Gran Parte del Incremento en los Precios de los Alimentos Responde al Tremendo Intermediarismo que Además No Beneficia a los Productores:

Es Preciso que el Senado de la República Apruebe la Ley de Precios Competitivos

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Enero 29, 2008

Si bien es cierto que a nivel mundial, los precios de los alimentos han registrado incrementos que durante el año pasado, en promedio alcanzaron el 36%, también lo es que al menos en el caso de nuestro país, el crecimiento observado en el precio de muchos granos básicos, frutas, legumbres, hortalizas y cárnicos, se explica en buena medida por las tremendas imperfecciones del mercado de comercialización de estos productos y en especial a la existencia de grandes y poderosas empresas, que debido a la capacidad económica que tienen actúan como monopolios o bien se ponen de acuerdo entre varias ejerciendo un control oligopolio del mercado en el que operan.

Esta situación que desde hace mucho tiempo ha existido en nuestro país, se ha manifestado más duramente, por el “efecto aparente” del incremento de los alimentos a nivel mundial.

De esta manera, si revisamos los precios al mayoreo de diversos productos que se pueden adquirir en la central de abasto y los comparamos con los que se pueden encontrar en la diferentes tiendas de autoservicio como; Wall Mart, Chedraui, Comercial Mexicana o Soriana, nos damos cuenta que en la mayoría de los casos, existen diferencias que pueden ser hasta del 500%.

Así por ejemplo, se observa que mientras que el maíz blanco, el frijol, la zanahoria y el pollo entero, se cotizaron la semana pasada en la central de Abasto del DF, en 3.40, 7.60, 2.86 y 7.60 pesos por kilogramo respectivamente, en las principales tiendas de autoservicio del DF y de la zona metropolitana, sus precios por kilogramo se ubicaron en 16.69, 18.00, 9.99 y 26.0 pesos por kilogramo; lo que significa un diferencia 390.8%, 136.84%, 249.30%, 242.1%, respectivamente.

Por ello, es preciso que el Senado de la República apruebe la iniciativa de Ley de Precios Competitivos que a finales del mes de noviembre de 2006, Andrés Manuel López Obrador, envió a los senadores del Frente Amplio Progresista.

Conviene recordar, que dicha ley persigue retornar a las políticas de “fijación o control de precios” sino más busca el combate a las prácticas monopólicas u oligopòlicas en cuánto a su manifestación que es la existencia de “precios exagerados” en la economía.

Para ello, la Ley de Precios Competitivos que fue enviada al Senado de la República en el mes de noviembre de 2006, busca el establecimiento de una Comisión de Precios” que estaría analizando en base a diversos indicadores como índices de precios, costos, etc, el nivel que deben tener los precios al público, y cuándo esta Comisión determinara que existen elementos suficientes para determinar que el precio de un `bien o servicio es “exagerado” se tomarían las medidas conducentes.

Finalmente conviene mencionar que la Comisión de Precios, no estaría suplantando o duplicando las funciones de la Comisión Federal de Competencia, ya que mientras la primera combatiría la existencia de prácticas monopólicas u oligopòlicas por sus efectos; la CFC continuaría combatiendo las prácticas monopólicas u oligopòlicas por sus causas; es decir por la concentración del mercado o la dominancia.

EL GOBIERNO TIENE SUFICIENTES RECURSOS PARA DESTINARLOS A PEMEX;

EL PERMITIR INVERSION PRIVADA TRANFERIRIA PARTE LA RENTA PETROLERA A EMPRESAS EXTRANJERAS

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

A) La Transferencia de la Renta Petrolera a Privados:

La renta petrolera se define; como la diferencia que existe entre el precio de venta del petróleo y su costo de extracción, esto significa que si en promedio el extraer un barril de petróleo en nuestro país tiene un costo de 8 dólares y se vende en los mercados internacionales en aproximadamente 80 dólares, la “renta petrolera” equivale a 72 dólares por barril.

Luego entonces, esta “renta petrolera” es la que hasta ahora se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una de las principales fuentes de ingreso para la expansión del sector energético o en todo caso, del sector petrolero del país.

Por ello, a pesar de que tanto Felipe Calderón, como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la “Reforma Energética” que se presentará no buscará la privatización de Petróleos Mexicanos, el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de Refinación, Exploración, Distribución y Comercialización del Petróleo, implicaría la “transferencia o cesión” de buena parte de la Renta Petrolera que es de todos los mexicanos, a compañías privadas extranjeras.

Más aun, si el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector, consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria:

Para corroborar lo anterior; solo basta señalar lo siguiente:

De acuerdo con el último informe financiero de PEMEX, al 30 de septiembre de 2007, la paraestatal reporto ventas totales por 808 mil 128 millones de pesos (73,927 millones de dólares) y un costo de ventas más gastos generales de 375 mil 339 millones de pesos (34,336 millones de dólares), es decir que la “renta petrolera” fue de 432 mil 789 millones de pesos.

Sin embargo el mismo informe señala que al 30 de septiembre, la paraestatal entregó o pagó al fisco; entre impuestos, derechos y aprovechamientos, 457 mil 341 millones de pesos, es decir, tuvo que entregar; “la totalidad de la renta petrolera” más 25 mil millones de pesos aproximadamente.



Es obvio que esta situación muestra entre otras cosas la elevada carga fiscal que tiene PEMEX y que sin lugar dudas no se mantendría para las empresas privadas que entraran al negocio del petróleo, lo anterior en virtud de que ninguna empresa del mundo, aceptaría o sería rentable, con esa carga fiscal.

