jueves, 25 de marzo de 2010
viernes, 19 de marzo de 2010
Hacienda suplanta facultades del Congreso de la Unión: Di Costanzo
Modificó reglas misceláneas de la consolidación fiscal, explica el integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados
Notilegis
El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Mario Di Costanzo (PT), denunció que la Secretaría de Hacienda está suplantando facultades del Congreso de la Unión ya que llevó a cabo modificaciones a las reglas misceláneas que cambian la consolidación fiscal, lo cual provoca que se condonen impuestos a las grandes empresas por más de 15 mil millones de pesos.
En 2010 –explicó- se autorizó que se cobrara a las grandes empresas sólo el 25 por ciento, en impuestos diferidos, sin embargo, la Secretaría de Hacienda proyectó una recaudación de 16 mil millones de pesos -a pesar de que se redujo esa cantidad con respecto a la propuesta original- la recaudación proyectada se redujo en sólo 2 mil millones de pesos, lo cual muestra una grave inconsistencia por parte de Hacienda.
Por lo anterior, solicitó que la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales de la Cámara de Diputados, confronte las cifras de consolidación Fiscal, proporcionadas por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con las entregadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El legislador informó que la regla 17 de la miscelánea fiscal le otorga un perdón a las empresas que iban a verse afectadas con esta nueva disposición, de cobrar los impuestos diferidos, que hace que se reduzcan en casi 90 por ciento, lo que representa una nueva manera de suplantar al Congreso. “Nuevamente quieren echar para atrás lo que el Congreso había estipulado en materia de consolidación fiscal”, señaló.
Estas reglas –dijo- que obviamente no pasan por la sanción de la Cámara de Diputados son porque precisamente son sólo reglas. Lo que haré hoy mismo es solicitar que este tema de las reglas misceláneas que están echando para atrás en materia de consolidación fiscal sea objeto de lo que se le va a preguntar al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, durante su próxima comparecencia.
Di Costanzo Armenta consideró que los anuncios optimistas que hace el secretario de Hacienda sobre la recuperación económica del país es para que se pierda la atención sobre ese documento, que incluso, reveló ya es materia de flashes informativos por parte de los diferentes despachos fiscales que les dicen a sus clientes que prácticamente el esquema de consolidación se echan para atrás.
“Si es que el Gobierno tiene mucho dinero y está como para perdonarle impuestos a las grandes empresas, pues mejor que le baje los impuestos a la gente, baje el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el precio de la gasolina, es una doble actitud provechosa que beneficia a los grandes empresarios en una época que se pelea el mercado electoral mediante el perdón de impuestos”, indicó.
Anticipó que al interior de su fracción parlamentaria analizarán la posibilidad de interponer una controversia constitucional, ya que se está suplantando las facultades del Congreso de la Unión. “Desgraciadamente aquí hay un fondo electoral en el que el PAN está buscando reconciliarse con aquellos grupos que legitimaron en la elección a Felipe Calderón”, sostuvo.
Notilegis
El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Mario Di Costanzo (PT), denunció que la Secretaría de Hacienda está suplantando facultades del Congreso de la Unión ya que llevó a cabo modificaciones a las reglas misceláneas que cambian la consolidación fiscal, lo cual provoca que se condonen impuestos a las grandes empresas por más de 15 mil millones de pesos.
En 2010 –explicó- se autorizó que se cobrara a las grandes empresas sólo el 25 por ciento, en impuestos diferidos, sin embargo, la Secretaría de Hacienda proyectó una recaudación de 16 mil millones de pesos -a pesar de que se redujo esa cantidad con respecto a la propuesta original- la recaudación proyectada se redujo en sólo 2 mil millones de pesos, lo cual muestra una grave inconsistencia por parte de Hacienda.
Por lo anterior, solicitó que la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales de la Cámara de Diputados, confronte las cifras de consolidación Fiscal, proporcionadas por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con las entregadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El legislador informó que la regla 17 de la miscelánea fiscal le otorga un perdón a las empresas que iban a verse afectadas con esta nueva disposición, de cobrar los impuestos diferidos, que hace que se reduzcan en casi 90 por ciento, lo que representa una nueva manera de suplantar al Congreso. “Nuevamente quieren echar para atrás lo que el Congreso había estipulado en materia de consolidación fiscal”, señaló.
Estas reglas –dijo- que obviamente no pasan por la sanción de la Cámara de Diputados son porque precisamente son sólo reglas. Lo que haré hoy mismo es solicitar que este tema de las reglas misceláneas que están echando para atrás en materia de consolidación fiscal sea objeto de lo que se le va a preguntar al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, durante su próxima comparecencia.
Di Costanzo Armenta consideró que los anuncios optimistas que hace el secretario de Hacienda sobre la recuperación económica del país es para que se pierda la atención sobre ese documento, que incluso, reveló ya es materia de flashes informativos por parte de los diferentes despachos fiscales que les dicen a sus clientes que prácticamente el esquema de consolidación se echan para atrás.
“Si es que el Gobierno tiene mucho dinero y está como para perdonarle impuestos a las grandes empresas, pues mejor que le baje los impuestos a la gente, baje el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el precio de la gasolina, es una doble actitud provechosa que beneficia a los grandes empresarios en una época que se pelea el mercado electoral mediante el perdón de impuestos”, indicó.
Anticipó que al interior de su fracción parlamentaria analizarán la posibilidad de interponer una controversia constitucional, ya que se está suplantando las facultades del Congreso de la Unión. “Desgraciadamente aquí hay un fondo electoral en el que el PAN está buscando reconciliarse con aquellos grupos que legitimaron en la elección a Felipe Calderón”, sostuvo.
Va el Presidente por los asesinatos en Juárez, afirman
El presidente Felipe Calderón no saldrá de territorio estadunidense "sin un jalón de orejas" por la falta de control que hay sobre la delincuencia organizada y la expansión de los grupos de la droga en todo México, coincidieron la experta en seguridad pública de la UNAM Aida Valero y el diputado petista Mario Di Constanzo.
Valero manifestó su preocupación de que en regiones como Tamaulipas las autoridades locales oculten los enfrentamientos que ocurren contra los integrantes del crimen organizado, porque se impide una intervención oportuna de la PGR.
Di Constanzo dijo que el primer mandatario acudirá a Washingtno para que lo "regañen" por la lucha fallida contra el crimen organizado que ya cobró sus primeras víctimas de ciudadanía estadunidense.
Por su parte, el especialista en estudios internacionales de la University de Miami Alberto Lozano dijo que el encuentro que sostendrán el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Calderón Hinojosa es una doble oportunidad para México, porque se puede considerar una ampliación del presupuesto a la Iniciativa Mérida y retomar el debate sobre el tema migratorio.
En entrevistas por separado con El Sol de México, Lozano Vázquez consideró la invitación de Obama como un signo de preocupación de su gobierno sobre lo que sucede en la frontera con nuestro país.
"Los círculos de intelectuales de ambos países veían que para Obama, México no era una prioridad en su política exterior, porque iniciaba su mandato con una crisis económica y dos guerras. Pero las muertes vinculadas al consulado de Estados Unidos en Juárez hicieron que Obama voltee hacia México", exteriorizó.
A su vez, el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Partido Nueva Alianza y secretario de la Mesa Directiva, destacó que "México no debe ser rehén de presiones por parte de Estados Unidos, de ningún otro país ni de organismos internacionales".
En tanto, el priísta Humberto Benítez Treviño señaló que ambos mandatarios tienen que rendir cuentas de lo qué realizan en materia de seguridad pública.
Entrevistados por separado, Jaime Arturo Vázquez Aguilar afirmó que la seguridad y el combate al crimen es responsabilidad de ambos gobiernos con una estrategia franca que combata verdaderamente al crimen organizado.
"Se debe encontrar un punto de coincidencia para trabajar conjuntamente como buenos vecinos y resolver este grave problema", dijo.
Fuente: Judith García y Gabriel Xantomila / El Sol de México
Valero manifestó su preocupación de que en regiones como Tamaulipas las autoridades locales oculten los enfrentamientos que ocurren contra los integrantes del crimen organizado, porque se impide una intervención oportuna de la PGR.
Di Constanzo dijo que el primer mandatario acudirá a Washingtno para que lo "regañen" por la lucha fallida contra el crimen organizado que ya cobró sus primeras víctimas de ciudadanía estadunidense.
Por su parte, el especialista en estudios internacionales de la University de Miami Alberto Lozano dijo que el encuentro que sostendrán el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Calderón Hinojosa es una doble oportunidad para México, porque se puede considerar una ampliación del presupuesto a la Iniciativa Mérida y retomar el debate sobre el tema migratorio.
En entrevistas por separado con El Sol de México, Lozano Vázquez consideró la invitación de Obama como un signo de preocupación de su gobierno sobre lo que sucede en la frontera con nuestro país.
"Los círculos de intelectuales de ambos países veían que para Obama, México no era una prioridad en su política exterior, porque iniciaba su mandato con una crisis económica y dos guerras. Pero las muertes vinculadas al consulado de Estados Unidos en Juárez hicieron que Obama voltee hacia México", exteriorizó.
