EN LA LEY DE INGRESOS EL SENADO ESTA OBLIGADO A LIMITAR LA CAPACIDAD DE REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA DEL IPAB

Elaborado por Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Octubre 29 de 2007

Actualmente, la Ley de Ingresos permite al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) mediante el Artículo 2º realizar operaciones para refinanciar sus pasivos, pero la de dudosa legalidad de las mismas obliga a exigir que se limiten esas facultades del organismo y se pongan candados para evitar que siga incrementando su deuda a costa del erario y en beneficio de particulares.

Para entender esta imperiosa necesidad, veamos lo siguiente:

De acuerdo con la información del Informe sobre la Situación de las Finanzas Publicas al mes de junio de 2007, la deuda bruta derivada del Rescate Bancario ascendió a 743 mil 051 millones de pesos, cifra que representa aproximadamente 40% del Presupuesto de Egresos para 2008.

Cabe mencionar que en virtud de algunos activos que el IPAB ha podido vender y debido a la cobranza de créditos ya pactada en el programa de capitalización y compra de cartera, la deuda neta del rescate bancario al mismo mes ascendió a 713 mil 084 millones de pesos.

Esta deuda, que genera intereses a cargo de los contribuyentes por casi 60 mil millones de pesos, ha modificado su estructura debido a que el IPAB ha pagado o prepagado deudas derivadas directamente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y por lo tanto de dudosa legalidad por instrumentos que el IPAB utiliza para refinanciar sus pasivos o por créditos que ha obtenido de las mismas instituciones rescatadas.

Esto ha sido posible por la capacidad de refinanciamiento para el IPAB que está contemplada en el Artículo 2º de la Ley de Ingresos, que le permite al Instituto “contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago…”

Por ello hasta ahora nada garantiza que operaciones “ilegales” no sean pagadas a los bancos, en una especie de lavado de dinero, en materia de deudas, borrando con ello el rastro de las operaciones ilegales llevadas a cabo en su momento por el Fobaproa.

Para evitar lo anterior los senadores deben modificar el Artículo 2º de la Ley de Ingresos, para limitar la capacidad de refinanciamiento de pasivos del Instituto, excluyendo de ésta, la posibilidad de refinanciar los pasivos o deudas derivadas del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, así como cualquier operación que estuviese con alguna observación de la Auditoria Superior de la Federación y que a la fecha no este solventada.

Hay que recordar que de acuerdo al último reporte de la Auditoría Superior de la Federación, aún existen observaciones sin solventar con respecto al Rescate Bancario y el IPAB utiliza esta facultad de refinanciamiento como una fuente alternativa de allegarse recursos, lo que le permite refinanciar operaciones cuestionadas o “ilegales” y borrar su rastro.

Por ello el IPAB ha utilizado esta facultad legal para “lavar deudas” en un proceso similar al “lavado de dinero” entendiéndose este procedimiento como el cambiar o borrar el rastro de una deuda de “dudosa legalidad o procedencia, por una deuda aparentemente legal”.

Para mostrar lo anterior conviene mencionar que en el mes de octubre de 2002, el IPAB cambió los seis pagarés de saneamiento de Banco del Atlántico, por una “línea de crédito simple” por 48 mil 779 millones de pesos, que le fue otorgada por BITAL. Esto es equivalente a “lavar una deuda”.

La operación fue realizada de la siguiente manera: hasta el mes de septiembre de 2002 Bital, como resultado de su cuestionada fusión con Banco del Atlántico, se hizo dueño de los “pagarés de saneamiento” que eran a favor de Atlántico; como la operación de fusión entre los dos bancos ha sido sumamente cuestionada, tanto por el costo para el IPAB como por el hecho de que el senador Diego Fernández de Cevallos participó como abogado de Bital en contra del IPAB, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario prefirió “desaparecer” o bien “liquidar” pagarés, solicitando un préstamo a BITAL para liquidarlos.

A fin de cuentas el beneficiario seguía siendo Bital, con la única diferencia de que jurídicamente hablando, la “nueva deuda” del IPAB con Bital ya no es producto de los “pagarés de saneamiento” (que han desaparecido), sino obedece a una “operación de refinanciamiento” es decir a un préstamo simple de Bital hacia el IPAB.

Claro que hubo un “premio adicional para Bital” y es que los pagarés de saneamiento de Banco del Atlántico que vencían entre 2005 y 2008 fueron modificados y el “crédito simple contratado con Bital por 39 mil millones de pesos aproximadamente” venció en su totalidad en 2005, acortando casi tres años el periodo de vencimiento del préstamo.

Más aún si revisamos, el “listado” de pagarés a cargo del IPAB en su página de Internet, hasta el mes de septiembre de 2002 aparecían los pagarés de Banco del Atlántico; pero si revisamos el mismo “listado” para el mes de junio de 2004, los “pagarés de Atlántico” ya no aparecen.

De hecho, tal y como el IPAB lo anunció el 1 de octubre de 2002, “da por concluido el saneamiento del Banco del Atlántico”, lo que prácticamente deja sin posibilidad de investigación una operación sumamente cuestionada, cuyo costo fiscal se estimo en 48 mil 779 millones de pesos.

El Articulo 2º de la Ley de Ingresos le otorga la posibilidad al IPAB de “endeudarse con el único objeto de llevar a cabo operaciones de refinanciamiento de deuda”, si bien es cierto que esta posibilidad le ha permitido al IPAB cumplir con sus viejas deudas, emitiendo nuevas deudas, también es cierto que esto le ha permitido “borrar” con este mecanismo operaciones que llevó a cabo el FOBAPROA y que han sido cuestionadas o “sumamente cuestionadas” como lo es el caso de la fusión BITAL-ATLÁNTICO, o como el saneamiento de Banca Serfin ahora en poder de Santander o el propio programa de capitalización y compra de cartera.

De esta manera, mientras que el saldo de los pagarés por “saneamiento” disminuyó entre diciembre de 2000 y diciembre de 2007, al pasar de 214 mil 368 millones a 80 mil 274 millones de pesos, los pagarés por “Refinanciamiento” aumentaron considerablemente en el mismo periodo al pasar de 187 mil 672 a 651 mil 705 millones de pesos, representando casi 87.9% del saldo deudor del IPAB.

Por ello, el IPAB está aprovechando la facultad que tiene para refinanciar sus pasivos, para “lavar deudas” de operaciones que han sido altamente cuestionadas, como lo son las derivadas de las intervenciones bancarias y los saneamientos que en su momento llevó a cabo el Fobaproa y el Programa de Capitalización y Compra de Cartera PCCC).

Por lo anterior, es preciso que se limite la capacidad de refinanciamiento del IPAB excluyendo de la deuda del Instituto todas las operaciones que han sido cuestionadas por la Auditoria Superior de la Federación, incluyendo los Programas de Capitalización y Compra de Cartera, para evitar que se estén revolviendo recursos limpios con operaciones irregulares e “ilegales”, ya que de no ser así se estarán refinanciando “ilegalidades”, como hasta ahora lo ha hecho el IPAB.

De tal manera que el Artículo 2º de la Ley de Ingresos debe ser redactado de la siguiente manera: “Contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, excluyendo de éstas aquellas derivadas de los Programas de Capitalización y Compra de Cartera, así como las que hayan sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación y aún no se encuentren solventadas ”.

Hay que recordar que una operación de refinanciamiento implica que por un lado “liquido una deuda” y por el otro “pido prestado para pagarla”, es decir “ya no le debo a SERFIN (operación que ha sido cuestionada), le pago a SERFIN y le pido prestado a X persona que me compra un BPAS (Bonos IPAB de refinanciamiento)”, es decir mi nuevo acreedor quizá ya no tenga nada que ver con SERFIN, por ello la posibilidad de “rastrear” alguna “ilegalidad” se reduce, pues los documentos (pagarés) ya no existen.

Del los cuadros al final se observa que, por ejemplo, mientras que los pasivos derivados de saneamientos financieros se han reducido de 214 mil 368 millones en 2000 a 2 mil 761 millones a junio de 2007, las emisiones de BPAS (Bonos IPAB de refinanciamiento) han incrementado su porcentaje dentro de la deuda del Instituto al pasar de 187 mil 672 millones de pesos en diciembre de 2000 a 647 mil 544 millones en junio de 2007, es decir su crecimiento ha sido de 459 mil 872 millones de pesos.

Asimismo, se observa de que a pesar de que los Programas de Capitalización y Compra de Cartera no son deuda del IPAB, ahora se han liquidado en su totalidad como parte de los prepagos que el IPAB ha realizado, sosteniendo que ya se cumplió con lo dispuesto por el Artículo Quinto transitorio, lo cual es una grave “ilegalidad”, puesto que no se ha dado su visto bueno al Acuerdo firmado el 14 de julio de 2004 y mucho menos al resultado de las revisiones anunciadas por el IPAB.

El prepago de estas obligaciones inició desde el 21 de julio de 2004, al menos en el caso de Banorte, en donde el monto cubierto fue de 400 millones de pesos.

Las Notas IPAB (antes Pagarés Fobaproa y que vencían entre septiembre de 2005 y hasta diciembre de 2006) que fueron canjeadas de manera “ilegal” por no haberse cumplido de manera formal el Artículo Quinto transitorio de la Ley del IPAB, fueron prepagadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario durante 2005.

Este pago anticipado, de acuerdo a las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto, significó un desembolso de casi 120 mil millones de pesos.

En el calendario establecido en el Nuevo Programa de Capitalización y Compra de Cartera que firmaron los bancos y el Instituto el 15 de julio de 2004, se estableció que 78 mil 537 millones de pesos se cubrirían durante 2005 y los restantes 40 mil 826 millones de pesos en 2006.

El IPAB tomó esta decisión en virtud de que según el Instituto ya se dio cumplimiento al mandato del Artículo Quinto transitorio y únicamente se descontarían 11 mil 526 millones de pesos de operaciones ilegales.

De este total, aproximadamente 103 millones de pesos correspondieron a Banorte, 3 mil 687 millones a Bancomer, 6 mil 211 millones de pesos a Banamex y 2 mil 500 millones a HSBC.