Por ello, necesariamente la inversión privada o empresas privadas que entraran al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal “carga fiscal” por lo que necesariamente a ellos se le aplicaría una tasa fiscal diferente y mas reducida que la que actualmente enfrenta PEMEX, lo que les permitiría a las nuevas empresas en el negocio, es decir las “nuevas empresas” adueñarse de la “renta petrolera”.

Cabe señalar que por lo menos sin la apertura se esta garantizando que dicha “renta petrolera”· tenga como destino “las arcas nacionales”, sin embargo con la apertura a la inversión privada aunque esto no implique de fondo una privatización total, se estaría cediendo una buena parte de esta “renta petrolera” a empresas privadas, quienes utilizarían la “renta petrolera” que antes era de la nación para construir mas infraestructura petrolera, lo que les permitiría cada vez más adueñarse de una porción mayor de la renta petrolera nacional.

B) Si hay Recursos para Invertirlos en el Sector:

De acuerdo con la última información disponible de la SHCP, al mes de noviembre de 2007, las finanzas públicas registraron un “superávit fiscal” es decir mas ingresos que gastos, por 192 mil 097.9 millones de pesos, lo anterior es producto de haber obtenido ingresos por 2 billones 35 mil 500 millones de pesos y de haber realizado gastos por 1 billón 874 mil 615 millones de pesos.



Es conveniente señalar que la favorable evolución de los ingresos presupuestarios se explica en gran medida debido a la favorable evolución de los ingresos petroleros que el mes de noviembre fueron de 753 mil 153.3 millones de pesos, lo que representó el 37% del total, es decir que de cada peso que ingreso al gobierno 37 centavos provinieron directamente del petróleo, es conveniente señalar que esta proporción es mayor si se considera la recaudación proveniente del IVA de las gasolinas y los excedentes petroleros estos últimos se estima que al mes de noviembre ascendieron a 113,399 mil millones de pesos.



En contraste se observó que el gasto público se concentró en el gasto corriente que ascendió a 1 billón 231 mil 836.1 millones de pesos, cifra que representa el 61.1% del gasto total, seguido por el gasto no programable que representó el 25.5% y que se conforma principalmente por el Costo Financiero de la Deuda y las Participaciones Federales a los Estados de la República,

Es importante señalar que a pesar de contar con recursos en caja, es decir con un importante superávit fiscal, la inversión física del gobierno representó sólo el 12.5% del gasto total realizado al mes de noviembre de 2008, al ascender a 253 mil 569 millones de pesos, en tanto el pago de sueldos y salarios del gobierno, fue de 565 mil 275.2 millones de pesos, cifra que representa más del doble del gasto destinado a la inversión, a esto hay que añadir que al mismo período el gasto de operación del gobierno se ubicó en 425 mil 499.1 millones de pesos siendo también mayor a la inversión física directa gubernamental.



Esto comportamiento resulta aún más absurdo y contradictorio al observar que tan solo al mes de septiembre la inversión en obra pública para PEMEX fue de 4 mil 314.3 millones de pesos y para mantenimiento de proyectos fue de 1 mil 599 millones de pesos, mientras que el costo de los PIDIREGAS ascendió a 21 mil 790.6 millones de pesos y el pago de intereses de su deuda a poco más de 31 mil millones de pesos

Esta situación que ilustra claramente la tremenda descapitalización de PEMEX en cuanto a infraestructura y mantenimiento de sus activos físicos productivos



Finalmente es importante señalar que el “superávit fiscal” obtenido al mes de noviembre y que no es otra cosa mas que recursos que tiene en “caja” las arcas públicas, son equivalentes al programa de gasto anual de petróleos mexicanos para 2007,

C) Para bajar el costo de los energéticos e incrementar la competitividad de las empresas es necesario modificar la estructura de PEMEX y para ello no se requiere de inversión privada


A pesar de contar con varios complejos petroquímicos, así como con petróleo y gas natural, México desperdicia el gran negocio de la petroquímica, debido a una política energética diseñada expresamente para entregar este gran negocio a los privados y a las empresas extranjeras.

De esta manera y de acuerdo con los datos publicados por el Sistema de Información de Energía de Pemex Petroquímica, se observa que mientras que en 1995 la producción de petroquímicos fue de 19 mil 073 millones toneladas anuales, para el 2006 fue de sólo 10 mil 422.5 millones de toneladas toneladas.



Este comportamiento se explica por 2 factores importantes; el primero es el olvido presupuestario en el que se ha tenido a la petroquìmica, ya que los recursos destinados a esta actividad de PEMEX se han reducido permanentemente con respecto al año 2000, con lo que su disminución real ha sido de 35%, con respecto al año 2000.



Y el segundo, se explica en función de la manera en como esta organizado Petróleos Mexicanos y sus diferentes subsidiarias, ya que Pemex – Exploración, que es la empresa encargada de extraer el gas, le vende a Pemex – Gas y Petroquímica, el gas extraído a precios internacionales, aún y cuando el costo de extracción de este energético es infinitamente menor.

Esta situación provoca que las plantas petroquímicas que existen en el país (Morelos, Cangrejera, Cosoleacaque, Pajaritos) entre otras, de inicio queden fuera de competitividad en precios, para poder competir en el mercado internacional por lo que muchos de estos derivados del gas y del petróleo tienen que ser importados a un precio mayor, lo que definitivamente impacta negativamente en la competitividad de la industria en el país.

En este sentido y muy particularmente llama la atención el caso de la producción de Amoniaco, ya que esta sustancia es el insumo más importante para la producción de fertilizantes y en dónde la producción se ha visto totalmente devastada en los últimos 7 años, a grado tal, que el complejo petroquímico de Cosoleacaque, que está diseñado para producir aproximadamente 2 millones 220 mil toneladas anuales de amoniaco, o sea 15 millones 440 mil toneladas en 7 años, produjo apenas 4 millones 200 mil toneladas, lo que implico que dado el valor comercial de este producto (2 millones 700 mil pesos por tonelada) dejaran de ingresar al país, poco más de 30 mil millones de pesos.

