Agustín Carstens y su Equipo Incapaces de Hacer Frente al Estancamiento Económico: Deben de apoyar al mercado interno y regular a los monopolios

Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legitimo

Abril 30, 2007

La proyección de un menor crecimiento económico para el presente año, anunciada por el Banco de México, pone de manifiesto la incapacidad del equipo económico de Agustín Carstens para reactivar la economía mexicana.

Hay que recordar que desde su incorporación al equipo de Felipe Calderón, ha sido evidente que Felipe Calderón se supedito nuevamente a las instrucciones del FMI y de Roberto Hernández.

Por ello, el enfoque del proyecto económico hasta el momento no ha planteado ninguna diferencia con el del gobierno foxista, de hecho el principal problema económico del sexenio foxista, fue la falta de crecimiento y de empleo, Carstens al aplicar las mismas medidas económicas que su antecesor, no ha podido, ni podrá obtener resultados diferentes a los actuales.

Es pertinente recordar, que durante la gestión de Agustín Carstens como Subsecretario de Hacienda (2001-2003) , del gobierno foxista, fue cuando se obtuvo un menor crecimiento económico.

De esta manera y hasta el momento Carstens, ha insistido en las principales líneas de política fiscal, tributaria y presupuestaria emprendidas en la pasada administración, entre ellas, la astringencia presupuestaria en materia de inversión pública directa y la falta de atención al mercado interno..

A lo anterior se ha sumado el crecimiento de los precios, que está obligando al Banco de México a aplicar una política monentaria mas restrictiva mediante el incremento de la tasa de interès, con lo que las posibilidades de crecimiento y creación de empleos se están reduciendo.

Es importante mencionar que si bien es cierto que la reducción en las posibilidades de crecimiento de la economía norteamericana impactan al entorno económico de nuestro país, también lo es, el hecho de que la existencia de los monopolios y oligopolios en sectores estratégicos de nuestra economía inciden fuertemente en las posibilidades de crecimiento económico y del empleo en nuestro país, de hecho y de acuerdo con el Banco Mundial la existencia de estos monopolios y oligopolios le cuestan al país entre 2 y 3 puntos de crecimiento anual por ello Carstens y su equipo deben de voltear al mercado interno y a la regulación de estos monopolios para que México retorne a la senda del crecimiento, de otra manera nos acercamos a una crisis de mayores proporciones.

EL IPAB HA IDO LAVANDO TODAS LAS DEUDAS QUE FUERON ADQUIRIDAS DE MANERA ILEGAL

Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública Del Gobierno Legítimo

De acuerdo con la información del Informe sobre la Situación de las Finanzas Publicas al mes de diciembre de 2006, la deuda bruta derivada del Rescate Bancario ascendió a 748 mil 524 millones de pesos, esta cifra representa aproximadamente el 32% del Presupuesto de Egresos para el 2007.

Cabe mencionar que en virtud de algunos activos que el IPAB ha podido vender y debido a la cobranza de créditos ya pactada en el programa de capitalización y compra de cartera, la deuda neta del rescate bancario al mes de diciembre de 2005 ascendió a 714 mil 541 millones de pesos.

Esta deuda, genera un costo financiero a cargo de los contribuyentes por aproximadamente 50,000 millones de pesos anuales.

Es importante mencionar que desde su constitución en 1999 a la fecha, la estructura de la deuda del IPAB se ha modificado, debido a que el IPAB a pagado o prepagado deudas derivadas directamente del FOBAPROA y por lo tanto de dudosa legalidad,

Esto ha sido posible por la capacidad de refinanciamiento que le otorga el Artìculo 2 de la Ley de Ingresos, y que nunca fue acotado por los legisladores durante los periodos de aprobación de la Ley de Ingresos en cada año.

Esta disposición le permite al Instituto “contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago,…”


Estos “canjes” o “sustitución de deuda” ha sido por instrumentos que el IPAB utiliza para refinanciar sus pasivos o por créditos que ha obtenido de las mismas instituciones rescatadas y que prácticamente han generado una “nueva deuda” que el IPAB ha adquirido y que a la fecha asciende a 717 mil 053 millones de pesos, representando el 95.8% de la deuda total del rescate bancario.

Sin embargo esto ha sido simplemente un lavado de deudas “cuestionables” por una nueva deuda supuestamente legal, lo que ha permitido que los bancos hayan podido cobrar deudas que eran consideradas como ilegales y que no contaron con el aval del Congreso.

Para evitar lo anterior los diputados debieron de haber modificado el articulo segundo de la ley de ingresos, para limitar la capacidad de refinanciamiento de pasivos del Instituto, excluyendo de esta la posibilidad de refinanciar los pasivos o deudas derivadas del Programa de Capitalización y Compra de Cartera asi como cualquier operación que estuviése con alguna observación de la Auditoria Superior de la Federación y que a la fecha no estuviése solventada.

Hay que recordar que de acuerdo al último reporte de la Auditoria Superior de la Federación, aún existen observaciones sin solventar con respecto al Rescate Bancario y que el propio Auditor Superior concluyò que el Comité Técnico del Fobaproa procedió de manera discrecional y en exceso de sus atribuciones.

Por ello el IPAB utilizo indebidamente esta facultad de refinanciamiento como una fuente alternativa de allegarse recursos, lo que le permitió refinanciar operaciones cuestionadas o ilegales y borrar su rastro.

