NUEVO NEGOCIO ESCONDIDO PARA ELBA ESTHER EN LA LEY DEL ISSSTE QUE APROBARON LOS DIPUTADOS DEL PRIAN

Lic. Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública

El descuido de los diputados PRIANISTAS al haber aprobado el día de ayer la ley del ISSSTE abrió automáticamente la posibilidad de un nuevo negocio para Elba Esther Gordillo y para Joel Ayala en materia de créditos hipotecarios y recuperación de cartera.

Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que el artículo 167 de la ley aprobada el jueves pasado por los diputados, establece que será el propio ISSSTE quién administrará el Fondo para la Vivienda, esto en otras palabras significa que la desaparición virtual del FOVIIISTE, siendo el ISSSTE a través de una Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, quien operará y decidirá el manejo de los créditos y los fondos para la vivienda de los trabajadores.

Sin embargo el artículo 170 de la Ley, establece que serán 15 los miembros integrantes de esta Comisión; 7 representantes de los trabajadores, el director del Instituto, un vocal propuesto por este último, 2 representantes de la SHCP, 1 de Sedesol, 1 de la STPS, 1 de la Función Pública, y uno de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda.

Por ello esta Comisión Ejecutiva de la Vivienda, tiene los mismos vicios que la Comisión Ejecutiva que manejará las Pensiones, los diputados no se percataron de que en su composición de 15 miembros la maestra Elba Esther tiene de facto nuevamente la mayoría en esta Comisión de Vivienda.

Sin embargo, al desaparecer Fovissste, y en virtud de lo establecido en el artículo 189 de la Ley, será el Banco de México, quién lleve las cuentas de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y por lo tanto de lo que haya quedado de Fovissste.

En este sentido es importante señalar que actualmente existen grupos organizaciones que han sido privilegiados por ser protegidos de Elba Esther Gordillo y que adeudan importantes cantidades de dinero a Fovissste mismas que se estiman en 25 mil millones de pesos, que podrían desaparecer de la misma manera en que se desaparecieron los adeudos de muchos personajes importantes en el rescate bancario, durante el proceso de intervención de los bancos (bancos intervenidos por la CNBV).

Sin embargo lo mas grave es que el propio articulo 189, establece la posibilidad de que la cartera de vivienda se bursatilize, y al bursatilizarse originará que los créditos otorgados y que presenten algún atraso puedan ser cedidos a “administradoras de cartera” como ha sucedido con los deudores de la crisis bancaria, y que estas administradoras lucren con la deuda de los trabajadores al servicio del estado.

Hay que recordar que las administradoras de cartera, han adquirido los derechos de cobro por parte del IPAB en promedio al 13% de su valor, y le han cobrado a los deudores más del 100% al sumar a estos adeudos los intereses moratorios y la usura.

Pero también puede suceder que la cartera (adeudos) de estos grupos privilegiados tienen con Fovissste, lleguen a la Comisión Ejecutiva de Vivienda y sean declarados como fondo perdido o bien pasen al Banco de México y sean bursatilizados, para que a su vez sean adquiridos por una “administradora” que en colusión u afín a los intereses de Elba Esther, sea la encargada de revenderlos a los deudores privilegiados originales, pero a un valor sustancialmente inferior a la deuda actual.

Así, esta situación abre una gama de posibilidades a través de las administradoras de cartera o quizás también con SOFOLES para que Elba Esther siga cobrando las facturas del 2 de julio, y por otro lado deja en situación de indefensión total a los trabajadores que se atrasen en sus pagos.

Por otro lado, también hay que observar que el propio artículo 189, establece la facultad discrecional de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que determine en que tipo de valores se van a invertir los ahorros del Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado, en tanto no sean utilizados, ya que textualmente en su segundo párrafo señala textualmente lo siguiente:” La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que los recursos del Fondo de la Vivienda se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que sean de alta calidad crediticia, o se bursatilice la cartera del Fondo de la Vivienda”.

Lo anterior refuerza el carácter confiscatorio de los ahorros de los trabajadores por medio de la Ley del ISSSTE, en favor de los intereses particulares del Gobierno Federal, en virtud de que dichos valores pueden ser desde un Certificado de la Tesorería (CETES) hasta la emisión de un Bono para Construcción de Carreteras o para exploración profunda de petróleo, los cuales no son necesariamente inversiones seguras para los trabajadores.

El hecho es que los Senadores de la República, no sólo deben de revisar el Consejo de Gobierno del Pensionissste, sino del propio ISSSTE de las Comisiones creadas por la propia Ley, como la Comisiòn Ejecutiva de Vivienda aunque lo mas conveniente para todos los contribuyentes y en especial para los trabajadores del Estado, es que la Ley fuera totalmente replanteada en todos sus términos, pensiones, prestaciones sociales y atención médica.