A su vez, el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Partido Nueva Alianza y secretario de la Mesa Directiva, destacó que "México no debe ser rehén de presiones por parte de Estados Unidos, de ningún otro país ni de organismos internacionales".
En tanto, el priísta Humberto Benítez Treviño señaló que ambos mandatarios tienen que rendir cuentas de lo qué realizan en materia de seguridad pública.
Entrevistados por separado, Jaime Arturo Vázquez Aguilar afirmó que la seguridad y el combate al crimen es responsabilidad de ambos gobiernos con una estrategia franca que combata verdaderamente al crimen organizado.
"Se debe encontrar un punto de coincidencia para trabajar conjuntamente como buenos vecinos y resolver este grave problema", dijo.
Fuente: Judith García y Gabriel Xantomila / El Sol de México
miércoles, 17 de marzo de 2010
Reporta la ASF crecimiento en la deuda pública federal
Acudió a la Cámara de Diputados el titular de la Auditoría Superior de la Federación para explicar a detalle el Informe del Análisis de los Resultados de la Cuenta Pública 2008, en lo referente al sector de hacienda y crédito público.
Frente a los miembros de la Comisión de Vigilancia, Juan Manuel Portal indicó que las auditorías practicadas por la instancia a su cargo al gobierno federal revelaron el incumplimiento del Plan Estratégico del Sistema de Administración Tributaria, que busca lograr una recaudación más eficiente.
En cuanto a cifras, el auditor indicó que la Federación tuvo un ingreso adicional de 315 mil millones de pesos y el 60 por ciento provino del petróleo; en referencia a la deuda pública, informó que creció a 221 mil millones de pesos.
Portal Martínez dijo que entre los procesos que han repercutido al endeudamiento del gobierno federal destacan rescate bancario de 1994-1995, la expropiación de los ingenios azucareros y las liquidaciones de Financiera Nacional Azucarera.
Los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia realizaron algunas preguntas sobre la Cuenta Pública, a la vez que manifestaron su desacuerdo por el manejo de los recursos en el gobierno federal.
El legislador Sebastián Lerdo de Tejada (PRI) habló de la administración discrecional que se ha venido haciendo en la Secretaría de Hacienda sobre los fideicomisos, mandatos y actos análogos para canalizar recursos públicos excedentes entregados a la Tesorería de la Federación.
Por su parte, el miembro de la fracción del PRD en la Cámara Baja, Ramón Jiménez López, dijo que a partir de este análisis se muestra que el gobierno mexicano mal gastó en el año 2008 el equivalente a 50 mil millones de dólares, con lo cual se pudieron haber construido 10 refinerías.
Al abordar el tema de la economía nacional, el diputado Mario Di Costanzo(PT) acusó el mal desempeño del Ejecutivo a decir de la inflación que tuvo el país, la caída en la inversión, y el aumento en la deuda de cada mexicano, por lo que pidió dar a conocer a los responsables.
Sobre este punto, Portal Martínez respondió que la ASF no puede aún revelar esa información, por lo menos hasta que venza el plazo para que se entregue la documentación final de la Cuenta Pública. Sin embargo, prometió al legislador del PT revisar estos datos de manera conjunta en cuanto sea posible.
Fuente: Canal del Congreso
Frente a los miembros de la Comisión de Vigilancia, Juan Manuel Portal indicó que las auditorías practicadas por la instancia a su cargo al gobierno federal revelaron el incumplimiento del Plan Estratégico del Sistema de Administración Tributaria, que busca lograr una recaudación más eficiente.
En cuanto a cifras, el auditor indicó que la Federación tuvo un ingreso adicional de 315 mil millones de pesos y el 60 por ciento provino del petróleo; en referencia a la deuda pública, informó que creció a 221 mil millones de pesos.
Portal Martínez dijo que entre los procesos que han repercutido al endeudamiento del gobierno federal destacan rescate bancario de 1994-1995, la expropiación de los ingenios azucareros y las liquidaciones de Financiera Nacional Azucarera.
Los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia realizaron algunas preguntas sobre la Cuenta Pública, a la vez que manifestaron su desacuerdo por el manejo de los recursos en el gobierno federal.
El legislador Sebastián Lerdo de Tejada (PRI) habló de la administración discrecional que se ha venido haciendo en la Secretaría de Hacienda sobre los fideicomisos, mandatos y actos análogos para canalizar recursos públicos excedentes entregados a la Tesorería de la Federación.
Por su parte, el miembro de la fracción del PRD en la Cámara Baja, Ramón Jiménez López, dijo que a partir de este análisis se muestra que el gobierno mexicano mal gastó en el año 2008 el equivalente a 50 mil millones de dólares, con lo cual se pudieron haber construido 10 refinerías.
Al abordar el tema de la economía nacional, el diputado Mario Di Costanzo(PT) acusó el mal desempeño del Ejecutivo a decir de la inflación que tuvo el país, la caída en la inversión, y el aumento en la deuda de cada mexicano, por lo que pidió dar a conocer a los responsables.
Sobre este punto, Portal Martínez respondió que la ASF no puede aún revelar esa información, por lo menos hasta que venza el plazo para que se entregue la documentación final de la Cuenta Pública. Sin embargo, prometió al legislador del PT revisar estos datos de manera conjunta en cuanto sea posible.
Fuente: Canal del Congreso
Estrategia de la secretaría de Energía carece de líneas de acción, señala Mario Di Constanzo
Diputados del PT y Convergencia presentarán un punto de acuerdo para que se formulen preguntas parlamentarias a la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Georgina Kessel Martínez, a fin de que explique los recursos económicos y humanos con los que se lograrán las metas que se plantean en La Estrategia Nacional de Energía. En conferencia de prensa los diputados del Partido del Trabajo (PT), Laura Itzel Castillo, Mario Di Costanzo, Enrique Ibarra Pedroza y el coordinador de la bancada de Convergencia, Pedro Jiménez León, señalaron que la estrategia nacional de energía presentada por la SENER indica qué se piensa hacer y cuáles son la metas más no la forma para lograrlo y la procedencia de los recursos para ello.
La diputada Laura Itzel Castillo dijo que el plan presentado como estrategia es inaceptable desde el punto de vista técnico ya que necesariamente está basado en información originada en Pemex Exploración y Producción (PEP) que, por el desmantelamiento de sus cuadros técnicos, carece de la capacidad de análisis requerida para formular un programa nacional de energía.
Esta aseveración se fundamenta en el fracaso de las últimas metas establecidas para las producciones en Cantarell, Chicontepec, Cuenca de Burgos, en Jujo Tecominoacán y en Samaria, sí en estos campos en los que Pemex cuenta con amplia y confiable información, no se ha cumplido con las metas, es lógico concluir que presentar metas basadas en recursos imprecisos de campos por descubrir y desarrollar, no tiene la menor credibilidad.
En su intervención el coordinador de Convergencia, Pedro Jiménez León, manifestó su respaldo al punto de acuerdo, ya que consideró que un plan estratégico debe contener con claridad la situación actual y la futura deseada del sector. “Es claro que fue un trabajo encargado para cumplir un requisito, pero este no reúne la calidad ni requisitos para un sector tan importante como lo es el energético”, precisó. Por su parte, el diputado Mario Di Costanzo manifestó que no es posible que la estrategia nacional del país se base en lo que se puede extraer de un yacimiento o región (Chicontepec) en donde se ve que no se extrae lo estimado y que el costo de eso es elevado. “La estrategia carece de líneas de acción para saber cómo se va allegar a los objetivos”, indicó. El plazo para dar respuesta a las preguntas parlamentarias por parte de la dependencia federal será de 15 días.
Fuente: América Multimedios Agencia de Noticias
La diputada Laura Itzel Castillo dijo que el plan presentado como estrategia es inaceptable desde el punto de vista técnico ya que necesariamente está basado en información originada en Pemex Exploración y Producción (PEP) que, por el desmantelamiento de sus cuadros técnicos, carece de la capacidad de análisis requerida para formular un programa nacional de energía.
Esta aseveración se fundamenta en el fracaso de las últimas metas establecidas para las producciones en Cantarell, Chicontepec, Cuenca de Burgos, en Jujo Tecominoacán y en Samaria, sí en estos campos en los que Pemex cuenta con amplia y confiable información, no se ha cumplido con las metas, es lógico concluir que presentar metas basadas en recursos imprecisos de campos por descubrir y desarrollar, no tiene la menor credibilidad.
En su intervención el coordinador de Convergencia, Pedro Jiménez León, manifestó su respaldo al punto de acuerdo, ya que consideró que un plan estratégico debe contener con claridad la situación actual y la futura deseada del sector. “Es claro que fue un trabajo encargado para cumplir un requisito, pero este no reúne la calidad ni requisitos para un sector tan importante como lo es el energético”, precisó. Por su parte, el diputado Mario Di Costanzo manifestó que no es posible que la estrategia nacional del país se base en lo que se puede extraer de un yacimiento o región (Chicontepec) en donde se ve que no se extrae lo estimado y que el costo de eso es elevado. “La estrategia carece de líneas de acción para saber cómo se va allegar a los objetivos”, indicó. El plazo para dar respuesta a las preguntas parlamentarias por parte de la dependencia federal será de 15 días.