Es por ello, que el IPAB de la misma manera como se “lava el dinero sucio” en un proceso similar al “lavado de dinero” entendiéndose este procedimiento como el cambiar o borrar el rastro de una deuda de “dudosa legalidad o procedencia, por una deuda aparentemente legal”, ha borrado los pasivos originados directamente por el Fobaproa.

Para mostrar lo anterior conviene mencionar a manera de ejemplo, que en el mes de octubre de 2002, el IPAB cambió los 6 pagarés de saneamiento del Banco del Atlántico, por una “línea de crédito simple” por 48,779 millones de pesos, que le fue otorgada por BITAL. Esto es equivalente a “lavar una deuda”.

La operación fue realizada de la siguiente manera; Hasta el mes de septiembre del 2002, Bital como resultado de su cuestionada fusión con el Banco del Atlántico, se hizo dueño de los “pagarés de saneamiento” que eran a favor del banco del Atlántico, como la operación de fusión entre los dos bancos ha sido sumamente cuestionada, tanto por el costo para el IPAB como por el hecho de que el senador Diego Fernández de Cevallos participó como abogado de Bital en contra del IPAB, el Instituto de Protección al ahorro Bancario, prefirió “desaparecer” o bien “liquidar” pagarés, solicitando un préstamo a BITAL para liquidarlos.

A fin de cuentas el beneficiario seguía siendo Bital, con la única diferencia de que jurídicamente hablando, la “nueva deuda” del IPAB con Bital ya no es producto de los “pagarés de saneamiento” (que han desaparecido), sino obedece a una “operación de refinanciamiento” es decir a un préstamo simple de Bital hacia el IPAB.

Claro que hubo un “premio adicional para Bital” y es que los pagarés de saneamiento del Banco del Atlántico que vencían entre el 2005 y el 2008, fueron modificados y el “crédito simple contratado con Bital por 39,000 millones de pesos aproximadamente” vence en su totalidad en el 2005, acortando casi tres años el periodo de vencimiento del préstamo.

Más aún si revisamos, el “listado” de pagarés a cargo del IPAB en su página de internet, hasta el mes de septiembre del 2002, aparecían los pagarés del Banco del Atlántico, pero si revisamos el mismo “listado” para el mes de Junio del 2004, los “pagarés de Atlántico” ya no aparecen.

De hecho, tal y como el IPAB lo anunció el 1 de octubre del 2002, “da por concluido el saneamiento del Banco del Atlántico”, esto prácticamente deja sin posibilidad de investigación, una operación sumamente cuestionada, cuyo costo fiscal se estimo en 48,779.5 millones de pesos.

Dé esta manera mientras que el saldo de los pagarés por “saneamiento” disminuyó entre diciembre del 2000 y diciembre del 2006, al pasar de 214 mil 368 millones, a sólo 25 mil 876 millones, los pagarés por “Refinanciamiento” aumentaron considerablemente entre el mismo periodo al pasar de 187 mil 672 millones en diciembre del 2000 a 717 mil 053 millones de pesos, representando, el 95.8% del saldo total deudor del IPAB.

Por ello el IPAB esta aprovecho la facultad que tiene para refinanciar sus pasivos, para lavar deudas de operaciones que han sido altamente cuestionadas, como lo son las deudas derivadas de las intervenciones bancarias y los saneamientos que en su momento llevó a cabo el Fobaproa y el Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

Asimismo se observa de que a pesar de que los Programas de Capitalización y Compra de Cartera no son deuda del IPAB, ahora se han liquidado en su totalidad como parte de los prepagos que el IPAB realizo, sosteniendo que ya se cumplió con lo dispuesto por el articulo quinto transitorio, lo cual es una grave ilegalidad puesto que la ASF no ha dado su visto bueno al Acuerdo firmado el 14 de julio de 2004 y mucho menos al resultado de las revisiones anunciadas por el IPAB el año pasado. El prepago de estas obligaciones iniciaron desde el 21 de julio de 2005,

Por ello, será imprescindible que la Comisión Especial del Senado que investigará la deuda pública directa e indirecta, que existe en México, revise con lupa el caso del IPAB y del Rescate Bancario.

VUELVEN A TRIUNFAR LOS BANCOS EN MATERIA LEGISLACIÓN PARA REGULAR LAS COMISIONES BANCARIAS:

A LOS LEGISLADORES Y A LA AUTORIDADES FINANCIERAS Y BANCARIAS LES TEMBLÓ LA MANO

Elaborado por Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo

Los bancos volvieron a triunfar en materia de regulación de comisiones bancarias, debido principalmente a que el dictamen aprobado por los senadores resultará enormemente insuficiente para reducir los costos de los servicios bancarios en el país..

La realidad es que con el dictamen que se aprobará o sin la existencia del mismo, una de las principales fallas del sistema bancario en México, se explica por la alta concentración del mercado en unas cuantas instituciones, lo que provoca que existan practicas oligopolicas que encarecen los servicios de banca en el país e impiden que el mercado funcione bajo reglas de competencia entre las instituciones.

Es conveniente mencionar que la teoría económica define al oligopolio como un tipo de mercado en el cual existe una concentración relativamente alta en un pequeño numero de empresas. Esto crea una gran incertidumbre en el mercado y, genera la posibilidad de que estas empresas adopten algún tipo de política de colusión, para evitar la competencia por precios (comisiones) y obtener ganacias extranormales.