Elba Esther Gordillo y Joel Ayala los beneficiados con la PENSIONISSSTE

PENSIONISSSTE DARA A ELBA ESTHER GORDILLO Y A JOEL AYALA LA POSIBILIDAD DE TENER A SU DISPOSICION 160 MIL MILLONES DE PESOS PARA ARRIESGAR LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Lic. Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo

La reforma a la ley del ISSSTE no sólo será incapaz de resolver el problema de las pensiones de los trabajadores del Estado, y mucho menos de mejorar los servicios médico que otorga la institución, sino que pondrá a disposición de Elba Esther Gordillo y de Joel Ayala poco más de 160 mil millones de pesos para que “arriesguen” sin ningún control las pensiones de miles de trabajadores.

Para corroborar lo anterior, sólo basta señalar que los artículos 105 y 106 de la ley que se pretende aprobar, establece que si los trabajadores que actualmente se encuentran cotizando para el ISSSTE y no manifiestan expresamente su deseo de “trasladarse al nuevo régimen de cuentas individuales” sus ahorros individualizados pasarán al control de PENSIONISSSTE, que será el organismo que por 36 meses (3 años) manejará sus ahorros ya que estos quedarán prácticamente congelados.

De esta manera este organismo será quién maneje sus ahorros por tres años y que será una especie de Afore Pública pero con ciertas características que le permitirán a Elba Esther Gordillo y Joel Ayala manejar discrecionalmente estos fondos.

Asi la ley que se pretende aprobar por medio del “mayoriteo” establece que el Pensionissste tendrá una Junta de Gobierno que se integrará por 15 personas de las cuales 7 serán representantes de los trabajadores, 1 será el director del ISSSTE y otro lugar será ocupado por quién designe el director del propio ISSSTE.

Esta situación le otorgara en “automático” la posibilidad a Elba Esther Gordillo de contar con por lo menos 6 lugares en la Junta de Gobierno de PENSIONISSSTE ya que tendrá el de Yunes actual Director del Instituto, el lugar que este mismo designe para otro miembro y por lo menos con 4 de los siete lugares que le corresponden a los trabajadores, ya que los otros tres seguramente serán por decisión de Joel Ayala.

El resto de los lugares serán para un representante de la Secretaria de Hacienda, para la Secretaria del Trabajo, para la función pública, y para el Banco de México entre otros.

Y es aquí donde empiezan los problemas, ya que por sus perfiles ninguna de las personas que integran la Junta de Gobierno se puede considerar como un experto en el manejo del ahorro de los trabajadores, más aún es muy posible que en al menos siete de los 15 lugares del Órgano de Gobierno sus integrantes respondan a cuotas sindicales impuestas por Elba Esther y Ayala y por lo tanto respondan a sus intereses particulares y no a los de los trabajadores.

Pero aún más grave resulta, que los artículos referidos establecen que PENSIONISSSTE preferentemente deberá invertir los ahorros de los trabajadores en; vivienda, generación de energía eléctrica, explotación de gas y petróleo y construcción de carreteras.

Es pertinente mencionar que ninguna de estas opciones puede ser considerada como una inversión “segura y de alta rentabilidad” más aún si consideramos que en materia de gas y petróleo aún no existe una legislación clara y definida que permita la inversión no pública en estos sectores, en materia de vivienda se ha observado el crecimiento alarmante de la cartera vencida en este sector y por ello se han incrementado los juicios de desalojo de la gente y por último en materia de infraestructura carretera, todos recordamos el rescate carretero y la quiebra de las autopistas de cuota.

Más aún si observamos hasta ahora quiénes han “comprado” las bases de licitación para entrar a las nuevas concesiones de carreteras que el gobierno volverá a poner en subasta, nos encontramos con que No son los expertos en operación de carreteras que Luis Tellez había señalado ya que en dicha lista se encuentra: El banco Santander, Casa de Bolsa IXE, Scottia Bank Inverlat, Goldman Sachs, Merryl Linch, Tribasa, que son firmas que no son “conocidas” como operadores de carreteras.

Por ello, lo que si es un hecho, que es muy probable que de ganar las licitaciones, estas firmas bursátilizaran las concesiones, es decir las pondrán nuevamente en venta y será el PENSIONISSSTE quién las adquiera a través de estos intermediarios.

Esto por un lado provocará que lo que hayan pagado estas firmas por las concesiones entregadas por el gobierno, les será reintegrado inmediatamente por PENSIONISSSTE, ya que PENSIONISSSTE, “preferentemente” deberá invertir entre otros en infraestructura y construcción de carreteras”.

Hay que recordar que la toma de decisiones en PENSIONISSSTE las llevara a cabo la Junta de Gobierno, que de acuerdo a su conformación establecida en la ley, será prácticamente controlado por Elba Esther Gordillo, de quién se comenta su poca transparencia al actuar.