Fuente: América Multimedios Agencia de Noticias
Se queda corto el plan de austeridad
El Programa Nacional de Reducción del Gasto Público que el Ejecutivo presentó ayer a la Cámara de Diputados, propone una meta de disminución del gasto gubernamental de 40 mil 100 millones de pesos a lo largo de 2010, 2011 y 2012.
Este ahorro, que se alcanzará a partir de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto en servicios personales y en el de operación, administrativo y de apoyo, se destinará a los programas prioritarios del gobierno federal, informó la Secretaría de Hacienda.
Para el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray, el programa "está totalmente por debajo de las expectativas, ya que durante 2009 la Cámara de Diputados logró reducir en 42 mil millones de pesos su gasto únicamente en 3 rubros, mientras el gobierno propone disminuir su gasto en 40 mil 100 millones para el resto de la administración".
"Este plan de austeridad es una burla, ya que equivale a 13 mil 300 millones de pesos al año, lo que no es ni lo que anualmente el gobierno federal eroga en el seguro de gastos médicos mayores o en el seguro de separación individualizado de los funcionarios públicos", enfatizó el diputado del PT Mario Di Costanzo.
Fuente: El Financiero/APB.
Este ahorro, que se alcanzará a partir de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto en servicios personales y en el de operación, administrativo y de apoyo, se destinará a los programas prioritarios del gobierno federal, informó la Secretaría de Hacienda.
Para el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray, el programa "está totalmente por debajo de las expectativas, ya que durante 2009 la Cámara de Diputados logró reducir en 42 mil millones de pesos su gasto únicamente en 3 rubros, mientras el gobierno propone disminuir su gasto en 40 mil 100 millones para el resto de la administración".
"Este plan de austeridad es una burla, ya que equivale a 13 mil 300 millones de pesos al año, lo que no es ni lo que anualmente el gobierno federal eroga en el seguro de gastos médicos mayores o en el seguro de separación individualizado de los funcionarios públicos", enfatizó el diputado del PT Mario Di Costanzo.
Fuente: El Financiero/APB.
Surge nueva moda: diputados pasan lista en ausencia
La nueva modalidad de pasar lista en la Cámara de Diputados, sin estar presente, es enviar proyectos de iniciativa a la Mesa Directiva donde un secretario da cuenta de ellos. Es lo que hace Jorge Kahwagi Macari, diputado federal por el Partido Nueva Alianza. Actualmente cada uno de los legisladores obtiene una dieta neta mensual de 150 mil pesos, sin contar prestaciones económicas y sociales de todo tipo desde ayuda para transporte terrestre, aviones, casetas, gasolinas, así como jugosos viáticos para viajes al extranjero, entre otros.
Y es que Kahwagi presenta reformas sin estar presente, lo que fue duramente criticado por otras bancadas. El petista Mario Di Costanzo calificó el hecho de falta de respeto "porque nunca se para aquí'', en referencia al exboxeador. La última reforma que presentó Kahwagi fue al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que fue enviada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por la Mesa Directiva.
En esa ocasión, el diputado Mario Di Costanzo, desde su curul presidente al presidente de la Mesa Directiva en turno: "No sé si la nueva manera de pasar lista en esta Cámara es presentando iniciativas, lo digo porque se me hace una falta de respeto a este Congreso, que el diputado Kahwagi nunca se pare por aquí y cada sesión envíe una o dos iniciativas".
Sobre el tema, el diputado Carlos Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista, presentó una iniciativa que pretende descontar un día de dieta a los legisladores que falten sin justificación alguna a la sesión del Pleno y de comisiones, con el propósito de mejorar la imagen de los legisladores y fortalecer el trabajo legislativo.
Indicó que la propuesta tiene como fin terminar con el rezago legislativo y fortalecer la rendición de cuentas. La Ley, abundó el legislador, que nos rige carece de sanción alguna. Prevé la obligación a los miembros de las comisiones de acudir puntualmente a las reuniones, y de no hacerlo justificar su falta, es decir, el ordenamiento no contempla un castigo en caso de incumplimiento.
Ezeta Salcedo precisó que la reforma al artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General pretende establecer una sanción para aquellos representantes que no asistan al trabajo legislativo. Explicó que el trabajo en el Pleno y en comisiones concentra el estudio, discusiones e intercambio de ideas de las iniciativas o proyectos de ley que habrán de aprobarse.
Reconoció que las inasistencias de los integrantes de comisiones, es uno de los principales factores que agravan el rezago legislativo.
La dieta es la retribución o remuneración a la que los diputados tienen derecho por el desempeño del cargo, el cual implica el cumplimiento de diversas obligaciones inherentes a la función de legislador, entre ellas, la de asistir al Pleno y a las reuniones de comisiones para cumplir con la función de dictamen.
* REZAGO LEGISLATIVO
De la anterior legislatura (60) quedaron pendientes de ser dictaminados dos mil 973 asuntos, de los cuales dos mil 841 son iniciativas y 132 minutas del Senado. Las comisiones que tienen mayores asuntos retrasados son las de Gobernación (205), Hacienda (395) y de Justicia (252).
Respecto a las proposiciones, solamente quedaron vigentes 12 de la Comisión de Desarrollo Social y dos de Energía. Mientras que en trámite de archivo existen mil 189 puntos de acuerdo; 141, en la Comisión de Gobernación; 166, en Hacienda; 106, en Medio Ambiente y 142, en Presupuesto y Cuenta Pública.
En la actual legislatura (61), hay más de 135 iniciativas, ocho minutas, 106 proposiciones con punto de acuerdo, lo que hace un total de 249 asuntos; predominan 51 en la Comisión de Hacienda e igual número en la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Fuente: Gabriel Xantomila / El Sol de México
Y es que Kahwagi presenta reformas sin estar presente, lo que fue duramente criticado por otras bancadas. El petista Mario Di Costanzo calificó el hecho de falta de respeto "porque nunca se para aquí'', en referencia al exboxeador. La última reforma que presentó Kahwagi fue al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que fue enviada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por la Mesa Directiva.
En esa ocasión, el diputado Mario Di Costanzo, desde su curul presidente al presidente de la Mesa Directiva en turno: "No sé si la nueva manera de pasar lista en esta Cámara es presentando iniciativas, lo digo porque se me hace una falta de respeto a este Congreso, que el diputado Kahwagi nunca se pare por aquí y cada sesión envíe una o dos iniciativas".
Sobre el tema, el diputado Carlos Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista, presentó una iniciativa que pretende descontar un día de dieta a los legisladores que falten sin justificación alguna a la sesión del Pleno y de comisiones, con el propósito de mejorar la imagen de los legisladores y fortalecer el trabajo legislativo.
Indicó que la propuesta tiene como fin terminar con el rezago legislativo y fortalecer la rendición de cuentas. La Ley, abundó el legislador, que nos rige carece de sanción alguna. Prevé la obligación a los miembros de las comisiones de acudir puntualmente a las reuniones, y de no hacerlo justificar su falta, es decir, el ordenamiento no contempla un castigo en caso de incumplimiento.
Ezeta Salcedo precisó que la reforma al artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General pretende establecer una sanción para aquellos representantes que no asistan al trabajo legislativo. Explicó que el trabajo en el Pleno y en comisiones concentra el estudio, discusiones e intercambio de ideas de las iniciativas o proyectos de ley que habrán de aprobarse.
Reconoció que las inasistencias de los integrantes de comisiones, es uno de los principales factores que agravan el rezago legislativo.
La dieta es la retribución o remuneración a la que los diputados tienen derecho por el desempeño del cargo, el cual implica el cumplimiento de diversas obligaciones inherentes a la función de legislador, entre ellas, la de asistir al Pleno y a las reuniones de comisiones para cumplir con la función de dictamen.
* REZAGO LEGISLATIVO
De la anterior legislatura (60) quedaron pendientes de ser dictaminados dos mil 973 asuntos, de los cuales dos mil 841 son iniciativas y 132 minutas del Senado. Las comisiones que tienen mayores asuntos retrasados son las de Gobernación (205), Hacienda (395) y de Justicia (252).
Respecto a las proposiciones, solamente quedaron vigentes 12 de la Comisión de Desarrollo Social y dos de Energía. Mientras que en trámite de archivo existen mil 189 puntos de acuerdo; 141, en la Comisión de Gobernación; 166, en Hacienda; 106, en Medio Ambiente y 142, en Presupuesto y Cuenta Pública.
En la actual legislatura (61), hay más de 135 iniciativas, ocho minutas, 106 proposiciones con punto de acuerdo, lo que hace un total de 249 asuntos; predominan 51 en la Comisión de Hacienda e igual número en la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Fuente: Gabriel Xantomila / El Sol de México
martes, 16 de marzo de 2010
Toman petistas tribuna en San Lázaro
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo tomó la tribuna de la Cámara de Diputados alrededor de las 11:45 de la mañana, justo cuando dio inicio la sesión ordinaria de este martes.
Los diputados petistas, encabezados por Gerardo Fernández Noroña, subieron a la tribuna y colocaron banderas rojinegras. Noroña anunció que su bancada iniciará una "huelga política" ante la situación que vive el país.