Por ello, una verdadera regulación sobre este tema, debería de impedir la elevada concentración del mercado, así como “topes” a las comisiones y a las tasas de interés, en función de diversas variables que consideraran entre otras cosas`; nivel de inflación, intermediación financiera, gastos operativos, comparación con otros países, es decir medias internacionales, entre otras cosas, ya que el hecho de que únicamente se les obligue a cuestiones de transparencia, no va a ser suficiente para reducir el costo de los servicios, ni de las tasas de interés, ya que estas instituciones están actuando como un “cartel” y “de nada sirve que los usuarios de los servicios bancarios conozcamos cuánto nos está cobrando nuestro banco, si el de junto, nos cobra lo mismo o más, lo que en verdad requiere el usuario es que los costos se reduzcan”

Sin embargo es importante mencionar que la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) en sus artículos 4 y 5 así como, el artículo 7 de la Ley de Competencia Económica, establecen claramente la posibilidad para que las autoridades bancarias y financieras, pongan un tope a las Comisiones Bancarias y que por su parte el Banco de México dicte los lineamientos para regular las tasas de interés.

Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que el artículo 4 y 5 de la Ley de Instituciones de Crédito establecen textualmente lo siguiente:

Artículo 4o.- El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.

Artículo 5o.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá interpretar para efectos administrativos, los preceptos de esta Ley, así como las disposiciones de carácter general que emita la propia Secretaría en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la presente Ley.

Las disposiciones anteriores definitivamente facultan a las autoridades financieras a regular las comisiones bancarias en virtud de que se establece entre otras cosas que el Estado será el encargado de ejercer la rectoría del Sistema Bancario Mexicano,

Esta es una razón de sobra para que la CNBV, la SHCP y el Banco de México en aras de orientar las actividades de la banca a promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y las sanas prácticas y usos bancarios, pueda aplicar las medidas que contribuyan a los logros del objetivo señalado en el propio artículo 4 de la LIC.

Más aún el artículo 5, le otorga a la SHCP la facultad de interpretar la ley de Instituciones de Crédito para poder regular las Comisiones Bancarias.

Por si lo anterior fuera poco, la fracción I del artículo 7 de la Ley de Competencia Económica, establece claramente que, corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. Para lo cual la Comisión de Competencia determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.

Es claro que el articulo anterior faculta al Ejecutivo para que solicite una investigación de las condiciones que existen en el mercado bancario y en base a lo anterior, pueda determinar un tope a las comisiones bancarias y a las tasas de interés, en virtud de que ambos conceptos no son mas que “precios” que existen en la economía.

Por ello, el fracaso del Rescate Bancario no solo ha provocado una carga ilegal de pasivos para las finanzas públicas, ya que su diseño también propicio una serie de fusiones y ventas de los bancos que en su momento fueron rescatados o intervenidos y que ahora han generado una alta concentración del mercado en muy pocas instituciones lo que se ha traducido en el encarecimiento de estos servicios.

Para corroborar lo anterior sólo basta mencionar que de acuerdo al ultimo reporte sobre Banca Múltiple elaborado por la CNBV se observa que al mes de marzo del presente año, de las 27 instituciones bancarias que operan en el país, sólo cuatro (BBVA-BANCOMER, BANAMEX, SANTANDER y HSBC) concentran aproximadamente el 70% de la actividad bancaria por lo que se puede señalar que en el sistema bancario mexicano existen practicas oligopòlicas que perjudican el sano funcionamiento del sistema y generan costos “extraordinarios” a los usuarios.

Esta situación ha provocado que al primer trimestre de 2006, los ingresos por comisiones que recibió la totalidad del sistema bancario ascendieron a 15 mil 747 millones de pesos, esta cifra represento mas el 115% de sus utilidades, es decir que las comisiones que cobran los bancos son su principal fuente de ingresos.

Participación en el mercado:

Los datos de la CNBV muestran que tan sólo cuatro instituciones (BBVA-BANCOMER, BANAMEX, SANTANDER y HSBC), concentran la mayor parte de la actividad bancaria, así por ejemplo estas instituciones detentan el 70% de los activos bancarios, el 60% de las 39 millones 205 mil 921 cuentas bancarias que existen y el 66.7% de las 8,066 sucursales existentes. Cabe mencionar que tan sólo el capital español en el sistema bancario (BBVA-BANCOMER Y SANTANDER) detenta casi el 40% del mercado mexicano.

Este dominio del mercado les permitió que durante el primer trimestre del 2006, estas 4 instituciones concentraran el 74% de las utilidades totales del sistema, al obtener en conjunto una utilidad de poco mas de 10 mil 079 millones de pesos.

Así las posibilidades de competencia de bancos mas pequeños es prácticamente imposible, ya que por ejemplo mientras que BBVA-BANCOMER posee 10 millones 516 mil 924 cuentas y 1,718 sucursales, Banca AFIRME posee únicamente 56 sucursales y 70 mil cuentas, o Banca IXE que posee tan sólo 42 sucursales y 64,748 cuentas.

La situación para los bancos pequeños se complica aún mas ya que paradójicamente las cuatro instituciones que dominan el mercado fueron rescatadas por el FOBAPROA y actualmente reciben intereses provenientes de recursos públicos por concepto del pagare del Fobaproa (o del IPAB) que poseen, así en el caso de BBVA-BANCOMER se estima que durante el primer trimestre del año recibió aproximadamente 2 mil 304 millones de pesos; o en otros casos como el de BANAMEX que ha recibido prepagos ilegales y multimillonarios que ya forman parte del reparto de utilidades a sus accionistas.