Se estima que en un inicio PENSIONISSSTE manejará por lo menos 50 mil millones de pesos, pero estos podrían incrementarse a 160 mil millones durante los tres años que de manera exclusiva los tendrá este organismo.

Por otro lado resulta totalmente absurdo que el tope para las comisiones que cobrará PENSIONISSSTE por el manejo de cuentas de los trabajadores, pero este “tope” la ley establece que será como “máximo” el promedio que cobren las AFORES lo cual resulta totalmente en contra de los trabajadores ya que el promedio de las comisiones que cobran las AFORES siempre será más alto que la comisión más baja que se cobra, y resulta absurdo e ineficiente que una “afore que será pública” y exclusivamente para trabajadores del estado, tome como referencia para el cobro de sus comisiones, el promedio de las AFORES PRIVADAS.

Asi al final del día, PENSIONISSSTE es el mecanismo que las “autoridades financieras” utilizaron para “comprar la voluntad de Elba Esther Gordillo y de Joel Ayala” que seguramente serán los únicos “trabajadores” que aseguren su Pensión y Bienestar para su Jubilación en todo este asunto.

De esta manera los trabajadores y sindicatos por lo menos deberían de detener la ley y por lo menos tendrían que buscar que PENSIONISSSTE cambiara la conformación de su Junta de Gobierno, para que ésta estuviera acorde con las mejores practicas de gobierno corporativo y se aseguraran de que sus ahorros fueran manejados por verdaderos expertos en el manejo de fondos de pensión y los intereses de los trabajadores estuviesen verdaderamente representados y cuidados en el organismo que responderá por los ahorros de toda su vida.

Finalmente es importante señalar que actualmente la OECD esta desarrollando un informe sobre la urgente necesidad de replantear los órganos de gobierno de las agencias públicas y privadas que se dedican a manejar fondos de pensiones de los trabajadores, por ello sería imprescindible que los legisladores y sindicatos realizaran formalmente una consulta al respecto a este organismo internacional.

Solicitamos de manera respetuosa, que en la medida de sus posibilidades reproduzcan este texto citando fuente y autor, para conocimiento del pueblo mexicano.

Descargar en formato .doc

El Titular de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno Espurio Germàn Martínez Cáceres Elude su Responsabilidad

Lic. Mario Di Costanzo Armenta,
Secretaria de la Hacienda Pública

El día de ayer, la Secretaria de la Función Pública, decidió archivar el expediente de Francisco Gil Díaz, por no encontrar pruebas sobre el “conflicto de interés” en el que incurrió el ex secretario de hacienda del gobierno foxista.

Es pertinente mencionar que German Martínez, está eludiendo su responsabilidad y con ello abre la posibilidad de que los legisladores puedan iniciar una denuncia de juicio político contra este funcionario por actuar de manera negligente y en contra del interés público y de la nación.

Para corroborar lo anterior, sólo basta señalar que hace algunas semanas un grupo de ciudadanos asesorados por el Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, presentaron ante la SFP una denuncia en contra de Francisco Gil Díaz por actos que contravinieron diversas disposiciones legales y no sólo por los conflictos de interés en los que incurrió el ex secretario de hacienda.

En la denuncia ciudadana se contemplaron tres aspectos centrales; la participación de Gil Díaz en el Comité Técnico del Fobaproa y por tanto en el Rescate Bancario, la injerencia de Gil Díaz en la operación de las aduanas a través de la empresa ISOSA y el manejo de información privilegiada de este personaje en las operaciones de venta de cartera del IPAB, al actuar como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB y al mismo tiempo haberse desempeñado como miembro del Comité Asesor de la Empresa J.E. Roberts, quién es una de las mayores administradoras de cartera del mundo y que a su vez es la dueña de la empresa Fénix Administración de Activos, quién casualmente fue la empresa que sirvió de puente para que los hermanos Bribiesca adquirieran entre otras cosas un paquete de casas habitación en un valor promedio de 3,000 pesos cada una.

Por ello, Martínez Cáceres pretende “disimular” la atención argumentando que no existen indicios de conflicto de interés en la decisión adoptada por Francisco Gil Díaz, de haber aceptado por 2 meses el cargo de consejero del banco inglés HSBC,

Finalmente la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo hace una atenta invitación a los ciudadanos que apoyaron la denuncia a solicitar una audiencia al titular de la SFP, para que aclare su decisión y que afronte su responsabilidad y los conmina a presentar una denuncia por omisión y negligencia de este funcionario del Gobierno Espurio ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados

GIL DÍAZ DEBE SER JUZGADO POR TRAICION A LA PATRIA

La decisión adoptada por Francisco Gil Díaz, en el sentido de aceptar por 2 meses el cargo de “consejero independiente” del grupo financiero inglés Hong Kong Shangai Bank (HSBC), a menos de un año de haber concluido su gestión Secretario de Hacienda y Crédito Público y considerando sus magros resultados al frente de la dependencia que administra la finanzas nacionales y define la política económica del país, no sólo es una violación flagrante a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino también, es un acto de traición a la patria.