Es importante mencionar que los prepagos de las notas IPAB fueron absolutamente ilegales en virtud de que el IPAB no cumplió con lo dispuesto en el Artículo Quinto transitorio de la Ley del IPAB y mucho menos con el exhorto que le hiciera la Comisión Permanente del Congreso el 13 de agosto de 2003.

Más aún: si bien es cierto que el Artículo 2º de la Ley de Ingresos faculta al IPAB para emitir deuda (a través de los Bonos de Protección al Ahorro, “BPAS”) esto aplica únicamente para los pasivos o deudas del IPAB diferentes de aquellas originadas por la aplicación del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC). Por ello, lo que el IPAB está haciendo es tratar de “cerrar a como de lugar el rescate bancario.

De hecho, el Artículo Segundo de la Ley de Ingresos, que le otorga al IPAB la facultad de emitir deuda, también establece que el endeudamiento del IPAB se hará con el único objeto de refinanciar sus pasivos y siempre y cuando se pueda obtener un mejor “perfil” de la deuda: esto significa, entre otras cosas, que la “tasa de interés a la que se emita este nuevo refinanciamiento sea menor a la deuda que se esta prepagando o refinanciando”.

Sin embargo, en el caso de los prepagos de las Notas IPAB (antes pagarés Fobaproa) claramente se observa que el costo para el IPAB aumentó, en virtud de que la tasa de interés de las Notas IPAB fue de CETES menos 1.35% y la de los BPAS fue de CETES más 1%), de tal manera que el IPAB favoreció nuevamente a los bancos ya que sustituyó una deuda de menor tasa de interés (por lo tanto de menor costo) por una de mayor tasa de interés (y por lo tanto de mayor costo).

Lo anterior violó la condición que le aplica al IPAB en términos del Artículo 2º de la Ley de Ingresos.

De hecho el Congreso fue quien mandató al IPAB a revisar el PCCC y es el propio Congreso y la Auditoria Superior de la Federación quienes deben decidir si se ha cumplido con la ley o no.

Por ello el IPAB ha violado la Ley con los prepagos que realizó, por dos razones: la primera, porque la sustitución de pagarés Fobaproa por Notas IPAB fue “ilegal” en virtud de que no se cumplió a cabalidad el Articulo Quinto transitorio de la Ley del IPAB; y en segundo lugar, porque los prepagos de estos instrumentos implicaron que el IPAB prepagó con una tasa de interés mayor.

Para entender mejor lo anterior, digamos que una persona tiene que pagar un préstamo cuyos intereses son de 1% mensual y opta por pagar de forma adelantada esa deuda, para lo cual pide un crédito al banco por el cual pagará 2.3% mensual.

Así, podemos observar que desde el mes de diciembre de 2000 y hasta junio de 2007, a pesar de haber destinado más de 140 mil millones de pesos en recursos fiscales al IPAB, el saldo de la deuda neta del Rescate Bancario es ligeramente superior a la de diciembre de 2000 (cuando se ubicaba en 696 mil 408 millones de pesos) en 7 mil 357 millones de pesos.

De esta manera, en el IPAB sólo se han “lavado” deudas.

LOS PRECIOS AL MES DE OCTUBRE REFLEJAN YA EL GASOLINAZO DE NADA SIRVIO QUE CALDERON LO POSPONGA HASTA ENERO DE 2008: EL IMPUESTO SE DEBE DEROGAR

Disponible en audio:

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo Octubre del 2007

De acuerdo con datos obtenidos por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno Legitimo de Andrés Manuel López Obrador, se observa que la evolución de los precios de 42 productos que componen la canasta básica revela que el crecimiento de los precios durante los primeros 10 meses del año fue de 34.6%, sin embargo el de los alimentos que forman parte de la canasta básica fue aún mayor, ya que se ubicó en casi 36.7%.

Así mientras que en enero de 2006 para adquirir éstos 42 productos básicos una persona que percibía un salario mínimo tenía que realizar un gasto de $ 740.44 pesos, para el mes de diciembre de 2006, el gasto necesario para adquirir esos mismos productos se ubicaba en $ 818.44 pesos.

Sin embargo en julio de este año, cuando ya se hablaba del gasolinazo, la canasta se ubico en 1,045.15 pesos y para la primera quincena del mes de octubre, ascendió a 1,102.28 pesos, cuando se oficializo la entrada en vigor del nuevo impuesto a la gasolina a partir del próximo mes de enero.

Es claro que tan sólo entre el mes de julio y la primera quincena del mes de octubre, el crecimiento en costo de esta canasta básica registró un incremento de 5.46% muy similar al incremento total que tendrá la gasolina gracias al impuesto propuesto por Acción Nacional y avalado por Calderón.

Cabe destacar que con base en el salario mínimo mensual el costo de estos productos pasó de representar el 50.8% del ingreso total de un trabajador en enero de 2006, a casi el 73% para la primera quincena del mes de octubre del presente año.

Sin embargo esta situación se ha visto recrudecida en el caso de los productos alimenticios que forman parte de la canasta básica, así por ejemplo se observa que el costo de los alimentos que integran una canasta básica pasó de 485.4 pesos en enero de 2006, a 540.46 en diciembre de 2006 y a 735.10 pesos en la primera quincena de septiembre de 2007, y a 738.90 para la primera quincena del mes de octubre, cifra que representa un incremento de 51.43% con respecto a enero de 2006 y un crecimiento de 36.7 % en lo que va de este año.

Es importante destacar que en el caso de los alimentos, prácticamente todos los productos que integran la canasta básica han registrado incrementos muy superiores al incremento del salario mínimo, así con respecto al mes de diciembre del 2006, así tenemos que el crecimiento de los precios de los siguientes productos ha sido: fríjol, lenteja (122.7%) salchicha (61%), leche condensada (73%), leche en polvo (55%), mantequilla (54%), el arroz (47%) y huevo (60%).

Finalmente es importante señalar que con respecto al mes de julio del presente año, también se observaron incrementos que reflejan ya el impuesto a la gasolina, así por ejemplo el frijol pasó de $16.0 a $20.0 el kg, la lenteja de 7.90 a 8.91 la bolsa de 500 grs, el paquete con 12 huevos de $14.70 a $ 16.0, el pan de caja bimbo de $18.90 a $ 20.0, el kilogramo de pollo entero pasó de $23.95 a $ 26.00

Esto quiere decir que mientras que en enero de 2006, un obrero requería de 15.24 días de trabajo (jornada laboral de 8 horas) percibiendo un salario mínimo, para adquirir 42 productos de la canasta básica, para la primera quincena del mes de octubre del presente año requiere de 21.7 días de trabajo, para adquirir la misma canasta de productos.

Lo anterior significa que en la actualidad un obrero que percibe el salario mínimo tiene que destinar casi 22 días de trabajo para poder obtener una canasta de 42 productos básicos, por lo que con lo que le resta (8 días de trabajo) tiene que hacer frente a los costos de transporte, vestido y vivienda, lo cual resulta prácticamente imposible, ya que el incremento del salario mínimo en 2007 fue de sólo 3.9%.

Así por ejemplo, un obrero que percibe el salario mínimo requería en enero de 2006 de 9.55 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, de 6.59 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, de 0.82 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortilla o de 2.47 horas de trabajo para adquirir 2 kg de azúcar.

Sin embargo para la primera quincena de 2007, el mismo obrero percibiendo un salario mínimo requiere en la actualidad de 11.5 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, 10.7 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, 1:27 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortillas.

Es importante señalar que el sólo anuncio del incremento que tendrá la gasolina y diesel, aunque sea hasta enero del 2008, ya empieza a reflejarse en los incrementos en los precios de prácticamente todos los productos, ya que esta situación es una cuestión de expectativas del publico en general ya que quienes perciben que en algún momento del tiempo, los precios se incrementaran, prefieren adelantarse y llevar a cabo el ajuste de inmediato, por ello, “los comerciantes y productores de servicios, se previenen incrementando los precios hoy, y no hasta mañana.”

Por esta razón, diversos productos alimenticios, como la carne, el huevo, la leche y el pan bolillo, ya aumentaron y de seguro volverán a incrementar su precio en diciembre o en enero, esto a pesar de las absurdas declaraciones del Gobernador del Banco de México, de los legisladores del PRI del PAN y de algunos integrantes de la corriente de “nueva izquierda” que han llegado a señalar que “solo es necesario un incremento al salario”, por lo que es cuestión de negociarlo.

Esta situación sugiere, además que el seguimiento de los precios que realiza el Banco de México, para obtener la inflación o el crecimiento de los precios en la economía, ya no refleja la realidad de el poder adquisitivo de las familias, esto debido a que la ponderación que realiza el Banco Central para calcular el crecimiento de los precios, contiene sesgos que tienden a subestimar el crecimiento de los precios.

Finalmente se debe decir, que la cifra que se recaudará durante el próximo año debido al impuesto a la gasolina (8,000 millones de pesos) es equivalente al gasto del gobierno por concepto de seguro de gastos médicos mayores para funcionarios de alto nivel, al gasto en seguro de separación individualizada para funcionarios de alto nivel, y al gasto en servicios de accesoria que tendrá el gobierno federal, por lo que resulta estos ingresos podrían ser compensados con un programa de austeridad.

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El Estado miente y la “oposición progresista” lo solapa

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
21 de octubre de 2007

Tal parece que el Estado mexicano se acostumbró a mentir y la “oposición progresista” se acostumbró a solapar: sólo basta recordar lo que se ha venido diciendo recientemente sobre diferentes temas de importancia nacional, pues respecto de la reforma fiscal, por ejemplo, Felipe Calderón y Agustín Carstens señalaron que su propuesta aprobada por el PRIAN acabaría con los paraísos fiscales y que ahora pagarían impuestos aquellos empresarios que nunca los habían pagado, pero durante esta semana se aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos para 2008 y en él se puede observar claramente que mientras que la recaudación por el impuesto sobre la renta será de 580 mil millones de pesos, la del famoso IETU será de apenas 69 mil millones de pesos.

Esto, en otras palabras, quiere decir que el impuesto que supuestamente terminaría con los paraísos fiscales recolectará para las arcas nacionales apenas la doceava parte de lo que se recauda con el impuesto que se quiere desaparecer en el futuro.