Sin dar más detalles, los diputados, además de Noroña, Porfirio Muñoz Ledo, Mario di Constanzo, entre otros, se colocaron a lo largo de la tribuna mientras que el PRI, en voz de su vicecoordinador, Jorge Carlos Ramírez Marín, le exigió al presidente de la Mesa Directiva, Francisco Ramírez Acuña, que convocara al orden y decretara un receso.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez, advirtió que la Cámara no será una vez más rehén de los grupos políticos que protestan por diversas causas, por lo que continúa la sesión aún con los petistas arriba.
Debido a que la tribuna se encuentra tomada, los diputados que tiene que hablar para presentar sus iniciativas lo hacen desde su curul.
Fuente: Mónica Romero / W Radio
Los diputados petistas, encabezados por Gerardo Fernández Noroña, subieron a la tribuna y colocaron banderas rojinegras. Noroña anunció que su bancada iniciará una "huelga política" ante la situación que vive el país.
Sin dar más detalles, los diputados, además de Noroña, Porfirio Muñoz Ledo, Mario di Constanzo, entre otros, se colocaron a lo largo de la tribuna mientras que el PRI, en voz de su vicecoordinador, Jorge Carlos Ramírez Marín, le exigió al presidente de la Mesa Directiva, Francisco Ramírez Acuña, que convocara al orden y decretara un receso.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez, advirtió que la Cámara no será una vez más rehén de los grupos políticos que protestan por diversas causas, por lo que continúa la sesión aún con los petistas arriba.
Debido a que la tribuna se encuentra tomada, los diputados que tiene que hablar para presentar sus iniciativas lo hacen desde su curul.
Fuente: Mónica Romero / W Radio
Incumple gobierno con programa de austeridad: PRI y PT
* Diputados priistas recordaron que ayer venció el plazo para entregar la propuesta multianual de ajuste al gasto público
* El recorte "no debe ser algo tradicional, sino sustantivo": Levín Coppel
Las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) en San Lázaro criticaron el incumplimiento del gobierno federal por no haber entregado ayer el programa de austeridad que se le exigió en el decreto del Presupuesto de Egresos de la federación para este año.
Los diputados priistas, Óscar Levín Coppel y Sebastián Lerdo de Tejada, recordaron que ayer venció el plazo para entregar la propuesta multianual de ajuste al gasto público.
Señalaron que se les ha informado que será en el transcurso de este martes cuando se les envíe la propuesta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se espera un documento realista, en el cual los recortes sean con base en la erradicación de duplicidad de funciones y de la creación de nuevas subsecretarías o cargos directivos que se han dado a lo largo de la presente administración, expresaron.
Sebastián Lerdo de Tejada, manifestó: "vamos a revisarlo con toda acuciosidad para que cumpla lo que mandata este Artículo 18 (del PEF), que es fundamentalmente evitar duplicidades en las plazas de la alta burocracia del gobierno federal".
Aseveró que van a "hacer un importante ajuste al gasto corriente para que el gobierno no solamente le pida a la población que se ajuste el cinturón".
Al respecto Óscar Levín Coppel mencionó que el recorte "no debe ser algo tradicional, sino sustantivo", con el fin de que hayan ajustes en las áreas donde se ha demostrado que son ineficientes.
Dijo que un recorte de 5 por ciento del gasto corriente para después generar un conflicto a las instituciones porque tienen que invertir más en gasto de operación, no beneficia al país, por lo cual se debe enviar una propuesta que permita enfrentar la crisis económica que viven los mexicanos.
Durante la sesión de pleno, el diputado del PT, Mario Di Costanzo Armenta, le preguntó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y legislador del PAN, Francisco Ramírez Acuña, sobre el informe del Programa Nacional de Reducción del Gasto.
"Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía como fecha límite el 15 de marzo y de no exigírselo así, estaría violando el decreto de presupuesto", destacó.
A su vez, el panista y presidente de la Comisión de Hacienda, Mario Alberto Becerra Pocoroba, consideró que la propuesta del gobierno federal estará acorde con la realidad del país.
"El plan debe reconocer la realidad de nuestro país. Es muy importante que el presidente nos diga cuáles son sus puntos para hacer una verdadera disminución en el gasto público porque será muy importante en 2011", subrayó.
Fuente: El Financiero (Con información de Notimex/TPC)
* El recorte "no debe ser algo tradicional, sino sustantivo": Levín Coppel
Las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) en San Lázaro criticaron el incumplimiento del gobierno federal por no haber entregado ayer el programa de austeridad que se le exigió en el decreto del Presupuesto de Egresos de la federación para este año.
Los diputados priistas, Óscar Levín Coppel y Sebastián Lerdo de Tejada, recordaron que ayer venció el plazo para entregar la propuesta multianual de ajuste al gasto público.
Señalaron que se les ha informado que será en el transcurso de este martes cuando se les envíe la propuesta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se espera un documento realista, en el cual los recortes sean con base en la erradicación de duplicidad de funciones y de la creación de nuevas subsecretarías o cargos directivos que se han dado a lo largo de la presente administración, expresaron.
Sebastián Lerdo de Tejada, manifestó: "vamos a revisarlo con toda acuciosidad para que cumpla lo que mandata este Artículo 18 (del PEF), que es fundamentalmente evitar duplicidades en las plazas de la alta burocracia del gobierno federal".
Aseveró que van a "hacer un importante ajuste al gasto corriente para que el gobierno no solamente le pida a la población que se ajuste el cinturón".
Al respecto Óscar Levín Coppel mencionó que el recorte "no debe ser algo tradicional, sino sustantivo", con el fin de que hayan ajustes en las áreas donde se ha demostrado que son ineficientes.
Dijo que un recorte de 5 por ciento del gasto corriente para después generar un conflicto a las instituciones porque tienen que invertir más en gasto de operación, no beneficia al país, por lo cual se debe enviar una propuesta que permita enfrentar la crisis económica que viven los mexicanos.
Durante la sesión de pleno, el diputado del PT, Mario Di Costanzo Armenta, le preguntó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y legislador del PAN, Francisco Ramírez Acuña, sobre el informe del Programa Nacional de Reducción del Gasto.
"Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía como fecha límite el 15 de marzo y de no exigírselo así, estaría violando el decreto de presupuesto", destacó.
A su vez, el panista y presidente de la Comisión de Hacienda, Mario Alberto Becerra Pocoroba, consideró que la propuesta del gobierno federal estará acorde con la realidad del país.
"El plan debe reconocer la realidad de nuestro país. Es muy importante que el presidente nos diga cuáles son sus puntos para hacer una verdadera disminución en el gasto público porque será muy importante en 2011", subrayó.
Fuente: El Financiero (Con información de Notimex/TPC)
lunes, 15 de marzo de 2010
Profeco: la procuraduría inútil
Isabel Argüello
Laura Soto Pinetti compró un vehículo automotor Gol Sedán, color negro, de la marca Volkswagen, el 27 de abril de 2009. Pasaron algunos meses para que, casualmente, se diera cuenta de que su coche había sido sometido a reparaciones antes de que ella lo “estrenara”. Luego de una investigación propia, se enteraría de que tiempo atrás un espectacular había caído encima de los autos que se encontraban en la sala de exhibición de Vehículos Aragón, SA de CV, y la compañía había decidido reconstruirlos y venderlos como “nuevos”. Ella fue una de las víctimas del engaño.
Ante el reclamo de Soto Pinetti, presentado en octubre del año pasado, los abogados de la franquicia respondieron –hasta el 8 de enero de 2010– que se reservaban su “derecho de emitir una opinión”.
Pero la consumidora defraudada también interpuso una queja en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). El 16 de octubre acudió a la Delegación del Norte de la dependencia para abrir el expediente PFC.NDF.B.3/003136-2009 contra Volkswagen de México, SA de CV, y Vehículos Aragón. Sin embrago, después de una audiencia realizada el 26 de noviembre, que duró 33 minutos, se le informó que quedaban “a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma que más le conviniera a sus intereses”; es decir, la Profeco cerró el caso y lo turnó al Archivo General.
––Yo creí que me podían ayudar en la Procuraduría, porque soy consumidor. Se supone que le resuelven a uno este tipo de problemas…
A decir de Soto Pinetti, los servidores públicos de la Profeco y los representantes legales de Volkswagen mostraron siempre una camaradería, aunque el trato hacia ella fue distante.
El caso de Laura Soto es uno de los 111 mil que recibió la Profeco durante 2009. Según el comunicado 011 emitido por esta instancia el 3 de febrero pasado, 14 mil 867 procedimientos concluyeron con multas a proveedores: poco más del 13 por ciento de los casos se resolvió a favor del consumidor. Así, recuperó 1 mil 106 millones de pesos para los ciudadanos.
El propio comunicado da cuenta de que los sectores contra los que mayor número de quejas se interponen son telecomunicaciones, inmobiliario y electricidad.
El sector vehicular también es uno de los obligados por el artículo 39 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a indicar el estado físico de sus productos (deficiencia, uso o reconstrucción), información que no fue proporcionada a la ciudadana Soto Pinetti al momento de realizar la compra.