Sólo basta recordar que el ahora ex consejero del Grupo Inglés y Director de la Empresa “Telefónica” , tuvo a lo largo de su gestión un sin número de actos que perjudicaron a México y amenazaron la integridad, soberanía e independencia de la Nación mexicana y de sus finanzas publicas.

Para corroborar lo anterior sólo basta mencionar que Francisco Gil Díaz fue integrante del Comité Técnico del Fobaproa, lo anterior quedó de manifiesto en las diversas Actas de la Sesiones de este fideicomiso dónde su firma quedó plasmada.

Este hecho no sólo le permitió a Francisco Gil Díaz dirigir el fracasado rescate bancario, sino también, a la postre, contar con información privilegiada que utilizó en su favor, y también en beneficio de grupos económicos extranjeros (bancos) que ahora al controlar el sistema bancario del país, amenazan la soberanía económica del Estado Mexicano.

Cabe destacar que en la actualidad los documentos que avalan la participación de Gil Díaz en el Rescate Bancario están en poder de autoridades y legisladores, a quiénes les ha dado miedo proceder, en virtud de la información que este personaje posee de ellos, incluyendo a Felipe Calderón.

Además del Fobaproa, Gil Díaz participo activamente en la operación de las aduanas del país, al ser accionista de la empresa denominada Integradora de Servicios Operativos (ISOSA) , misma que desde 1993 se dedicó a recaudar el Derecho de Trámite Aduanero, al respecto cabe mencionar que de acuerdo con las observaciones realizadas por el Órgano Revisor del Congreso de la Unión, (la Auditoria Superior de la Federación) se determinó que dicha empresa había ocasionado un daño al erario público por aproximadamente 10 mil millones de pesos.

Más sin embargo, lo más grave de la actuación de Gil Díaz al frente del ministerio de finanzas fue lo que se conoció hasta el 2 de enero del 2007, fecha en la cual, HSBC institución para la que ahora presta sus servicios, publicó en su página de Internet el “currículum”, de su brillante adquisición.

De dicho documento se observa, que Gil Díaz, durante su gestión como Secretario de Hacienda y Crédito Público y en tal virtud, también Presidente de la Junta de Gobierno del IPAB, se desempeño al mismo tiempo como Consejero del Grupo J.E. Roberts. Com. Inc.

Al respecto conviene mencionar que J.E. Roberts, es una empresa dedicada mundialmente a la “administración o compra de cartera” y casualmente en México, es la propietaria de la empresa denominada “FENIX”, quién a su vez, también por “casualidades del destino” fue la empresa que le vendió las casas de 3,000 a los hijos de Martha Saghún, y también es la “administradora de cartera” que ha vendido la mayor parte de los bienes que recibió el IPAB como resultado del fracasado rescate bancario.

Hay que recordar que las llamadas administradoras de cartera, han realizado jugosos negocios, lucrando con la deuda de millones de mexicanos, al adquirir los derechos de cobro de estas carteras a precios irrisorios por parte del IPAB, y cobrando estas deudas a precios de agiotista a los deudores y es hasta ahora cuando se sabe, que Gil Díaz también formó parte de estos negocios.

El Código Penal Federal, refiere en su artículo 123 que se impondrá la pena de prisión hasta por 40 años de cárcel al mexicano que cometa traición a la patria y para ello define la define como:

Cualquier mexicano que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a personas, grupo o gobierno extranjero.

Más aún, el artículo en comento añade, que también se considera traición a la patria, tomar parte en actos de hostilidad contra la Nación en alguna forma que pueda perjudicar a México.

En este sentido, es claro que Gil Díaz no solamente beneficio a un grupo de banqueros extranjeros que tienen secuestrado al Estado Mexicano, sino que con sus corruptas y negligentes acciones perjudicó gravemente a México.

Se suplica la reproducción de este texto citando fuente y autor, para conocimiento del pueblo mexicano.

Descargar texto en .doc

Descargar Denuncia Ciudadana presentada en Enero contra Gil Díaz en .doc

EL REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL DEBE DESAPARECER DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN MÉXICO:

LA APLICACIÓN DEL IVA A LOS ALIMENTOS Y MEDICINAS NO PUEDE NI DEBE SER LA SOLUCION

Lic. Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública

La consolidación fiscal es un es un mecanismo previsto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que permite que un grupo de intereses económicos comunes, es decir; varias empresas o negocios se agrupen y sean representados por una sociedad controladora o “holding”, para que sean tratados como una sola empresa para fines tributarios o lo que es lo mismo que para el pago de impuestos.

