EL GOBIERNO INSTRUMENTA EL FOBAPROA EMPRESARIAL; SE DEBEN EXIGIR ACCIONES DE LAS EMPRESAS QUE APOYARAN Y QUE COTIZAN EN BOLSA

En lo que podría ser un Fobaproa empresarial, el gobierno mexicana destinará 50 mil millones de pesos a partir del primero de noviembre del presente año, para garantizar las emisiones de deuda de las principales empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y que durante los últimos días han tratado de colocar bonos de deuda pero debido a su situación, dichas subastas se han declarado desiertas.

Al igual que lo hiciera el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en la crisis de 1995 adquiriendo, es decir comprando la “cartera chatarra de los bancos” mediante el llamado Programa de Capitalizaciòn y Compra de Cartera (PCCC), esta vez serán Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), quienes adquirirán deudas de empresas como; Comercial Mexicana, Coppel, Cemex, GMAC y Navistar Financial para dar liquidez a sus operaciones.

Esto definitivamente podría ser el inicio de un “Fobaproa empresarial” en virtud de que nada, ni nadie, puede asegurar que en el futuro estas empresas liquidarán sus adeudos al gobierno, como sucedió en 1995 con el Fobaproa y los bancos.

Más aún, absurdamente el gobierno mexicano otorgará estos avales o garantías sobre la deuda de las empresas a cambio de nada, lo que resulta totalmente incomprensible debido a que recientemente el paquete de apoyo aprobado en los Estados Unidos, requirió entre otras cosas, la aprobación del Congreso y desde luego, la empresas que fueron apoyadas “entregaron a cambio acciones de la propia empresas”.

Por ello, resulta urgente que el Congreso Mexicano, solicite un amplio informe del Programa de Apoyo Empresarial, ya que sin lugar a dudas podría ser el inicio de un “nuevo Fobaproa” debido, fundamentalmente que en la actualidad existen instituciones bancarias como Banamex, Banorte e Ixe, que podrían ser beneficiados con estos apoyos y finalmente, los 50 mil millones de pesos que se utilizarán para estas operaciones, son recursos públicos, y que en pocas palabras están adquiriendo deudas de estas empresas, violando con ello, la facultad Constitucional del propio Congreso Mexicano, para “aprobar y mandar pagar la deuda nacional” .

Es importante recordar que al menos ocho compañías que cotizan en Bolsa han declarado pérdidas que en su conjunto alcanzarían los 3,000 millones de dólares debido a su exposición en derivados y en cualquier momento podrían recurrir al “concurso mercantil” , que podría derivar en la “quiebra” de cualquiera de estas empresas y con ello la imposibilidad de “cumplir” con la deuda adquirida por el gobierno mexicano.