Es importante destacar que el Amoniaco es un ingrediente fundamental en la elaboración de fertilizantes y que el costo de los fertilizantes representa casi el 20% del costo en la producción de maíz, por lo que este es un claro ejemplo de cómo la falta de coordinación entre la política energética y la política agroalimentaria, tiene consecuencias graves tanto para la alimentación de los mexicanos, como para el intercambio comercial ya que México es un importador de maíz, debido supuestamente a que en los Estados Unidos se comercializa más barato este producto.

Es de señalar que precisamente en el caso de los fertilizantes, muy cerca del Complejo Petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos Veracruz, y en parte de las instalaciones abandonadas que algún día fueron propiedad de Fertimex, opera una empresa llamada Agro-Mex, que importa Amoniaco y lo transforma en fertilizantes que vende a los productores agrícolas nacionales a precios internacionales.

Otro caso que resalta, es el de la producción de polietileno en dónde se observa que es en el Complejo Petroquímico de Pajaritos, el único lugar en el país, en donde se produce polietileno de alta densidad, producto que es muy demandado en la industria y según las autoridades de PEMEX, dicho complejo opera con pérdidas.

Un factor adicional es que mientras que en nuestro país, el gas natural se utiliza para producir electricidad, en otros países, y dado que existen procesos para dañar menos el medio ambiente, la electricidad se genera con combustòleo que es un residuo del proceso de refinación del petróleo, guardando el gas natural para la producción de petroquímicos, que es el verdadero negocio de la industria del petróleo.

Esta situación refuerza y confirma que la propuesta hecha por el Gobierno Legitimo de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que si es posible rescatar al sector energético, puesto que se cuenta con recursos gubernamentales para la expansión y crecimiento del sector, siempre cuando se lleve a cabo la eficientaciòn y reducción del gasto público superfluo, la canalización de los excedentes petroleros a la propia industria y la reorganización de PEMEX para contar con una industria petrolera integrada que elimine los altos precios de transferencia entre las subsidiarios de PEMEX, ya que el único beneficiado de esta política de precios, ha sido el gobierno y no la industria, ni mucho menos PEMEX.

Por ello, si bien es cierto que a un y cuando en el discurso de Calderón y de los legisladores del PRI y del PAN, se niega que la Reforma Energética, busque la “privatización del petróleo” el hecho combinado de la poca o nula inversión gubernamental en PEMEX, combinada con una apertura al capital privado, permitiría que los nuevos inversionistas privados se adueñaran paulatinamente de la “renta petrolera” de la Nación, que es equivalente a privatizar a la industria del petróleo.

Por ello, el verdadero fondo de la discusión, es y deber ser, quien o quiénes van a controlar “la renta petrolera del país”, ya que la única, aún sin privatizar al petróleo, la inversión privada, seguramente se apropiaría de la renta petrolera de la nación.

Por ello, para que la nación pueda conservar a la “renta petrolera” como un patrimonio de los mexicanos, tiene y debe de realizar las inversiones de manera directa.

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION ACTUA COMO PALERO DE LA PRIVATIZACION DEL SECTOR ENERGETICO

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Enero, 16 del 08

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION ACTUA COMO PALERO DE LA PRIVATIZACION DEL SECTOR ENERGETICO Y LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION TIENE LA OBLIGACION DE ACTUAR Y PRESENTAR QUERELLAS Y HASTA UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

La decisión asumida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de declarar inconstitucional el oficio OSAF/1565/2005, en el que se declara inconstitucional la “orden” dada por la Auditoria Superior de la Federación a la Comisión Reguladora de Energía en 2003, para la revisión de los más de 300 permisos concedidos por el gobierno federal a empresas nacionales y extranjeras, es una muestra de que la SCJN actúa nuevamente como “palero” del régimen, de la misma manera que lo hizo en el caso de FOBAPROA cuando declaro inconstitucional la “orden” que el Auditor Superior le había dado a la SHCP para reducir el valor del pagaré de Banamex y de Bancomer, por contener operaciones “ilegales”.

Sin embargo esta resolución no debe traducirse en una “puerta falsa” para que nuevamente el Auditor Superior de la Federación, se lave las manos, como lo hizo en el caso FOBAPROA y rehuyendo a su responsabilidad señale que tiene las manos atadas o bien, que se le ha impedido actuar.

Lejos de ello, el Auditor Superior de la Federación esta obligado a presentar una controversia constitucional debido a que en sus observaciones derivadas de la Revisión de las Cuentas Públicas en 2002 y 2003, señaló que “los permisos otorgados para la generación privada de energía eléctrica contravenían el artículo 27 de la Constitución.

Por ello y en virtud de que la Ley de Fiscalización Superior, le otorga al Auditor la facultad de iniciar querellas contra los funcionarios públicos que violen la ley, el tiene la obligación de ejercer dicha facultad llevando a cabo las denuncias correspondientes.

Más aún, la Suprema Corte de Justicia, sobre lo que realmente se pronunció fue por el hecho de que la Auditaría Superior de la Federación, “no tiene facultades constitucionales” para darle “ordenes” al Poder Ejecutivo, y por el asunto de la “anualidad de las revisiones” mas en ningún momento la Suprema Corte de Justicia, se ha pronunciado sobre la Constitucionalidad o Inconstitucionalidad de los contrato otorgados por el Gobierno Federal, (particularmente por la Comisión Reguladora de Energía) para la generación privada de energía eléctrica.