Por ello se observa que a mayor participación de mercado, más costosos son los servicios bancarios en nuestro país, de esta manera Banamex y BBVA- Bancomer, quiénes concentran el 23 % y el 20.5% de los activos del sistema bancario que alguna vez fue mexicano, son los bancos más costosos para sus servicios, esto se explica por el control “oligopolico” que esta situación les otorga, pues mientras que estas dos instituciones concentran el 39% del total de sucursales bancarias, también controlan el 37% de todos los cuentabientes del país, son los bancos màs costosos y contrariamente, INBURSA que cuenta con escazas 36 sucursales, es el banco menos costoso para los usuarios bancarios.

LA OCDE, EL BM, Y EL IMEF, SE EQUIVOCAN AL RECOMENDAR LA APLICACIÓN DEL IVA A LOS ALIMENTOS Y MEDICINAS

Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo

La OCDE y el IMEF y el Banco Mundial (BM) actúan como los “paleros” de Felipe Calderón y de Agustín Carstens al recomendar la aplicación del IVA a los Alimentos, ya que buscan que los grandes intereses de 100 grupos empresariales se mantengan intactos al continuar protegidos por regímenes fiscales de privilegio.

Lo que ni la OCDE, ni el IMEF han considerado en sus análisis es que el impuesto al valor agregado (IVA) es por definición un impuesto al consumo y sustituyó al viejo impuesto de ingresos mercantiles cuya tasa era del 4% y se cobraba en “cascada” agregando la tasa en la cadena productiva a los bienes y satisfactores consumidos. En el caso de nuestro país se ha aplicado mas bien como un impuesto a las ventas.

El IVA pertenece a los impuestos indirectos, que por definición son aquellos que gravan el consumo de los contribuyentes; se llama indirecto porque no repercute en forma directa sobre los ingresos sino que recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se traslada a los consumidores a través de los precios.

La Secretaría de Hacienda define el IVA de tres formas diferentes:

a) Tributo que se causa por el porcentaje sobre el valor adicionado o valor agregado a una mercancía o un servicio, conforme se completa cada etapa de su producción o distribución.

b) Instrumento de política económica, utilizado para desalentar el consumo de una serie de bienes y/o servicios.

c) Tributo de etapas múltiples, de carácter no acumulativo, resultante de la diferencia entre el IVA causado sobre las ventas de mercancías y las prestaciones de servicios efectuados por los contribuyentes, que constituye su obligación tributaria, y el IVA acreditable correspondiente a las adquisiciones de mercancías y servicios de terceros, que constituyen un derecho utilizable por los causantes.


Es bien cierto que el tener tratamientos preferenciales y exenciones en los impuestos se traduce en una fuente importante de elusión y evasión de impuestos, pero también es cierto que en el caso de nuestro país y de acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales, del total de ingresos que se pierden por los tratamientos preferenciales y que ascienden a poco más de 500 mil millones de pesos, poco màs de la tercera parte, es decir, poco más 185 mil millones obedece a los Regímenes Fiscales Especiales, que utilizan los grandes grupos para eludir el pago de impuestos.

Por ello, tanto la OCDE, como el IMEF se equivocan al recomendar la aplicación del IVA en Alimentos y Medicinas, o bien una “cascada de impuestos”, cuando `la opción más viable, justa y equitativa, para un país, en dónde la desigualdad del ingreso, es tal que el 10% de la población concentra el 80% del ingreso, es la de eliminar los regímenes fiscales que permiten a los grandes grupos empresariales, eludir impuestos.

Es importante mencionar, que la OCDE ha ocultado el hecho de que la verdadera razón de que México sea uno de los países que menor recaudación tiene como proporción del PIB, es que México es el país con menor recaudación proveniente del ISR que se aplica a las empresas, dato que ha ocultado para no poder en evidencia los paraísos fiscales en los que se manejan, los grandes consorcios internacionales.

Hay que recordar ya que los impuestos al consumo “indirectos” son los que más tienden a empeorar la distribución del ingreso.

De acuerdo a la teoría económica y a pesar de que este tipo de impuestos resultan ser los más fáciles de administrar, en la realidad son altamente regresivos, es decir gravan más a aquellos que menos tienen, por lo que necesariamente empeoran la distribución del ingreso.

Para mostrar lo anterior asumamos el siguiente ejemplo:

Una persona en situación normal necesita consumir cierta cantidad de alimentos diariamente, independientemente de sus ingresos, por ello entre menos ingresos tenga dicha persona, mayor será la proporción de su ingreso que le destine a sus alimentos,

Es decir una persona que gana un salario mínimo destina por lo menos el 80% de su salario al consumo de alimentos, en cambio una persona que gana 100 salarios mínimos destina sólo el 1% de su ingreso a la adquisición de alimentos, de ésta manera, al gravar los alimentos se estaría dando una mayor carga fiscal a las personas de menores ingresos, y con ello se estaría empeorando la distribución del ingreso, y rompiendo con la equidad y proporcionalidad que deben de tener los impuestos.

En el caso de las medicinas los efectos son aún más regresivos pues de acuerdo a la propia SHCP y al INEGI, existe un porcentaje importante de la población que no se encuentra en los sistemas de cobertura de seguridad social, (eso sin tomar en cuenta la escasez de medicinas en las instituciones de seguridad social) siendo estos por lo regular los deciles poblacionales de menores ingresos, en cuyo caso se les incrementaría la carga fiscal.