Es importante destacar que esta forma de agruparse es únicamente para el pago de impuestos puesto que las empresas que pertenecen al grupo consolidador o “holding” mantienen su independencia y personalidad jurídica diferentes para cualquier otro fin.

De esta manera, encontramos que el objetivo que persigue la consolidación fiscal es el de entregar a las autoridades fiscales en una sola declaración de impuestos, los resultados obtenidos por todas las empresas que conforman un Grupo.

En este régimen, cada empresa del Grupo debe determinar su resultado fiscal ya sea utilidad o pérdida en forma individual y posteriormente, la sociedad controladora suma o resta las utilidades y pérdidas fiscales de las empresas del Grupo en proporción a su participación accionaria; y aumenta o disminuye su propia utilidad o pérdida fiscal.

Una vez determinado el resultado fiscal consolidado del Grupo, se le aplica la tasa de impuesto correspondiente, con lo que se obtiene el impuesto causado, es decir el impuesto que se tiene que pagar, al cual se le deben restar los pagos provisionales que se hayan realizado , para obtener finalmente el saldo a cargo o a favor.

De esta manera, las pérdidas individuales de cada una de las empresas controladas, sufridas en el ejercicio se aplican contra las utilidades generadas por otras controladoras.

Este régimen, además permite integrar las utilidades o pérdidas fiscales de las diversas empresas que conforman el Grupo, y determinar el Impuesto sobre la Renta sobre esta base; de esta manera, se logra que las pérdidas que se tengan en algunas empresas del Grupo se amorticen de inmediato contra las utilidades de otras empresas integrantes del mismo Grupo.

Esto es, bajo este esquema una empresa no tiene que esperar a que en lo individual genere utilidades para amortizar sus pérdidas sufridas en años anteriores, situación que genera beneficios financieros extraordinarios a los grandes grupos que llevan a cabo esta práctica,

Todo lo anterior en detrimento de las finanzas públicas nacionales y del resto de las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos financieros, ni con la posibilidad de contratar a grandes despachos de contadores que les ayuden a realizar estas planeaciones fiscales.

Es importante destacar que en este régimen se permite el libre flujo de dividendos entre las empresas que conforman el grupo consolidado, sin tener que pagar el Impuesto sobre la Renta

Para entender mejor lo anterior, pongamos el siguiente ejemplo:

Digamos que existe una empresa controladora llamada “CONTRO” que es dueña de más del 50% de las acciones de 2 empresas “AA” y “BB”, y que al finalizar el año, la empresa “AA” obtuvo utilidades por 1,000 y la empresa “BB”, obtuvo pérdidas por 500.

La consolidación fiscal, le permite a “CONTRO” juntar es decir “consolidar” los resultados de ambas empresas, para lo cual, la empresa controladora “CONTRO” lleva a cabo la “consolidación de la contabilidad de sus 2 empresas, es decir $1,000 de utilidad de la empresa “AA” menos $ 500 de pérdidas de la empresa “BB “, por lo que al final del año sólo pagará de ISR, el 28% de 500, es decir 140 pesos.

Sin embargo, si este régimen fiscal fuese derogado, “CONTRO” pagaría en una situación similar “cero pesos por la empresa BB” puesto que ésta empresa registro una pérdida.

En cambio por la empresa “AA” tendría que pagar $280 de impuestos, es decir el 28% de los $ 1,000 ya que esta empresa obtuvo de utilidad, y no podria juntar o “consolidar” la contabilidad de las dos empresas.


De esta manera este régimen que fue diseñado para simplificar la administración tributaria, es utilizado por muchas empresas para “eludir” o “disminuir” significativamente el pago de impuestos.

Así por ejemplo y de acuerdo con datos publicados por el Grupo BIMBO, para el año de 2006 a pesar de haber obtenido ventas en México por 44 mil 704 millones de pesos, su previsión para pago de impuestos y participación de utilidades fue de sólo 2 mil 106 millones de pesos, lo que significó una relación de previsión para el pago de impuestos como porcentaje de las ventas totales de sólo 0.04%

En este mismo sentido y de acuerdo con datos publicados por el Grupo ALFA se observa que durante 2005 reportaron ventas netas por 69 mil 335 millones de pesos, y una utilidad neta consolidada de 9 mil 721 millones de pesos, sin embargo, Grupo ALFA reportó que el Impuesto sobre la Renta pagado y la Participación de Utilidades fue de 1 mil 750 millones de pesos, cifra que representó sólo el 0.025% de sus ventas totales y sólo el 18% de sus utilidades, porcentaje inferior en 10 puntos porcentuales al 28% que marca la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Lo anterior significa, que de no haber existido el régimen de Consolidación Fiscal, Grupo ALFA debió de haber pagado cuándo menos 2 mil 721 millones de pesos de impuestos, por lo que la existencia de este régimen fiscal le permitió a Grupo ALFA “eludir” aproximadamente 1,000 millones de pesos en impuestos.