En tal virtud el Auditor Superior de la Federación, está obligado a presentar esta controversia, para que en todo caso, sea la Suprema Corte de Justicia, la que esté obligada a pronunciarse sobre el “fondo del asunto” que al final es “la generación privada de energía eléctrica” y no sobre la “facultad o no del Auditor Superior, para darle ordenes al Ejecutivo.

Hay que recordar que desde la revisión de la Cuenta Pública del 2002, la Auditoria Superior de la Federación estableció observaciones, en las que contó con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y se concluyendo textualmente lo siguiente:
Cuenta Pública 2002:

La ASF realizó 3 revisiones especiales, con relación al sector eléctrico, una de ellas a la CFE y dos a la Comisión Reguladora de Energía con los siguientes objetivos:

CFE

a) Evaluar la confiabilidad de la metodología aplicada por la CFE para la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

b) Determinar la razonabilidad de la demanda de energía y la capacidad de generación, establecidas en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) para el periodo 2003-2011.

c) Analizar las necesidades de inversión establecidas en el POISE para financiar el crecimiento de la capacidad de generación de energía eléctrica (2003-2011)

CRE

d) Constatar que la CRE se ajustó a la normativa en el otorgamiento de los permisos y que los permisionarios cumplieron con lo establecido en la Constitución y en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), en su reglamento y en los títulos de permiso.

Al respecto el Informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública 2002, concluyó lo siguiente:

1) Las estimaciones de la CFE muestran que la demanda nacional crecerá en promedio anual 5.6% y la ampliación de la capacidad de generación en 4.7%.

2) Conforme al POISE, se requiere incorporar al SEN un total de 27,246 MW, de los cuales 12,611 MW ya están comprometidos y entraran en operación entre 2003 y 2008, restando 14,365 MW.

3) La CFE tiene planeado financiar la creación de infraestructura con 205,693 millones de pesos, de los cuales el 56.1% corresponderá a la modalidad OPF, el 43.5% a los PIE y sólo el 0.4% a recursos propios de la CFE.

4) De los 19 permisos que se tomaron como muestra, otorgados en 2002, no están fundados, ni motivados lo que contraviene la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

5) La CRE otorgo un permiso en a pesar de que en 2 ocasiones la opinión de la CFE fue negativa.

6) En 4 de los 19 permisos, se incluye una salvedad que permite la venta de energía eléctrica a los socios, lo que se presume contrario a los artículos 27 Constitucional y 36 segundo párrafo de la LSPEE.

7) En tres casos se encontraron contratos de compraventa de energía eléctrica, entre el permisionario y sus socios, lo que se presume en contrario a los artículos 27 Constitucional; 36 de la LSPEE; y su reglamento.

8) En 26 de los 89 permisos revisados se incluye una salvedad que permite la venta de energía eléctrica a los socios, lo que se presume contrario a los artículos 27 Constitucional y 36 segundo párrafo de la LSPEE.

9) Para las revisiones de la operación del CRE se contrató al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, con el objeto de que realizara un estudio sobre la constitucionalidad y la legalidad de los permisos, y como resultado de ello, el IIJ concluyo que la LSPEE y su reglamento probablemente contravienen el espíritu de la Constitución.

10) Con las 3 auditorias se formularon 31 observaciones que generaron 52 acciones promovidas: 31 recomendaciones; 16 solicitudes de intervención del Órgano Interno de Control de la CRE, para promover el fincamiento de responsabilidades; 4 solicitudes de aclaración para que la CFE, la CRE y la SHCP, expliquen por qué con el cobro de los servicios de porteo y de respaldo no se cubren los costos medios contables de proporcionar esos servicios; y una solicitud de aclaración a la CRE para que explique cuál es la situación actual de uno de los permisionarios de autoabastecimiento.

Por ello, y en virtud de que estas observaciones realizadas por la ASF; desde entonces y hasta la fecha, aún no han sido solventadas, el Auditor Superior de la Federación, está obligado a actuar de “oficio” y no convertirse en un “cómplice como lo hizo en el asunto del FOBAPROA” .
Más aún si el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, concluyo que la LSPEE ,su reglamento y los contratos de generación de energía eléctrica a los privados probablemente contravienen el espíritu de la Constitución.

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÙBLICA DEBE ACTUAR EN CONTRA DE FERNANDO SANCHEZ UGARTE QUIEN HOY ASUME FORMALMENTE EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE TMM

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Enero 15 de 2008

BOLETIN DE PRENSA

El día de hoy, el ex subsecretario de ingresos de la SHCP, Fernando Sánchez Ugarte, asumirá formalmente el cargo de Director General de TMM, y el titular de la Función Pública, Salvador Vega Casillas debe actuar en contra del ex funcionario de la SHCP, quién hasta diciembre del año pasado ocupó el cargo de Subsecretario de Ingresos y quién a partir de este 15 de enero se desempeñará como el nuevo Director General de Transportación Marítima Mexicana (TMM) que es una empresa que contratista de PEMEX y que en tal virtud ha realizado operaciones que han sido cuestionadas por la propia Auditoria Superior de la Federación.

Es importante mencionar que Fernando Sánchez Ugarte, fue uno de los principales promotores de la Miscelánea Fiscal propuesta por Felipe Calderón y aprobada por los legisladores del PRI y del PAN.

Al ex subsecretario de Ingresos de la SHCP, se le atribuye el diseño e implementación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) por lo que definitivamente posee información privilegiada en materia fiscal, que seguramente utilizará a favor de los intereses de esta empresa, que además tiene una amplia injerencia en el Transporte Ferroviario, manejo de carga y operación de Puerto.

Cabe destacar que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece la obligación que tienen los funcionarios gubernamentales de “alto nivel”, de esperar un año cuando dejen de prestar sus servicios para el Gobierno Federal, antes de aceptar un cargo en el sector privado.