¿Cómo es posible que los legisladores hayan exigido transparencia y legalidad al IPAB en el proceso de venta de Aeroméxico y, sin embargo, hayan permanecido callados y quietos mientras que esta aerolínea era vendida a un grupo de empresarios representados por Banamex que de pronto presentaron una oferta pública de acciones (OPA Hostil) por la empresa, aun cuando la propia ley del IPAB establece que no podrán adquirir bienes del IPAB aquellas personas o empresas que hayan sido apoyadas por el Fobaproa, y que los procesos de venta de bienes del IPAB tendrán que hacerse mediante subasta pública o licitación?

¿Acaso los legisladores ya se olvidaron que el rescate de Banamex le costó al erario aproximadamente 73 mil millones de pesos y actualmente Banamex-Citigroup recibe cuantiosos intereses de los pagarés del Fobaproa-IPAB, a cargo de los contribuyentes?

También olvidaron, al parecer, que la venta de Banamex fue un “cruce protegido de acciones” que permitió que no se pagara impuestos en la operación financiera más grande de la historia económica moderna del país.

No es posible que esto haya sucedido sin el menor pronunciamiento del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que por cierto es perredista y que según cuentan estaba de viaje; otros, sin embargo, ahora sí, cuando la transacción ya se consumó, gritan a los cuatro vientos la necesidad de revisar la operación. Un poco tarde, ¿no cree?

Por su parte, Vicente Fox se quiere exhibir en Estados Unidos como un mártir de la honestidad y la transparencia, cuando su inexplicable riqueza está a la vista de todos los mexicanos y de la revisión de sus propias declaraciones patrimoniales se observa, por ejemplo, que cobró dos veces (en 2005 y 2006) esa prebenda denominada Seguro de Separación Individualizado: en suma, de sus propias declaraciones patrimoniales se desprende que violentó gravemente la Constitución Política de nuestro país.

Y mientras esto sucede, la Cámara de Diputados ha constituido mañosamente una “Comisión para dar Seguimiento” a las denuncias presentadas contra el ex presidente, en vez de tomar una acción legal clara y contundente ante la PGR.

Aquí conviene mencionar que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su artículo 84, textualmente:

“Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Secretaría podrá ordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y auditoría. Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, la Secretaría hará ante ésta la solicitud correspondiente”.

Más aún, el artículo 86 de la ley en comento agrega que: Serán sancionados en los términos que disponga el Código Penal los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.

De esta manera, todo lo anterior nos debe recordar el refrán que reza: “No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”, y que si bien el Estado se acostumbró a mentir, la “oposición progresista”, también se ha acostumbrado a solapar.

¿Será acaso ésta la nueva izquierda o la izquierda que necesita este país?

Banamex compra Aeroméxico: ¿subasta o arreglo?

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

Una vez más, como si poseyera al genio de la lámpara y su suerte fuese inagotable, Banamex libró todos los aparentes obstáculos legales que al menos en teoría le impedían participar en la compra venta de Aeroméxico y adquiere la estratégica línea aérea en una operación plagada de recelos.

Uno se pregunta, por ejemplo: ¿De dónde saca Banamex recursos para comprar la aerolínea, considerando que es una filial de Citigroup y esa matriz enfrenta problemas de cartera vencida en Estados Unidos? ¿Por qué fue aceptada la oferta de una institución financiera que fue objeto hace apenas una década del rescate bancario más escandaloso en la historia moderna del país? ¿Cuánto recibió Banamex en el reemplazo de pagarés Fobaproa por garantías IPAB? ¿No entran en juego esos recursos en esta adquisición de Aeroméxico? ¿Estaremos pagando los contribuyentes el nuevo juguete de este banco ahora extranjero? ¿Hubo subasta realmente o más bien un arreglo en esta operación?

Antecedentes

Ya desde 1982, durante la expropiación de 66 bancos ordenada por el gobierno federal en turno, esta institución bancaria se benefició por un pago excesivo de indemnización, pues por los tres principales bancos (Banamex, Bancomer y Serfin) se pagaron 118 mil millones de pesos en lugar de la cifra propuesta por los responsables hacendarios del momento, que era de 47 mil millones.

Años más tarde, cuando se decide reprivatizar la banca, los beneficiados son de nuevo los dueños de los grandes grupos financiero-industriales, puesto que las principales casas de bolsa y los más connotados ex banqueros compraron las 18 sociedades nacionales de crédito ofrecidas. La casa de bolsa Acciones y Valores, por ejemplo, fue la que compró Banamex.

Y durante el rescate bancario que motivó la crisis financiera de 1995, otra vez corre con suerte cuando los responsables del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) deciden admitir como beneficiarios a bancos que no requerían auxilio puesto que mostraban índices de capital superiores a los exigidos por la ley y gozaban de una excelente administración, como era el caso de Banamex que, al mismo tiempo que reportaba utilidades, reducía sus reservas de riesgo y hasta pagaba dividendos a sus accionistas.

Pero no sólo eso: el Fobaproa le compró además indebidamente créditos por aproximadamente 7 mil millones de pesos, al adquirir cartera con todo e intereses moratorios.

De hecho, para Banamex fue tan productivo el rescate que hoy, de las 12 instituciones que recibieron estos apoyos, es una de las cuatro que siguen operando, mientras que las otras fueron liquidadas, fusionadas o intervenidas posteriormente con “doble costo fiscal” para el gobierno mexicano.

Más aún: Banamex recibió del Fobaproa pagarés por montos de aproximadamente 79 mil millones de pesos, que al final del “saneamiento” se transformaron en una erogación por casi 104 mil millones (a valor actual).

Por cierto que poco antes, en 2001, se vendió a Citigroup en casi 125 mil millones de pesos en beneficio de particulares y mediante una operación bursátil que los libró de pagar de impuestos por casi 12 mil 500 millones de pesos.

Sospechas

Hay que subrayar también que, en el proceso de extranjerización de la banca en México, se dan casos emblemáticos como el de Banamex, que representa 3% de los activos totales de Citigroup y aporta 10% de las ganancias del mayor grupo financiero del mundo; es, como quien dice, la estrella del banco estadunidense.

Habría que preguntarse, eso sí, porqué mientras no cobra comisiones por manejo de cuenta en Estados Unidos, Banamex-Citigroup es una de las instituciones de nuestro país que más costosa resulta en términos de provisión de servicios financieros.

Igualmente es motivo de recelo el hecho de que mientras Citigroup enfrenta problemas de cartera vencida en Estados Unidos, su filial en México tiene los recursos suficientes para comprar Aeroméxico en casi 250 millones de dólares.

Otro factor de sospecha es, justo es decirlo, la decisión de las autoridades para “cerrar” la subasta en una hora determinada e impedir así la entrada de otra oferta que hubiera permitido elevar el costo de la aerolínea hasta por lo menos 260 millones de dólares: ¿acaso no se manejan así todas las subastas del mundo, con base en la puja de las partes, que van ofreciendo más cada vez hasta llegar a un límite?

Al no permitir esa puja dejando correr más tiempo para la subasta, las autoridades incumplieron de plano el mandato que les obligaba teóricamente a maximizar la recuperación en el proceso de venta de Aeroméxico, pues conforme a la Ley era su responsabilidad “tutelar por una sana administración del activo y proceder a la venta de los bienes al mejor precio posible”.

Y lo peor de todo: ¿no resulta por lo menos ilegítimo (no hablemos ya de legalidad) aceptar que la línea aérea se compre con recursos vinculados de una u otra forma con transacciones financieras en las que figura o figuró dinero de los contribuyentes que Banamex recibió vía el rescate bancario?

¿Será posible que Aeroméxico se le esté comprando al gobierno con dinero que Banamex recibió, en parte, del propio gobierno en el pasado reciente?

Las autoridades tendrán que responder estas y otras muchas interrogantes, más temprano que tarde…

LA NEGRA HISTORIA DE CINTRA Y LA VENTA DE AEROMEXICO A BANAMEX CONFIRMAN EL CONTUBERNIO ENTRE EL PODER POLITICO Y EL ECONOMICO:

CONTINUANDO EL PAGO DE FACTURAS DEL 2 DE JULIO

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
18 de octubre de 2007

Antecedentes:

En 1994, la banca capitalizó más de 507 millones de dólares correspondientes a los pasivos de Mexicana de Aviación: 150 millones de dólares correspondientes a las deudas acumuladas con Aeropuertos y Servicios Auxiliares; 150 millones de dólares en préstamos con cinco bancos comerciales; 87 millones de dólares con el grupo Falcón que en ese momento encabezaba Carlos Abedrop y más de 120 millones de dólares con acreedores diversos.

Así la Controladora de Empresas Aéreas, entre las que destacaban Aeroméxico y Mexicana de Aviación, reprivatizadas en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, respectivamente.

Originalmente fueron vendidas a un grupo de empresarios, entre los que sobresalían los hermanos Pablo e Israel Brener Brener, del Grupo Xabre. Pablo fue miembro de la comisión de financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

El grupo Cintra fue dirigido por Gerardo de Prevoisin Legorreta, quien huyó del país luego de un fraude al corporativo.

Desde su exilio, reconoció haber entregado 8 millones de dólares de la empresa a la campaña presidencial de Ernesto Zedillo.

Entre sus accionistas se encontraban Eugenio Clariond Reyes Retana (presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios entre junio de 1997 e igual mes de 1999, accionista del Grupo Financiero Serfin y cabeza del Grupo IMSA, y adelantado promotor del pase de charola en favor de Francisco Labastida Ochoa en 1999) y Carlos Gómez y Gómez (presidente de la Asociación de Banqueros de México y accionista del Banco Santander Mexicano).

El consejo de administración, en 1997, lo presidía Ernesto Martens Rebolledo, y participaban, entre otros, Enrique Hernández Pons (Grupo Herdez), Adolfo Lagos Espinosa (director general de Serfin), José Serrano Segovia (Transportación Marítima Mexicana) y María Eugenia Sidaoui Dib (consejera suplente).