Es un hecho que ha quedado evidenciado, que el “talón de aquiles” del Sistema Tributario en México, son los regímenes fiscales como el de la consolidación fiscal o la depreciación acelerada de activos y la exención de las operaciones en la bolsa, asi como la corrupción y negligencia que existe en el SAT, y los contribuyentes no tienen que pagar por estas ineficiencias y corruptelas.

CONTINÚA EL DETERIORO DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS TRABAJADORES: CALDERON HA SIDO INCAPAZ DE DETENER LA ESCALADA DE PRECIOS

Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública
del Gobierno Legítimo de México.

Mientras que Calderón y su equipo económico han sido absolutamente ineficaces para contener la escalada de precios, el Banco de México persiste en la idea de reflejar una “economía virtual” y reportó para el mes de marzo una inflación del 0.22% durante, con lo que la inflación anualizada se ubicó en 4.1% aproximadamente, sin embargo los incrementos en los precios de los principales bienes de consumo básico han observado crecimientos muy superiores a los reportados por el Banco Central.

De esta manera y de acuerdo con datos obtenidos por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno Legitimo de Andrés Manuel López Obrador, se observa que la evolución de los precios de 42 productos que componen la canasta básica revela que mientras que el crecimiento de los precios durante el periodo enero-diciembre del 2006 fue de 10.53 por ciento, durante los primeros 5 meses del gobierno de Calderón (1 de diciembre al 4 de abril), el crecimiento del costo de estos 42 productos de la canasta básica, se ha incrementado en 32.57%

Así mientras que en enero de 2006 para adquirir éstos 42 productos básicos una persona que percibía un salario mínimo tenía que realizar un gasto de $ 740.44 pesos, para el mes de diciembre de 2006, el gasto necesario para adquirir esos mismos productos se ubicó en $ 818.44 pesos y para el 4 de abril el costo de ésta canasta básica ya era de $1,085.0

Cabe destacar que en enero del 2006 el salario mínimo mensual fue de 1,457.1 por lo que el costo de esta canasta básica representaba el 56.1% del salario mínimo total mensual, lo que en otras palabras quiere decir, que un trabajador tenía que destinar 121.96 horas de trabajo, es decir, 15 días de trabajo en jornadas de 8 horas, para adquirir 42 productos básicos.

Sin embargo, para el mes de abril de 2007, el costo de ésta misma canasta básica, representa el 71.5% del salario mínimo mensual de un trabajador, por lo que este tiene que destinar 170.36 horas de trabajo, es decir, 21.3 días de trabajo en jornadas de 8 horas, para adquirir estos 42 productos básicos, por lo que con sólo 9 días de trabajo tiene que financiar su gasto en vivienda, vestido y transporte, lo cual es prácticamente imposible.

Cabe destacar que los datos muestran que al mes de abril de 2007, de los 42 productos básicos de la muestra, sólo 3 registraron incrementos inferiores al porcentaje de incremento al salario mínimo en 2007 ya que la mayoría de los productos mostró crecimientos superiores al 3%, lo cual ha aniquilado el poder adquisitivo del salario mínimo, incluso por debajo de los niveles alcanzados en enero del 2006.

Así por ejemplo, un obrero que percibe el salario mínimo requería en enero de 2006 de 9.55 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, de 6.59 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, de 0.82 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortilla o de 2.47 horas de trabajo para adquirir 2 kg de azúcar.

Sin embargo para abril de 2007, el mismo obrero percibiendo un salario mínimo requiere en la actualidad de 11.40 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, 9.5 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, 1.35 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortillas.

En tanto por ejemplo Felipe Calderón y con todo y su sueldo reducido en 10% invierte sólo 0.10 horas para adquirir un kilo de bistec, y sólo 1.7 horas de trabajo para adquirir una canasta básica, mientras que un obrero lo hace en 21.3 días de trabajo.

Esta situación sugiere que el seguimiento de los precios que realiza el Banco de México, para obtener la inflación o el crecimiento de los precios en la economía, ya no refleja la realidad del poder adquisitivo de las familias.

(VEASE CUADRO)

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Comisión de vigilancia y auditor superior de la nación obligados a presentar denuncias contra funcionarios de Hacienda por irregularidades

LA COMISION DE VIGILANCIA Y EL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACION ESTAN OBLIGADOS A PRESENTAR LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES A LOS FUNCIONARIOS DE HACIENDA POR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2005

Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el Auditor Superior de la Federación están obligados a presentar las denuncias administrativas y penales, correspondientes a los funcionarios de la Secretarias de Hacienda y Crédito Público, SAT, SAE y del Fobaproa-IPAB y de cualquier otra dependencia que hayan sido objeto de las irregularidades e ilegalidades detectadas en la Revisión de la Cuenta Pública de 2005, de no hacerlo así, las observaciones de la ASF serían como llamadas a misa y estarían incurriendo en una falta grave a su responsabilidad como funcionarios públicos por lo cual se podrían hacer acreedores a juicio político.

Lo anterior en virtud de que el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior establece textualmente lo siguiente:

Artículo 45.- Si de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:

I. Determinar los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas;

II. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;

III. Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar, y

V. Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos, el Ministerio Público recabará previamente la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio el desistimiento de la acción penal.