De esta manera se estima que los grupos que utilizan este régimen fiscal cuando menos dejan de pagar entre 60 y 70 mil millones de pesos cada año, por lo que resulta absurdo que se pretenda gravar con el 15% de IVA a los Alimentos y Medicinas en vez de derogar o desaparecer el Régimen de Consolidación Fiscal.

OTRO "CARRETERAZO"

FRANCISCO RODRÍGUEZ, Índice Político

SOBRE LAS ESPALDAS de los contribuyentes recaen los fracasos y corruptelas de los gobiernos y, peor aún, los de sus alianzas con los empresarios que sufragan sus campañas políticas.

No hay distingos de partidos o de ideologías. El poder, ese poder que corrompe, los iguala.

Da igual si han sido priístas que ahora panistas. A final de cuentas, es la misma cosa.

Porque, sin decir agua va, sin consensuar con la ciudadanía, el señor Felipe Calderón se saca de la chistera otro golpe a los exangües bolsillos de los mexicanos: anuncia que va a reprivatizar las carreteras de cuota.

Sí, esas mismas vías a todas luces mal construidas que la administración de Ernesto Zedillo "rescató", cuando sus constructores y concesionarios dieron una muestra más de su proverbial ineficiencia e ineficacia. No pudieron más, el gobierno entró al quite.

Eran empresas consentidas de Carlos Salinas quien en su momento alentó este tipo de inversiones. Con Zedillo las recuperaron "copeteadas".

Y de nuestros recursos, los contribuyentes entregamos a esos "empresarios" casi 160 mil millones de pesos, y seguimos pagando cuotas cada vez más altas en esas pésimas autopistas.

Lo explicó técnicamente Mario Di Constanzo, secretario de la Hacienda Pública del gabinete sombra que encabeza el señor López Obrador, entrevistado en la versión radiofónica del Índice Político:

"Durante la construcción de diversas autopistas de cuota, quienes las recibieron en concesión enfrentaron importantes incrementos en los costos de construcción, que se combinaron con las sobreestimaciones de aforo vehicular que habían proyectado inicialmente, dando como consecuencia problemas en la operación, el mantenimiento y en la amortización de los créditos contratados con la banca. En razón de lo anterior, el gobierno federal decretó el 27 de agosto de 1997 el rescate de las carreteras concesionadas, mediante el pago de Pagarés de Indemnización de Carreteras (PICS) y de la asunción de una deuda de los concesionarios por 58 123 mdp.

"El instrumento para llevar a cabo el rescate fue la constitución de un fideicomiso en Banobras denominado FARAC, donde la institución actúa como fideicomitente y fiduciario. Entre 1997 y 2002, el FARAC emitió PICS y asumió pasivos bancarios avalados por el gobierno federal, que a diciembre de 2002 sumaban 143 mil 442 mdp (los cuales no fueron revelados en la Cuenta Pública 2002), y a marzo del 2005, 165 mil 000 millones de pesos".

Reveló Di Constanzo, además, que en ese fideicomiso de Banobras, del cual Calderón fue director general en el sexenio anterior, hay severos problemas de rendición de cuentas, pagos extemporáneos de funcionarios de la anterior gestión en la SCT y…

Vamos pues a seguir pagando esas ineficiencias y corruptelas.

Van a entregarles, otra vez, las autopistas a quienes ya demostraron no poder con ellas.

Y nos van a cobrar más caros los peajes.

Gracias, señor Calderón. No tantas, eso sí, como las que deben darle aquellos que patrocinaron su campaña.

EL BANCO DE MEXICO, LA SHCP Y LA CNVB MIENTEN AL SEÑALAR QUE NO SE CUENTA CON LOS MECANISMOS PARA REGULAR LAS COMISIONES BANCARIAS.

Lic. Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo

La ausencia del crédito para proyectos productivos no es la única falla del sistema bancario en México, la concentración del mercado en unas cuantas instituciones provoca que existan practicas oligopolicas que encarecen los servicios de banca en el país e impiden que el mercado funcione bajo reglas de competencia entre las instituciones, por lo que es necesario que se aplique lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) y el artículo 7 de la Ley de Competencia Económica, y se proceda a regular las reglas del juego y se investigue a fondo el Rescate Bancario.

Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que el artículo 4 y 5 de la Ley de Instituciones de Crédito establecen textualmente lo siguiente:

Artículo 4o.- El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.

Artículo 5o.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá interpretar para efectos administrativos, los preceptos de esta Ley, así como las disposiciones de carácter general que emita la propia Secretaría en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la presente Ley.