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

· Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley;

ARTICULO 9.- El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá
observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

· En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior;

Más aún y cuando por la naturaleza de su nuevo puesto (Director General) tendrá que tener injerencia directa en todas las operaciones de la empresa, tanto en las operativas, como en las administrativas y fiscales.

Es pertinente señalar que de la propia trayectoria profesional de Fernando Sánchez Ugarte se observa su poca o nula experiencia en materia de transportación y operación de puertos, ya que de su currículum se desprende que el ahora Director General de TMM, ha sido, el Presidente de la Comisión Federal de Competencia, Subsecretario de Industria e Inversión Extranjera de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y Director general de Política de Ingresos de la propia SHCP.

Más aún, el propio José F. Serrano, quién es el Presidente del Consejo de Administración de TMM, señaló que la “amplia experiencia en materia de políticas fiscales” será muy valiosa para el plan de negocios de la compañía.

No hay que olvidar que el propio Auditor Superior de la Federación, señaló en su informe sobre la revisión de la cuenta pública de 2005, que debido a una actitud omisa tanto del SAT como de la Procuraduría Fiscal, el erario público tuvo que devolver mas de 12 mil millones de pesos a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, que es una filial de TMM.

Por ello, Salvador Vega Casillas, quién por cierto durante la 59 Legislatura, fue el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y desde ahí bloqueo cualquier intento por castigar las operaciones del FOBAPROA, está obligado a actuar y a aplicar la Ley para castigar a Fernando Sánchez Ugarte, quién seguramente estará manejando a conveniencia de TMM, el pago de impuestos.

NO ES LO MISMO; PERO ES IGUAL

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

De acuerdo con la teoría económica la inflación es la disminución del valor del dinero en relación a la cantidad de productos y servicios que se pueden comprar con ese dinero.

Para medirla se construye un indicador llamado “índice de precios” que debe de incluir la totalidad de los precios de los productos y servicios que existen en la economía; es decir los que la gente adquiere, mismos que van; desde los productos que todos los ciudadanos “comunes” diariamente compran; como alimentos básicos, o el uso del transporte público, hasta aquellos que los ciudadanos “no tan comunes” pueden adquirir, como lo son; diamantes, oro, aviones, caviar, etc.

Sin embargo, ya que es mucho más común que la gente compre alimentos en vez de diamantes, la importancia de la comida dentro del “índice de precios” debe ser mayor, que la de los diamantes, por ello, un aumento en el precio de los alimentos debe hacer crecer mucho más al “índice de precios” que un alza en el precio de los diamantes.

Esta situación se confirma con datos del INEGI, según los cuales las familias mexicanas gastan en promedio 30% de su ingreso en alimentos, 18% en transporte, 15% en Educación (a pesar de que debe ser gratuita), 9% en vivienda y el 6% en vestido, 6.5% en enseres domésticos, 4% en salud y el restante en otros gastos.

Esto cobra importancia porque durante los últimos días, muchos doctores en economía, analistas financieros, funcionarios de la Secretaria de Hacienda y hasta el Gobernador del Banco de México, con el mayor descaro del mundo han señalado que durante el 2007 la inflación fue de apenas 3.76%, “cifra menor en 29 centésimas a la registrada durante el 2006”.

Esto, en otras palabras, quiere decir que según ellos, que este “índice de precios” creció, entre enero y diciembre del año pasado, solamente en 3.76%.

Sin embargo, recientemente tanto el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, señalaron que durante 2007 el crecimiento promedio de los alimentos fue de 36.7%, el de los energéticos de 48%, tan sólo productos como el fríjol, trigo, harina de soya o el maíz, tuvieron alzas hasta del 100%.

Más aún, el propio Gobernador del Banco de México, queriendo componer la farsa, aceptó que algunos alimentos y productos agrícolas habían registrado incrementos en sus precios de más de 86 por ciento.

Lo que es un hecho es que mientras que en diciembre de 2006, el costo de una canasta básica de 42 productos era de 818 pesos, para diciembre de 2007 este conjunto de productos costaba ya 1,105 pesos; es decir, creció 35%.

Luego entonces, es absolutamente válido señalar que la inflación para muchos millones de mexicanos fue de 35% ya que ésta se define como la disminución del valor del dinero en relación a la cantidad de productos y servicios que se pueden comprar.

Y que conste que enfatizo lo “que se pueden comprar” ya que, de acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI, 70% de los 22 millones y medio de familias que existen en el país, viven con un ingreso mensual menor a 10, 600 pesos, es decir, con menos de nueve salarios mínimos. Por ello, lo que pueden comprar no va mas allá, de los productos popularmente conocidos como básicos o necesarios.

De esta manera, mientras que para muchos economistas este razonamiento no es lo mismo que lo que ellos entienden por “inflación”, para millones de familias la situación que enfrentan es igual a que el costo de la vida se hubiera encarecido en 35%, o bien que su dinero ahora le alcance para 35% menos de lo que hace un año podían comprar.

En otras palabras; mientras que para el gobierno no es lo mismo, para millones de mexicanos, es igual.

Ahora bien, si lo que he señalado no es cierto, entonces porque razón, Eduardo Sojo firmó un convenio con las tiendas de autoservicio para reducir hasta en un 30%, diversos productos básicos, que por cierto, dicho convenio será de muy corto alcance, ya que todos sabemos lo que sucederá con los precios, cuando este llegue a su fin, en el mes de marzo.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le dan la Razón al Gobierno Legítimo en materia de inflación

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), coincidieron con los señalamientos que ha venido haciendo el Gobierno Legitimo en materia del histórico crecimiento en los precios, y particularmente en el de los alimentos, que se ha venido observando desde principios del 2007.