En la sesión número 12 del Subcomité de Recuperaciòn de Activos de Fobaproa, (26 de agosto de 1997), se abordó el asunto de la empresa Cintra: "Alberto Mulás (director de activos corporativos del subcomité) explicó la situación de la venta pública de acciones de Cintra; se pretende que el Fobaproa aporte un 6 por ciento de capital accionario del cual es propietario, para que la oferta pública de acciones alcance 24 por ciento (240 millones de acciones)".

Por su parte, el director general del fondo, Javier Arrigunaga, explicó que "en caso de que el fondo aceptara dicha propuesta perdería la posibilidad de tener una prima de control, al vender en el futuro el capital restante perteneciente al Fobaproa. Se sugirió que el 6 por ciento que se pretende adicionar a la tenencia accionaria de Nacional Financiera y al gobierno federal se aporte a prorrata de la tenencia de todos los accionistas en forma proporcional a su tenencia en el fideicomiso, de tal forma que Fobaproa siga manteniendo la mayoría de las acciones".

El escenario se complicó cuando el IPAB tuvo que rescatar la deuda de estos bancos que participaban en el capital y consejo de administración de ambas aerolíneas y posteriormente de Cintra, cuando la banca extranjera se negó a adquirir instituciones como Serfin e Inverméxico que mantenían en sus balances acciones de estas aerolíneas.

Fue Ana María Botín del Grupo Santander quien se opuso a cerrar la compra del banco que presidía Carlos Gómez y Gómez sino se eliminaba la participación en Cintra.

Por ello, en septiembre de 1999, el IPAB adquirió la participación de Serfin en Cintra, lo que representó una erogación de 515.7 millones de pesos, un rescate que determinó que el IPAB se convirtiera en el accionista mayoritario de esa controladora. Antes de verse presionado por la banca extranjera para sanear a los bancos con problemas y eliminar de su balance el capital de las aerolíneas, el IPAB sólo controlaba el 6 por ciento de Cintra.

Al momento de vender Mexicana de Aviación, el IPAB controlaba el 46.5 por ciento de Cintra.

Lo que mal empieza mal acaba:

La venta de CINTRA estuvo mal planeada desde su inicio por la propia Junta de Gobierno del IPAB.

Lo anterior se desprende de las propias Actas de la Junta de Gobierno del IPAB al observarse que nunca fue clara y contundente la decisión adoptada por la Comisión Federal de Competencia (CFC) en torno a que si el IPAB debía o no separar las líneas aéreas que conformaban CINTRA (Mexicana y Aeromexico), de hecho la “consulta realizada por el IPAB ante la CFC” que dio como resultado que el IPAB decidiera vender por separado a las dos aerolíneas atentaba contra el objetivo primordial de la venta de activos del IPAB, que es el de “Maximizar el valor de recuperación de los bienes vendidos para reducir el costo fiscal del rescate bancario”

Por ello del Acta 18 de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB (que está en su página de Internet) se observa, que durante el desarrollo de la sesión Adalberto Palma uno de los vocales en ese momento advirtió, que la decisión de separar a las aerolíneas (Mexicana de Aviación y Aeromexico) iba en contra del mandato de ley para el IPAB en virtud de que al separarlas para su venta, el valor de recuperación no seria el máximo por lo que se tenía que “pelear” u “objetar” la recomendación a la consulta realizada ante la CFC.

Sin embargo la mayoría de la Junta de Gobierno del IPAB decidió ignorar la recomendación de Adalberto Palma y diseñar el esquema de venta de Mexicana y Aeromexico por separado.

Era obvio que el separar a las aerolíneas además de restarle valor a CINTRA iba provocar que ya una vez vendidas sus problemas financieros se acentuaran y difícilmente podrían sobrevivir.

De esta manera, uno de los últimos activos importantes heredados del fallido rescate bancario, fue nuevamente regalado por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y se agregó a la lista de bienes prácticamente regalados en subastas públicas.

Para corroborar lo anterior sólo basta recordar los casos SERFIN y Bancreser, instituciones cuyo costo de saneamiento y las finanzas públicas supero los 120 y 100 mil millones de pesos respectivamente y fueron vendidos en 19 mil millones de pesos y 9 mil millones de pesos cada uno.

Por ello la operación de CINTRA, conjuga por una parte la ineficiencia del IPAB para maximizar la recuperación de activos y con ello cumplir con su propia ley y por la otra, abre nuevamente la sospecha de que mediante el uso de información privilegiada; BBV-Bancomer obtuvo un gran beneficio en detrimento de la operación de venta de CINTRA y con ello disminuyó la posibilidad de reducir el costo fiscal del rescate bancario.

Para ello sólo basta hacer un breve recuento de los acontecimientos:

Cuando el 8 de febrero del 2005, en su calidad de accionista mayoritario de la empresa controladora Cintra, el IPAB decidió iniciar de manera formal el proceso de venta de las dos principales aerolíneas del país, (Mexicana y Aeroméxico) nunca imaginó que BBVA Bancomer en uso de información que pudiera ser considerada como “privilegiada” adelantaría la venta de sus acciones y con ello, pondría en graves problemas al Consejo de Administración de la controladora, en su estrategia de venta.

Hay que recordar que al mes de enero de 2005, la tenencia accionaría de CINTRA se encontraba distribuida de la siguiente manera: el gobierno mexicano controlaba casi el 60%, (el 46.5% estaba en manos del IPAB, el 10.2% en poder de la SHCP, y el 3.5% en manos de Nacional Financiera), Bancomer controlaba el 13.5%, Banamex el 9.7%, Scottiabank el 6.2% y se encontraban en manos del mercado aproximadamente el 10.4%.
Sin embargo, una vez que BBV-Bancomer en su calidad de accionista conoció de las intenciones de parte del Consejo de Administración de CINTRA de vender tanto a Mexicana como a Aeromexico, el 8 de febrero del 2005, optó por deshacerse de su participación en la empresa.

La decisión de BBV-Bancomer puede explicarse por dos razones:

1) Por que la estrategia de venta adoptada por el Consejo de Administración de CINTRA, buscaba vender a las empresas Mexicana y Aeromexico separadas y esto no le generó confianza a Bancomer.

2) Por que Bancomer sabía que el hecho de vender a las empresas Mexicana y Aeromexico por separado “disminuiría el precio de la acción, y con ello su porcentaje de la venta que como accionista de CINTRA le correspondía.

De esta manera, y de acuerdo con los registros de operaciones de la BMV, se observó que desde mediados de abril, tan sólo 2 meses después del anuncio de la venta de CINTRA, Bancomer vendió su participación en CINTRA que significaban aproximadamente 134 millones de acciones, que representaban el 13.5% del total.

Estas operaciones se realizaron a un precio de 8.10 pesos por acción, lo cual significó un ingreso para Bancomer de aproximadamente 1,805 millones de pesos.

Pero además la operación realizada por Bancomer, estableció “implícitamente” un piso mínimo al valor total de CINTRA, ya que si por 13.5% se habían obtenido 1,805 millones de pesos, el 100% de CINTRA se ubicaría en alrededor de 8,000 mil millones de pesos (800 millones de dólares).

Esta situación provocó problemas a la estrategia de venta adoptada por el IPAB, ya que con las aerolíneas vendidas por separado jamás alcanzarían un valor de 800 millones de dólares.

Sin embargo el IPAB decidió mantener su estrategia y se anunció como ganador de la subasta por Mexicana de Aviación al Grupo Posadas quién se hizo de esta aerolínea a un costo de 165.5 millones de dólares, (1,650 millones de pesos).

Esto nuevamente resulta absurdo y difícil de entender para los contribuyentes que se preguntan ¿ Cómo es posible que Bancomer con la venta de sólo el 13.5% de la acciones de CINTRA , haya obtenido más dinero que el IPAB al vender la totalidad de la línea aérea Mexicana de Aviación ?.

Pero eso no es todo, hay que recordar que el precio de la acción de CINTRA al que vendió Bancomer fue de 8.10 pesos y el valor actual de la acción de CINTRA es sólo de 4.57 pesos la acción.

Esto complico desde ese momento la operación futura de venta de Aeromexico haciendo que resultara prácticamente imposible que el IPAB pudiera vender en más de 200 millones de dólares a la otra línea aérea (Aeromexico) con lo “al final del día, CINTRA se habría vendido en aproximadamente 330 millones de dólares, cuándo pudo haber obtenido 800 millones de dólares.

Cabe destacar que esto no hubiese sucedido si Bancomer no hubiera actuado como lo hizo.

Sin lugar a dudas, la actitud asumida por Bancomer es una clara utilización de información privilegiada puesto que la decisión de vender sus acciones fue después de que en su calidad de accionista de CINTRA conocía perfectamente los planes de venta de la controladora así como las posibles dificultades que la estrategia adoptada enfrentaría, sin embargo resulta muy absurdo que a la CNBV no a la fecha no le haya llamado la atención, los movimientos realizados por Bancomer.

Más aún es obligación de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados llamar a cuentas a los funcionarios implicados en esta operación.

Hay que recordar que los ingresos que obtenga el IPAB, por estas ventas de activos tienen forzosamente que ser destinados a la disminución del costo fiscal del rescate bancario, y que por ley están obligados a maximizar la recuperación de activos, para disminuir el costo fiscal del rescate bancario.

Por ello en la operación realizada por el IPAB con CINTRA existen graves violaciones a la ley del IPAB y se debe presumir e investigar el uso de información privilegiada por parte de Bancomer, ya que todo esto ha disminuido las posibilidades de reducir el costo fiscal del rescate, haciendo más pasada la carga para los contribuyentes, lo que equivale nuevamente a lesionar el interés público.

Cabe mencionar que si el Consejo de Administración de CINTRA hubiera colocado las acciones de la controladora tal y como lo hizo Bancomer, los ingresos por esta operación hubiesen sido de aproximadamente 8,000 millones de pesos (800 millones de dólares), en vez de ello lo que recibió por Mexicana de Aviación, no representa ni siquiera el 10% de los recursos fiscales que serán destinados al IPAB en el Presupuesto de 2006.

El IPAB no recibió el dinero de la venta de mexicana:

A pesar de que el 20 de diciembre del año pasado, el Grupo Posadas pagó a CINTRA 165.5 millones de dólares por Mexicana de Aviación, el IPAB aún no recibe los recursos producto de dicha venta y por lo tanto estos no han podido destinarse a reducir el costo fiscal del rescate bancario, tal y como lo mandata la propia ley del IPAB.