Las disposiciones anteriores definitivamente facultan a las autoridades financieras a regular las comisiones bancarias en virtud de que se establece entre otras cosas que el Estado será el encargado de ejercer la rectoría del Sistema Bancario Mexicano,

Esta es una razón de sobra para que la CNBV, la SHCP y el Banco de México en aras de orientar las actividades de la banca a promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y las sanas prácticas y usos bancarios, pueda aplicar las medidas que contribuyan a los logros del objetivo señalado en el propio artículo 4 de la LIC. Más aún el artículo 5, le otorga a la SHCP la facultad de interpretar la ley de Instituciones de Crédito para poder regular las Comisiones Bancarias.

Por si lo anterior fuera poco, la fracción I del artículo 7 de la Ley de Competencia Económica, establece claramente que, corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. Para lo cual la Comisión de Competencia determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.

Lo anterior ya que es evidente como se observa en los siguientes pàrrafos que en el Mercado Mexicano, no existen condiciones de competencia en el sistema bancario.

Por ello, el fracaso del Rescate Bancario no solo ha provocado una carga ilegal de pasivos para las finanzas públicas, ya que su diseño también propicio una serie de fusiones y ventas de los bancos que en su momento fueron rescatados o intervenidos y que ahora han generado una alta concentración del mercado en muy pocas instituciones lo que se ha traducido en el encarecimiento de estos servicios.

Para corroborar lo anterior sólo basta mencionar que de acuerdo al ultimo reporte sobre Banca Múltiple elaborado por la CNBV se observa que al mes de marzo del presente año, de las 27 instituciones bancarias que operan en el país, sólo cuatro (BBVA-BANCOMER, BANAMEX, SANTANDER y HSBC) concentran aproximadamente el 70% de la actividad bancaria por lo que se puede señalar que en el sistema bancario mexicano existen practicas oligopòlicas que perjudican el sano funcionamiento del sistema y generan costos “extraordinarios” a los usuarios.

Esta situación ha provocado que al primer trimestre de 2006, los ingresos por comisiones que recibió la totalidad del sistema bancario ascendieron a 15 mil 747 millones de pesos, esta cifra represento mas el 115% de sus utilidades, es decir que las comisiones que cobran los bancos son su principal fuente de ingresos.

Participación en el mercado:

Los datos de la CNBV muestran que tan sólo cuatro instituciones (BBVA-BANCOMER, BANAMEX, SANTANDER y HSBC), concentran la mayor parte de la actividad bancaria, así por ejemplo estas instituciones detentan el 70% de los activos bancarios, el 60% de las 39 millones 205 mil 921 cuentas bancarias que existen y el 66.7% de las 8,066 sucursales existentes. Cabe mencionar que tan sólo el capital español en el sistema bancario (BBVA-BANCOMER Y SANTANDER) detenta casi el 40% del mercado mexicano.

Este dominio del mercado les permitió que durante el primer trimestre del 2006, estas 4 instituciones concentraran el 74% de las utilidades totales del sistema, al obtener en conjunto una utilidad de poco mas de 10 mil 079 millones de pesos.

Así las posibilidades de competencia de bancos mas pequeños es prácticamente imposible, ya que por ejemplo mientras que BBVA-BANCOMER posee 10 millones 516 mil 924 cuentas y 1,718 sucursales, Banca AFIRME posee únicamente 56 sucursales y 70 mil cuentas, o Banca IXE que posee tan sólo 42 sucursales y 64,748 cuentas.

La situación para los bancos pequeños se complica aún mas ya que paradójicamente las cuatro instituciones que dominan el mercado fueron rescatadas por el FOBAPROA y actualmente reciben intereses provenientes de recursos públicos por concepto del pagare del Fobaproa (o del IPAB) que poseen, así en el caso de BBVA-BANCOMER se estima que durante el primer trimestre del año recibió aproximadamente 2 mil 304 millones de pesos; o en otros casos como el de BANAMEX que ha recibido prepagos ilegales y multimillonarios que ya forman parte del reparto de utilidades a sus accionistas.

Es conveniente mencionar que la teoría económica define al oligopolio como un tipo de mercado en el cual existe una concentración relativamente alta en un pequeño numero de empresas. Esto crea una gran incertidumbre en el mercado y, genera la posibilidad de que estas empresas adopten algún tipo de política de colusión, para evitar la competencia por precios (comisiones) y obtener ganancias extranormales.



Por ello se observa que a mayor participación de mercado, más costosos son los servicios bancarios en nuestro país, de esta manera Banamex y BBVA- Bancomer, quiénes concentran el 23 % y el 20.5% de los activos del sistema bancario que alguna vez fue mexicano, son los bancos más costosos para sus servicios, esto se explica por el control “oligopolico” que esta situación les otorga, pues mientras que estas dos instituciones concentran el 39% del total de sucursales bancarias, también controlan el 37% de todos los cuentabientes del país, son los bancos màs costosos y contrariamente, INBURSA que cuenta con escazas 36 sucursales, es el banco menos costoso para los usuarios bancarios.