Tanto el FMI como el BM, señalaron que productos como el fríjol, el trigo, la harina de soya, el maíz, experimentaron durante el 2007, alzas que llegaron a ser hasta del 100%.

Así estos organismos multilaterales, señalaron que durante el 2007 el crecimiento en el precio de los alimentos fue de 36.7% en promedio, el de las bebidas de 14.3%, el de los energéticos de 46.8% y el de los fertilizantes fue de 121.9%.

Esta situación confirma absolutamente las advertencias que viene haciendo Andrés Manuel López Obrador sobre la necesidad de contar con una reforma fiscal que verdaderamente grave más a quién más tiene, sobre la necesidad de llevar a cabo un combate frontal contra los monopolios y las practicas especulativas y sobre la urgencia de implementar una política de reactivación a la producción de granos básicas (maíz, fríjol, trigo y soya) que incluya subsidios a la producción y a la comercialización, a la vez de detener la entrada en vigor del TLC para estos productos.

La situación para México se torna aún más delicada en virtud de que de acuerdo con la última encuesta ingreso-gasto elaborada por el INEGI, el 50% de los 22 millones y medio de familias en el país, perciben ingresos inferiores a los 7,000 pesos, es decir menos de 6 salarios mínimos, es decir, “entre menor ingreso reciben las familias, mayor es la proporción de su ingreso que destinan a la compra de alimentos” por ello el crecimiento en los precios de estos bienes tienen un efecto altamente regresivo para la población, pues perjudican más a quien menos tiene.



Mas aún de la misma encuesta del INEGI se observa que los incrementos en los Alimentos y en los Energéticos incidirán tremendamente en el bienestar de las familias ya que estos incrementos impactarán los rubros en los que más gastan las familias en México, pues en promedio las familias mexicanas destinan el 29.8% de su gasto en alimentación, el 18% en transporte (rubro que mantiene una relación directa en su costo con los energéticos), esto en otras palabras significa que casi la mitad de su gasto, lo destinan a alimentación y transporte.



Es importante recordar que si bien es cierto, que a nivel mundial se ha registrado un incremento en el precio de los granos como el Maíz y el Trigo, debido al incremento mundial en la demanda de estos productos, también lo es que las autoridades en nuestro país, han hecho todo lo posible por perjudicar al campo mexicano.

Para corroborar lo anterior, tan sólo basta señalar que a pesar de que en los últimos 7 años el presupuesto ejercido por la SAGARPA se ha venido incrementando este incremento ha sido fundamentalmente para ser destinado en “otros programas”, que incluyen programas como el de la adecuación de derechos de uso de agua, investigación, docencia y gastos de operación, que no obstante de ser partes complementarias de la cadena productiva, tienen poco impacto sobre la producción de alimentos y en especial de granos básicos, como sería el Procampo.

Así por ejemplo se puede observar que del Presupuesto para 2007 que será ejercido por la SAGARPA, aproximadamente el 60% será destinado al rubro de “otros programas”, mientras que a Procampo le será canalizado solo el 27% del presupuesto total de esta secretaria.

Por ello, se observa claramente que el incremento real que durante los últimos 7 años ha tenido el presupuesto ejercido por la SAGARPA obedece fundamentalmente al rubro de “otros programas” mismos que han registrado un crecimiento promedio real anual de 18.2% del año 2000 a la fecha, mientras que los recursos canalizados a Procampo, apenas han registrado un crecimiento promedio real anual de 1.66%, cifra inferior al crecimiento de la economía durante ese mismo lapso.



Este olvido presupuestario, ha tenido su impacto en los resultados relativos a la superficie cultivada, a la producción de granos básicos, y por consiguiente en la soberanía alimentaria de nuestro país, lo que ha incidido de manera determinante en el PIB de la Agricultura.

Así, mientras que en 1985 la superficie total cultivada en el país fue de 15.52 millones de hectáreas, para 2007 será de sólo 12.97 millones de hectáreas, es decir 2.55 millones de hectáreas, de las cuales 1.4 millones de hectáreas corresponden a espacios que eran destinados para cultivar granos básicos.

La menor superficie cultivada ha provocado que el déficit en materia de granos básicos, se haya ido incrementando desde hace muchos años y así mientras que en 1985 el déficit de granos básicos era de 4.11 millones de toneladas, para el 2007 se estima que será de casi 12 millones de toneladas.

Es claro que el resultado de la errónea estrategia que se ha seguido y se continua en materia de agrícola, ha provocado que el Producto Interno Bruto del sector para 2007, sea inferior al obtenido en el 2004.



Finalmente es conveniente mencionar que hasta la errónea política energética ha impactado al campo mexicano, ya que de acuerdo al FMI y al BM, los fertilizantes registraron durante 2007 un incremento de 121.9 %, por lo que resulta paradòjico que nuestro paìs siendo un pais con basta riqueza petrolera, tenga que importar fertilizantes, lo anterior en virtud de que.

En este sentido y muy particularmente llama la atención el caso de la producción de Amoniaco, ya que esta sustancia es el insumo más importante para la producción de fertilizantes y en dónde la producción se ha visto totalmente devastada en los últimos 7 años, a grado tal, que el complejo petroquímico de Cosoleacaque, que está diseñado para producir aproximadamente 2 millones 220 mil toneladas anuales de amoniaco, o sea 15 millones 440 mil toneladas en 7 años, produjo apenas 4 millones 200 mil toneladas, lo que implico que dado el valor comercial de este producto (2 millones 700 mil pesos por tonelada) dejaran de ingresar al país, poco más de 30 mil millones de pesos.