Antes de que la consumidora acudiera a la Profeco, Juan Manuel Noguez, gerente de Ventas de Vehículos Aragón, le había dicho que los desperfectos encontrados en el automóvil “seguramente” se debían a “la sal del mar, porque los embarcan desde Brasil… O se dañó a la hora de bajarlo de la madrina (grúa)”. Y le ofreció cambiar las piezas dañadas del vehículo y un carro para que se transportara en esos días.
––No, señor. Yo compré un coche nuevo; yo no compré uno usado o reparado –fue la respuesta de Soto Pinetti.
Proceso conciliatorio
En la audiencia, efectuada en noviembre, estuvieron presentes: Teresa Guadalupe Bautista Franco y Rodolfo Mondragón Monroy, conciliadora y delegado de la Procuraduría; Sergio Chávez Martínez, abogado de la concesionaria vehicular; y Soto Pinetti, a quien no se le permitió estar acompañada de su esposo por no contar con una carta poder.
La consumidora solicitó el cambio de su auto. La licenciada Bautista Franco argumentó que la Procuraduría no tiene ese tipo de facultades y que, si no aceptaba los términos de Volkswagen, se cerraba el proceso; además, que no tenía caso volverla a citar a otra audiencia.
En entrevista con Contralínea, Norelly Domínguez Acosta, subprocuradora de Servicios, dice que no se puede obligar al proveedor a la devolución, pero que “el Poder Judicial tiene los medios para hacer cumplir la sentencia que el juzgado determine”.
Carolina López Reyes, directora de Atención a Medios, señala que cuando no se ponen de acuerdo las partes involucradas se cierra el caso. “Después de este proceso de conciliación, la persona puede acudir a un MP (Ministerio Público) con una denuncia penal; la idea es hacerlo de inmediato”.
Sin embargo, a la consumidora no se le informó siquiera que podía acudir al Ministerio Público para levantar un acta civil o penal. Soto Pinetti dice que no se sintió respaldada ni asesorada.
Domínguez Acosta indica que todo procedimiento conciliatorio tarda aproximadamente 90 días naturales para resolverse. “Citamos al proveedor y al consumidor. Se pueden celebrar tres audiencias, buscando un acuerdo, y si no hay ninguna satisfacción, se dejan a salvo los derechos del consumidor para que los haga valer como le convenga, básicamente a través del Poder Judicial”.
Ante las quejas de la consumidora sobre “maltrato”, Domínguez Acosta explica que, “como servidores públicos, estamos regidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Servicio Profesional, la Ley de Servidores Públicos”.
El papel de la Profeco
“Un fracaso”, es el calificativo que utiliza el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfonso Bouzas Ortiz para definir la labor conciliadora de la Profeco. Manifiesta que el interés empresarial domina y la Procuraduría ha sido reducida a una instancia que afecta a los propios consumidores.
El objetivo de la Profeco es conciliar proveedores y consumidores. Pero, para que haya una verdadera protección del consumidor, debe redefinirse la política económica, priorizar el interés del consumidor y meter frenos al sector empresarial, añade Bouzas Ortiz.
Explica que el procedimiento actual de defensa de los consumidores que realiza la Procuraduría depende de la disposición de conciliar: si el empresario no desea una conciliación, no se le puede obligar y el consumidor llega a la conclusión de que perdió el tiempo. Señala que, para que los consumidores puedan ser defendidos realmente, se necesita una reforma a la ley.
––No se tiene el mecanismo ni la cultura de protección al consumidor. La Procuraduría se convierte en un aparto burocrático que no sirve de nada y las instancias gubernamentales se preocupan de todo, menos de proteger al consumidor –concluye el abogado laboral, quien también es doctor en derechos social y maestro en sociología del trabajo.
En una postura similar, Mario Di Costanzo, diputado del Partido del Trabajo, considera que las funciones principales de la Profeco son la defensa del consumidor en conflictos con el proveedor y la de informar sobre las condiciones del mercado. Y en ambas, “más o menos ha cumplido con su papel”.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, comenta que “hay un abismo” entre los objetivos de la Profeco y su cumplimiento. Su labor conciliadora se encuentra limitada. Por ello, también demanda una reforma a la ley.
––En realidad, la Profeco, más que una procuraduría, es una especie de concertación entre las partes. Se pierde tiempo y no hay resultados en este proceso de conciliación; los consumidores abandonan los casos y muchas veces el propio proceso de conciliación puede ser tortuoso y largo. Entonces, esto es lo que hace que los consumidores no acudan a Profeco, a menos que haya un daño o gasto mayor.
Daniel Gershenson, miembro de Al consumidor, AC, dice que la Profeco fue una idea que en 1976, “en un sistema muy autoritario”, constituía una novedad, pues los usuarios estarían representados y el gobierno velaría por sus intereses. Pero el concepto se devaluó porque se convirtió en una burocracia.
––Si nos vamos al aspecto puramente informativo, creo que Profeco sí ha cumplido. Por otro lado, si se trata de facultar a los consumidores y de limitar excesos de empresas inescrupulosas, Profeco ha sido un fracaso rotundo. El proceso de conciliación es una verdadera monserga.
La lectura que hace es que la Profeco no cumple con las características necesarias para definirse como procuraduría, “a lo más que aspira es a sentar al consumidor junto con los abogados de estos grandes corporativos en un proceso desigual y en donde, por lo general, los que salen siempre ganando son estos corporativos”. Propone una renovación completa, en la que se incluyan la delimitación de actividades y la ingerencia que pueda tener la Secretaría de Economía.
Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, señala que la Profeco “no sirve para nada” porque es una instancia cada día más sometida a los grupos del gran capital.
Irónicamente, recuerda que el 15 de marzo es el Día Internacional del Consumidor y que la Profeco organiza un acto protocolario con grandes empresas y grupos que están siendo demandados por los consumidores. “Más que un día del consumidor, es un día de los grandes empresarios”.
Finalmente, Dolores Rojas, de Oxfam México, asevera que la conciliación es una salida pronta, pues parece que la mentalidad de la institución es: “mejor un buen arreglo que un mal pleito o un mal arreglo que un buen pleito que pueda durar tanto tiempo”.
––No me parece que frente a un mal servicio o un incumplimiento de un proveedor se concilie, cuando lo que tiene que haber es un cumplimiento del contrato, o sea, tendría que ser sancionado.
“No volvería nunca más con la Profeco”, dice Laura Soto, quien conduce un auto reconstruido que Volkswagen le vendió como nuevo. Aún paga mensualidades por 3 mil 900 pesos, que no concluirá hasta que sume 153 mil 648 pesos.
Laura Soto Pinetti compró un vehículo automotor Gol Sedán, color negro, de la marca Volkswagen, el 27 de abril de 2009. Pasaron algunos meses para que, casualmente, se diera cuenta de que su coche había sido sometido a reparaciones antes de que ella lo “estrenara”. Luego de una investigación propia, se enteraría de que tiempo atrás un espectacular había caído encima de los autos que se encontraban en la sala de exhibición de Vehículos Aragón, SA de CV, y la compañía había decidido reconstruirlos y venderlos como “nuevos”. Ella fue una de las víctimas del engaño.
Ante el reclamo de Soto Pinetti, presentado en octubre del año pasado, los abogados de la franquicia respondieron –hasta el 8 de enero de 2010– que se reservaban su “derecho de emitir una opinión”.
Pero la consumidora defraudada también interpuso una queja en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). El 16 de octubre acudió a la Delegación del Norte de la dependencia para abrir el expediente PFC.NDF.B.3/003136-2009 contra Volkswagen de México, SA de CV, y Vehículos Aragón. Sin embrago, después de una audiencia realizada el 26 de noviembre, que duró 33 minutos, se le informó que quedaban “a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma que más le conviniera a sus intereses”; es decir, la Profeco cerró el caso y lo turnó al Archivo General.
––Yo creí que me podían ayudar en la Procuraduría, porque soy consumidor. Se supone que le resuelven a uno este tipo de problemas…
A decir de Soto Pinetti, los servidores públicos de la Profeco y los representantes legales de Volkswagen mostraron siempre una camaradería, aunque el trato hacia ella fue distante.
El caso de Laura Soto es uno de los 111 mil que recibió la Profeco durante 2009. Según el comunicado 011 emitido por esta instancia el 3 de febrero pasado, 14 mil 867 procedimientos concluyeron con multas a proveedores: poco más del 13 por ciento de los casos se resolvió a favor del consumidor. Así, recuperó 1 mil 106 millones de pesos para los ciudadanos.
El propio comunicado da cuenta de que los sectores contra los que mayor número de quejas se interponen son telecomunicaciones, inmobiliario y electricidad.
El sector vehicular también es uno de los obligados por el artículo 39 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a indicar el estado físico de sus productos (deficiencia, uso o reconstrucción), información que no fue proporcionada a la ciudadana Soto Pinetti al momento de realizar la compra.
Antes de que la consumidora acudiera a la Profeco, Juan Manuel Noguez, gerente de Ventas de Vehículos Aragón, le había dicho que los desperfectos encontrados en el automóvil “seguramente” se debían a “la sal del mar, porque los embarcan desde Brasil… O se dañó a la hora de bajarlo de la madrina (grúa)”. Y le ofreció cambiar las piezas dañadas del vehículo y un carro para que se transportara en esos días.
