■ Para siete de los ponentes en el debate, la renta petrolera es del pueblo de México, no del gobierno El análisis del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) generó coincidencias entre los especialistas convocados al Senado de la República: el problema principal de la paraestatal no es la escasez de recursos para inversión, sino la ineficacia operativa e incapacidad en el momento de ejecutar proyectos de gran complejidad y tamaño.
Siete de los ponentes invitados al foro sobre el régimen fiscal de Pemex, incluidos los que defienden la iniciativa de reforma del Ejecutivo federal, argumentaron que la renta petrolera pertenece al pueblo de México y no al gobierno ni a la empresa paraestatal.
No obstante, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, José Antonio Meade, reseñó la concepción del Ejecutivo sobre el tema: “Los mexicanos son dueños de la renta petrolera sólo en la medida en que Pemex pague impuestos, y el organismo estará en posibilidad de pagarlos en tanto logre extraer el petróleo de los yacimientos”.
Juan José Suárez Coppel respaldó la iniciativa de reforma enviada por el presidente Felipe Calderón, al cuestionar la dependencia de Pemex de las asignaciones presupuestales por año; el sometimiento de las adquisiciones y contrataciones a un marco regulador rígido, y el impedimento legal para asociarse con empresas privadas para optimizar su producción.
Destacó que el principal lastre de Pemex “no es la falta de recursos, sino problemas de eficiencia operativa y capacidad de ejecución en proyectos. La propuesta del Ejecutivo crea el marco normativo que permitirá a los mexicanos exigir cuentas de la operación” a la paraestatal, aseguró.
Críticas al proyecto
Por su parte, Fluvio Ruiz Alarcón señaló que la Secretaría de Hacienda “controla y reparte” la totalidad de los ingresos excedentes del petróleo con fundamento en criterios financieros convertidos en obligaciones de ley.
También criticó la propuesta de reforma en materia de derechos, enviada el 13 de mayo por el Ejecutivo Federal, porque adiciona tres derechos sobre extracción de petróleo crudo y gas natural en los campos de Chicontepec y aguas profundas. También crea uno más que, dijo, resulta poco significativo, al que se denomina derecho para la fiscalización tributaria.
“Salvo estas propuestas, la parte fiscal de Pemex se mantiene intacta, es decir, tan sólo se adecua el marco jurídico en materia de derechos para engarzar las propuestas operativas, donde el capital privado jugará un papel fundamental, y aquellas que tienen que ver con las contribuciones que deberán reportar Pemex y los privados que participen en las actividades de la industria petrolera, específicamente en Chicontepec y aguas profundas”.
Para el priísta Jorge Chávez Presa no cabe sombra de duda respecto de la propiedad de la renta petrolera: no le pertenece ni al gobierno ni a Pemex; corresponde a la nación el dominio directo sobre los hidrocarburos y, consecuentemente, las ganancias que esto genera.
“El gobierno tiene la obligación de destinar estos ingresos extraordinarios a conformar la riqueza de la nación. Esto, tristemente no ha sucedido así. Los mexicanos, por falta de ingresos tributarios, hemos dilapidado la riqueza petrolera. Como estos ingresos provienen de un recurso natural no renovable, significa que en su aplicación deben ser consideradas las futuras generaciones.
“La única forma de tomar en cuenta a las futuras generaciones en la explotación de los hidrocarburos es transformando la renta petrolera en activos o bienes de capital, que pueden ser infraestructura de alta rentabilidad social, capital humano, invertir en el bienestar de la población, en ciencia y tecnología que amplíen el potencial productivo de la economía nacional, esto es, generar riqueza”.
Para Sergio Ramírez Martínez Pemex está a un paso de la crisis, porque la empresa importa 40 por ciento de las gasolinas; subsidia el consumo de petrolíferos; las reservas han caído casi 28 por ciento; se tiene enorme deuda en Pidiregas; se encuentra descapitalizada; se tiene dificultad para contratar financiamientos, y carece de personal calificado para enfrentar graves retos.
Subrayó que “la falta de inversión en las áreas de refinación y petroquímica, actualmente ineficientes, podrá resolverse mediante una adecuada y bien regulada mezcla de la participación de Pemex y de la iniciativa privada”.
En abierta defensa de la iniciativa gubernamental, Roberto Newell, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, adujo que generaría mayores beneficios para el país:
“Daría estabilidad a la finanzas públicas y con ello mejores perspectivas de competitividad, y mejoraría el funcionamiento del mercado energético a través de una mejor arquitectura institucional. Se obtendría el mandato institucional más claro para Pemex y se fortalecería la autonomía de gestión”.
Asunto fiscal, no energético
En tanto, Mario di Costanzo criticó la iniciativa calderonista en materia del régimen fiscal de la paraestatal, porque “el problema obedece a un asunto fiscal y presupuestario, y no de carácter energético. Pemex es uno de los principales damnificados de la política económica. Por ello la solución debe buscarse en el marco de una reforma hacendaria que provea los recursos financieros que permitan el diseño de una política energética que respete el marco constitucional y no lo viole”.
En contra de esas críticas, el subsecretario de Ingresos José Antonio Meade, repitió parte del discurso de Felipe Calderón en defensa de la iniciativa, al subrayar que el esquema tributario propuesto aporta las bases para el desarrollo nacional.
“Los mexicanos son dueños de la renta petrolera sólo en la medida en que Pemex pague impuestos, y el organismo estará en posibilidad de pagarlos en tanto logre extraer petróleo de los yacimientos.”
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