Lo anterior se desprende del documento titulado “Consorcio Aeromexico: Proceso de Venta” el cual está en la propia página de Internet del Instituto.

Esta situación obedece a que el IPAB a nadie había informado que “el precio pagado por las acciones de Grupo Mexicana (Mexicana de Aviación), estaba sujeto a un mecanismo de “ajuste de precio” entre CINTRA y Grupo Posadas, que se pactò en el contrato de compra-venta.

Este mecanismo implica que Grupo Posadas llevará a cabo una auditoria a la situación de Mexicana de Aviación para determinar si el vendedor (CINTRA), le dijo “toda la verdad” sobre la situación financiera de Mexicana de Aviación o si esta tiene vicios ocultos que implicarían que el IPAB recibiera aún menos recursos por la venta de Mexicana de Aviación.

Es decir que el precio final por Mexicana de Aviación podría ser aún hasta un 15% inferior a los 165.5 millones de dólares, en los que supuestamente se subastó.

De esta manera de los 165.5 millones de dólares pagados por Grupo Posadas el 20 de diciembre, a la fecha el 85% de ellos (140.67 millones de dólares) todavía se encuentran en la Tesorería de Consorcio Aeromexico (antes CINTRA) y el restante 24.82 millones de dólares, se encuentran en un “fideicomiso de garantía” que servirá para llevar a cabo el “ajuste de precio y contingencias” que se podrían detectar en la mencionada auditaría que realiza el grupo posadas. Esto contraviene abiertamente la Ley del IPAB ya que el Instituto ya debió de haber aplicado esos recursos para reducir el costo fiscal del rescate bancario.

Es importante mencionar que al momento de su venta, el IPAB detentaba, es decir era el dueño del 46.5% de las acciones de CINTRA por lo que el ingreso que el IPAB recibiría y que debería de haber sido destinado a reducir el costo fiscal del rescate bancario era de aproximadamente 76.87 millones de dólares (800 millones de pesos), sin embargo dada esta situación los recursos podrían ser de hasta un 15% menos de lo originalmente proyectado.

La situación se complica aún mas ya que al estar depositados los recursos en la tesorería de Consorcio Aeromexico (antes CINTRA) el IPAB podría vender a Aeromexico con todo y esos recursos en su “caja” complicando aún más el seguimiento de los recursos pagados por el Grupo Posadas.

Al respecto conviene mencionar que de acuerdo a cifras de CINTRA, el grupo Aeromexico esta operando desde el 2003 con utilidades y también muestra recuperación en sus índices operativos, por lo que se nos vuelve a recordar que: en México, se socializan las pérdidas y se privatizan las utilidades.

Finalmente es pertinente mencionar que a pesar de que los recursos provenientes de la venta de mexicana de aviación no han sido ni siquiera determinados e ingresados al IPAB, los funcionarios que integran el Consejo de Administración de CINTRA cobraron “su jugoso y cuantioso bono especial que recibirán por haber llevado a cabo una venta tan exitosa”.

Al vender Aeromexico a Banamex, se violó la ley del IPAB:

La venta de Aeromexico se complicò y sobre todo con el interés que mostró Gastón Azcarraga, presidente actual de Mexicana de Aviación, por Aeromexico.

Lo anterior en virtud de que si a Gastón Azcàrraga le negaron el derecho de entrar a la subasta por Aeromèxico, la Comisión de Competencia (CFC) tiene que explicar las razones de negar la entrada a Gastón Azcarraga y el por qué no ha actuado de la misma manera en el caso de los Bancos.

Y es que de acuerdo con informes dados por la CFC, este organismo señalo que Gastón Azcarraga, no podía adquirir la aerolínea en virtud de que se generaría nuevamente un monopolio ya que (Mexicana y Aeromèxico) detentaría como mínimo el 38.8% del mercado aéreo total, pero este podría ser de más del 58%.

En este caso, la CFC tendría que explicar el por qué en el caso de los bancos, particularmente con BBV-Bancomer y Citygroup, quienes detentan aproximadamente el 50% del mercado, se ha actuado de manera tan flexible por este organismo regulador.

Lo anterior se complicó aún más ya que independientemente del monto que ofrecieran por el Consorcio Aeromexico, la familia SABA y BANAMEX, estaban impedidos por la ley del IPAB para adquirir mediante subasta o cualquier otra forma, algún activo proveniente del rescate bancario.

Por ello la Comisión de Vigilancia y la Auditoria Superior de la Federación están obligados a fincar responsabilidades a Maria Teresa Fernández, (Secretaria Ejecutiva del IPAB) y a la Junta de Gobierno del Instituto por aprobar la operación contraviniendo el marco jurídico del Instituto y las normas para vender activos.

Para corroborar lo anterior, solo basta señalar que el 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, en el cual se sustentarían todas las operaciones de venta de activos que realiza el Instituto.

De ahí que el propio IPAB y en cumplimiento del articulo décimo tercero transitorio. Emitió el Programa de Enajenación de Bienes en el cual estableció que:

El Programa de Enajenación de Bienes seria de aplicación obligatoria en los procesos de delegación de administración y/o enajenación de Bienes a que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Y en dicho programa se estableció que “No podrán constituirse como Oferentes y Adquirentes las personas que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos”:

viii) Personas físicas que en su carácter de accionistas de una Institución, que haya sido sujeta a programas de saneamiento financiero en términos del artículo Séptimo Transitorio de la Ley o implementados por el Instituto de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley, hayan formado parte del grupo de control de dicha Institución en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.

Lo anterior quiere decir que ni la familia SABA, ni Banamex, podìan entrar a la subasta, ni mucho menos adquirir Aeromexico, en virtud de que ambos fueron apoyados en su momento por el Fobaproa ya que este adquirió créditos o cartera de Banamex (véase Bank Report de Banamex) y también la familia SABA aparece dentro del Acta de Entrega del Fobaproa al IPAB como uno de los “originadotes de flujos en los Programas de Capitalización y Compra de Cartera” lo anterior consta en la información que se encuentra en la propia Cámara de Diputados, por lo que resulta absurdo que los legisladores se pronuncien y exijan transparencia en la operación, cuando ellos no se han pronunciado en torno a esta irregularidad.

Pero por si lo anterior no fuera suficiente, el articulo 64 de la ley del IPAB, establece que la enajenación de los bienes deberá ser mediante subasta pública o por licitación publica, siendo claro que en el caso de Aeromexico, lo que se ha hecho es una oferta pública de acciones a través de la bolsa de valores (oferta hostil), figura que no esta establecida en la ley del IPAB.

Articulo 64

La enajenación de los bienes será mediante subasta publica, a menos que por la naturaleza o condiciones de venta de los bienes específicos respectivos, la junta de gobierno considere que ese procedimiento no permita obtener las mejores condiciones económicas para el instituto, caso en el que la propia junta de gobierno podrá autorizar que las ventas se realicen por licitación publica con las reglas, términos y condiciones que la misma establezca.

En la enajenación de acciones representativas del capital de las instituciones, se seguirán los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior preferentemente con instituciones financieras.

Cuando se trate de la enajenación de bienes que, por sus características específicas, no sea posible la recuperación a valor de avalúo, debido a las condiciones imperantes en el mercado, la junta de gobierno podrá autorizar la enajenación a precio inferior. Esto, si a su juicio, es la manera de obtener las mejores condiciones de recuperación, una vez consideradas las circunstancias financieras prevalecientes.

De esta manera se puede concluir que la operación de venta de Aeromexico a Banamex, además de haber violado el marco jurídico del IPAB, representó una pérdida para las finanzas públicas y para los contribuyentes, más aún si consideramos que el costo para el Fobaproa-IPAB de haber saneado a estas empresas (Mexicana y Aeromexico; es decir CINTRA) fue de poco mas de 500 millones de dólares y después de casi 8 años se recuperaron sólo 350 millones de dólares.

Pero esta pérdida es mayor si consideramos que en el año 2000 Adalberto Palma, mejor conocido como el vocal “incomodo” del IPAB, recomendó que se explorara la posibilidad con la Comisión Federal de Competencia de vender junto y no separado a CINTRA, lo que hubiese generado ingresos por aproximadamente 1,500 millones de dólares, cifra casi 5 veces superior a lo que finalmente se obtuvo.

Finalmente conviene señalar que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Antonio Ortega Martínez, (hermano del aspirante a la Presidencia del PRD), está obligado a investigar minuciosamente no sólo la venta de Aeromexico, sino todo el fracaso para las finanzas públicas del caso CINTRA, más aún porque atrás de Banamex, se encuentran empresarios que apoyaron fuertemente la campaña de Felipe Calderón.

ANEXO 1:

ACTA DE LA SESIÓN 18 DE LA JGIPAB

Acto seguido, el Lic. Gustavo Castillo dio lectura a la nota “Cintra, S.A. de C.V.”

Al término de la presentación, el Lic. Alejandro Creel sugirió que la contratación de los terceros especializados que participarán en el diseño de las estrategias de venta de Cintra, S.A. de C.V. se hiciera en el marco de la resolución de la consulta de fecha 2 de octubre de 2000 dictada en el expediente CON-29-2000 por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia.

Al respecto, el Lic. Gustavo Castillo precisó que se trataría de un procedimiento de invitación restringida.

El Dr. Carlos Noriega y el C.P. Mario López Araiza señalaron que el Instituto debía hacer explícito su acatamiento a la resolución de este órgano desconcentrado.

En cuanto a la resolución misma, el Dr. Carlos Noriega apuntó que era importante ya no retrasar la venta para evitar que continúe el deterioro de la empresa y permitir su sano desarrollo.

Por su parte, el Ing. Adalberto Palma dio lectura a una serie de consideraciones sobre el pronunciamiento de la Comisión Federal de Competencia, a saber:

“1. Recordemos que conforme a la Ley que rige al Instituto es nuestra obligación tutelar por una sana administración del activo y proceder a la venta de los bienes al mejor precio posible.