Es importante destacar que el Amoniaco es un ingrediente fundamental en la elaboración de fertilizantes y que el costo de los fertilizantes representa casi el 20% del costo en la producción de maíz, por lo que este es un claro ejemplo de cómo la falta de coordinación entre la política energética y la política agroalimentaria, tiene consecuencias graves tanto para la alimentación de los mexicanos, como para el intercambio comercial ya que México es un importador de maíz, debido supuestamente a que en los Estados Unidos se comercializa más barato este producto.

Es de señalar que precisamente en el caso de los fertilizantes, muy cerca del Complejo Petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos Veracruz, y en parte de las instalaciones abandonadas que algún día fueron propiedad de Fertimex, opera una empresa llamada Agro-Mex, que importa Amoniaco y lo transforma en fertilizantes que vende a los productores agrícolas nacionales a precios internacionales.

EL INCREMENTO EN EL PRECIO DE LAS GASOLINAS Y DIESEL SERÀ MAYOR AL 5.5% ANUNCIADO POR HACIENDA;

EL IMPUESTO TIENE VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DEBE SER DEROGADO

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

El absurdo impuesto a las gasolinas y al diesel, propuesto por Calderón y aprobado por los diputados del PRI y del PAN, así como los ajustes inflacionarios que son aplicados mensualmente a los precios de estos energéticos provocarán que tan sólo durante el 2008, su costo se incremente muy por encima del 5.5% dentro de 18 meses anunciado por la Secretaria de Hacienda.

De manera adicional, el impuesto tiene vicios de inconstitucionalidad al aplicarse permanentemente por un periodo de 18 meses a partir de este mes de enero de 2008 y hasta junio del 2009, debido a que parte del impuesto se irá aplicando de manera continua; es decir en “cascada” a lo largo de los próximos 18 meses.

Más aún, si consideramos que la “inflación” es el impuesto más in equitativo que existe entonces al aplicar el impuesto de 2 centavos mensuales a las gasolinas y al diesel y de manera adicional incrementar su costo mensual por el llamado “ajuste inflacionario” que desde hace mucho tiempo se viene aplicando al costo de estos energéticos, entonces tendríamos que en el precio final, se está aplicando “un impuesto sobre otro impuesto” lo que definitivamente contraviene la Constitución Política de nuestro país.

Para corroborar lo anterior, debemos recordar que hasta el 31 de diciembre del año pasado, el precio de las gasolinas y del diesel, se venía ajustando mensualmente de acuerdo a la inflación observada durante el mes, es decir las gasolinas incrementaban su precio mensualmente.

De esta manera y en virtud de que para 2008 este incremento mensual no fue eliminado, a este hay que añadirle el nuevo impuesto de 2 centavos mensuales, esto quiere decir, que en la medida en que transcurran el año, al precio con el impuesto de dos centavos, se le va a tener que aplicar el llamado “ajuste inflacionario” y en el mes siguiente se le aplicara nuevamente el impuesto y el ajuste inflacionario, actuando entonces como una especie de “anatocismo fiscal” u “anatocismo energético” es decir, un impuesto sobre otro impuesto, que provocará que el precio de las gasolinas se incremente tan sólo en 2008, y --suponiendo que realmente se cumple la meta inflacionaria de 4%--- en 6.8% para la gasolina magna, en 6.2% para la gasolina Premium y en 7.46% para el Diesel.

Así la gasolina Magna que con el nuevo impuesto para el mes de enero tiene un precio de 7.03 pesos por litro, en diciembre del 2008 costará 7.51 pesos por litro, que significa un incremento de 48 centavos y no de 24 centavos como lo han señalado los funcionarios de la SHCP, lo que en términos porcentuales equivale a 6.8%, cifra superior al incremento en el salario mínimo e inclusive mayor que la inflación esperada por el Banco de México para 2008 de 4%.



Para entender mejor, de cuadro se observa que por ejemplo, para el mes de febrero al precio actual de la gasolina magna que es de 7.03 pesos, habrá que sumarle 2 centavos por el impuesto, mas otros 0.023 centavos por el ajuste inflacionario, lo cual hará que el precio de la gasolina magna para febrero sea de 7.073 pesos, cifra que resulta 43 centavos mayor a la del mes de enero, y no 2 centavos como lo ha dicho la SHCP.

Este mismo razonamiento se puede aplicar para la Gasolina Premium que pasará de 8.78 en enero a 9.32 para diciembre de 2008, cifra que representa un crecimiento de 6.2%



Cabe destacar que el mayor incremento lo tendrá el diesel que pasará de 5.95 pesos por litro en enero de este año, a 6.394 pesos por litro en diciembre de 2008, cifra que representa un crecimiento de 7.4%

LA SECRETARIA DE HACIENDA ESTA OBLIGADA A POSPONER DE MANERA INDEFINIDA EL INCREMENTO AL PRECIO DE LA GASOLINA Y A LAS TARIFAS ELECTRICAS

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, está obligada a detener de manera indefinida el incremento a la gasolina y a la energía eléctrica previstos para entrar en vigor a partir del próximo 6 de enero, en virtud de que de no hacerlo generará presiones inflacionarias que ponen en riesgo la estabilidad social y la competitividad de la industria en el país.

Más aún porque de acuerdo con el ultimo informe de finanzas públicas al mes de noviembre del año pasado, las arcas nacionales registraron un “superávit fiscal” (mas ingresos que gastos) que ascendió a 192 mil 97 millones de pesos, lo que representó un crecimiento real de 16.5% con respecto al mismo periodo de 2006.

Esto significa que existen en las arcas públicas casi 200 mil millones de pesos que podrìan ser utilizados para financiar las necesidades de gasto durante el presente año, sin la necesidad de recurrir a los incrementos en los precios y tarifas del sector público, que han originado que durante los primeros meses del año, se observen fuertes incrementos en los precios de la mayoría de los bienes de consumo básico.