––No, señor. Yo compré un coche nuevo; yo no compré uno usado o reparado –fue la respuesta de Soto Pinetti.
Proceso conciliatorio
En la audiencia, efectuada en noviembre, estuvieron presentes: Teresa Guadalupe Bautista Franco y Rodolfo Mondragón Monroy, conciliadora y delegado de la Procuraduría; Sergio Chávez Martínez, abogado de la concesionaria vehicular; y Soto Pinetti, a quien no se le permitió estar acompañada de su esposo por no contar con una carta poder.
La consumidora solicitó el cambio de su auto. La licenciada Bautista Franco argumentó que la Procuraduría no tiene ese tipo de facultades y que, si no aceptaba los términos de Volkswagen, se cerraba el proceso; además, que no tenía caso volverla a citar a otra audiencia.
En entrevista con Contralínea, Norelly Domínguez Acosta, subprocuradora de Servicios, dice que no se puede obligar al proveedor a la devolución, pero que “el Poder Judicial tiene los medios para hacer cumplir la sentencia que el juzgado determine”.
Carolina López Reyes, directora de Atención a Medios, señala que cuando no se ponen de acuerdo las partes involucradas se cierra el caso. “Después de este proceso de conciliación, la persona puede acudir a un MP (Ministerio Público) con una denuncia penal; la idea es hacerlo de inmediato”.
Sin embargo, a la consumidora no se le informó siquiera que podía acudir al Ministerio Público para levantar un acta civil o penal. Soto Pinetti dice que no se sintió respaldada ni asesorada.
Domínguez Acosta indica que todo procedimiento conciliatorio tarda aproximadamente 90 días naturales para resolverse. “Citamos al proveedor y al consumidor. Se pueden celebrar tres audiencias, buscando un acuerdo, y si no hay ninguna satisfacción, se dejan a salvo los derechos del consumidor para que los haga valer como le convenga, básicamente a través del Poder Judicial”.
Ante las quejas de la consumidora sobre “maltrato”, Domínguez Acosta explica que, “como servidores públicos, estamos regidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Servicio Profesional, la Ley de Servidores Públicos”.
El papel de la Profeco
“Un fracaso”, es el calificativo que utiliza el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfonso Bouzas Ortiz para definir la labor conciliadora de la Profeco. Manifiesta que el interés empresarial domina y la Procuraduría ha sido reducida a una instancia que afecta a los propios consumidores.
El objetivo de la Profeco es conciliar proveedores y consumidores. Pero, para que haya una verdadera protección del consumidor, debe redefinirse la política económica, priorizar el interés del consumidor y meter frenos al sector empresarial, añade Bouzas Ortiz.
Explica que el procedimiento actual de defensa de los consumidores que realiza la Procuraduría depende de la disposición de conciliar: si el empresario no desea una conciliación, no se le puede obligar y el consumidor llega a la conclusión de que perdió el tiempo. Señala que, para que los consumidores puedan ser defendidos realmente, se necesita una reforma a la ley.
––No se tiene el mecanismo ni la cultura de protección al consumidor. La Procuraduría se convierte en un aparto burocrático que no sirve de nada y las instancias gubernamentales se preocupan de todo, menos de proteger al consumidor –concluye el abogado laboral, quien también es doctor en derechos social y maestro en sociología del trabajo.
En una postura similar, Mario Di Costanzo, diputado del Partido del Trabajo, considera que las funciones principales de la Profeco son la defensa del consumidor en conflictos con el proveedor y la de informar sobre las condiciones del mercado. Y en ambas, “más o menos ha cumplido con su papel”.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, comenta que “hay un abismo” entre los objetivos de la Profeco y su cumplimiento. Su labor conciliadora se encuentra limitada. Por ello, también demanda una reforma a la ley.
––En realidad, la Profeco, más que una procuraduría, es una especie de concertación entre las partes. Se pierde tiempo y no hay resultados en este proceso de conciliación; los consumidores abandonan los casos y muchas veces el propio proceso de conciliación puede ser tortuoso y largo. Entonces, esto es lo que hace que los consumidores no acudan a Profeco, a menos que haya un daño o gasto mayor.
Daniel Gershenson, miembro de Al consumidor, AC, dice que la Profeco fue una idea que en 1976, “en un sistema muy autoritario”, constituía una novedad, pues los usuarios estarían representados y el gobierno velaría por sus intereses. Pero el concepto se devaluó porque se convirtió en una burocracia.
––Si nos vamos al aspecto puramente informativo, creo que Profeco sí ha cumplido. Por otro lado, si se trata de facultar a los consumidores y de limitar excesos de empresas inescrupulosas, Profeco ha sido un fracaso rotundo. El proceso de conciliación es una verdadera monserga.
La lectura que hace es que la Profeco no cumple con las características necesarias para definirse como procuraduría, “a lo más que aspira es a sentar al consumidor junto con los abogados de estos grandes corporativos en un proceso desigual y en donde, por lo general, los que salen siempre ganando son estos corporativos”. Propone una renovación completa, en la que se incluyan la delimitación de actividades y la ingerencia que pueda tener la Secretaría de Economía.
Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, señala que la Profeco “no sirve para nada” porque es una instancia cada día más sometida a los grupos del gran capital.
Irónicamente, recuerda que el 15 de marzo es el Día Internacional del Consumidor y que la Profeco organiza un acto protocolario con grandes empresas y grupos que están siendo demandados por los consumidores. “Más que un día del consumidor, es un día de los grandes empresarios”.
Finalmente, Dolores Rojas, de Oxfam México, asevera que la conciliación es una salida pronta, pues parece que la mentalidad de la institución es: “mejor un buen arreglo que un mal pleito o un mal arreglo que un buen pleito que pueda durar tanto tiempo”.
––No me parece que frente a un mal servicio o un incumplimiento de un proveedor se concilie, cuando lo que tiene que haber es un cumplimiento del contrato, o sea, tendría que ser sancionado.
“No volvería nunca más con la Profeco”, dice Laura Soto, quien conduce un auto reconstruido que Volkswagen le vendió como nuevo. Aún paga mensualidades por 3 mil 900 pesos, que no concluirá hasta que sume 153 mil 648 pesos.
A empresarios panistas, contratos por 37 mil MDP
Érika Ramírez *
El gobierno federal endeuda a México con más de 37 mil 600 millones de pesos. Los compromisos se asumieron a través de nueve Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), esquemas de financiamiento firmados entre la iniciativa privada y el gobierno federal. La deuda tardará en cubrirse más de dos décadas y fue adquirida sin el consentimiento del Congreso de la Unión durante el periodo 2005-2008.
Bajo el pretexto de ampliar la infraestructura hospitalaria de la nación, en la Presidencia de Vicente Fox se inició este esquema de negocios en el sector salud, mismo que se amplió a la construcción de tramos carreteros y, también, contempla la edificación de una universidad en San Luis Potosí.
Luego de la fiscalización de hospitales regionales y unidades de especialidades médicas del Bajío y de Ciudad Victoria, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por incumplimiento de contratos y la “no” incorporación de los montos comprometidos en la deuda pública del país.
Ya en 2007, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre los “problemas latentes” que atraen las también llamadas asociaciones público-privadas. Destaca en su informe CEFP/019/2007: “El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un PPS, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública”. Es decir, contrario al discurso oficial, al país le resulta más caro “invitar” a la iniciativa privada a invertir en la construcción de obra pública y prestación de servicios.
En un primer esquema de promoción de estos vehículos de financiamiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –entonces a cargo de Francisco Gil Díaz– proyectó llevar a cabo 11 esquemas, de los cuales, tres serían desarrollados por las secretarías de Salud, siete más por la de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, según muestra el portal de internet oficial.
Sin embargo, la Secretaría de Salud indica que los PPS podrían incrementarse hasta en 10 institutos de salud. Los mismos deberán acabar su concurso de licitación al final de la segunda administración panista, bajo el plan México 2030, Proyecto de Gran Visión (Contralínea 171), firmado por Felipe Calderón Hijonosa.
Hospitales “especiales”
Documentos oficiales muestran que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón suman ya un adeudo en el sector salud por 18 mil 481 millones 181 mil 500 pesos. La cifra engloba la firma de contratos para la construcción de tres unidades hospitalarias en Guanajuato, Ciudad Victoria y Estado de México.
Los contratos fueron asignados a la trasnacional española Acciona para el Hospital Regional de Alta especialidad (HRAE) Bajío; Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella, quienes aportaron más de 2 millones de pesos al Partido Acción Nacional–, el HRAE Ciudad Victoria; así como a Constructora y Edificadora GIA+A, Constructora Hispánica, y Eductrade, el HRAE de Ixtapaluca. Los dos primeros merecieron observaciones del máximo órgano de fiscalización del país.
En marzo de 2009, Contralínea documentó que la “primera etapa” de administración de los PPS puso en marcha la construcción del HRAE Bajío. El 7 de noviembre de 2005, la Secretaría de Salud (Ssa) –entonces a cargo de Julio Frenk Mora– firmó el contrato 00012004-005, por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, con la trasnacional española.
Sin embargo, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la ASF, revela que el contrato se modificó el 25 de enero de 2007 y duplicó el monto inicial. A los más de 3 mil millones se le sumaron otros 4 mil 617 millones 684 mil pesos, lo que implica que el compromiso ascendió a 7 mil 748 millones 559 mil pesos. El mismo tiene vigencia hasta el 30 de enero de 2031.