2. En este orden de ideas, es necesario que el Instituto contrate un asesor financiero independiente que determine las distintas opciones de venta de Cintra, S.A. de C.V., conforme a criterios generales de negocio y que permita al Instituto cumplir con su Ley.

3. El oficio expedido por la Comisión Federal de Competencia si bien es cierto tiene el carácter de consulta, impone un criterio en el proceso de venta, ya que textualmente dice: ‘que la opción de venta conjunta y de dejar sin efecto las resoluciones dictadas en los expedientes CNT-25-95 y RA-21-95 de la Comisión Federal de Competencia, relativos a Cintra y Subsidiarias, consolidaría una concentración de las prohibidas por la Ley Federal de Competencia.’

Por ende, no obstante que en principio se puede sostener que no causa un agravio directo al Instituto por ser una consulta. Sin embargo, no podemos soslayar que limita las opciones de venta de nuestro activo. Y por tanto, ese hecho puede en sí mismo tener el sustento de un agravio al IPAB.

4. En base en lo anterior manifiesto que en mi opinión la Junta de Gobierno debe pronunciarse a favor de que el Secretario Ejecutivo estudie los medios de impugnación disponibles al Instituto a fin de que, de ser procedente, se promueva acción de amparo y con ello evitar que se nos limiten las opciones de venta.

5. A mayor abundamiento propongo que se analice con cuidado el tema del acto consentido para que no caigamos en el supuesto de que en un futuro sea improcedente una acción de amparo en contra de una resolución que expida la Comisión Federal de Competencia, lo cual implicaría un serio daño al interés jurídico del Instituto en el tema de Cintra.

6. Finalmente no podemos dejar de considerar el hecho de que eventualmente el Congreso de la Unión a petición de la Comisión de Comunicaciones y Transportes nos podría solicitar una explicación del tema de la Comisión Federal de Competencia.

” El Lic. Alejandro Creel solicitó incluir otros argumentos en apoyo a la decisión de acatar la resolución de la Comisión Federal de Competencia: evitar el deterioro de la empresa, el tiempo transcurrido con la empresa en medio de conflictos, y el respeto a las decisiones de las autoridades en la esfera de su competencia.

Por último, el Sr. Julio César Méndez inquirió a los presentes sobre la conveniencia de invitar a Bancomer, S.A. y al Banco Nacional de México, S.A., en su calidad de accionistas de Cintra, S.A. de C.V., a un grupo de trabajo que estudiaría la enajenación de las acciones representativas del capital social del consorcio.

Sobre el particular, el Lic. Carlos Isoard se pronunció por la conveniencia de la participación de esos accionistas, sujeto al establecimiento de reglas para evitar conflictos de interés; a su vez, el Ing. Adalberto Palma sugirió que habida cuenta que aún no se definía la naturaleza y alcance del grupo de trabajo, se estudiara el tema en una sesión posterior.

Discutido lo anterior, con el voto en contra del Ing. Adalberto Palma Gómez los presentes adoptaron el siguiente:

Acuerdo IPAB/JG/00/18.7

Con fundamento en los artículos 61 a 64, 68 fracción XIII y 80 fracciones VI a VIII de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y 14 fracciones VI, XXVIII a XXX del Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; la Junta de Gobierno: (i) acata el contenido y alcance de la resolución de la consulta de fecha 2 de octubre de 2000 dictada en el expediente CON-29-2000 por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, sobre la consulta de fecha 31 de agosto de 2000 realizada por los representantes legales de Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple; del Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple; de Nacional Financiera, S.N.C.; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de este organismo público descentralizado; (ii) autoriza la selección mediante invitación restringida de los terceros especializados que coadyuvarán en el diseño del esquema que permita obtener el máximo valor de recuperación posible de Cintra, S.A. de C.V. en el marco de la resolución de la consulta dictada por la Comisión Federal de Competencia; y (iii) instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que se sometan a la consideración del órgano de gobierno los posibles esquemas de enajenación de Cintra, S.A. de C.V.

GRAVES INCONSISTENCIAS EN LA LEY DE INGRESOS APROBADA POR LA COMISION DE HACIENDA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
16 de octubre de 2007

El dictamen de la Ley de Ingresos para 2008 aprobado por la Cámara de Diputados, presenta graves inconsistencias que muestran que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público no tiene la menor idea de cómo responderán los cambios fiscales promovidos por el equipo económico de Agustin Carstens.

Para corroborar lo anterior sólo basta señalar que los diputados nuevamente han manipulado la formula del precio del petróleo para obtener los ingresos necesarios para cumplir con las demandas presupuestarias de los diversos sectores, aún y cuando en la práctica los recaudación proyectada no se observe en la realidad.

Así por ejemplo, el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda prevé obtener 152 mil 532.6 millones de pesos más que en la iniciativa de ley de ingresos que envió Calderón el 8 de septiembre del presente año y que no incluía, el incremento de impuestos a través del IETU, del IDE y del incremento a la gasolina.

De ésta manera y de acuerdo con el dictamen aprobado, se proyecta obtener para el 2008, ingresos totales por 2 billones 569 mil 450.2 millones de pesos, cifra superior en 152 mil 532.6 millones de pesos a la iniciativa original.

Sin embargo, si revisamos el origen de estos mayores ingresos se puede observar que 69 mil 687.5 millones de pesos, serán producto de la aplicación del nuevo impuesto llamado Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), 2 mil 906.3 millones de pesos, provendrán de la aplicación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), 64 mil 539.2 millones de pesos provendrán del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el resto tendrá como origen, los ingresos petroleros debido a la revisión a la alza en el precio del petróleo de exportación.

Es importante mencionar que en el dictamen aprobado no se encuentran claramente reflejados los ingresos que se obtendrán por el incremento en el precio de la gasolina, ya que en la iniciativa original la recaudación por concepto del IEPS de gasolina y diesel se proyectaba en 10 mil 353.4 millones de pesos y en el dictamen aprobado por los diputados se observa una recaudación de 12 mil 348.3 millones de pesos, es decir sólo 2 mil millones de pesos más. Es decir los datos muestran que de los 152 mil 532.6 millones de pesos de “ingresos adicionales” previstos por los legisladores más de la mitad se explican por ajustes en la ley de ingresos y no por la reforma fiscal tanto celebrada por Calderón y Carstens. Lo anterior se observa claramente si consideramos que como por “arte de magia” la recaudación del Impuesto sobre la Renta se incrementará en 64 mil 539.2 millones de pesos, la del Impuesto al Valor Agregado en 11 mil 494.8 millones de pesos y los ingresos propios de PEMEX en 35 mil 278.5 millones de pesos debido al incremento en el precio de exportación del crudo.

El caso del IETU:

Es importante señalar que de acuerdo con la ley del IETU se ha establecido que las empresas tendrán que hacer el cálculo de este nuevo impuesto y si resulta más alto que el impuesto sobre la renta (ISR), pagarán el IETU, sin embargo si es el ISR el que resulta más alto, pagarán este último, sin embargo esta situación no se encuentra reflejada en el dictamen aprobado por los diputados, ya que se observa que con la aplicación del IETU, existe también un incremento en la recaudación del ISR .

LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DEBE TRANSPARENTAR SU GASTO, SI ES QUE VERDADERAMENTE REQUIERE MAS PRESUPUESTO PARA 2008

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Octubre 13 de 2007

La Secretaria de la Defensa Nacional, debería primero transparentar su gasto si es que en verdad requiere un mayor presupuesto para 2008, lo anterior en virtud de que de acuerdo a los datos proporcionados en el Proyecto de Presupuesto se observa que podría existir una “sobrestimación en los gastos por concepto de servicios personales” de más de 12 mil millones de pesos.

Para corroborar lo anterior hay que señalar que de los 34 mil 711.9 millones de pesos presupuestados para el próximo año para la SEDENA, el 85.1% corresponderán al pago de servicios personales (sueldos de los militares), al ascender a 29 mil 538.1 millones de pesos, los gastos proyectados para este concepto.



De esta manera, si revisamos el analítico de plazas y percepciones de la SEDENA se observa de acuerdo a la información entregada a los diputados, existen en dicha dependencia 199 mil 545 plazas, de las cuales, 45 corresponden a Generales de División, 150 plazas a Generales de Brigada, 342 a Generales Brigadier, 760 plazas de Coronel, 2,966 de Mayor, 30,614 de Cabo, y así sucesivamente hasta llegar a 67, 561 plazas de soldados.

Sin embargo, se observa que por ejemplo, los Generales de División, perciben un sueldo bruto anual de 113 mil 068 pesos, es decir 9 mil 422 pesos mensuales más prestaciones brutas por 193 mil 312 pesos anuales, es decir 16 mil 109.3 pesos mensuales, por ello, de según la información contenida en el presupuesto de egresos, la percepción total bruta mensual para un General de División para el próximo año sería de 25 mil 531.7 pesos.

De tal manera que si multiplicamos las percepciones totales de los Generales de División por el numero de plazas que se tienen de esa jerarquía, se obtiene que la nómina de la SEDENA para los Generales de División en el 2008 será de 13 millones 787 mil 100 pesos.

Así si realizamos el cálculo de la nómina para cada rango militar se obtiene que el pago a los 760 Coroneles 177 millones 519 mil 280 pesos, que el pago a los 67,561 soldados será de 4 mil 462 millones 944 mil 538 pesos y el pago de las 197 mil 345 plazas que se tienen con rango militar, generará una nómina total de 17 mil 360 millones 590 mil 830 pesos.

Cabe destacar que esta nomina obtenida con los datos contenidos en el Presupuesto de Egresos para 2008, resulta inferior en 12 mil 148 millones de pesos, al gasto por concepto de servicios personales que se incluye en el Presupuesto asignado a la SEDENA para 2008 (29 mil 538.1 millones de pesos).



De lo anterior se desprende que los gastos en servicios personales se han sobrestimado en el Presupuesto de 2008, y sólo bastaría realizar un reasignación presupuestaria para que la SEDENA adquiera el equipo militar que le hace falta (radares, aviones, humvies, etc) o bien las percepciones de los altos mandos militares (Generales, Coroneles, Tenientes y Mayores) son muy superiores a lo que se ha informado en el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, y por ello es necesario que se asignen 7 mil millones de pesos adicionales a la SEDENA para adquirir el equipo que se requiere.