Cabe destacar que de no hacerlo así, se estarían empujando hacia arriba, los precios de miles de productos que por factores adicionales ya registran de por si incrementos importantes, tal es el caso del maíz, que el día de ayer alcanzó precios record en cotización internacional al ubicarse en 2,800 pesos la tonelada y que ha originado que algunas partes del país, el precio de la tortilla, nuevamente casi en 12 pesos por kilogramo.

Es importante señalar que el magro incremento que tuvieron los salarios mínimos, ni siquiera alcanzo a restaurar el poder adquisitivo de los trabajadores respecto de los niveles observados en Enero del 2006, ya que como se observa en el cuadro, en enero del 2006 un trabajador requería de 1.54 horas de trabajo para adquirir un kilogramo de fríjol, y en diciembre de 2007 (suponiendo que ya contara con el incremento a su salario mínimo) hubiese requerido de 2.74 horas de trabajo, es decir que requiere entre el 70 y 75% más de trabajo parta adquirir el mismo kilogramo de fríjol.



Por ello, resulta sumamente absurdo, que la Secretaria de Hacienda, aún y cuando cuenta con recursos en caja, persista en incrementar la gasolina y la energía eléctrica para recaudar más ingresos.

Cabe destacar que el incremento a la energía eléctrica restará competitividad a las empresas nacionales, que de por sí, verán disminuidas sus exportaciones a los Estados Unidos por motivo de la menor actividad económica en dicho país, con lo que disminuirán aun más las posibilidades de crecimiento económico y generación de empleo en México, lo que contribuirá a deteriorar la estabilidad social.

Cuando el gobierno pierde la vergüenza, el pueblo pierde el respeto

Mario Di Costanzo*

No cabe la menor duda que el título de este artículo refleja fielmente lo que sucederá en el país si el llamado gobierno de la estabilidad y el empleo insiste, con la complacencia del PRI y de algunos “progresistas” del PRD, en continuar con su desastroso proyecto económico.

Un proyecto que evidencia tan magros resultados en el año que concluye, que no sólo provoca inciertas proyecciones sobre el ambiente económico, social y financiero para el que iniciará en un par de días, sino que además demuestra que el gobierno ya ha contaminado al propio Estado mexicano y a sus instituciones.

Así, por ejemplo, mientras que en el año que iniciará las personas con ingresos por salarios o por honorarios de hasta 25 mil pesos mensuales verán incrementado hasta en 100 por ciento el pago de sus impuestos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2008 (PAAAS-08) publicado en su página de Internet proyecta adquirir entre otras cosas un extenso surtido de materiales y suministros para el trabajo, donde destacan los siguientes artículos: aspirinas, Melox, Alka Seltzer, Neomelubrina, Desenfriol, así como otros muchos antigripales y ungüentos para torceduras como Lonol.

A lo anterior se añaden cafeteras, ollas, cacerolas, abrelatas, ralladoras, batidoras, rebanadoras, platos, cubiertos, así como vasijas de porcelana y barro.

Además de balones de futbol, pelotas de tenis y ligas cortas y largas para practicar Pilates… hasta “caminadoras con inclinación”.

También artículos y prendas de vestir para caballero y dama, donde destacan los trajes sastre y el calzado, así como galletas, azúcar, café, té y refrescos.

Figuran igualmente lotes de productos alimenticios y gastos de alimentación para funcionarios, así como refrigeradores, hornos de microondas, aires acondicionados y ventiladores.

El llamado PAAAS-08 tiene previsto asimismo los pagos de tenencia y mantenimiento de vehículos oficiales, los viáticos, la adquisición de televisiones de plasma y la contratación de servicios de televisión privada como Sky, con sus paquetes Movie City y Fun.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos –que por cierto recibirá un presupuesto para el año que iniciará de más de 35 millones de pesos– autorizó un incremento a los minisalarios de apenas 2.02 pesos, lo cual implica que una persona que recibe el salario mínimo y que en enero de 2006 tenía que destinar 1.54 horas de trabajo para adquirir un kilogramo de frijol, para enero de 2008 tendrá que destinar 2.74 horas de trabajo –con todo y su “jugoso” incremento– para lo mismo.

Claro que los diputados federales encargados, entre otras cosas, de revisar el “buen uso de los recursos públicos”, no pueden decir nada ante este tipo de situaciones, pues ahora se sabe que a principios de diciembre decidieron repartirse como “bono especial adicional” de Navidad más de 53 millones de pesos, producto del remanente del presupuesto que la Cámara de Diputados no gastó durante 2007 y que tenían obligación de reintegrar a la Tesorería de la Federación.

Mientras tanto, la fecha fatal del Tratado de Libre Comercio ha llegado: en dos días más habrán de liberalizarse las importaciones de maíz, frijol y otras muchas más; y el gobierno, a pesar de contar con alternativas, nada dice ni nada hace.

A este respecto, es justo recordar que México podría acogerse a los Acuerdos sobre Agricultura y sobre Subsidios de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y no menos importante es recordar que Estados Unidos es la nación que más subsidia a su agricultura.

Hay que recordar, además, que la propia OMC no habla en sus preceptos solamente de comercio, sino que también establece mecanismos sobre la seguridad alimentaria; para fomentar el desarrollo económico regional y la exportación; para mantener un equilibrio en las balanzas de pago e inclusive que, con base en ese acuerdo y el de subsidios, Brasil ya ganó un caso en la OMC contra el algodón de Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el no decir y sobre todo el no hacer de nuestro gobierno demuestra que tanto éste como el Estado han perdido la vergüenza y el pueblo pronto, muy pronto, les perderá el respeto.

*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo