Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo.
Al igual que hizo Cuauhtémoc Cárdenas hace algunos meses, durante la semana pasada Alan Greenspan, ex secretario del Tesoro estadunidense, alertó sobre la posibilidad de una crisis futura sobre las finanzas públicas de México dada una caída en los precios del petróleo, por lo que apremió a llevar a cabo la reforma energética y abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada nacional y extranjera.
Después de escuchar las declaraciones de Greenspan no me queda más que apremiarlo a que, antes de hablar sobre México, se tome la molestia de revisar los informes sobre la situación financiera del país.
Lo anterior, porque, de acuerdo con el primer informe sobre la situación de las finanzas públicas, al primer trimestre del año el sector público tuvo un superávit fiscal de 102 mil 436 millones de pesos.
Eso quiere decir que al mes de marzo del presente año los ingresos obtenidos por el gobierno fueron superiores al gasto que realizó durante los tres primeros meses de 2007.
Si bien es cierto que a primera vista esta situación podría parecer "buena", cuando revisamos este resultado de manera más detenida nos encontramos que este reporte de "superávit" hecho por el gobierno ha implicado que Pemex haya tenido durante los tres primeros meses del presente año un déficit de operación, o sea una pérdida de 10 mil 143 millones de pesos.
Para mostrar lo anterior basta mencionar que, de acuerdo con los datos publicados por Pemex al primer trimestre del año, esta paraestatal tuvo ventas totales por 235 mil 900 millones de pesos, de los cuales 134 mil millones (aproximadamente 56 por ciento de sus ventas totales) le fueron entregados a la Secretaría de Hacienda por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos.
Sin embargo, y de manera adicional, Pemex entregó al gobierno por concepto de "ingresos propios" 68 mil 353.5 millones de pesos, con lo que la contribución total de la paraestatal a las finanzas públicas fue de 202 mil 753 millones de pesos, lo que representa 85.9 por ciento de las ventas totales de la empresa.
Cabe destacar que si a las aportaciones a las finanzas públicas que hace Pemex por concepto de impuestos y de ingresos propios le añadimos lo que el gobierno recauda por concepto de impuesto especial a la producción y servicios, proveniente de la gasolina y el diésel (IEPS de gasolina y diesel) y lo que recauda por concepto de IVA a la gasolina, nos damos cuenta de que la contribución total de los ingresos petroleros a las finanzas públicas fue de 212 mil 410 millones de pesos, lo que representa 38 por ciento de los ingresos públicos totales.
Por ello resulta absurdo que la Secretaría de Hacienda se vanaglorie de haber obtenido un superávit fiscal de 102 mil millones de pesos, cuando esto fue a costa de que Pemex operara con pérdidas durante el primer trimestre del año.
También pone de manifiesto que la paraestatal jamás podrá ser una empresa competitiva y rentable mientras esté sujeta a la carga fiscal de la que es objeto.
De hecho, si Pemex enfrentara una carga fiscal como en teoría la tiene cualquier empresa privada, es decir, 28 por ciento, durante el primer trimestre del presente año la paraestatal hubiese reportado una utilidad de operación de cuando menos 60 mil millones de pesos, lo que representa el costo de una refinería con la mejor tecnología de punta.
Así, mientras Pemex paga una tasa de impuestos de 56 por ciento como proporción de sus ventas, Grupo Bimbo paga sólo 4 por ciento, Grupo Alfa 2.5 y Bachoco sólo 0.01 por ciento.
Esas son las verdaderas razones de que por un lado el gobierno federal hubiese obtenido un superávit fiscal y de que Pemex se encuentre descapitalizado y opere con pérdidas.
Por ello, Greenspan debería de haber recomendado una reforma fiscal que redujera la dependencia petrolera de nuestras finanzas públicas, mediante la desaparición de los regímenes fiscales que permiten que las grandes empresas no paguen impuestos, y no la privatización de nuestro sector energético.
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