Más aún el articulo 52 del citado ordenamiento establece que: “Los Poderes de la Unión y entes públicos federales, dentro de un plazo improrrogable de 45 días hábiles contado a partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones, deberán solventar los mismos ante la Auditoria Superior de la Federación”

El articulo referido añade que: “Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos presentados no sean suficientes a juicio de la Auditoria Superior de la Federación para solventar las observaciones, iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias a que se refiere el siguiente capítulo, y, en su caso, aplicará las sanciones pecuniarias a que haya lugar, en los términos de esta Ley”.

Es claro que en muchos casos las observaciones realizadas por el Auditor Superior de la Federación, no podrán ser solventadas por las dependencias fiscalizadas, en virtud de que las conclusiones a las que llegó la ASF son prácticamente “contundentes acusaciones” en las que no existe margen de solventaciòn o aclaración por parte de las dependencias fiscalizadas.

Para corroborar lo anterior sólo basta mencionar algunas de las conclusiones de las auditorias realizadas, así por ejemplo en el caso de la devolución del IVA por más de 12 mil millones de pesos a Transportación Ferroviaria Mexicana (empresa de TMM) el auditor concluyo lo siguiente:

· Ni el SAT, la TESOFE, la PFF, la PGR, la SCT ni tampoco los OIC en estas entidades, actuaron oportunamente en el ámbito de su competencia y después de ocho años, el 26 de enero del 2005, se emitió la resolución definitiva e inatacable del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del DF, en la que se ordenó al Gobierno Federal emitir el certificado de devolución por los 2 mil 111millones de pesos, más actualizaciones e intereses, monto que ascendió a los 12 mil 965 millones de pesos.

Es evidente que el señalamiento anterior, es una acusación formal, por no actuar a tiempo en contra, del SAT, de la Tesoreria de la Federación (TESOFE) de la Procuraduría Fiscal (PFF), contra la PGR y la SCT, y estas dependencias del Ejecutivo Federal poco podrán hacer para solventar en 45 días tan grave acusación.

Aùn màs, en el caso sobre el asunto de las devoluciones de impuestos la ASF establece que; De 2000 a 2005, el monto de las devoluciones de impuestos anuales pagadas por el Gobierno Federal, por saldos a favor de los contribuyentes se incrementó notablemente, ya que pasó de 75 mil 300 millones de pesos a 149 mil 849 millones de pesos, tan sólo en 2005 fueron equivalentes al 15.0% de la recaudación tributaria efectiva, con estos recursos se pudo haber financiado 84.6% de las pensiones y jubilaciones pagadas por el sector público presupuestario en ese año, luego entonces el sistema pensionario no estaría en quiebra si se recaudara bien.

Pero en este sentido lo más grave es que la Auditoria Superior de la Federación, está señalando que: La SHCP no cuenta con una propuesta de reforma fiscal que concentre los impuestos dispersos para ampliar la base de recaudación y eliminar situaciones de privilegio, lo que repercute en un alto número y monto de devoluciones por saldos a favor de los contribuyentes, en perjuicio del Estado en su Hacienda Pública Federal, de la equidad fiscal y de la eficiencia recaudatoria del país. Y es evidente que esto no lo va a tener en 45 dìas.

Por lo que respecta al Rescate Bancario (Fobaproa) el Auditor Superior señala que: se observo discrecionalidad y exceso de atribuciones del Fobaproa y de su Comité Técnico” esta situación es por demás otra grave acusación que difícilmente solventarán las autoridades hacendarias, por lo que es una obligación aplicar la ley y fincar las responsabilidades a que haya lugar.

De igual manera en el caso del SAE el Auditor Señala que muchos inmuebles fueron vendidos por debajo de su valor de mercado, causando un daño patrimonial de poco más de 10 mil millones de pesos, además de que desaparecieron misteriosamente más de 400 inmuebles, por lo que no existe forma de que en 45 días se restituyan los 10 mil millones de pesos a los contribuyentes.

Así el Diputado Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el Auditor Superior de la Federación, deben de empezar a actuar para que esto no nada más se quede en una serie de hallazgos que dañan al país, a su transparencia, a sus finanzas públicas y a su estado de derecho, sin que los responsables sean castigados.

Es preciso que la comisión de vigilancia cite a comparecer a Luis Miguel Álvarez, director del SAE

EL IPAB TRANSFIRIÓ 7,786 INMUEBLES AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS (SAE) Y PRESENTA IRREGULARIDADES DE MAS DE 10 MIL MILLONES DE PESOS: ES PRECISO QUE LA COMISION DE VIGILANCIA CITE A COMPARECER A LUIS MIGUEL ÁLVAREZ, DIRECTOR DEL SAE

Lic. Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo

Nuevamente se observan graves irregularidades en la venta de cartera y bienes inmuebles del IPAB y de acuerdo con información del Informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública para 2005, recientemente entregado por la Auditoria Superior de la Federación, se observa que durante 2005 y de manera; prácticamente “silenciosa” el IPAB transfirió aproximadamente 7,786 inmuebles al Sistema de Administración de Bienes Asegurados, entre los cuales y en muchos casos los valores de catastro y avaluó asentados en las escrituras de compra venta son superiores en 10 mil 919 millones de pesos al valor en el que fueron rematados por el SAE, esto quiere decir que el SAE vendió estos bienes inmuebles por debajo de su valor de mercado por lo que nuevamente se observa que en materia de venta de activos y de cartera, estas instituciones violaron la ley, y dañan las finanzas públicas, al evitar que se reduzca el costo del rescate bancario por medio de la venta de activos.

Por ello la ASF concluye que: “no se obtuvieron las mejores condiciones económicas, y por lo tanto se presume un posible daño al patrimonio del Estado en su Hacienda Pública Federal”.

De manera adicional se observa que en el Padrón General de Bienes Inmuebles del IPAB no se refleja el saldo real de 7,284 bienes inmuebles, ya que registraba un total de 7,767 inmuebles, por lo que se desprende que existe una diferencia de 483 inmuebles, que no aparecen o se encuentran extraviados.

Es importante mencionar que las normas o disposiciones de ley que rigen a la venta de activos en el SAE son mucho mas “laxas” que las que rigen para el IPAB, por ello la transferencia de estos bienes inmuebles debió de haberse hecho con absoluta transparencia, ya que lo que se ha generado en el SAE, es prácticamente una venta de garage, por medio de la cual, personas que estén impedidas por ley para comprar cartera o bienes de manos del IPAB, o personas influyentes que fueron rescatadas por el Fobaproa, estén readquiriendo sus bienes de manos del SAE a precios verdaderamente irrisorios y escandalosamente inferiores a su valor real.

Más aún, la propia Junta de Gobierno del SAE a la fecha, no tiene establecidos lineamientos generales para la enajenación de los bienes, que permitan evaluar las propuestas y determinar la adjudicación de los bienes de acuerdo con su naturaleza.

Por ello, es preciso que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer y a dar una explicación detallada del proceso de venta de activos al Director del SAE, ya que esta venta de garage podría originar hasta lavado de dinero.


En el IPAB la venta de activos y cartera también ha sido un negocio para ricos e influyentes:

El 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, y bajo el amparo del mismo se realizarían todas las operaciones de venta de activos del Instituto.

El objetivo central del Programa era, el de obtener el máximo valor de recuperación posible de los Bienes, en los términos económicos y financieros más convenientes, para reducir lo más posible el costo fiscal del Rescate Bancario.

El propio marco jurídico estableció que las personas físicas o morales que hubieren causado quebranto a alguna institución bancaria, o que presentaran cartera vencida o bien que, mantuvieran algún litigio con las autoridades financieras gubernamentales quedarían impedidas para adquirir bienes o activos que vendiera el Instituto.

Lo anterior a pesar de contar con cierta lógica (que los grandes deudores no pudieran recomprar sus activos o deudas a precios chatarra) impidió que los pequeños y medianos deudores recompraran sus deudas y el negocio fuera para las Administradoras y Compradoras de Cartera, quiénes han lucrado con la deuda de muchos mexicanos.

A pesar de ello, el objetivo del programa no se ha cumplido, y a la fecha el IPAB ha vendido un total de 325,698 créditos en tan sólo 10 mil 539 millones de pesos, esto es a un valor promedio de 32 mil 258 pesos por crédito, mismos que amparan casas de interés social, casas residenciales, bodegas comerciales, naves industriales, etc, y cuyo valor es muy superior al precio pagado por estas compañías al IPAB.

En una violación flagrante a la propia Ley del IPAB, y con consecuencias adversas para las finanzas públicas, grandes grupos rescatados por el Fobaproa, han podido recomprar sus propiedades a precios irrizorios, de hecho los propios bancos han recomprado a precios de ganga, las carteras que algunas ves le vendieron al gobierno con todo e intereses moratorios.

En otros casos mediante el tráfico de influencias y utilizando información privilegiada miembros de la familia presidencial se han visto beneficiados a través de empresas y prestanombres que han actuado a su favor; tal es el caso de Construcciones Prácticas y los derechos litigiosos para adquirir casas de 3,000 pesos.

Esta situación también ha provocado que gente vinculada con el narcotráfico utilice estos mecanismos para “lavar dinero”, ya que como se ha visto no hay ningún control sobre los supuestos compradores de la cartera, pues el IPAB en todo momento ha negado cualquier información coadyuvando con ello a la falta de transparencia y rendición de cuentas.



Para corroborar lo anterior solo basta recordar que existen bancos como Banorte, (banco que fue rescatado y que tiene pagarés de fobaproa) que aparecen como “compradores” de bienes subastados por el IPAB, también aparecen grupos económicos como Bachoco quien fue rescatado por el Fobaproa y ahora se beneficia con la “compra de activos vendidos por el IPAB” que consisten en 7 inmuebles ubicados en Puebla, hay que recordar que grupo Bachoco en dónde la familia Bours aparece como accionista perteneció al “barzón de los ricos” quiénes se beneficiaron a través de la UCABE de jugosas reestructuraciones y quebrantos de sus deudas que fueron a parar a la panza del Fobaproa.

También figuran personajes políticos, lideres síndicales o apellidos de prominentes empresarios como es el caso de: Patricia Olamendi, Gilda R. Bours, Marcos Giacaman (hermano del Subgobernador del Banco de México) entre otros,

De esta lista de “compradores de activos” destaca el denominado “Consorcio Panista” representado por Wadi Amar ShabShab e Isabel López Castellanos”, a quienes se enajenaron 2 inmuebles en Hermosillo Sonora, de hecho el edificio sede actualmente de los senadores panistas, también fue adquirido a por Diego Fernández, de manos del IPAB.

Todos recordamos todavía el caso de CINTRA y Mexicana de Aviación, es decir este tipo de operaciones y las personas físicas y morales que se han beneficiado con estas subastas explican en buena medida las razones por las cuales la venta de activos del IPAB ha sido un rotundo fracaso para las finanzas públicas y para los contribuyentes, y un jugoso negocio para los bancos y para los influyentes.