En las “observaciones” que la ASF señala a la Ssa, el máximo órgano de fiscalización del país pone en entredicho la legalidad de los contratos y los pagos por 143 millones de pesos que debe pagar anualmente la secretaría, por 25 años: “aún no se había previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, hoy abrogada, la modalidad de autorización de presupuestos multianuales de gasto”.
Los compromisos, dice el informe, fueron autorizados “únicamente” por la SHCP, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, “sin participación alguna de la Cámara de Diputados”, para presupuestar el gasto y los compromisos de pago “con efectos similares a un endeudamiento público”.
La ASF destaca la manera “discrecional” de contratar los esquemas de financiamiento, pues hasta enero de 2009 –cuando se llevó a cabo la auditoría–, la Cámara de Diputados “no participa en la autorización de los PPS ni de los presupuestos multianuales correspondientes, dichas responsabilidades son ejercidas a total discreción por la SHCP”.
“Si bien, los compromisos de pago que se adquirieron en el contrato PPS no se clasifican como deuda y sólo se registran como gasto corriente, su efecto en las finanzas públicas es el mismo que el de la contratación de un crédito a largo plazo autorizado como deuda por el Congreso de la Unión”, dice.
Además, requiere la homologación del contrato de concesión sobre el terreno en el que está construido el HRAE Bajío, ya que “en el contrato del PPS no se especifica tal situación y el título de concesión se otorgó por un plazo de 50 años, periodo que difirió con el plazo del PPS, que fue a 25 años”. Tampoco se especificó qué sucederá con la concesión del terreno durante el tiempo restante, menciona la ASF.
Incumplimiento de los Servitje
Otro de los contratos auditados por la ASF fue el que firmó la administración de Felipe Calderón con quienes financiaron su campaña en 2006: los Mariscal Servitje y Mariscal Torroella. El proyecto de Prestación de Servicios HRAE de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que costará al erario más de 4 mil millones de pesos; monto que deberá liquidarse hasta el 11 de julio de 2032.
A través de la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, los accionistas de grupo Bimbo obtuvieron el contrato 00012003-009-06, que concursó en una licitación pública internacional.
El compromiso, pactado entre la Ssa y los empresarios, fue incumplido “al no poner en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y no exigieron que el inversionista proveedor suministrara e instalara el equipamiento médico necesario”.
Pese a que el 10 de enero la Ssa certificó la terminación de los trabajos, la dependencia a cargo de Córdova Villalobos “no utilizó los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos del proyecto, debido a que no ha puesto en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE”, indica la ASF.
Del hospital de atención especializada no se pusieron en servicio las áreas de “anatomía patológica, medicina física y rehabilitación, medicina nuclear, oncología, radioterapia, quimioterapia, y braquioterapia, y parcialmente consulta externa y hospitalización con 20 camas, cuatro camas en terapia intensiva y dos de la unidad de cuidados intensivos”.
El contrato de más de 4 mil millones de pesos comprende el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento y manutención y conservación del proyecto. Sin embargo, indica la ASF, la Ssa “no actuó de conformidad con lo establecido en el contrato, debido a que no exigió oportunamente al inversionista proveedor el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el mismo para que la prestación de los servicios médicos se dé con eficiencia, calidad y oportunidad para el buen funcionamiento del hospital”.
De la maquinaria que no fue instalada se destacan los monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, ultrasonido intravascular, portaendoscopios, oximetría de pulso, ortopantomógrafo, neuroestimuladores, sillón de exploración con unidad de otorrinolaringología, computadora para terapia de lenguaje y oftalmoscopio directo, entre otras.
Además, la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella– “proyectó y construyó un espacio que incumple con las necesidades requeridas para funcionar adecuadamente como un auditorio, el cual debe tener una capacidad para 200 personas con butacas con paletas y preparación de traductor simultáneo. El espacio construido no cumple con la acústica y visibilidad necesarias”.
La Ssa “tampoco ha exigido el equipamiento y mobiliario de la biblioteca, hemeroteca y videoteca, así como la colocación de cuadros de ambientación, macetones con vegetación natural, calcomanías, tapetes de acceso y un mural o murales en su caso”, revela la revisión a la Cuenta Pública 2008.
El máximo órgano de fiscalización del país solicitó la intervención del Órgano Interno de Control para fincar responsabilidades. En tanto, la Ssa tiene un plazo de 45 días hábiles para solventar los señalamientos de la ASF.
Concesiones por 19 mil MDP a militantes del PAN
Empresas ICA (Ingenieros Civiles Asociados) es una de las principales compañías que conforman los consorcios “ganadores” de los PPS carreteros. Estos esquemas licitados por la SCT rebasan un “adeudo” por 19 mil millones de pesos.
Informes del financiamiento de campaña en 2006 del Partido Acción Nacional (PAN) muestran que los accionistas de ICA, militantes del blanquiazul, aportaron recursos por más de 4.5 millones de pesos a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, en la contienda presidencial de 2006.
La compañía liderada por Bernardo Quintana Isaac se ha dedicado a la construcción de obra pública desde 1947, cuando su padre Bernardo Quintana Arrioja inició el negocio. Ésta ha firmado alianzas con Desarrolladora de Proyectos de Infraestructura, Controladora de Operaciones e Infraestructura y FCC Construcción, para obtener la concesión de cuatro de los seis PPS carreteros.
De los hermanos Bernardo, Alonso y Diego Quintana Kawage, Diego es el que aportó más recursos al PAN en 2006: 2 millones 790 mil pesos. Integrante del Consejo de Administración de ICA e hijo de Quintana Isaac, el empresario hizo los depósitos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los meses de enero, junio, julio y septiembre de ese año electoral, como muestra la Relación personalizada de aportaciones de militantes del PAN en efectivo 2006 (cuya copia posee Contralínea).
El nieto del fundador de ICA aparece en el Consejo de Administración como director de la Unidad de Negocios de Vivienda desde 2004. También es vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Mexicana de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.
Sus hermanos Alonso y Bernardo fueron también donadores panistas en las elecciones presidenciales pasadas. Ambos depositaron al CEN de PAN 900 mil pesos cada uno, en mayo y junio de aquel año.
El primero ocupa el cargo de director Corporativo de Finanzas y Administración de ICA, desde enero de 2007, luego de integrarse a la empresa familiar desde 1994. El segundo es el director general de ICA Construcciones Urbanas.
Contratos al margen de la ley
Además de los contratos a través de los esquemas PPS, las administraciones panistas han licitado siete proyectos carreteros, concesionados a la iniciativa privada por más de 20 años. La cifra total de este compromiso suma 19 mil 202 millones de pesos mediante seis tramos carreteros.
El informe de la Cámara de Diputados explica que los PPS carreteros son una concesión otorgada a través de una licitación pública, que le garantiza al concesionario la adjudicación del contrato de prestación de servicios. Éste establece la asociación entre la SCT y la empresa privada para diseñar, financiar, construir, mantener y operar una carretera; el plazo del mismo va de 15 a 30 años.
De los seis proyectos licitados (de un total de siete programados) la ASF fiscalizó en la Cuenta Pública el “tramo carretero Querétaro-Irapuato”, que comprende 3 mil 628 millones de pesos. Concedido hasta por 20 años, el pago del contrato fue administrado como gasto corriente.
Sin embargo, el máximo órgano de fiscalización dice que los compromisos adquiridos bajo los esquemas PPS “representan obligaciones reales ineludibles de pago y de tener un carácter preferencial en la presupuestación anual, al momento de asignar y autorizar recursos, tal como fue el caso del contrato del proyecto de prestación de servicios del tramo carretero Querétaro- Irapuato, suscrito entre la SCT y la empresa Concesionaria de Vías Irapuato-Querétaro”.
El informe indica que es “conveniente que el Congreso de la Unión tenga una mayor participación en la autorización de este tipo de compromisos”, que formen parte del registro de la deuda pública federal, sean identificados plenamente en la Cuenta Pública y en los estados financieros de las paraestatales.
El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que el Congreso tiene la facultad para “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional”.
“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república.
“Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente”.
PPS, “pilar” del sector salud: Ssa
Manuel de la Llata Romero, director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de la Secretaría de Salud, defiende los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en el sector, y la deuda que conllevan. Son el “pilar” fundamental para incrementar la infraestructura hospitalaria que necesita México, dice.
“Es bien sabido que los recursos no abundan en nuestro país y tenemos que establecer los hospitales que se requieren; por ello, a partir de que en el gobierno de Vicente Fox quedaron aprobados, por las secretarías de Hacienda y la Función Pública, ahora se tiene proyectado que sean 12 PPS en todo el país, más tres en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey”, agrega.
Ante el impacto social que podrían tener estos proyectos, que en promedio significan un compromiso de más de 7 mil millones de pesos, a un plazo de 25 años, De la Llata dice que aún es “prematuro hacer juicios, pero sabemos que ha habido una reducción de padecimientos de personas que habitan en esas regiones, particularmente: cáncer, cardiología y algunas otras especialidades (sic)”.
