de medicamentos en donde destacan, Aspirinas, Melox, Alka Seltzer, Neomelubrina, Pepto Bismol, Buscapina, Desenfriol, asi como otros muchos antigripales y ungüentos para torceduras como el Lonol.

En la lista de artículos para adquirir, figuran también; cafeteras, ollas, cacerolas, abrelatas, rayadoras, batidoras, rebanadoras, platos, tazas, vasos, cubiertos, así como vasijas de porcelana y barro.

A esto se añaden los lápices, fólder, carpetas, hojas blancas plumas, plumones, engrapadoras, clips, tijeras, lápiz adhesivos de todos tipos y colores además de papel de china, toner y tintas para impresoras y todo un amplio y basto equipo de papelería en general.

Le siguen los artículos deportivos en dónde la Secretaria de Hacienda y Crédito Público adquirirá desde balones de futbol, pelotas de tenis y ligas cortas y largas para practicar “Pilates”, hasta “caminadoras con inclinación”.

Aquí destacan 17 bicicletas para spining cuyo costo será de 323 mil pesos, y 4 barras olímpicas con peso integrado cuyo costo será de 164 mil pesos.

A lo anterior se añaden artículos y prendas de vestir para caballero y dama, donde figuran los trajes sastre, y el calzado para dama y caballero, así como galletas, azúcar, café, té y refrescos.

Figuran también los lotes de productos alimenticios y gastos de alimentación para funcionarios, videocasetes y 8 dominós en inglés, refrigeradores de diversas capacidades, hornos de microondas, aires acondicionados y ventiladores.

De manera adicional se observa también, los pagos de tenencia y mantenimiento de vehículos oficiales, viáticos, así como la adquisición de televisiones de plasma y la contratación de servicios de televisión privada como SKY con sus paquetes Movie City y Fun, así como el pago de la impresión de tarjetas de presentación de funcionarios públicos.

viernes, 21 de diciembre de 2007

INUTIL E INEFICIENTE RESULTARA ACUERDO ENTRE SECRETARIA DE ECONOMIA Y LA ANTAD PARA APLICAR UN PROGRAMA DE DESCUENTOS A PRODUCTOS DE CONSUMO BASICO

INUTIL E INEFICIENTE RESULTARA EL ACUERDO ENTRE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y LA ANTAD PARA APLICAR UN PROGRAMA DE DESCUENTOS A PRODUCTOS DE CONSUMO BASICO

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

La Secretaria de Economía y el Gobierno Espurio eluden su verdadera responsabilidad al anunciar un “pacto” para establecer descuentos en 300 productos de consumo básico en vez de atacar los problemas de fondo.

En cambio conviene destacar que la medida propuesta por la Secretaria de Economía, es un reconocimiento tácito, de que la mal llamada Reforma Fiscal, y los incrementos en la gasolina, diesel, energía eléctrica y en los granos básicos han tenido y tendrán un efecto negativo sobre el poder adquisitivo y en el bienestar de la gente..

Es decir que los encargados de las políticas económicas tendrían que retomar las propuesta del “gobierno legitimo” que se basa en el combate frontal a los monopolios y oligopolios, mediante la aprobación de la Ley de Precios de Competitivo y la aplicación de un vasto programa emergente de producción y subsidios a la producción de granos básicos en el campo mexicano, cuya estrategia completa fue propuesta desde el mes de febrero de 2007, en el Programa de denominado “Cuidado de la Economía Nacional y Defensa de la Economía Familiar Frente a la Carestía”.

Es claro que el “pacto u acuerdo” anunciado por Eduardo Sojo resultará ineficiente y económicamente inviable ya que en la mayoría de los comercios establecidos y en las tiendas de autoservicio, la re etiquetaciòn de precios se ha mantenido vigente a lo largo del año que está por concluir, por ello no se lograra revertir el incremento en los precios de los productos que integran la canasta básica y que entre diciembre de 2006 y la primera quincena de 2007, mostraron un crecimiento del 35%.

Más aún la medida implementada por Sojo, causará distorsiones en la economía ya que desde hace muchos años, se estableció la liberalización de los precios en la economía, por lo que cualquier intento de “control de precios” implicará importantes desajustes en las cadenas productivas, al mandar señales equivocadas en los precios del mercado tal y como sucedió en el caso de la “tortilla” cuando se “formalizó su incremento a principios de 2007” en vez de haber recurrido a políticas de subsidio y de fomento a la producción y comercialización del maíz.

Es importante señalar que los “pactos u acuerdos” se establecieron en nuestro país en épocas de Miguel de la Madrid y al principio de la administración de Carlos Salinas de Gortari y formaron parte de los llamados ”planes de choque” que buscaban contener la elevada inflación; se aplicaron en México y en algunos países sobre todo de Latinoamérica, por ejemplo en el Plan Austral en Argentina, o el Plan Cruzado en Brasil u el caso de Colombia.

Sin embargo estos programas se acompañaban de otro tipo de medidas encaminadas a reducir el déficit público, y de fuertes restricciones monetarias que limitaban fuertemente el crecimiento económico, el poder adquisitivo de la gente y el empleo.
A lo anterior hay que añadir que dicho “acuerdo” o “pacto” se llevará a cabo durante la segunda quincena del mes de enero de 2008, mientras que los comerciantes y productores así como las tiendas de autoservicios habrán incrementado los precios desde la primera quincena del mes de enero.

De manera adicional es importante señalar que en el caso del gasolinazo, prácticamente la totalidad de los productores y comerciantes, ya reflejaron en sus precios el efecto que tendrá esta medida, por lo que en teoría, no tendrían que modificar sus precios en el mes de enero de 2008.

Para corroborar lo anterior, solo basta señalar que en julio de este año, cuando se lanzo la propuesta de incrementar el precio de la gasolina, el costo de una muestra de 42 productos básicos, se ubico en 1,045.15 pesos y para la primera quincena del mes de octubre, cuando se formalizó su aprobación en el Congreso, el costo de esta canasta se ya ascendía a 1,102.28 pesos.

De esta manera, entre julio y octubre se observaron incrementos que reflejaban ya el impuesto a la gasolina, así por ejemplo el frijol pasó de $16.0 a $20.0 el kg, la lenteja de 7.90 a 8.91 la bolsa de 500 grs, el paquete con 12 huevos de $14.70 a $ 16.0, el pan de caja bimbo de $18.90 a $ 20.0, el kilogramo de pollo entero pasó de $23.95 a $ 26.00

Esto muestra claramente que entre el mes de julio y la primera quincena del mes de octubre, el crecimiento en costo de esta canasta básica registró un incremento de 5.46%, cifra que es prácticamente similar al incremento total que tendrá la gasolina, gracias al impuesto propuesto por Acción Nacional y avalado por los diputados del PRI,

Cabe destacar que desde hace varios años, no se observaba un incremento de tal magnitud en los precios de los productos que integran la canasta básica, de hecho, entre enero y diciembre de 2006, el crecimiento de los precios de estos 42 productos fue 10.53% al pasar de $740.44 a 818.44%

Sin embargo si revisamos lo ocurrido durante el 2007, nos damos cuenta de que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, el costo de esta canasta de 42 productos pasó $818.44 a $1,103.63, lo que significó un incremento de 34.85%

Así, con base en el salario mínimo mensual, el costo de estos productos pasó de representar el 50.8% de un salario mínimo de un trabajador, en enero de 2006, al 73% para la primera quincena del mes de diciembre del presente año.

Sin embargo esta situación se ha visto recrudecida en el caso de los productos alimenticios que forman parte de la canasta básica, así por ejemplo se observa que el costo de los alimentos que integran una canasta básica pasó de 485.4 pesos en enero de 2006, a 540.46 en diciembre de 2006 y a 732.71 pesos en la primera quincena de diciembre de 2007, cifra que representa un incremento de 50.94% con respecto a enero de 2006 y un crecimiento de 35.6 % durante el presente año.

Es importante destacar que en el caso de los alimentos, prácticamente todos los productos que integran la canasta básica han registrado incrementos muy superiores al incremento del salario mínimo, así con respecto al mes de diciembre del 2006, tenemos que el crecimiento de los precios de los siguientes productos ha sido: fríjol (87.50%), lenteja (102.5%) salchicha (68.9%), leche condensada (32.9%), leche en polvo (51.28%), mantequilla (56.03%), el arroz (40.52%) y huevo (60.5%).

Esto quiere decir que mientras que en enero de 2006, un obrero requería de 15.24 días de trabajo (jornada laboral de 8 horas) percibiendo un salario mínimo, para adquirir 42 productos de la canasta básica, para la primera quincena del mes de diciembre del presente año requiere de 22 días de trabajo, para adquirir la misma canasta de productos.

Lo anterior significa que en la actualidad un obrero que percibe el salario mínimo tiene que destinar casi 22 días de trabajo para poder obtener una canasta de 42 productos básicos, por lo que con lo que le resta (8 días de trabajo) tiene que hacer frente a los costos de transporte, vestido y vivienda, lo cual resulta prácticamente imposible, ya que el incremento del salario mínimo en 2007 fue de sólo 3.9%.

Así por ejemplo, un obrero que percibe el salario mínimo requería en enero de 2006 de 9.55 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, de 6.59 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, de 0.82 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortilla o de 2.47 horas de trabajo para adquirir 2 kg de azúcar.

Sin embargo para la primera quincena de diciembre de 2007, el mismo obrero percibiendo un salario mínimo requiere de 11.56 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, 10.14 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, 1:27 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortillas, 4,12 horas de trabajo para adquirir un pollo y 9.40 horas de trabajo para adquirir un kilogramo de jamón.


Es importante señalar que el sólo anuncio del incremento que tendrá la gasolina y diesel, aunque sea hasta enero del 2008, ya se ha a reflejado en los incrementos en los precios de prácticamente todos los productos, ya que esta situación es una cuestión de expectativas del publico en general ya que quienes perciben que en algún momento del tiempo, los precios se incrementaran, prefieren adelantarse y llevar a cabo el ajuste de inmediato, por ello, “los comerciantes y productores de servicios, se previenen incrementando los precios hoy, y no hasta mañana.”