Es claro que en cualquiera que sea el caso, los diputados tienen la obligación de solicitar a la SEDENA una mayor transparencia e información respecto a las asignaciones del gasto que realiza la Defensa Nacional.

Ya que para muchos nos parece absolutamente increíble que la percepción mensual de un General de División, de Brigada o Brigadier, sea de aproximadamente 25 mil pesos mensuales, o bien que la nómina del ejercito se de casi 30 mil millones de pesos.

Cabe destacar que la información contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, nos permite concluir, que el incremento de 40% en los sueldos de “la tropa” ofrecido por Felipe Calderón en el 2007 nunca se materializó y que buena parte de este, si es que se otorga en el 2008, provendrá de los 7 mil millones de pesos adicionales que está solicitando la SEDENA y que equivalen a la totalidad de los ingresos adicionales obtenidos por haber revisado a la alza en 1 dólar, el precio del petróleo proyectado para el próximo año.

LAS DECLARACIONES DE AGUSTIN CARSTENS EN TORNO A LA REFORMA TRIBUTARIA MUESTRAN SU FRACASO AUN ANTES DE ENTRAR EN VIGOR:

LE VUELVEN A DAR LA RAZON AL GOBIERNO LEGITIMO DE AMLO

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Octubre 10 de 2007

A menos de un mes de que con el apoyo del PRIAN fue aprobada la reforma tributaria en el Congreso, que incluyó la creación de nuevos impuestos -incluyendo el gasolinazo-, Agustín Carstens Carstens planteó este martes que “va a ser indispensable” fortalecer la recaudación a través de los impuestos al consumo y a la renta.

Lo anterior resulta absurdo, incomprensible y refleja el fracaso de las propuestas que el mismo impulsó ante los diputados, en virtud de que parte central del “proyecto” promovido por Carstens, lo constituye el impuesto denominado “IETU” el cual a decir de el mismo busca sustituir en el corto plazo al Impuesto Sobre la Renta (ISR), de ahì que resulta absolutamente contradictorio, que ahora pretenda fortalecer al ISR, que es un tributo que hace menos de 2 meses el pretendía sustituir.

Por ello, la única manera de incrementar la recaudación en el país de forma estructural y sustancial, es con la eliminación de los regímenes fiscales especiales en la Ley del Impuesto sobre la Renta, tal y como lo ha planteado el Gobierno Legítimo de Andrés Manual López Obrador y lo propuso formalmente en la Cámara de Diputados el 24 de abril del año en curso.

De esta manera, por un lado, Agustin Carstens ya se está curando en salud, respecto de la cadena de incrementos en las tarifas de servicios públicos que el Gobierno tiene previsto realizar el próximo año, dentro de los que se encuentran, la gasolina, el gas y la electricidad y también busca empezar a generar los apoyos de los legisladores para insistir con el asunto del IVA a los Alimentos y las Medicinas.

Por otro lado, Carstens está previendo ya, los amparos que promoverán las personas físicas y morales, las profesionistas independientes y los pequeños contribuyentes ante el Impuesto Empresarial a Tasa Única y ante el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), que el mismo promovió hace menos de dos meses.

Agustín Carstens olvida que no podrá haber reforma fiscal que alcance mientras los grandes grupos económicos no paguen impuestos y mientras que el gobierno no reduzca el excesivo gasto público superfluo.

Prueba de ello, es que de acuerdo a los datos de la propia dependencia a su cargo de mientras que entre agosto del 2006 y agosto del 2007, los ingresos tributarios se incrementaron en 59 mil 834 millones de pesos, el gasto corriente del gobierno registro un incremento de 52 mil 460.8 millones de pesos, de los cuales, 16 mil 111 millones de pesos fueron por concepto de servicios personales (sueldos) y únicamente 195.4 millones de pesos fueron para inversión física, es decir gasto de infraestructura.

Es conveniente recordar que teóricamente para definir un cambio “estructural” en una reforma fiscal es necesario que exista una redefinición o cambio de jerarquía en los principios tributarios, otorgando atención prioritaria al principio de proporcionalidad, equidad, eficiencia económica y de sencillez y transparencia en las figuras impositivas, estimulando la movilidad de los factores productivos y la competitividad empresarial.

Es claro que la reforma tributaria promovida por Carstens recientemente y aprobada por los legisladores PRIANISTAS no contiene ninguna característica que la pueda definir como una reforma estructural, y si contiene muchos elementos que van a ser posible la interposición de múltiples AMPAROS.

Otra vez el culpable es el de afuera (o ¡nuevamente son cuentos chinos!)

Mario Di Costanzo*

Si es que la memoria no me falla, el 6 de mayo del año en curso, en esta misma sección, comenté entre otras cosas que tanto Agustín Carstens como aquel que se hizo llamar el “presidente de la estabilidad y el empleo” habían sido incapaces de reactivar la economía y a lo anterior se estaba sumando el repunte en el crecimiento de los precios.

Añadí que esta incapacidad de acción se había querido explicar diciendo que, al igual que hace siete años, la economía estadunidense estaba en un “bache” y que ahora amenazaba con tener una gripa que le originaria una pulmonía a la economía mexicana.

Lo anterior viene a colación porque tanto Felipe Calderón como Carstens han mencionado que el gobierno no es culpable del incremento actual de los precios, ya que este desmesurado crecimiento y en especial el de los alimentos obedece a que en el mercado internacional se ha registrado una mayor demanda de productos y ello ha provocado que su precio se eleve.

Sin lugar a dudas, y contrario a lo que señala el equipo de Calderón, el gobierno federal sí es culpable de los incrementos en los precios de los principales productos alimenticios, ya que si bien es cierto que a nivel internacional se ha generado una mayor demanda, también lo es que las autoridades en nuestro país han hecho todo lo posible por perjudicar al campo mexicano.

Para corroborar lo anterior basta señalar que a pesar de que en los últimos siete años el presupuesto ejercido por la Sagarpa se ha venido incrementando, éste ha sido fundamentalmente para ser destinado a gastos que no tienen un impacto tan directo en la producción, como son: los gastos de operación de la propia secretaría; o proyectos relativos a la docencia; o el programa de empleo temporal que, no obstante ser partes complementarias de la cadena productiva, tienen poco impacto sobre la producción de alimentos y en especial de granos básicos, como sería el Procampo.

Así, por ejemplo, se puede observar que del presupuesto para 2007 que será ejercido por la Sagarpa menos del 27 por ciento será canalizado al Procampo.

Más aún, es posible afirmar que el incremento real que durante los últimos siete años ha tenido el presupuesto de la Sagarpa obedece fundamentalmente a gastos diferentes a los dirigidos al fortalecimiento de la producción, ya que éstos han registrado un crecimiento promedio real anual de 18.2 por ciento del 2000 a la fecha, mientras que los recursos canalizados a Procampo apenas han registrado un crecimiento promedio real anual de sólo 1.66 por ciento.

Este olvido presupuestario ha tenido su impacto en los resultados relativos a la superficie cultivada, a la producción de granos básicos y, por consiguiente, en la soberanía alimentaria de nuestro país.

Así, mientras que en 1985 la superficie total cultivada en el país fue de 15.5 millones de hectáreas, para 2007 será de sólo 12.9 millones de hectáreas, es decir que 2.5 millones de hectáreas se han quedado sin cultivar y de éstas 1.4 millones de hectáreas corresponden a espacios que eran destinados para cultivar granos básicos.

La menor superficie cultivada ha provocado que el déficit en materia de granos básicos se haya ido incrementando desde hace muchos años y así, mientras que en 1985 el déficit de granos básicos era de 4.1 millones de toneladas, para 2007 se estima que será de casi 12 millones de toneladas.

Es claro que el resultado de la errónea estrategia que se ha seguido y se continúa en materia agrícola ha provocado que el producto interno bruto del sector para 2007 sea inferior al obtenido en 2004.

Cabe destacar que al mes de julio las importaciones de maíz crecieron en promedio 34 por ciento, con lo que ascendieron a más de mil 565 millones de dólares, impulsados por el incremento de más de 30 por ciento en el precio por tonelada de este grano, que se ubicó en 147 dólares.

Desafortunadamente el campo no es el único afectado, ya que nuestro país, a pesar de contar con una vasta superficie y recursos naturales, también importa carne en canal, huevo, pollo, además de gasolina, gas natural, productos petroquímicos y fertilizantes entre otros.

Al respecto conviene señalar que el fertilizante, que es un derivado del petróleo, lo tenemos que traer de fuera y representa el 20 por ciento en el costo de producción del maíz, producto que a su vez importamos porque en Estados Unidos es más “barato”; ello debido a que en ese país se subsidia al campo y los fertilizantes son baratos.

Por ello el gobierno es absolutamente responsable de esta situación, el destino nos alcanzó y nos está cobrando los muchos años del olvido presupuestario al campo, a la producción y al mercado interno.

Son estos los verdaderos intereses y costos que estamos pagando por el ilegal Fobaproa, por el rescate carretero, por los Pidiregas y por no haber aprovechado los excedentes petroleros debido a la corrupción, la malversación y la negligencia presupuestaria de no atender al campo.

Por su parte, Calderón y Carstens son totalmente responsables de esta situación, al continuar con esta política económica que sólo ha destruido al país, a su economía y a su mercado interno.

Son responsables también por echarle “gasolina al fuego” con el llamado gasolinazo, ya que el hecho de que los asiáticos consuman más alimentos y por ello los precios de éstos se incrementen, nos vuelve a sonar como un cuento chino, diseñado para esconder la verdadera responsabilidad del gobierno ante esta situación.

*Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo

LA VENTA DE AEROMEXICO SE COMPLICA, LA LEY DEL IPAB IMPIDE QUE LA FAMILIA SABA Y BANAMEX PUEDAN ADQUIRIR AEROMEXICO

Y LA CFC TEME QUE CON GASTON AZCARRAGA SE PUEDA GENERAR UN MONOPOLIO

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

La venta de Aeromexico se complica cada día más y sobre todo con el interés que ha mostrado Gastón Azcarraga, presidente actual de Mexicana de Aviación, por Aeromexico.