Las tarjetas de crédito:

Aquí se observa que nuevamente los bancos hacen negocios extraordinarios lucrando con el crédito para el consumo de los mexicanos, a través de las tarjetas de crédito.

Y mientras que la tasa de interés que le pagan a los ahorradores difícilmente alcanza el 10% anual, a través del fomento al uso de las tarjetas de crédito los bancos han encontrado una mina de oro, para obtener ingresos extraordinarios con esta actividad que llega ya a limites que podrían ser considerados como “usura”.

De hecho aquí se observa que a diciembre del 2006, el saldo de la cartera vencida del sistema bancario asciende a poco mas de 20 mil millones de pesos, y de este total aproximadamente el 40% corresponde a créditos otorgados para el consumo, (tarjetas de crédito), al ascender a 9 mil 383 millones de pesos, y otro 25% que esta representado por la cartera vencida de los créditos otorgados para vivienda y que se ubican por encima de los 5 mil millones de pesos.

Para corroborar lo anterior, sólo basta recordar que de acuerdo con el banco de México, la inflación de que observo la economía mexicana en 2006 fue de aproximadamente 4.5% y la que se espera para 2007 será de aproximadamente 4.5%.

Mientras tanto los bancos con estrategias que sólo buscan una mayor penetración en el mercado, han vuelto a abrir la llave del “crédito al consumo” a través de las tarjetas de crédito, que buscan enganchar a la población a un financiamiento que es extraordinariamente costoso, y que combinado con movimientos a la alza de las tasas de interés, con el elevado desempleo y la falta crecimiento económico, podrían traducirse en una “bomba de tiempo” para la economía mexicana, cuando sobre las finanzas públicas, todavía pesa el fraude del Fobaproa, y muchos todavía se encuentran inmersos en la crisis de los deudores que estallo en 1995.

Así por ejemplo los principales bancos en México, bajo el lema de la “bancarización” han extendido el las facilidades para la obtención de un “plástico” que le sirve a la población para financiar sus deprimidos niveles de consumo, sin embargo esto lo hace a través de un “velado” pero elevado costo crediticio.

De esta manera, sin decirlo abiertamente las tarjetas de crédito, conllevan elevadísimas tasa de interés que los deudores tienen que cubrir, dichas tasas oscilan entre el 23% anual que es la tasa implícita que cobra la tarjeta “Serfin-Light” y el 60% anual que cobran las tarjetas de HSBC en sus versiones “clásica internacional y oro internacional”.

Sin embargo este elevado costo no es el único que tienen que pagar los usuarios del “crédito” ya que además existen comisiones por apertura como en el caso de los plásticos que emite BBVA-BANCOMER en sus tarjetas “Clásica Internacional y Oro Internacional” que son de 150 y 175 pesos respectivamente, más una comisión de 600 pesos por cargo de anualidad para el titular y 300 por cada tarjeta adicional.

Cabe señalar que adicional a los costos por apertura y anualidad, los bancos cobran comisiones por “reclamación improcedente” como en el caso de Santander, Banorte y Bancomer, los cuales van desde los 170 pesos como en el caso de Santander, hasta los 320 pesos como en el caso de HSBC.

A estos costos se añaden los de “intento de sobregiro” que por ejemplo en el caso Banamex es de 50 pesos y en el caso de BBVA Bancomer es de 100 pesos.

Sin embargo y sin lugar a dudas el mayor costo está reflejado en la tasa de interés que se cobra, y que se encuentra referenciada a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días, (TIIE 28) y que en términos prácticas refleja “el costo de financiamiento del gobierno y de los bancos” es decir, es promedio aproximado de las tasas de interés que pagan bancos y gobierno por obtener dinero.

Pues mientras que a ese costo que varía mes con mes, y que en la actualidad se ubica en sólo 8%, los bancos le añaden en promedio 40 puntos más para obtener la tasa de interés que les cobran a los tarjeta habientes, con lo que el interes que ellos pagan se eleva a niveles del 40%.


Las tarjetas más costosas por lo que a tasas de interés se refieren son: HSBC en sus versiones Clásica Internacional y Oro Internacional, cuya tasa de interés promedio es de 60%, le siguen BBVA-BANCOMER y BANORTE con 48%, Santander Serfin con 44% (excepto serfin light), American Express con 41%, y BANAMEX con 40%, al final la más barata es la tarjeta serfin light que cobra una tasa de 23%.

Cabe destacar que todas las tarjetas de crédito cobran intereses moratorios, los cuales se aplican sobre el saldo insoluto y prácticamente duplican la tasa de Interés que cobra “normalmente la tarjeta de crédito respectiva”.

Por ello, de nada sirve tener inflaciones del orden del 3% o 4%, si el costo de crédito sigue siendo infinitamente mayor.