IVA en Alimentos y Medicinas NO ES LA SOLUCIÓN

Los Resultados Reportados por la Auditoria Superior de la Federación en Materia de Impuestos Fortalecen la Propuesta de Reforma Fiscal del Gobierno Legitimo y ponen de manifiesto la negligencia y corrupción en el Sistema de Administración Tributaria: El IVA en Alimentos y Medicinas NO ES LA SOLUCIÓN

Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo

Los resultados reportados por la Auditoria Superior de la Federación, como consecuencia de la Revisión de la Cuenta Pública para 2005, ponen de manifiesto dos situaciones que se hemos venido señalando desde hace varios años y que explican en buena medida el problema fiscal del país y que de manera adicional apuntan a que la aplicación del IVA a los Alimentos y Medicinas o bien las intenciones del Gobierno de Calderón de gravar el “consumo de las personas y de bajar la “tasa impositiva” a las empresas no constituyen la solución de México ante la falta de ingresos tributarios.

Así los resultados obtenidos por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) revelan que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la existencia de Regímenes Fiscales Especiales son el “Talón de Aquiles” del sistema tributario en México.

Para corroborar lo anterior, sólo basta señalar que la ASF concluye que el SAT no llevó a cabo las acciones de combate a la elusión fiscal; no elaboró un programa para la operación del Servicio Fiscal de Carrera, y en los procesos de planeación y de registro carece de los indicadores asociados a sus metas anuales que corresponden a las actividades sustantivas que realiza ese órgano desconcentrado, lo que no permite evaluar su desempeño.

Mas aún el informe señala que de 2001 a 2005, el saldo de los créditos fiscales pasó de representar 27.0% de los ingresos ordinarios del Gobierno Federal a 35.1%, al ascender a poco más de 495 mil millones de pesos.

Los créditos controvertidos es decir aquellos que se encuentran en algún tipo de litigio representaron el 40.3% de la cartera de créditos fiscales totales al ascender a casi 200 mil millones de pesos , seguidos por los irrecuperables que se ubicaron en 135 mil millones de pesos y por su parte el propio auditor superior señala que la recuperación de créditos fiscales que se obtuvo durante 2005 fue sólo de por 8 mil 522 millones de pesos, únicamente representó el 1.7% de la cartera total;

Es importante señalar que en estor créditos fiscales existe evidencia de corrupción y negligencia de las autoridades hacendarias ya que se encontró que 298 deudores acumularon 20,717 créditos fiscales, esto es, 70 créditos en promedio.

También se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 créditos fiscales cada uno y, de ellos, seis registraron más de 300; en particular, uno acumuló 1,453 créditos.

Por tanto, no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y ciertos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya hecho nada al respecto. Tres bancos concentraron 780 créditos fiscales por un monto de 28 mil 663 millones de pesos, que además fueron rescatados por Fobaproa, entre ellos HSBC, BBV Bancomer y Banamex.

Cabe destacar que para diciembre de 2006, los créditos fiscales irrecuperables fueron de 161 mil 58 millones de pesos y los controvertidos de 233 mil millones de pesos.

Adicionalmente el informe de la ASF confirma que el SAT gana sólo 4 de cada 10 juicios en los que participa, por ello buena parte de los recursos que involucran los créditos fiscales controvertidos se perderán en detrimento del fisco y del Estado.

El otro grave problema del sistema tributario mexicano y que es revelado por el Auditor Superior es el que refuerza de manera contundente la propuesta fiscal del Gobierno Legitimo, ya que la ASF concluye que:

“La existencia de tratamientos preferenciales, regímenes especiales y omisiones e imprecisiones en la legislación tributaria, propicia la generación de elevados créditos fiscales y explica en alguna medida el bajo coeficiente de recuperación de dichos créditos por parte del SAT. Esta situación incide de manera significativa en la baja eficiencia recaudatoria del país.”

Hay que recordar que la Propuesta Fiscal del Gobierno Legitimo busca la desaparición de un regímenes preferenciales como la Consolidación Fiscal, y que la misma propuesta busca eliminar el tratamientos preferenciales que se le da a la adquisición de activos por parte de las empresas, ya que la propuesta fiscal del Gobierno Legitimo busca eliminar la deducción (depreciación acelerada de activos) precisamente para evitar que las empresas utilicen esta práctica para “eludir” impuestos, también propone que las operaciones en la bolsa de valores paguen impuestos, ya que en la actualidad están exentas, lo cual constituye otro tratamiento preferencial en el sistema fiscal mexicano, que sólo favorece a un pequeño grupo de empresas y de personas.

Finalmente resulta absurdo que ante esta realidad Calderón, Carstens y el Consejo Coordinador Empresarial, busquen desesperadamente argumentos para aplicar el IVA en Alimentos y Medicinas y reducir la carga fiscal de las grandes empresas, ya que de ser aprobada la propuesta fiscal del Gobierno Legitimo, ni se aumentaría la carga fiscal a los asalariados, y mucho menos se aplicaría el IVA a los Alimentos y Medicinas.

La propuesta del Gobierno Legitimo, le permitiría al Estado Mexicano contar con un margen adicional en sus finanzas públicas de 300 mil millones de pesos (100 mi millones de reducción de gasto y 200 mil millones de ingresos adicionales), lo que permitiría reducir la carga fiscal de PEMEX, y poder expandir la industria petrolera sin la necesidad de inversión privada, así como incrementar el gasto en infraestructura social y educativa.