Lo anterior en virtud de que si a Gastón Azcàrraga le fuere negado el derecho de entrar a la subasta por Aeromèxico, la Comisión de Competencia (CFC) tendría que explicar las razones de negar la entrada a Gastón Azcarraga y el por qué no ha actuado de la misma manera en el caso de los Bancos.

Y es que de acuerdo con informes dados por la CFC, este organismo ha señalado que Gastón Azcarraga, no puede entrar a la subasta en virtud de que si resultara el ganador de la aerolínea, el consorcio que se generaría nuevamente (Mexicana y Aeromèxico) detentaría como mínimo el 38.8% del mercado aéreo total, pero este podría ser de más del 58%.

En este caso, y de manera adicional la CFC tendría que explicar el por qué en el caso de los bancos, particularmente con BBV-Bancomer y Citygroup, quienes detentan aproximadamente el 50% del mercado, se ha actuado de manera tan flexible por este organismo regulador.

Lo anterior se complica aún más ya que independientemente del monto que ofrezcan por el Consorcio Aeromexico, la familia SABA y BANAMEX, están impedidos por la ley del IPAB para adquirir mediante subasta o cualquier otra forma, algún activo proveniente del rescate bancario y si así lo hicieren la Comisión de Vigilancia y la Auditoria Superior de la Federación estarían obligados a fincar responsabilidades a Maria Teresa Fernandez, (Secretaria Ejecutiva del IPAB) y a la Junta de Gobierno del Instituto por aprobar la operación contraviniendo el marco jurídico del Instituto y las normas para vender activos.

Para corroborar lo anterior, solo basta señalar que el 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, en el cual se sustentarían todas las operaciones de venta de activos que realiza el Instituto.

De ahí que el propio IPAB y en cumplimiento del articulo décimo tercero transitorio. Emitió el Programa de Enajenación de Bienes en el cual estableció que:

El Programa de Enajenación de Bienes seria de aplicación obligatoria en los procesos de delegación de administración y/o enajenación de Bienes a que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Y en dicho programa se estableció que “No podrán constituirse como Oferentes y Adquirentes las personas que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos”:

viii) Personas físicas que en su carácter de accionistas de una Institución, que haya sido sujeta a programas de saneamiento financiero en términos del artículo Séptimo Transitorio de la Ley o implementados por el Instituto de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley, hayan formado parte del grupo de control de dicha Institución en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.

Lo anterior quiere decir que ni la familia SABA, ni Banamex, pueden entrar a la subasta, ni mucho menos adquirir aeromexico, en virtud de que ambos fueron apoyados en su momento por el Fobaproa ya que este adquirió créditos o cartera de Banamex (véase Bank Report de Banamex) y también la familia SABA aparece dentro del Acta de Entrega del Fobaproa al IPAB como uno de los “originadotes de flujos en los Programas de Capitalización y Compra de Cartera” (véase anexo) lo anterior consta en la información que se encuentra en la propia Cámara de Diputados y en la que la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno Legitimo ha hecho pública en su sitio de Internet.

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Vicente Fox mintió como Candidato, como Presidente y ahora lo hace como Ex presidente

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Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
Octubre 3 de 2007

- Debe ser Juzgado por Traición a la Patria y por Violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

- Cobró dos veces (2005 y 2006) el Seguro de Separación Individualizado

Vicente Fox debe ser juzgado no sólo por enriquecimiento ilícito sino por negligencia, perjurio y traición a la patria, ya que de las declaraciones patrimoniales del ahora expresidente, se observa que no sólo engaño a la gente como candidato, sino también como Presidente de la República falseo sus declaraciones patrimoniales aún y cuando estas se hacen “bajo protesta de decir verdad”, ya que además del desmesurado incremento en su patrimonio, se observan acciones que de por si constituyen delitos de orden administrativo y penal.

Fox el Candidato (1999):

En octubre de 1999, se informó que, de acuerdo a la información proporcionada por Enrique Vilatela, en ese entonces Director General de Bancomex, la familia FOX tenía un adeudo por 3 millones 121 mil dólares y que el Bancomext les reestructuro dicho pasivo para quedar en 440 mil dólares, (sólo el 14% de lo que recibieron).

Adicionalmente se señaló que los adeudos totales de la familia FOX, con seis bancos ascendían a 12 millones 198 mil dólares, de los cuáles 5 millones 211 mil dólares se encontraban ya en el FOBAPROA.

Fue entonces cuándo Cristóbal FOX, reconoció que lo anterior era cierto, sin embargo "Vicente había tomado la decisión de retirarse de las empresas dónde detentaba el 20% de las acciones.

Lo anterior fue lo que origino que el 5 de junio del 2000, cuando Vicente Fox era aún candidato, su apellidó apareció en una lista de más de 700 personas y empresas, que figuraban en un anexo del Acta de Entrega del Fobaproa al IPAB y que estaban denominados como "activos" originadores "flujos" en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

A consecuencia de ello, diputados federales del PRD enviaron una carta solicitando a Vicente Corta, quién ese entonces se desempeñaba como Secretario Ejecutivo del IPAB, la ampliación de la información proporcionada por dicho instituto, en torno a dichas listas en las que figuran entre otros muchos, los apellidos de los candidatos a la Presidencia de la República por parte del PRI y del PAN.

A partir de entonces, el candidato PANISTA publico sus declaraciones patrimoniales y señalo públicamente que ya no era accionista de las empresas de su familia y que si tenía algún crédito en Fobaproa, lo desconocía.



Evidentemente Vicente FOX, mintió en sus afirmaciones por las siguientes razones:

1.- Las operaciones del Programa de Capitalización y Compra Cartera, fueron realizadas principalmente durante 95, 96,97, debido a que como su nombre lo indica fue un intento desesperado de las autoridades para capitalizar a los bancos que a la postre quebraron.

2.- Vicente Fox, sabía que estaba en Fobaproa, del cuadro se observa que él fuè socio de las empresas entre 1995 y 1997.

3.- Aún más, si una parte de los créditos recibidos por la familia Fox, tal y como lo acepto su hermano (5 millones 211 mil dólares) estaban en Fobaproa, y a decir de Cristóbal FOX, el Grupo Fox fue víctima también de la crisis, como muchas empresas nacionales, ¿Por Qué Vicente Fox, declaro públicamente que durante 1995, 1996 y 1997 recibió casi un millón de pesos como participación de utilidades del grupo al que pertenecía y que fue víctima de la Crisis?

4.- Si Vicente Fox recibió durante esos tres años un millón de pesos y detentaba el 20% de grupo Fox, implica que el grupo obtuvo utilidades durante esos tres años por alrededor de 5 millones de pesos y sin embargo dejó de pagar, para que su deuda fuera absorbida por el Fobaproa.

5.- Sin embargo Cristóbal y Vicente Fox señalaron en su momento, que para 1999 el candidato Panista ya no forma parte del grupo, pero Vicente Fox, en su declaración patrimonial estableció que para 1998 y 1999 recibió aproximadamente 108 mil pesos, producto de regalías , intereses y dividendos.

6.- Cabe recordar que de acuerdo a los Principios más básicos de Contabilidad, los dividendos son "las cuotas que al distribuir las ganancias de una compañía por acciones, corresponde a cada acción".

Fox como Presidente:

Declaración Patrimonial del 2001:

7.- En su declaración patrimonial del 2001, ya como Presidente de la República Vicente Fox, declaró ingresos adicionales por 60 mil pesos provenientes a una “actividad industrial o comercial”,

Es pertinente señalar que resulta ilegal que un Presidente de la República, tenga alguna actividad comercial o industrial, distinta a la de gobernar un país, más aún y cuando el derecho público establece que la autoridad sólo puede hacer aquello que expresamente le marca la ley, y el artículo 89 de la Constitución Política, no le otorga facultades al Presidente para tener actividades industriales o comerciales, distintas a las de gobernar al paìs.

Declaración Patrimonial del 2002:

8.- En su declaración patrimonial del 2002, Vicente Fox, vuelve a reportar ingresos por su participación en la empresa llamada “El Cerrito” lo que vuelve a constituir una grave falta ya que la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

Más aún el reporto en ese año un ingreso adicional de 572 mil 531 pesos, por concepto de “seguro de ahorro”, cabe destacar que en el Manual de Percepciones o Clasificación del Gasto Público, no existe ningún concepto relativo al “seguro de ahorro” y ninguna Aseguradora Comercial, vende un “seguro de ahorro”

(LFRASP)

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

XI.- Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Cabe destacar que esta violación de ley se repite en virtud de que mantiene su participación en empresas hasta 2004.

Declaración Patrimonial de 2003:

9.- En su declaración patrimonial de 2003, Vicente Fox, no reporto sus ingresos de manera ilegal si se revisa la declaración patrimonial entregada a la Secretaria de la Función Pública se observa que no se encuentran reportados sus ingresos de ese año, lo que constituye una violación a la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Declaración Patrimonial de 2004:

10.- En su declaración patrimonial de 2004, Vicente Fox, reporta ingresos por casi 3 millones de pesos, provenientes del reembolso de su participación en la empresa “DE EL CERRITO” y “otros” ingresos por 691 mil 328 pesos de los cuales no explica su procedencia.

Lo anterior implica que realmente fue hasta el 2004, cuando finalmente Fox dejó de participar ilegalmente (debido a la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos) en esta empresa.

Declaración Patrimonial de 2005:

11.- En su declaración patrimonial de 2005, Vicente Fox, reportó ingresos provenientes del Seguro de Separación Individualizado de los Servidores Públicos (el mismo que AMLO ha pedido que desaparezca) por 290 mil 539 pesos, lo verdaderamente absurdo e ilegal, es que Vicente Fox, no se separo de “ningún encargo” puesto que continuó como “funcionario público” un año más.

Declaración Patrimonial de 2006:

12.- En su declaración patrimonial de 2006, Vicente Fox, volvió a reportar ingresos provenientes del Seguro de Separación Individualizado de los Servidores Públicos, pero esta vez ascendieron a 267 mil 295 pesos, lo que sugiere que cobró esta prestación (“prebenda”) 2 veces, lo que constituye otra grave ilegalidad.

(Se Adjuntan Declaraciones Patrimoniales en archivo .zip)

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