Por esta razón, diversos productos alimenticios, como la carne, el huevo, la leche y el pan bolillo, ya aumentaron y de seguro volverán a incrementar su precio en enero del 2008.

Asimismo se esperan para el primer mes de 2008 incrementos en la mayoría de los granos básicos (maíz, arroz, fríjol), así como de la gasolina y de la energía eléctrica por lo que se estima que la canasta básica tendrá un incremento de cuando menos 15% en el primer mes del próximo año.

Esta situación sugiere, además que el seguimiento de los precios que realiza el Banco de México, para obtener la inflación o el crecimiento de los precios en la economía, ya no refleja la realidad de el poder adquisitivo de las familias, esto debido a que la ponderación que realiza el Banco Central para calcular el crecimiento de los precios, contiene sesgos que tienden a subestimar el crecimiento de los precios.

Finalmente se debe decir, que la cifra que se recaudará durante el próximo año debido al impuesto a la gasolina (8,000 millones de pesos) es equivalente al gasto del gobierno por concepto de seguro de gastos médicos mayores para funcionarios de alto nivel, al gasto en seguro de separación individualizada para funcionarios de alto nivel, y al gasto en servicios de accesoria que tendrá el gobierno federal, por lo que resulta estos ingresos podrían ser compensados con un programa de austeridad.

DURANTE EL PRESENTE AÑO LA CANASTA BASICA SE INCREMENTO EN 35%

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
18 de Dic

De acuerdo con datos obtenidos por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno Legitimo de Andrés Manuel López Obrador, se observa que la evolución de los precios de 42 productos que componen la canasta básica revela que el crecimiento de los precios durante el año que concluye fue de 34.9%, sin embargo el de los alimentos que forman parte de esta canasta de consumo fue aún mayor, ya que se ubicó en casi 35.6%.

Así mientras que en enero de 2006 para adquirir éstos 42 productos básicos una persona que percibía un salario mínimo tenía que realizar un gasto de $ 740.44 pesos, para el mes de diciembre de 2006, el gasto necesario para adquirir esos mismos productos se ubicaba en $ 818.44 pesos, y para la primera quincena de este mes de diciembre su costo asciende a 1,103.63 pesos.

Es importante señalar que en julio de este año, cuando se lanzo la propuesta de incrementar el precio de la gasolina, el costo de estos 42 productos básicos, se ubico en 1,045.15 pesos y para la primera quincena del mes de octubre, cuando se formalizó su aprobación en el Congreso, el costo de esta canasta se ya ascendía a 1,102.28 pesos.

De esta manera, entre julio y octubre se observaron incrementos que reflejan ya el impuesto a la gasolina, así por ejemplo el frijol pasó de $16.0 a $20.0 el kg, la lenteja de 7.90 a 8.91 la bolsa de 500 grs, el paquete con 12 huevos de $14.70 a $ 16.0, el pan de caja bimbo de $18.90 a $ 20.0, el kilogramo de pollo entero pasó de $23.95 a $ 26.00

Esto muestra claramente que entre el mes de julio y la primera quincena del mes de octubre, el crecimiento en costo de esta canasta básica registró un incremento de 5.46%, cifra que es prácticamente similar al incremento total que tendrá la gasolina, gracias al impuesto propuesto por Acción Nacional y avalado por los diputados del PRI,

Cabe destacar que desde hace varios años, no se observaba un incremento de tal magnitud en los precios de los productos que integran la canasta básica, de hecho, entre enero y diciembre de 2006, el crecimiento de los precios de estos 42 productos fue 10.53% al pasar de $740.44 a 818.44%
Sin embargo si revisamos lo ocurrido durante el 2007, nos damos cuenta de que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, el costo de esta canasta de 42 productos pasó $818.44 a $1,103.63, lo que significó un incremento de 34.85%

Así, con base en el salario mínimo mensual, el costo de estos productos pasó de representar el 50.8% de un salario mínimo de un trabajador, en enero de 2006, al 73% para la primera quincena del mes de diciembre del presente año.

Sin embargo esta situación se ha visto recrudecida en el caso de los productos alimenticios que forman parte de la canasta básica, así por ejemplo se observa que el costo de los alimentos que integran una canasta básica pasó de 485.4 pesos en enero de 2006, a 540.46 en diciembre de 2006 y a 732.71 pesos en la primera quincena de diciembre de 2007, cifra que representa un incremento de 50.94% con respecto a enero de 2006 y un crecimiento de 35.6 % durante el presente año.

Es importante destacar que en el caso de los alimentos, prácticamente todos los productos que integran la canasta básica han registrado incrementos muy superiores al incremento del salario mínimo, así con respecto al mes de diciembre del 2006, tenemos que el crecimiento de los precios de los siguientes productos ha sido: fríjol (87.50%), lenteja (102.5%) salchicha (68.9%), leche condensada (32.9%), leche en polvo (51.28%), mantequilla (56.03%), el arroz (40.52%) y huevo (60.5%).

Esto quiere decir que mientras que en enero de 2006, un obrero requería de 15.24 días de trabajo (jornada laboral de 8 horas) percibiendo un salario mínimo, para adquirir 42 productos de la canasta básica, para la primera quincena del mes de diciembre del presente año requiere de 22 días de trabajo, para adquirir la misma canasta de productos.

Lo anterior significa que en la actualidad un obrero que percibe el salario mínimo tiene que destinar casi 22 días de trabajo para poder obtener una canasta de 42 productos básicos, por lo que con lo que le resta (8 días de trabajo) tiene que hacer frente a los costos de transporte, vestido y vivienda, lo cual resulta prácticamente imposible, ya que el incremento del salario mínimo en 2007 fue de sólo 3.9%.
Así por ejemplo, un obrero que percibe el salario mínimo requería en enero de 2006 de 9.55 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, de 6.59 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, de 0.82 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortilla o de 2.47 horas de trabajo para adquirir 2 kg de azúcar.

Sin embargo para la primera quincena de diciembre de 2007, el mismo obrero percibiendo un salario mínimo requiere de 11.56 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, 10.14 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, 1:27 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortillas, 4,12 horas de trabajo para adquirir un pollo y 9.40 horas de trabajo para adquirir un kilogramo de jamón.



Es importante señalar que el sólo anuncio del incremento que tendrá la gasolina y diesel, aunque sea hasta enero del 2008, ya se ha a reflejado en los incrementos en los precios de prácticamente todos los productos, ya que esta situación es una cuestión de expectativas del publico en general ya que quienes perciben que en algún momento del tiempo, los precios se incrementaran, prefieren adelantarse y llevar a cabo el ajuste de inmediato, por ello, “los comerciantes y productores de servicios, se previenen incrementando los precios hoy, y no hasta mañana.”

Por esta razón, diversos productos alimenticios, como la carne, el huevo, la leche y el pan bolillo, ya aumentaron y de seguro volverán a incrementar su precio en enero del 2008.

Asimismo se esperan para el primer mes de 2008 incrementos en la mayoría de los granos básicos (maíz, arroz, fríjol), así como de la gasolina y de la energía eléctrica por lo que se estima que la canasta básica tendrá un incremento de cuando menos 15% en el primer mes del próximo año.

Esta situación sugiere, además que el seguimiento de los precios que realiza el Banco de México, para obtener la inflación o el crecimiento de los precios en la economía, ya no refleja la realidad de el poder adquisitivo de las familias, esto debido a que la ponderación que realiza el Banco Central para calcular el crecimiento de los precios, contiene sesgos que tienden a subestimar el crecimiento de los precios.

Finalmente se debe decir, que la cifra que se recaudará durante el próximo año debido al impuesto a la gasolina (8,000 millones de pesos) es equivalente al gasto del gobierno por concepto de seguro de gastos médicos mayores para funcionarios de alto nivel, al gasto en seguro de separación individualizada para funcionarios de alto nivel, y al gasto en servicios de accesoria que tendrá el gobierno federal, por lo que resulta estos ingresos podrían ser compensados con un programa de austeridad.




martes, 4 de diciembre de 2007

MIENTRAS QUE CONTINUA LA BRUTAL EXPANSION DEL GASTO CORRIENTE; AGUSTIN CARSTENS HACE SU GUARDADITO PARA EL 2008

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legitimo
4 de diciembre 2007

Agustín Carstens ha logrado nuevamente engañar al Congreso y ha generado un “guardadito” es decir un superávit fiscal que al mes de octubre del presente año asciende a más de 188 mil 500 millones de pesos, y que seguramente serán utilizados de manera discrecional durante el próximo año continuando así con la tremenda expansión del gasto corriente del sector público.

Para corroborar lo anterior se observa que al mes de octubre las finanzas públicas registraron un “superávit fiscal” es decir mas ingresos que gastos, por 188 mil 506 millones de pesos, lo anterior es producto de haber obtenido ingresos por 2 billones 13 mil 730 millones de pesos y de haber realizado gastos por 1 billón 828 mil 47 millones de pesos.


Es conveniente señalar que la favorable evolución de los ingresos presupuestarios se explica en gran medida debido a la favorable evolución de los ingresos petroleros que el mes de octubre fueron de 679 mil 974 millones de pesos, lo que representó el 34% del total, es decir que de cada peso que ingreso al gobierno 34 centavos provinieron directamente del petróleo, es conveniente señalar que esta proporción es mayor si se considera la recaudación proveniente del IVA de las gasolinas y los excedentes petroleros que al mes de octubre ascendieron a 92 mil 580 millones de pesos.

Por lo que respecta al gasto público se observa que la mayor parte de este se concentró en el gasto corriente que ascendió a 1 billón 108 mil 273.8 millones de pesos, cifra que representa el 60.6% del gasto total, seguido por el gasto no programable que representó el 26.2% y que se conforma principalmente por el Costo Financiero de la Deuda y las Participaciones Federales a los Estados de la República,

Es importante señalar que la inversión física directa del gobierno representó sólo el 11.8% del gasto total realizado al mes de octubre del presente año, al ascender a 217 mil 207 millones de pesos, en tanto el pago de sueldos y salarios del gobierno, fue de 509 mil 945.9 millones de pesos, cifra que representa más del doble del gasto destinado a la inversión, a esto hay que añadir que al mismo período el gasto de operación del gobierno se ubicó en 381 mil 635 millones de pesos siendo también mayor a la inversión física directa gubernamental.

Esto comportamiento resulta aún más absurdo y contradictorio al observar que tan solo al mes de septiembre la inversión en obra pública para PEMEX fue de 4 mil 314.3 millones de pesos y para mantenimiento de proyectos fue de 1 mil 599 millones de pesos, mientras que el costo de los PIDIREGAS ascendió a 21 mil 790.6 millones de pesos y el pago de intereses de su deuda a poco más de 31 mil millones de pesos

Esta situación que ilustra claramente la tremenda descapitalización de PEMEX en cuanto a infraestructura y mantenimiento de sus activos físicos productivos


Finalmente es importante señalar que el “superávit fiscal” obtenido al mes de octubre y que no es otra cosa mas que recursos que tiene en “caja” las arcas públicas, son equivalentes al programa de gasto anual de petróleos mexicanos para 2007,

Esta situación que refuerza la propuesta hecha por el Gobierno Legitimo de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que si es posible rescatar al sector energético, puesto que se cuenta con recursos gubernamentales para la expansión y crecimiento del sector.

domingo, 2 de diciembre de 2007

Campana sobre campana

Mario Di Costanzo*

A pesar de la cercanía de la temporada navideña, no pretendo referirme a los villancicos que tan populares se vuelven en este mes del año, ya que una de las cosas más importantes que tendremos que tener muy en cuenta para los gastos de este diciembre es la llamada “cuesta de enero” que va a ser más alta que el monte Everest, debido, entre otras cosas, al gasolinazo, al incremento en el precio de la energía eléctrica y al de todos los alimentos.

No obstante es pertinente hablar sobre “campanas”, ya que estos objetos han cobrado mucha importancia en nuestro país, con la única diferencia que la que fue tocada en 1810 sirvió para convocar a los mexicanos a la lucha por la independencia, y las que sonaron hace dos domingos tal pareciera que buscaron callar las voces de una propuesta que busca la “independencia energética del país”.

Y lo señalo porque el tema de las campanas fue de tal importancia, que muchos medios pasaron por alto la propuesta que en materia energética lanzara Andrés Manuel López Obrador.

Por ello y a pesar del ruido de las campanas, vale recordar aunque sea brevemente el planteamiento del Presidente Legítimo.

Su propuesta busca evitar que el sector energético se entregue al capital privado y extranjero, para ello ha planteado que se trabaje en tres grandes vertientes; la de reducir gastos superfluos y de operación del gobierno para liberar recursos y ser invertidos en el sector, a ello añade, la utilización de los excedentes petroleros exclusivamente en el sector energético y la reorganización misma de Pemex para que se corrijan los errores que se han cometido en la absurda política de precios, lo ha provocado, entre otras cosas, el desmantelamiento de la petroquímica y la necesidad de importar gasolina y gas natural.

Es decir, el proyecto pretende que no se repita más lo que ha venido sucediendo con los excedentes petroleros desde 2001 y que se ha mantenido durante 2007.

Y es que de acuerdo con datos oficiales, durante el presente año las finanzas públicas registrarán excedentes petroleros por más de 110 mil millones de pesos; sin embargo, el gasto corriente y de operación del gobierno será mucho mayor que la inversión pública.

Así, mientras que al mes de septiembre del presente año los ingresos petroleros fueron mayores a lo esperado en aproximadamente 77 mil 561 millones de pesos, la inversión directa gubernamental apenas registró un crecimiento de 11 mil 703 millones de pesos.

Sin embargo, el gasto corriente del gobierno registró un crecimiento de 84 mil 437 millones de pesos, cifra que resulta ocho veces superior al gasto de inversión, por lo que este gasto corriente absorbió la totalidad de los excedentes petroleros acumulados durante los primeros nueve meses del año.

Esta comparación resulta más contradictoria al observar que la inversión en obra pública para Pemex fue de sólo 4 mil 314 millones de pesos y para mantenimiento de proyectos fue de mil 599 millones de pesos, mientras que el costo de los Pidiregas ascendió a 21 mil 790 millones de pesos y el pago de intereses de su deuda a poco más de 31 mil millones de pesos.

Sin embargo, algunos piensan que las campanas del domingo 18 de noviembre también acallaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes decidieron perdonar los pecados del góber precioso, empezando por los relativos a la pederastia.

¿Será que una investigación o condena hubiera exhibido a algunos destacados integrantes de la casta eclesiástica? ¿O será que las campanas ahora buscan impedir la impartición de justicia?

*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo

miércoles, 21 de noviembre de 2007

DURANTE EL PRESENTE AÑO EL GASTO CORRIENTE ABSORBERÀ LOS MAS DE 100 MIL MILLONES DE PESOS EXCEDENTES PETROLEROS.

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legitimo
Noviembre 21, 2007

A pesar de que durante el presente año las finanzas públicas registrarán excedentes petroleros por más de 100 mil millones de pesos, el gasto corriente crecerá al doble de la inversión pública.

Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que de acuerdo con información del Sistema de Información de Energía, mientras que al mes de septiembre del presente año los ingresos petroleros, fueron mayores a lo esperado en aproximadamente 77 mil 561 millones de pesos, la inversión directa gubernamental apenas registró un crecimiento de 11 mil 703 millones de pesos, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo también al mes de septiembre de este año, y contrario a lo anterior, el gasto corriente del gobierno registró un crecimiento de 84 mil 437 millones de pesos, cifra que representa 8 veces superior al gasto de inversión y que absorbió la totalidad de los excedentes petroleros acumulados durante los primeros nueve meses del año.



Cabe destacar que dentro del crecimiento del gasto corriente, sobresale la expansión de los servicios personales que registraron un incremento de 27 mil 647 millones de pesos, y los otros gastos de operación que registraron un incremento de casi 23 mil millones de pesos, en ambos rubros con respecto al mes de septiembre del 2006.



Esta comparación resulta más contradictoria al observar que al mes de septiembre la inversión en obra pública para PEMEX fue de sólo 4 mil 314.3 millones de pesos y para mantenimiento de proyectos fue de 1 mil 599 millones de pesos, mientras que el costo de los PIDIREGAS ascendió a 21 mil 790.6 millones de pesos y el pago de intereses de su deuda a poco más de 31 mil millones de pesos.

Esta situación que ilustra claramente la tremenda descapitalización de PEMEX en cuanto a infraestructura y mantenimiento de sus activos físicos productivos

Es importante señalar que los precios de la mezcla mexicana de petróleo que se han registrado a lo largo del presente año, hacen preveer que los excedentes petroleros serán superiores a los 120 mil millones de pesos, cifra que representa el 30% de los excedentes obtenidos durante el sexenio foxista.


lunes, 19 de noviembre de 2007

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO PARA RESCATAR Y DESARROLLAR AL SECTOR ENERGÉTICO

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO PARA RESCATAR Y DESARROLLAR AL SECTOR ENERGÉTICO Y CONVERTIR A MÉXICO EN UNA POTENCIA ENERGÉTICA, A CARGO DE LOS SECRETARIOS DE PATRIMONIO NACIONAL, CLAUDIA SHEINBAUM; DE LA HACIENDA PÚBLICA, MARIO DI COSTANZO, Y PARA LA HONESTIDAD Y AUSTERIDAD REPUBLICANA, OCTAVIO ROMERO

Hoy hablamos de rescatar al sector energético porque desde 1983 los gobiernos neoliberales lo han debilitado, descapitalizándolo y tomando decisiones estratégicas contrarias a su desarrollo y creando un ambiente propicio para su privatización y entrega al extranjero.

Esto lo han hecho fomentando la creciente dependencia de gas del exterior, permitiendo que las reservas de crudo se reduzcan a niveles peligrosos como no lo permite ninguna empresa petrolera del mundo, negándole a Pemex los recursos para invertir en refinación y obligando a la reducción de producción en las plantas petroquímicas.

La estrategia de debilitamiento del sector energético y en particular de Pemex la han justificado los gobiernos, entre otros, con el argumento de que no hay recursos presupuestales suficientes para mantener el alto nivel de inversiones que este sector requiere. Esto es una falacia.

En primer lugar, porque los recursos para el gasto público destinado a otros fines han ido en constante aumento, sobre todo en el gasto burocrático. En segundo lugar, porque lo que se invierta en el sector energético siempre se paga sólo.

Por eso nuestro proyecto alternativo contiene dos acciones profundas y simultáneas, justificadas por la verdadera emergencia nacional que tenemos para evitar la privatización de este sector bajo cualquier modalidad.

Es imprescindible, en primer lugar, corregir la expansión del gasto corriente ocurrido en el sexenio pasado y mismo que continúa hoy, porque es en parte este gasto lo que impide liberar recursos para invertir en el petróleo.

El gasto total con el que comenzó el gobierno de Vicente Fox fue de 1,248 miles de millones de pesos (1.248 billones). Después de crecer cada año, llegó en 2006 a 2.255 billones y para 2008 se aprobó por el Congreso un gasto de 2.568 billones.

Dentro de este gasto, el corriente aumentó de 714 mil millones a 1.321 billones en 2006, es decir, casi se duplicó. Su aumento, de 607 mil millones, se financió con excedentes petroleros por 404 mil millones.

Estos excedentes surgen cuando se planea el presupuesto con un precio del petróleo y en la realidad resulta un precio mayor. Pero el gobierno ha derrochado el excedente en gasto corriente, en lugar de invertirlo. El gasto corriente aumentó en el sexenio pasado en 607 mil millones de pesos, mientras que la inversión física directa sólo aumentó en 19 mil millones. Por cada peso que aumentó la inversión, el gasto corriente aumentó 32 pesos.

Propuesta de reducción del gasto corriente

El rescate de nuestro petróleo, gas y electricidad merece cualquier sacrificio. Nuestra propuesta es una reducción del gasto corriente, para con ello realizar un aumento de la inversión, de tal manera que no proponemos una simple reducción con consecuencia negativas para la demanda, sino un mejor gasto.

El alto gasto corriente y el grave dispendio que el gobierno hace del mismo, manteniendo una alta burocracia excesivamente costosa y con grandes privilegios, nos permite asegurar que una fuerte reducción del gasto corriente es posible y deseable.

No por cuantiosa la propuesta de reducción es utópica. México ha realizado estas reducciones en muchas instancias en el pasado reciente. En los 80’s, el gasto se redujo en 2 puntos porcentuales del PIB; a principios de los 90’s también se lograron 2 puntos; y a mediados de los 90’s se tuvieron logros similares. Pero, a diferencia de la reducción de gasto que han hecho en el pasado los gobiernos neoliberales, basada en reducir el gasto de inversión y obra pública, nosotros proponemos reducir el gasto burocrático.

La regla que proponemos no toca los salarios de los empleados públicos, aunque sí los de la alta burocracia. Tampoco creemos necesario reducir los gastos sociales en educación y salud ni en programas de apoyo a sectores desprotegidos. Pero sí proponemos reducir el gasto en los costos operacionales.

Los gastos operacionales del sector público han registrado en el sexenio pasado el incremento más fuerte, de 261 mil millones de pesos en los seis años hasta 2006, para llegar a 487 mil millones. Este incremento ha sido a pesar de que el gobierno no ha hecho nada nuevo en materia de obra pública que justifique este aumento. Lo que sí ha ocurrido es el crecimiento de la burocracia, de las compras de materiales que hace, de la corrupción en las compras y de la duplicación de gastos.

Proponemos que este gasto operacional se ajuste a lo que debió haber sido su crecimiento desde 2001 si se hubiera ajustado a una mínima norma de eficiencia. Proponemos que su crecimiento a partir de 2001 debió haber seguido una tasa de la mitad del crecimiento de la economía, mediante un aumento sostenido de la productividad en el sector público.

Los ahorros que hoy tendríamos mediante la aplicación de esta regla serían en todo el sexenio de 487 mil millones de pesos menos de lo que gastamos. No hay justificación para argumentar pérdida de eficiencia en el sector público, ya que si estamos preparados a realizar inversiones públicas por un monto equivalente, habría dinero suficiente para mayor capacidad física y mantenimiento de la misma, incluyendo equipos y materiales. Lo que no habría sería dinero para dispendio, sobreprecios a contratistas o compras innecesarias.

Podemos comprobar que el valor de ahorros que se hubiera obtenido sería superior a la suma de excedentes petroleros por encima del presupuesto por 404 mil millones. Agregamos que aun en el año 2000, el aparato burocrático era demasiado obeso y que era factible desde entonces efectuar una reducción aún mayor que la que resultaría de la regla que proponemos.

Bajo esta norma, el gasto de 2006 sería 193 mil millones de pesos menos a lo que fue. Como porcentaje del PIB, la reducción sería en promedio de 1.1% en los últimos seis años y de 2%, en 2006. Hay que recordar que en ese año solamente, el excedente presupuestal petrolero fue de 105 mil millones de pesos. Debemos recordar que el gasto corriente durante los pasados 6 años aumentó de 13% al 14.4% del PIB, de tal manera que el ajuste que proponemos no es irrealizable.

En julio pasado propusimos generar ahorros por 20 mil millones de pesos para que no fuera necesario aumentar los impuestos a la gasolina y con ello los precios y la inflación. Entre otros planteábamos ahorros por reducción de salarios de la alta burocracia, así como privilegios.

Hoy la tarea es más urgente aún. Frente al argumento del gobierno espurio de que no hay recursos para invertir en petróleo, gas y refinación y que por lo tanto no queda otra más que vender Pemex, nuestro proyecto es convocar a un esfuerzo de todos para obtener ahorros que a la larga nos van a resultar en un sector energético mucho más fuerte y capaz de impulsar el desarrollo de México, sin perder soberanía.

¿Qué debemos corregir en el sector energético?

Como ya lo mencionamos, los gobiernos neoliberales han aplicado en materia de energía, políticas contrarias al interés nacional. En lugar de mantenerla como fuente de empleo, competitividad y valor agregado nacional, la han descapitalizado, desintegrado de la industria nacional y relegado al papel de fuente de ingreso fiscal. Para ello han encarecido sus productos y creado un enorme obstáculo a la competitividad nacional.

A mediados de los 80’s, todavía éramos autosuficientes en gas y gasolina, y la balanza comercial en petroquímicos era ligeramente superavitaria. Hoy dependemos del exterior para:
el 40% de la gasolina,
el 25% del gas y
cuantiosas importaciones de petroquímicos que, junto con el gas y los refinados, arrojan importaciones por 20 mil millones de dólares. Estamos exportando materias primas e importando productos derivados, pero con un valor agregado mucho mayor.

Hasta principios de los 80’s la integración del sector energético era alta y creciente, con gran desarrollo tecnológico y con efectos multiplicadores y sinergias con los proveedores de la industria, desde fabricantes de maquinaria hasta grandes firmas de ingeniería de diseño y construcción de plantas. Hoy los proveedores nacionales han sido desplazados por extranjeros al trasladar los pedidos a firmas del exterior, con la consecuente pérdida de empleos, divisas y desarrollo tecnológico. Los ingenieros graduados que antes iban a la industria, hoy van a trabajar para las empresas extranjeras que Pemex subcontrata, pero en mucho menor número.

Las empresas que forman parte de Pemex y del sector eléctrico han sido descapitalizadas. Sus fuertes ingresos han sido capturados por el gobierno para financiar el desmedido crecimiento del gasto corriente. Esto ha ocurrido a pesar de que los precios que el gobierno impone para la electricidad, el gas y los refinados son muy altos si se comparan con los precios internacionales. Una consecuencia es que el gobierno ha sacado de la competencia a muchas industrias privadas. Los consumidores también sufren las consecuencias de estas políticas, por los altos precios que tienen que pagar.

Requerimos de este esfuerzo presupuestal para comenzar a corregir los grandes errores que nos llevan a la situación actual. Estos errores son

1. Una política de precios equivocada, que maximiza el ingreso fiscal en el corto plazo, sin mirar hacia el mediano y largo plazo y a costa de las posibilidades de la industria y de toda la economía. A diferencia de las grandes empresas petroleras internacionales, que están integradas y maximizan el valor agregado total, Pemex aplicó precios internos entre sus diferentes subsidiarias que lo han llevado a cerrar y descapitalizar áreas completas de negocios que deberían no sólo ser rentables, sino ser un eslabón de apoyo para la industria usuaria de sus productos. A su vez, los precios que cobra a sus clientes nacionales han hecho que el sector privado también haya cerrado y dejado de invertir en muchas áreas de la petroquímica.
2. La falta de inversión en todas las áreas de Pemex, desde la exploración de crudo y producción de gas, refinación y petroquímica. Ello nos ha convertido en deficitario en gasolina y gas, y contribuido a los altos precios del gas, pues lo tenemos que importar de Estados Unidos, un país de precios altos y que a su vez es deficitario en gas. Estos precios altos tienen graves consecuencias para la industria nacional y para sus planes de expansión en México.
3. La intención de los gobiernos neoliberales de privatizar la industria. La falta de inversión ha sido ante todo una decisión de los gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta Calderón, y servido como pretexto para argumentar que no producimos lo suficiente porque no hay inversión y que debemos cambiar la Constitución para permitir que el sector privado haga esas inversiones. Esa política no se maneja de frente a la nación, sino se aplica en un bajo perfil, pero cada día que pasa hace más débil a Pemex y a la CFE. Aparte de que no estamos de acuerdo con la desnacionalización de la industria, es imperdonable manejar la falacia de que los mexicanos no somos capaces de administrar bien la industria o de aplicar la tecnología que se requiere.
4. La decisión de usar gas natural en todo el crecimiento de la industria eléctrica, ha sido a todas luces una política equivocada. Aunado a la falta de inversión para producir gas, ha resultado en precios muy altos. El gobierno desechó las alternativas de usar derivados del petróleo crudo, abundantes y de difícil comercialización externa, en lugar de gas. De hacerlo se reducirían tanto el costo de la electricidad como el de las importaciones de gas. Existe la tecnología para usar estos combustibles sin causar deterioro del medio ambiente. La decisión de seguir usando gas natural es totalmente irracional.
5. El cambio en las modalidades de licitación en Pemex y la industria eléctrica han favorecido a los proveedores extranjeros, desplazando a los nacionales. En particular, el financiamiento vía Pidiregas, encarece el costo directo y el costo financiero de las inversiones y discrimina contra los proveedores nacionales, especialmente los medianos y pequeños. La consecuencia de esto es una creciente dependencia de proveedores extranjeros, con la consiguiente pérdida de empleos y divisas.
6. La división de Pemex en empresas subsidiarias independientes aumentó el costo y la complejidad administrativa de la empresa. Más importante aun, la política de precios de transferencia entre estas empresas ha sido tan irracional para ser empresas de un mismo dueño, que ha acabado con procesos industriales completos sobre los cuales ya teníamos un gran avance como productores.
7. La falta de control del gasto corriente del gobierno ha reducido aún más las posibilidades de invertir en el sector energético. Así, hoy tenemos la paradoja de que con precios históricamente altos del crudo, cuando la empresa de mayores utilidades en el mundo es una empresa petrolera, el sector petrolero mexicano está descapitalizado.

Estamos en uno de los momentos más críticos para la nación y convocamos a todos a reflexionar y a unirnos en el proyecto alternativo de rescate del sector energético. El Gobierno espurio ha emprendido una campaña para desacreditar a Pemex, diciendo que pierde dinero y que no tiene ni recursos ni tecnología para las tareas que enfrenta. Esto es un mito. Pemex genera un gran superávit antes de impuestos, de casi 60 mil millones de dólares o más del 6% del PIB. Es la empresa más rentable del país y la segunda petrolera con mayor flujo de efectivo del mundo. Los impuestos que pagó el año pasado fueron 60 mil millones de dólares, equivalentes a 38% del ingreso del gobierno federal y a más de 3 veces lo todas las empresas privadas del país pagaron de impuesto sobre la renta. Si Pemex no invierte lo suficiente es porque el gobierno se lo confisca todo. En cuanto a la tecnología, ésta se puede contratar, pero más importante aun es que tenemos los técnicos mexicanos para asimilarla y desarrollarla, tal como se hizo desde 1938 hasta principios de los 80’s. Contra todos los pronósticos de las compañías extranjeras, Pemex en 1938 salió adelante en sus operaciones, como lo va a lograr hoy, con 70 años de experiencia de nuestros técnicos. Sólo los tecnócratas acomplejados y vende patrias pueden argumentar que hoy Pemex no puede y que el sector privado es el único salvador.

¿Cómo podemos lograr el fortalecimiento energético?

1. Ante todo es imperativo cobrar conciencia de nuestra identidad nacional. No queremos ir hacia atrás en la historia de México y vender patrimonio nacional al extranjero, como lo hizo Santa Anna, a quien las ventas de territorio ni siquiera le alcanzaron para financiar su gasto corriente. Así tampoco la venta de Pemex sería suficiente para cubrir el gasto corriente del gobierno.
2. Reducir el tamaño y el gasto corriente del gobierno para obtener ahorros por 200 mil millones de pesos en una primera instancia y a partir de ahí someter el gasto corriente operacional a una regla de eficiencia que limite su crecimiento a la mitad de lo que crece la economía. Esto es condición indispensable para redimensionar el tamaño del gobierno a nuestras circunstancias y necesidades y ganar credibilidad frente a la sociedad.
3. Rescatar el carácter integral de Pemex, fusionando sus diferentes empresas subsidiarias en una sola, eliminando gastos redundantes y permitiendo una toma de decisiones racional sobre su gestión y sus precios internos de transferencia. Al reducir el gasto del gobierno, se facilitaría el financiamiento para un ambicioso programa de inversión en todo el sector energético, pero en particular en Pemex.
4. Determinar que todo el excedente presupuestal petrolero, por encima del precio promedio de 2006 sea invertido en el desarrollo del sector energético. Para tener una idea del potencial de esta medida, si se mantuviera el precio de hoy por un año, este excedente sería de 200 mil millones de pesos. La inversión requerida para satisfacer las necesidades de gasolina del país es de 110 mil millones. Con 6 meses que se mantengan los precios actuales se financiaría esta capacidad de refinación, reduciendo las importaciones de gasolina en el rango de 80 mil millones de pesos por año.
5. Utilizar el aumento de recursos para Pemex para invertir en proyectos urgentes, en particular en la producción de crudo en campos existentes, principalmente en las aguas someras, en donde tenemos cuando menos 15 mil millones de barriles de reservas. Un esfuerzo sostenido en estos campos a lo largo de varios años nos daría eventualmente la capacidad tecnológica y la capacidad de negociación en la compra de la tecnología que fuera necesario adquirir afuera, para emprender exploración y producción en mayores profundidades. A la exploración de nuevos campos podemos dedicar 30 mil millones de pesos y al desarrollo de yacimientos de gas natural 20 mil millones. La construcción de refinerías, la modernización y ampliación de plantas petroquímicas y el aumento de gastos de mantenimiento por 20 mil millones de pesos caben perfectamente en un presupuesto de 20 mil millones de dólares que sería el recorte de gasto que proponemos, sin considerar los excedentes petroleros en los precios que actualmente tiene. La diferencia entre un sector energético realmente fuerte, que reconstituya importantes cadenas industriales de oferta y demanda y nos haga competitivos en precios son estas acciones que demandan de una gran disciplina presupuestal y de un gobierno nacionalista y preocupado por engrandecer a México.
6. Cambiar la forma de contratación de los proyectos de inversión de Pemex. El Instituto Mexicano del Petróleo debe volver a jugar un papel importante en el desarrollo de tecnología y proveedores nacionales. Los proyectos se deben asignar a los proveedores de menor costo y mayor calidad y no sólo a los que pueden obtener financiamiento. Se debe prescindir de los Pidiregas para nuevos proyectos y en su lugar utilizar deuda directa, cuando sea necesaria.
7. Comenzar a prepagar el saldo de Pidiregas. El prepago se puede financiar con emisión de bonos en los mercados internacionales, lo que generaría ahorros de cuando menos mil millones de dólares anuales tan sólo en intereses. O bien el prepago lo lograríamos, si el gobierno adquiere reservas internacionales del Banco de México, logrando un ahorro en el costo de servicio de la deuda hasta de 2 mil millones de dólares en la contabilidad consolidada del sector público. La señal que debemos dar al mundo es que la deuda de Pemex es una deuda de la Nación.
8. Cambiar el sistema de precios de Pemex y de la CFE. Al interior del sector energético debemos aprovechar al máximo la infraestructura existente. Hacia fuera del sector, debemos reducir los precios con una referencia nacional que refleje los costos sin quitarle competitividad a la industria. Esto daría certidumbre a la industria nacional, lo que tendría enormes beneficios.
9. Impulsar el desarrollo científico y tecnológico en materia energética, tanto de hidrocarburos como de fuentes renovables.

De aplicarse esta propuesta, tendríamos ahorros directos de divisas para el sector público de 10 mil millones de dólares por año, en menores importaciones de gasolina y gas. Estos se complementarían con ahorros importantes en las importaciones del sector privado.

Como muchos de esos productos se fabricarían en México, se crearían empleos directos y, adicionalmente, los proveedores del sector energético tendrían un ciclo de alta inversión y crecimiento. La industria nacional sería más competitiva por los menores precios de los insumos energéticos y el crecimiento económico sería mayor.

Estas medidas son necesarias y urgentes. El no actuar inmediatamente nos puede poner en situaciones muy difíciles y comprometer la soberanía nacional, como varias veces ocurrió en los dos siglos pasados.

Más aun, si no se fortalece al sector energético, corremos el riesgo adicional de un grave deterioro en las condiciones de oferta de energéticos internacionales y graves tensiones geopolíticas entre consumidores y productores, como las que hoy vemos en el medio oriente. Ningún mexicano patriota quiere poner a México en una grave situación de dependencia del extranjero en materia energética.

Calderón nos va a salir con que la única salida para una crisis energética y financiera es vender nuestra industria energética. Esto sería irresponsable y antipatriota, pero no obstante, sería consistente con lo que han hecho los últimos gobiernos desde principios de los 80’s. Es responsabilidad de todos los mexicanos impulsar políticas que potencien al sector energético y oponerse, a toda costa, a la privatización del sector, último gran patrimonio de los mexicanos.

domingo, 18 de noviembre de 2007

El asno cargado de oro tiene el rebuzno más sonoro

Mario Di Costanzo*

Las opiniones vertidas por diversos analistas, legisladores y funcionarios públicos con respecto del histórico nivel del gasto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 me hicieron recordar este viejo refrán que mi abuelo me enseñó y con el cual titulo esta columna.

La razón es que no hay nada más absurdo que comparar, como lo hizo Agustín Carstens para vanagloriarse, el nivel del gasto público de 1988 con el de 2008.

Hay que recordar que en 1988 México apenas iba a iniciar esa desastrosa época conocida como “el salinato” y que terminó en una de las peores crisis económicas y sociales en la historia del país.

Sin embargo, en ese entonces todavía no teníamos que pagar los altísimos costos presupuestarios de una mal lograda reforma del IMSS ni tampoco destinar recursos millonarios para el pago del Fobaproa ni siquiera los funcionarios públicos se imaginaban que algún día nuestras finanzas tendrían que enfrentar pagos de Pidiregas por 80 mil millones de pesos en sólo un año.

Tampoco imaginaban que los directores generales, subsecretarios y secretarios de las dependencias del gobierno recibirían salarios mensuales de aproximadamente 150 mil pesos y que además iban a contar con seguros médicos privados, o seguros de separación, gastos de alimentación, vales de gasolina, despensas… ya que esos privilegios eran sólo para los diputados y senadores del partido oficial.

Lo recuerdo muy bien, porque en ese año yo me estrenaba como un “flamante asesor” del “señor secretario de Relaciones Exteriores” y mi sueldo no era superior a los 6 mil pesos mensuales.

Lo que francamente no recuerdo, al menos en ese año, es al doctor Pedro Aspe, entonces secretario de Hacienda, hablando de altas comisiones bancarias, de monopolio en las telecomunicaciones, de la desaparición del mercado interno, de polarización de la sociedad, de la existencia de más de 40 millones de pobres, de tener que importar gasolina o de la crisis en el campo ante la apertura del TLC. En suma, del desmantelamiento del Estado y sus funciones sociales más básicas.

Y lo digo no porque las cosas fueran “más mejores” o “menos peores”, sino porque los problemas económicos eran de otra índole: eran “macroeconómicos”. Pero eso sí: los que los pagaban eran los mismos.

Así, si en el Presupuesto de Gasto aprobado a la inversión pública directa le descontamos los pagos de Pidiregas, tenemos que dicha inversión sólo representará 10 por ciento del gasto total; de igual forma vemos que los recursos destinados al Fobaproa-IPAB son superiores a lo destinado en conjunto al Procampo y al Programa de Alianza para el Campo, cuyas asignaciones representan tan sólo el 0.01 por ciento del gasto total aprobado.

De igual manera nos podemos dar cuenta, que los mil 600 millones de pesos destinados para apoyar a más de millón de personas damnificadas en Tabasco, representan sólo 0.13 por ciento del costo total del rescate bancario, que sirvió para salvar a seis banqueros.

Conviene señalar también que el gasto corriente del gobierno será el más alto desde 1988, y los 713 mil millones de pesos que se pagarán por concepto de sueldos y salarios de la burocracia y que representan el 37 por ciento de ese “histórico gasto programable” tampoco tienen precedente en el país.

Por eso, todos los mexicanos que contribuimos con nuestros impuestos a ese “histórico” presupuesto de gasto debemos exigir y estar muy pendientes, a ver si así se terminan los históricos problemas económicos con los que hemos vivido, ya que de lo contrario todo habrá sido, nuevamente, una gran mentira.

*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo

miércoles, 14 de noviembre de 2007

EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA 2008 PERSISTEN LOS GASTOS SUPERFLUOS

Y TAMPOCO EXISTE LA GARANTIA DE QUE LOS RECUSOS ADICIONALES VAYAN A SER DESTINADOS A INVERSION PUBLICA Y GASTO SOCIAL

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Noviembre 14 del 2007

Las reasignaciones realizadas por los legisladores durante la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2008, son solo una aspirina contra “un cáncer” y solo han servido para que Agustin Carstens utilice mediaticamente este hecho para hacer parecer a la opinión pública que el ejercicio del presupuesto inducirá el crecimiento económico y la creación de empleo y para corroborar lo anterior sólo basta mencionar lo siguiente:

Los 152 mil millones de pesos que se reasignaron representan tan sólo el 7% del Gasto Total para el 2008, además de que la SHCP no mencionó en ningún momento del proceso que de acuerdo al último informe de Finanzas Públicas, al mes de septiembre del presente año, se ha generado un superávit fiscal (es decir más ingresos que gastos) por 138 mil millones de pesos, que en este momento las autoridades de la SHCP tienen un su “caja” y que difícilmente se gastarán de aquí a fin de año, por lo que no darán cuenta a dónde quedarán esos recursos, que representan aproximadamente el 90% de “la bolsa que se reasignó durante la aprobación del Presupuesto”.


La Inversión Pública se encuentra sobrestimada:

En el Proyecto de Presupuesto presentado a la Cámara de Diputados el 8 de Septiembre del año en curso, se observaba que la Inversión Pública Directa ascendería a 271 mil millones de pesos, sin embargo en este rubro se incluyeron 80 mil millones de pesos por concepto de “Amortizaciones de Pidiregas” que indebidamente se asumen como inversión física directa, cuando en realidad son pago en dinero realizados a las empresas que están llevando a cabo las obras.


De esta manera de inicio la inversión publica directa “pura” era de 190 mil millones de pesos, a esto habría que agregar las modificaciones que la Cámara de Diputados realizó y que impactaron a la inversión pública directa, por lo que se tendrían que agregar 30 mil millones de pesos destinados a PEMEX aunque estos no se encuentran especificados para que son, los 25 mil millones de pesos destinados al Programa Carretero y aproximadamente 14 millones de pesos más destinados a infraestructura hidráulica (9 mil millones) y a Universidades Públicas (5 mil millones).


Asi se obtiene que en el Presupuesto Aprobado la inversión pública directa será de aproximadamente 260 mil millones de pesos, cifra que significa tan sólo el 11% del gasto total para 2008 que será de 2 billones 569 mil millones de pesos.

De esta manera se observa que el gasto en inversión pública directa seguirá siendo inferior al pago de intereses sobre la deuda el cual será de 266 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente 37 mil millones serán producto de los PIDIREGAS, 29 mil millones del IPAB-FOBAPROA.

Aquí es conveniente mencionar que a pesar de que se reasignaron recursos adicionales por 152 mil millones de pesos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no vio incrementado su presupuesto, por lo que el gasto de inversión de la CFE será de sólo 29 mil millones de pesos, cifra equivalente a los recursos destinados al rescate bancario e inferior a los intereses que se pagarán por concepto de PIDIREGAS.


Finalmente es conveniente señalar que al ISSSTE tampoco le fueron asignados recursos adicionales a pesar de que en el Proyecto de Presupuesto se observó una disminución en su presupuesto cercana a los 1 mil 700 millones de pesos.

Gastos No Explicados:

El Presupuesto también contiene gastos que no se encuentran claramente explicados o transparentados por al menos 33 mil 963 millones de pesos, ya que en el Decreto de Presupuesto se observa que dentro del ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” existe un rubro denominado como “Gastos Asociados a Ingresos Petroleros” que ascienden a 33 mil 963 millones de pesos y no se explica en razón de que se dan esas erogaciones, sin embargo se observa que en el Proyecto Original presentado a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre el mismo concepto previa gastos por 42 mil 136 millones de pesos y que estos fueron reducidos en 8 mil 173 millones de pesos durante la aprobación del Presupuesto.

Cabe señalar que la reducción en este rubro es equivalente a los ingresos que se obtendrán por la aplicación del Impuesto a la Gasolina, por lo que estos “Gastos Asociados a Ingresos Petroleros” podrían reflejar el costo anual de las gasolinas que el país tiene que importar por no tener la infraestructura para producir gasolinas a pesar de ser un país petrolero.

Cabe destacar que los “Gastos Asociados a los Ingresos Petroleros” (33 mil 963 millones de pesos) son casi equivalentes a lo aprobado para el Programa Oportunidades (38 mil 71 millones de pesos).


Gasto Social y Productivo Disfrazado:

A pesar de que los diputados y Carstens han señalado que el Presupuesto Aprobado tiene un alto contenido social y productivo, si revisamos en detalle los asignaciones presupuestarias para algunos programas de alto impacto, nos damos cuente que realmente no se observó un incremento significativo en los recursos destinados para cumplir con sus objetivos, asi por ejemplo:

Mientras que la SEDESOL tuvo una asignación adicional de 12 mil 505.8 millones de pesos, al Programa Oportunidades no se le destinaron más recursos por lo que su asignación anual se mantuvo exactamente igual que en el Proyecto que se envió a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre.

Lo mismo sucede con las erogaciones para atender a la población indígena que se incrementaron tan sólo en 60 millones de pesos.


En ese mismo caso se encuentra el PROCAMPO ya que ha pesar de que al Programa Especial Concurrente para el Campo se le asignaron 20 mil millones de pesos adicionales, el presupuesto de PROCAMPO se mantuvo sin cambio, aquí cabe señalar que para programas relativos a la competitividad en el sector rural y particularmente en el caso de el maíz y la caña de azúcar, que durante el 2008 enfrentarán la apertura total ante el TLC se realizaron asignaciones especiales apenas por, 1,600 millones de pesos y por 2,200 millones de pesos respectivamente..

Persisten los Gastos Superfluos en el Gasto Programable:

En virtud de que no se aplico un programa significativo de austeridad y por ejemplo en el dictamen aprobado no observan disposiciones relativas a las percepciones salariales de los servidores públicos, el gasto previsto para el 2008 se mantuvo intacto por lo que el gasto en servicios personales del Gobierno Federal para el próximo año será de 713 mil millones de pesos, cifra que significa el 27% del gasto total , pero si comparamos el pago de salarios contra el gasto programable, es decir el gasto que será destinado a Programas Gubernamentales, ya sea de inversión o de carácter social, y que para 2008 será de 1 billón 899 mil millones de pesos, esta proporción se incrementa y es del 37%, es decir que por cada peso que gasta el gobierno en programas gubernamentales 37 centavos son para pagos de salarios de la burocracia.

Así se observa que la insignificancia e insuficiencia de los recursos reasignados, y ante la negativa de aplicar un verdadero programa de austeridad no se logró modificar estructuralmente el Presupuesto para 2008, pues el gasto corriente sigue representando la mayor parte del gasto programable, al ascender para 2008 en una cifra cercana al billón 669 mil millones de pesos, mientras que el gasto de capital o sea la inversión pública será de sólo 260 mil millones de pesos, en el mejor de los casos.


domingo, 11 de noviembre de 2007

URGENTE UN PROGRAMA INTEGRAL DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE APOYO A LOS DEUDORES EN TABASCO QUE SEA FINANCIADO CON LAS RESERVAS INTERNACIONALES;

LA AMNISTIA FISCAL DE NADA SERVIRA

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública y

Laura Itzel Castillo
Secretaria de Asentamientos Humanos y
Vivienda

Gobierno Legítimo
Noviembre, 10 del 07

Los anuncios de Felipe Calderón con respecto a los 7 mil millones de pesos en apoyos para la reconstrucción de Tabasco resultarán insuficientes, por esta razón los legisladores deben aprobar el uso de cuando menos 5 mil millones de dólares de las reservas internacionales, de los más de 75 mil millones de dólares con los que actualmente se cuenta, para aplicar un verdadero programa integral de reconstrucción y reactivación económica, ya que los daños en la entidad podrían superar los 50 mil millones de pesos.

Aunado a lo anterior es urgente que los legisladores aprueben un programa de apoyo a deudores que en primer lugar, evite el crecimiento que tendrá la cartera vencida de los habitantes y de las empresas en su mayoría pequeñas y medianas que se encuentran en dicha entidad federativa.

Por ello, se debe promover un paquete de ayuda que necesariamente va a tener que incluir a todas las instituciones bancarias, al Fovissste, al Infonavit y a las demás instituciones dedicadas al financiamiento de la vivienda y de la actividad productiva para que de inmediato se aplique un periodo de “gracia” a los deudores de cuando menos 6 meses, que evite que los pagos que se tienen que hacer mensualmente y que por la situación en que se encuentran los habitantes y empresas de la entidad no puedan realizarse, se acumulen al capital y generen intereses sobre intereses.

Pasado este plazo, será necesario que se lleven a cabo “quitas” de capital de cuando menos el 50% del valor de la deuda, ya que por la misma inundación muchas viviendas y construcciones tendrán que ser demolidas o quedarán inservibles con lo que resultará muy injusto que las personas continúen pagando un crédito de una vivienda cuando esta sea ya inhabitable.

En esta parte el Programa de Apoyo a deudores, deberá revisar el correcto funcionamiento de las aseguradoras para que estas cumplan con lo estipulado en los contratos y no busquen eludir su responsabilidad, como suele suceder en la mayoría de estos casos.

Por su parte, el Programa de Reconstrucción y Reactivación Económica debe necesariamente incluir el replanteamiento del Programa Hidráulico de toda la zona (Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca) y no solo de Tabasco, debe considerar apoyos mediante créditos blandos a los sectores productivos y principalmente a la agricultura y también de considerar la reconstrucción de caminos, escuelas, clínicas y hospitales, así como un programa de empleo emergente para la población.

Es importante señalar que de no atender eficaz y eficientemente esta situación, la región tardará varios años en reponerse de esta tragedia con la consecuente desaparición de miles de empleos y el empobrecimiento de la población de la entidad.

Cabe señalar que los legisladores están muy a tiempo de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación estas modificaciones para utilizar una parte de las reservas internacionales para apoyar la reactivación económica y la reconstrucción de las entidades afectadas.

lunes, 5 de noviembre de 2007

LA SITUACION DE CITIGROUP EN EUA CONFIRMA QUE QUIEN ESTUVO DETRÁS DE LA COMPRA DE AEROMEXICO FUE ROBERTO HERNANDEZ

Y SE PUEDE EXTENDER A BANAMEX EN MÉXICO

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Noviembre 6 de 2007

Las situación por la que atraviesa el banco Citigroup en Estados Unidos quién al tercer trimestre del año reconoció pérdidas de entre 8 y 11 mil millones de dólares, confirman que quien realmente estuvo detrás de la adquisición de Aeromexico fue Roberto Hernández (ex dueño de Banamex) ya que financieramente no se puede explicar como Banamex quién es una subsidiaria de el Citigroup, pudo haber decidido incursionar en un “nuevo negocio para ellos” como lo es la aviación, cuando su matriz en los Estados Unidos atraviesa por una grave crisis financiera.

Es claro que las pérdidas registradas por el gigante norteamericano tienen su origen en la crisis hipotecaria del mercado en los Estados Unidos, que estallo con el aumento el número de deudores que no pudieron seguir pagando sus hipotecas, de esta manera Citigroup es uno de los mayores bancos afectados: en octubre reportó una caída de 57 por ciento en sus ganancias del tercer trimestre, y sus títulos bursátiles han retrocedido 30 por ciento en lo que va del año.

A pesar de lo anterior Citigroup precisó que no prevé reducir sus dividendos para este año y que proyecta mejorar sus números para el mes de junio del 2008.

Sin embargo esta decisión necesariamente afectara la operación de Banamex en nuestro país, ya que de ser cierto que los directivos de la institución en los Estados Unidos, “no prevén reducir sus dividendos” necesariamente se verán obligados a tomar utilidades de sus filiales en otros países para mantener los dividendos de sus accionistas.

De esta manera si revisamos los resultados reportados por Banamex al tercer trimestre del año, observaremos que el resultado neto del banco fue de 13 mil 86 millones de pesos, es decir 1 mil 189 millones de dólares, cifra que se compara muy desfavorablemente con las pérdidas registradas por Citigroup en los Estados Unidos y que oscilan entre 8 mil y 11 mil millones de dólares.

Es conveniente también señalar que el propio Banamex (filial de Citigruop) ha registrado en México un alarmante crecimiento de su cartera vencida que al tercer trimestre del año ascendió a 6 mil 775 millones de pesos, y que representa ya casi el 52% de su utilidad neta en lo que va del año, y que dicha cartera vencida ha registrado un incremento de 34% entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007.

Esto sugiere Banamex, no es ajeno a la situación por la que atraviesa su matriz en los Estados Unidos y que las decisiones que se están tomando en Norteamérica sin lugar a dudas afectarán negativamente a la “sucursal México” que también ya enfrenta una amenazante cartera vencida que ha venido creciendo, muy por encima de su resultado neto de operación, el cual prácticamente no mostró crecimiento con respecto al alcanzado al mes de septiembre de 2006, aún y cuando Banamex recibió al tercer trimestre de este año ingresos comisiones por más de 16 mil 911 millones de pesos.

domingo, 4 de noviembre de 2007

Amo la traición, pero odio al traidor


Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México

Aunque estoy muy lejos de compartir el pensamiento del emperador y dictador de la república romana Julio César, esta frase atribuida a él y que titula este artículo refleja grandemente la situación política, económica y social del país.

En el contexto político nacional se están dando una serie de acusaciones que hicieran parecer que se trata de un juego de buenos y malos, donde lo que menos importa es el país y sus instituciones.

De esta manera, mientras que en la Cámara de Diputados se alista la comisión que supuestamente investigará a Vicente Fox sobre su inexplicable enriquecimiento, el ex presidente lanza acusaciones a Manlio Fabio Beltrones, quien es el presidente del Senado, aprovechando también la oportunidad para hacer nuevamente una defensa pública de los hijos de Marta Sahagún.

Pero también entre los “empresarios” se están dando estas acusaciones. Así, resulta patético observar a Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y ahora director general de una empresa de telefonía, acusar a Telmex y a la Comisión Federal de Competencia del monopolio que se ha generado en el área de la telefonía, poniendo con ello sobre la mesa el tema de la competitividad empresarial y los monopolios.

Por su parte, el gobierno federal ahora se escandaliza por la situación que Pemex atraviesa, como si hasta ahora se percatara de la corrupción y el olvido presupuestario que ha hecho presa de este “patrimonio de todos los mexicanos”, queriendo con ello en el fondo mostrar o inducir que la privatización de esta paraestatal es el único camino a seguir para salvarla de una bancarrota.

Así, sólo faltaría escuchar a Elba Esther Gordillo defendiendo a la democracia o a Miguel Ángel Yunes disertando sobre derechos humanos.

Sin embargo, tal pareciera que los actores han olvidado de dónde vienen, ya que los ciudadanos ya no dudan sobre el enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox, y muchos recordamos las conjeturas que se hicieron sobre aquella misteriosa reunión entre Mario Aburto y Manlio Fabio Beltrones poco después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en las playas de Tijuana o las publicaciones del diario estadunidense The New York Times del 23 de febrero y del primero de marzo de 1997, en las que se advertía de los posibles nexos de Manlio con el tráfico de drogas.

Qué acaso Gil Díaz no recuerda que también él solapo las prácticas monopólicas y oligopólicas en el sistema bancario, incluso las fomentó y protegió, o aquéllos que hoy acusan la situación de Pemex se han preocupado por conocer si se han solventado a la fecha todas las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación a esta paraestatal, y si estas observaciones han permitido corregir la operación de la empresa.

Mientras tanto, alguien de estos ilustres personajes se ha preocupado por la situación de los cañeros en el estado de Nayarit y que particularmente en el ejido de Puga son víctimas del avasallamiento de los ingenios hacia ellos, o alguien de todos estos respetables actores está preocupado porque México ocupará el lugar 147 de una lista de 180 países en materia de crecimiento económico para 2007.

Será que estos políticos se encuentran realmente indignados porque a pesar del nivel en que se encuentran los precios del petróleo, Pemex registró pérdidas al mes de septiembre por 13 mil 493 millones de pesos, y que en el presupuesto para 2008 no tiene asignados recursos para reconstituir su flota de buques tanque.

Será que alguno de estos actores se ha preocupado por reactivar la iniciativa de precios competitivos que AMLO presentara ante el Senado de la República, o por evitar que el IPAB continúe transfiriendo millonarios recursos presupuestarios a los bancos.

Sin embargo, a los ciudadanos ya no les preocupa quién o quiénes son los buenos o los malos, porque con tristeza observan que en el fondo se trata de un problema de traiciones, cuyo común denominador es que éstas han sido contra la democracia, contra las instituciones, contra el país y, en suma, contra los mexicanos.

Por ello, y sin lugar a dudas, la tragedia que en estos momentos viven los habitantes del estado de Tabasco debe hacer reaccionar al Estado, el cual no sólo debe lamentar y urgir la ayuda, ahora más que nunca tiene la obligación de aplicar y liderar un programa integral de salvamento y reconstrucción de la entidad que necesariamente debe verse reflejado en el Presupuesto de Egresos para 2008.

Éste debe contener apoyos financieros e incentivos fiscales, condonación de créditos por parte de la banca, reconstrucción de viviendas, recuperación del campo y reconstrucción de la infraestructura productiva y social.

Como siempre sucede en estos casos, la respuesta ciudadana ha sido inmediata e incondicional, por lo que la respuesta del gobierno debe ser total y sin menoscabo alguno de recursos, ya que la tragedia desafortunadamente apenas empieza.

lunes, 29 de octubre de 2007

EN LA LEY DE INGRESOS EL SENADO ESTA OBLIGADO A LIMITAR LA CAPACIDAD DE REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA DEL IPAB

Elaborado por Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Octubre 29 de 2007

Actualmente, la Ley de Ingresos permite al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) mediante el Artículo 2º realizar operaciones para refinanciar sus pasivos, pero la de dudosa legalidad de las mismas obliga a exigir que se limiten esas facultades del organismo y se pongan candados para evitar que siga incrementando su deuda a costa del erario y en beneficio de particulares.

Para entender esta imperiosa necesidad, veamos lo siguiente:

De acuerdo con la información del Informe sobre la Situación de las Finanzas Publicas al mes de junio de 2007, la deuda bruta derivada del Rescate Bancario ascendió a 743 mil 051 millones de pesos, cifra que representa aproximadamente 40% del Presupuesto de Egresos para 2008.

Cabe mencionar que en virtud de algunos activos que el IPAB ha podido vender y debido a la cobranza de créditos ya pactada en el programa de capitalización y compra de cartera, la deuda neta del rescate bancario al mismo mes ascendió a 713 mil 084 millones de pesos.

Esta deuda, que genera intereses a cargo de los contribuyentes por casi 60 mil millones de pesos, ha modificado su estructura debido a que el IPAB ha pagado o prepagado deudas derivadas directamente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y por lo tanto de dudosa legalidad por instrumentos que el IPAB utiliza para refinanciar sus pasivos o por créditos que ha obtenido de las mismas instituciones rescatadas.

Esto ha sido posible por la capacidad de refinanciamiento para el IPAB que está contemplada en el Artículo 2º de la Ley de Ingresos, que le permite al Instituto “contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago…”

Por ello hasta ahora nada garantiza que operaciones “ilegales” no sean pagadas a los bancos, en una especie de lavado de dinero, en materia de deudas, borrando con ello el rastro de las operaciones ilegales llevadas a cabo en su momento por el Fobaproa.

Para evitar lo anterior los senadores deben modificar el Artículo 2º de la Ley de Ingresos, para limitar la capacidad de refinanciamiento de pasivos del Instituto, excluyendo de ésta, la posibilidad de refinanciar los pasivos o deudas derivadas del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, así como cualquier operación que estuviese con alguna observación de la Auditoria Superior de la Federación y que a la fecha no este solventada.

Hay que recordar que de acuerdo al último reporte de la Auditoría Superior de la Federación, aún existen observaciones sin solventar con respecto al Rescate Bancario y el IPAB utiliza esta facultad de refinanciamiento como una fuente alternativa de allegarse recursos, lo que le permite refinanciar operaciones cuestionadas o “ilegales” y borrar su rastro.

Por ello el IPAB ha utilizado esta facultad legal para “lavar deudas” en un proceso similar al “lavado de dinero” entendiéndose este procedimiento como el cambiar o borrar el rastro de una deuda de “dudosa legalidad o procedencia, por una deuda aparentemente legal”.

Para mostrar lo anterior conviene mencionar que en el mes de octubre de 2002, el IPAB cambió los seis pagarés de saneamiento de Banco del Atlántico, por una “línea de crédito simple” por 48 mil 779 millones de pesos, que le fue otorgada por BITAL. Esto es equivalente a “lavar una deuda”.

La operación fue realizada de la siguiente manera: hasta el mes de septiembre de 2002 Bital, como resultado de su cuestionada fusión con Banco del Atlántico, se hizo dueño de los “pagarés de saneamiento” que eran a favor de Atlántico; como la operación de fusión entre los dos bancos ha sido sumamente cuestionada, tanto por el costo para el IPAB como por el hecho de que el senador Diego Fernández de Cevallos participó como abogado de Bital en contra del IPAB, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario prefirió “desaparecer” o bien “liquidar” pagarés, solicitando un préstamo a BITAL para liquidarlos.

A fin de cuentas el beneficiario seguía siendo Bital, con la única diferencia de que jurídicamente hablando, la “nueva deuda” del IPAB con Bital ya no es producto de los “pagarés de saneamiento” (que han desaparecido), sino obedece a una “operación de refinanciamiento” es decir a un préstamo simple de Bital hacia el IPAB.

Claro que hubo un “premio adicional para Bital” y es que los pagarés de saneamiento de Banco del Atlántico que vencían entre 2005 y 2008 fueron modificados y el “crédito simple contratado con Bital por 39 mil millones de pesos aproximadamente” venció en su totalidad en 2005, acortando casi tres años el periodo de vencimiento del préstamo.

Más aún si revisamos, el “listado” de pagarés a cargo del IPAB en su página de Internet, hasta el mes de septiembre de 2002 aparecían los pagarés de Banco del Atlántico; pero si revisamos el mismo “listado” para el mes de junio de 2004, los “pagarés de Atlántico” ya no aparecen.

De hecho, tal y como el IPAB lo anunció el 1 de octubre de 2002, “da por concluido el saneamiento del Banco del Atlántico”, lo que prácticamente deja sin posibilidad de investigación una operación sumamente cuestionada, cuyo costo fiscal se estimo en 48 mil 779 millones de pesos.

El Articulo 2º de la Ley de Ingresos le otorga la posibilidad al IPAB de “endeudarse con el único objeto de llevar a cabo operaciones de refinanciamiento de deuda”, si bien es cierto que esta posibilidad le ha permitido al IPAB cumplir con sus viejas deudas, emitiendo nuevas deudas, también es cierto que esto le ha permitido “borrar” con este mecanismo operaciones que llevó a cabo el FOBAPROA y que han sido cuestionadas o “sumamente cuestionadas” como lo es el caso de la fusión BITAL-ATLÁNTICO, o como el saneamiento de Banca Serfin ahora en poder de Santander o el propio programa de capitalización y compra de cartera.

De esta manera, mientras que el saldo de los pagarés por “saneamiento” disminuyó entre diciembre de 2000 y diciembre de 2007, al pasar de 214 mil 368 millones a 80 mil 274 millones de pesos, los pagarés por “Refinanciamiento” aumentaron considerablemente en el mismo periodo al pasar de 187 mil 672 a 651 mil 705 millones de pesos, representando casi 87.9% del saldo deudor del IPAB.

Por ello, el IPAB está aprovechando la facultad que tiene para refinanciar sus pasivos, para “lavar deudas” de operaciones que han sido altamente cuestionadas, como lo son las derivadas de las intervenciones bancarias y los saneamientos que en su momento llevó a cabo el Fobaproa y el Programa de Capitalización y Compra de Cartera PCCC).

Por lo anterior, es preciso que se limite la capacidad de refinanciamiento del IPAB excluyendo de la deuda del Instituto todas las operaciones que han sido cuestionadas por la Auditoria Superior de la Federación, incluyendo los Programas de Capitalización y Compra de Cartera, para evitar que se estén revolviendo recursos limpios con operaciones irregulares e “ilegales”, ya que de no ser así se estarán refinanciando “ilegalidades”, como hasta ahora lo ha hecho el IPAB.

De tal manera que el Artículo 2º de la Ley de Ingresos debe ser redactado de la siguiente manera: “Contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, excluyendo de éstas aquellas derivadas de los Programas de Capitalización y Compra de Cartera, así como las que hayan sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación y aún no se encuentren solventadas ”.

Hay que recordar que una operación de refinanciamiento implica que por un lado “liquido una deuda” y por el otro “pido prestado para pagarla”, es decir “ya no le debo a SERFIN (operación que ha sido cuestionada), le pago a SERFIN y le pido prestado a X persona que me compra un BPAS (Bonos IPAB de refinanciamiento)”, es decir mi nuevo acreedor quizá ya no tenga nada que ver con SERFIN, por ello la posibilidad de “rastrear” alguna “ilegalidad” se reduce, pues los documentos (pagarés) ya no existen.

Del los cuadros al final se observa que, por ejemplo, mientras que los pasivos derivados de saneamientos financieros se han reducido de 214 mil 368 millones en 2000 a 2 mil 761 millones a junio de 2007, las emisiones de BPAS (Bonos IPAB de refinanciamiento) han incrementado su porcentaje dentro de la deuda del Instituto al pasar de 187 mil 672 millones de pesos en diciembre de 2000 a 647 mil 544 millones en junio de 2007, es decir su crecimiento ha sido de 459 mil 872 millones de pesos.

Asimismo, se observa de que a pesar de que los Programas de Capitalización y Compra de Cartera no son deuda del IPAB, ahora se han liquidado en su totalidad como parte de los prepagos que el IPAB ha realizado, sosteniendo que ya se cumplió con lo dispuesto por el Artículo Quinto transitorio, lo cual es una grave “ilegalidad”, puesto que no se ha dado su visto bueno al Acuerdo firmado el 14 de julio de 2004 y mucho menos al resultado de las revisiones anunciadas por el IPAB.

El prepago de estas obligaciones inició desde el 21 de julio de 2004, al menos en el caso de Banorte, en donde el monto cubierto fue de 400 millones de pesos.

Las Notas IPAB (antes Pagarés Fobaproa y que vencían entre septiembre de 2005 y hasta diciembre de 2006) que fueron canjeadas de manera “ilegal” por no haberse cumplido de manera formal el Artículo Quinto transitorio de la Ley del IPAB, fueron prepagadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario durante 2005.

Este pago anticipado, de acuerdo a las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto, significó un desembolso de casi 120 mil millones de pesos.

En el calendario establecido en el Nuevo Programa de Capitalización y Compra de Cartera que firmaron los bancos y el Instituto el 15 de julio de 2004, se estableció que 78 mil 537 millones de pesos se cubrirían durante 2005 y los restantes 40 mil 826 millones de pesos en 2006.

El IPAB tomó esta decisión en virtud de que según el Instituto ya se dio cumplimiento al mandato del Artículo Quinto transitorio y únicamente se descontarían 11 mil 526 millones de pesos de operaciones ilegales.

De este total, aproximadamente 103 millones de pesos correspondieron a Banorte, 3 mil 687 millones a Bancomer, 6 mil 211 millones de pesos a Banamex y 2 mil 500 millones a HSBC.

Es importante mencionar que los prepagos de las notas IPAB fueron absolutamente ilegales en virtud de que el IPAB no cumplió con lo dispuesto en el Artículo Quinto transitorio de la Ley del IPAB y mucho menos con el exhorto que le hiciera la Comisión Permanente del Congreso el 13 de agosto de 2003.

Más aún: si bien es cierto que el Artículo 2º de la Ley de Ingresos faculta al IPAB para emitir deuda (a través de los Bonos de Protección al Ahorro, “BPAS”) esto aplica únicamente para los pasivos o deudas del IPAB diferentes de aquellas originadas por la aplicación del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC). Por ello, lo que el IPAB está haciendo es tratar de “cerrar a como de lugar el rescate bancario.

De hecho, el Artículo Segundo de la Ley de Ingresos, que le otorga al IPAB la facultad de emitir deuda, también establece que el endeudamiento del IPAB se hará con el único objeto de refinanciar sus pasivos y siempre y cuando se pueda obtener un mejor “perfil” de la deuda: esto significa, entre otras cosas, que la “tasa de interés a la que se emita este nuevo refinanciamiento sea menor a la deuda que se esta prepagando o refinanciando”.

Sin embargo, en el caso de los prepagos de las Notas IPAB (antes pagarés Fobaproa) claramente se observa que el costo para el IPAB aumentó, en virtud de que la tasa de interés de las Notas IPAB fue de CETES menos 1.35% y la de los BPAS fue de CETES más 1%), de tal manera que el IPAB favoreció nuevamente a los bancos ya que sustituyó una deuda de menor tasa de interés (por lo tanto de menor costo) por una de mayor tasa de interés (y por lo tanto de mayor costo).

Lo anterior violó la condición que le aplica al IPAB en términos del Artículo 2º de la Ley de Ingresos.

De hecho el Congreso fue quien mandató al IPAB a revisar el PCCC y es el propio Congreso y la Auditoria Superior de la Federación quienes deben decidir si se ha cumplido con la ley o no.

Por ello el IPAB ha violado la Ley con los prepagos que realizó, por dos razones: la primera, porque la sustitución de pagarés Fobaproa por Notas IPAB fue “ilegal” en virtud de que no se cumplió a cabalidad el Articulo Quinto transitorio de la Ley del IPAB; y en segundo lugar, porque los prepagos de estos instrumentos implicaron que el IPAB prepagó con una tasa de interés mayor.

Para entender mejor lo anterior, digamos que una persona tiene que pagar un préstamo cuyos intereses son de 1% mensual y opta por pagar de forma adelantada esa deuda, para lo cual pide un crédito al banco por el cual pagará 2.3% mensual.

Así, podemos observar que desde el mes de diciembre de 2000 y hasta junio de 2007, a pesar de haber destinado más de 140 mil millones de pesos en recursos fiscales al IPAB, el saldo de la deuda neta del Rescate Bancario es ligeramente superior a la de diciembre de 2000 (cuando se ubicaba en 696 mil 408 millones de pesos) en 7 mil 357 millones de pesos.

De esta manera, en el IPAB sólo se han “lavado” deudas.