Luego de que el pasado 17 de febrero se hicieran públicas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, el coordinador de los HRAE dice desconocer el porqué Acciona, proveedor, accionista del PPS del Bajío, tiene un contrato en el que se define que tiene derecho sobre las tierras en donde se edificó el HRAE por 50 años, y no por los 25 que durará la relación comercial con el gobierno federal, como lo menciona el órgano fiscalizador.
“Ese detalle no lo conozco, porque estos HRAE son entidades independientes, desde el punto de vista jurídico. Dependen normativamente de esta comisión, pero tienen una estructura de independencia. Ésa es la fortaleza del instituto. Son los directivos los que tendrán que solventar las observaciones de la auditoría”, comenta.
Sobre el incumplimiento de contrato de Grupo Marhnos en el HRAE de Ciudad Victoria, en donde la ASF detectó la falta de equipo y maquinaria para la atención médica, el funcionario de la Secretaría de Salud asegura que, justo un día antes de la entrevista con Contralínea (3 de marzo de 2010), se resolvieron algunas de las controversias con los proveedores: “Hubo algunos aspectos del equipamiento, y hemos tenido reuniones con ellos para que quede totalmente aclarado. Digamos que existe una visión distinta, pero confío en que quede totalmente aclarado”.
Sobre la entrega de donativos en la campaña presidencial de 2006, de familias que ahora tienen los PPS en su cartera de negocios, De la Llata prefiere no “opinar”, pues de eso sólo sabe la Dirección General de Infraestructura Física. “Nosotros sólo somos operativos”.
Mario Di Costanzo Armenta, economista y legislador por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, explica que los PPS generan una deuda “contingente” que finalmente se materializa, como los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto, un esquema que no fue idóneo para Petróleos Mexicanos.
El pretexto, comenta, es “encontrar nuevos negocios para entregárselos a los privados y seguir endeudando al país, cuando se puede hacer una inversión directa. Los empresarios son los nuevos intermediarios que se van a quedar con todo. Es otra manera de seguir entregando al país”. (ER)
“Problemas latentes en un contrato PPS”
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica cuáles podrían ser los problemas que genere la contratación de obra a través de los PPS:
· El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un proyecto de Prestación de Servicios, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública. El sector privado requiere una tasa de retorno superior a la tasa requerida por el sector público. Esta diferencia impacta en las finanzas públicas y en la capacidad gubernamental para mantener y expandir los servicios existentes.
· Si bien, la inyección de recursos privados permite satisfacer necesidades y proveer servicios públicos, que podrían haberse pospuesto o no atendido en el corto plazo, también en el largo plazo se acumulan pasivos durante la vida del contrato.
· Dado que se trata de contratos de largo plazo, superiores a 15 años, en la contraparte privada se podrían observar cambios en las estrategias de inversión, en la organización, en la propiedad o en la junta directiva.
· Finalmente, los PPS emergen cuando un inversionista privado o el gobierno identifica una oportunidad, no necesariamente responden a necesidades urgentes plenamente identificadas, en este caso, el sector privado los desarrolla con un costo extra.
* Reportera de las revistas mexicanas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna, negocios y finanzas. Egresada de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, UNAM. Becaria de los diplomados de Periodismo Radial y Periodismo de Investigación, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba.
El gobierno federal endeuda a México con más de 37 mil 600 millones de pesos. Los compromisos se asumieron a través de nueve Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), esquemas de financiamiento firmados entre la iniciativa privada y el gobierno federal. La deuda tardará en cubrirse más de dos décadas y fue adquirida sin el consentimiento del Congreso de la Unión durante el periodo 2005-2008.
Bajo el pretexto de ampliar la infraestructura hospitalaria de la nación, en la Presidencia de Vicente Fox se inició este esquema de negocios en el sector salud, mismo que se amplió a la construcción de tramos carreteros y, también, contempla la edificación de una universidad en San Luis Potosí.
Luego de la fiscalización de hospitales regionales y unidades de especialidades médicas del Bajío y de Ciudad Victoria, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por incumplimiento de contratos y la “no” incorporación de los montos comprometidos en la deuda pública del país.
Ya en 2007, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre los “problemas latentes” que atraen las también llamadas asociaciones público-privadas. Destaca en su informe CEFP/019/2007: “El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un PPS, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública”. Es decir, contrario al discurso oficial, al país le resulta más caro “invitar” a la iniciativa privada a invertir en la construcción de obra pública y prestación de servicios.
En un primer esquema de promoción de estos vehículos de financiamiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –entonces a cargo de Francisco Gil Díaz– proyectó llevar a cabo 11 esquemas, de los cuales, tres serían desarrollados por las secretarías de Salud, siete más por la de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, según muestra el portal de internet oficial.
Sin embargo, la Secretaría de Salud indica que los PPS podrían incrementarse hasta en 10 institutos de salud. Los mismos deberán acabar su concurso de licitación al final de la segunda administración panista, bajo el plan México 2030, Proyecto de Gran Visión (Contralínea 171), firmado por Felipe Calderón Hijonosa.
Hospitales “especiales”
Documentos oficiales muestran que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón suman ya un adeudo en el sector salud por 18 mil 481 millones 181 mil 500 pesos. La cifra engloba la firma de contratos para la construcción de tres unidades hospitalarias en Guanajuato, Ciudad Victoria y Estado de México.
Los contratos fueron asignados a la trasnacional española Acciona para el Hospital Regional de Alta especialidad (HRAE) Bajío; Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella, quienes aportaron más de 2 millones de pesos al Partido Acción Nacional–, el HRAE Ciudad Victoria; así como a Constructora y Edificadora GIA+A, Constructora Hispánica, y Eductrade, el HRAE de Ixtapaluca. Los dos primeros merecieron observaciones del máximo órgano de fiscalización del país.
En marzo de 2009, Contralínea documentó que la “primera etapa” de administración de los PPS puso en marcha la construcción del HRAE Bajío. El 7 de noviembre de 2005, la Secretaría de Salud (Ssa) –entonces a cargo de Julio Frenk Mora– firmó el contrato 00012004-005, por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, con la trasnacional española.
Sin embargo, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la ASF, revela que el contrato se modificó el 25 de enero de 2007 y duplicó el monto inicial. A los más de 3 mil millones se le sumaron otros 4 mil 617 millones 684 mil pesos, lo que implica que el compromiso ascendió a 7 mil 748 millones 559 mil pesos. El mismo tiene vigencia hasta el 30 de enero de 2031.
En las “observaciones” que la ASF señala a la Ssa, el máximo órgano de fiscalización del país pone en entredicho la legalidad de los contratos y los pagos por 143 millones de pesos que debe pagar anualmente la secretaría, por 25 años: “aún no se había previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, hoy abrogada, la modalidad de autorización de presupuestos multianuales de gasto”.
Los compromisos, dice el informe, fueron autorizados “únicamente” por la SHCP, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, “sin participación alguna de la Cámara de Diputados”, para presupuestar el gasto y los compromisos de pago “con efectos similares a un endeudamiento público”.
La ASF destaca la manera “discrecional” de contratar los esquemas de financiamiento, pues hasta enero de 2009 –cuando se llevó a cabo la auditoría–, la Cámara de Diputados “no participa en la autorización de los PPS ni de los presupuestos multianuales correspondientes, dichas responsabilidades son ejercidas a total discreción por la SHCP”.
“Si bien, los compromisos de pago que se adquirieron en el contrato PPS no se clasifican como deuda y sólo se registran como gasto corriente, su efecto en las finanzas públicas es el mismo que el de la contratación de un crédito a largo plazo autorizado como deuda por el Congreso de la Unión”, dice.
Además, requiere la homologación del contrato de concesión sobre el terreno en el que está construido el HRAE Bajío, ya que “en el contrato del PPS no se especifica tal situación y el título de concesión se otorgó por un plazo de 50 años, periodo que difirió con el plazo del PPS, que fue a 25 años”. Tampoco se especificó qué sucederá con la concesión del terreno durante el tiempo restante, menciona la ASF.
Incumplimiento de los Servitje
Otro de los contratos auditados por la ASF fue el que firmó la administración de Felipe Calderón con quienes financiaron su campaña en 2006: los Mariscal Servitje y Mariscal Torroella. El proyecto de Prestación de Servicios HRAE de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que costará al erario más de 4 mil millones de pesos; monto que deberá liquidarse hasta el 11 de julio de 2032.
A través de la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, los accionistas de grupo Bimbo obtuvieron el contrato 00012003-009-06, que concursó en una licitación pública internacional.
El compromiso, pactado entre la Ssa y los empresarios, fue incumplido “al no poner en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y no exigieron que el inversionista proveedor suministrara e instalara el equipamiento médico necesario”.
Pese a que el 10 de enero la Ssa certificó la terminación de los trabajos, la dependencia a cargo de Córdova Villalobos “no utilizó los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos del proyecto, debido a que no ha puesto en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE”, indica la ASF.
Del hospital de atención especializada no se pusieron en servicio las áreas de “anatomía patológica, medicina física y rehabilitación, medicina nuclear, oncología, radioterapia, quimioterapia, y braquioterapia, y parcialmente consulta externa y hospitalización con 20 camas, cuatro camas en terapia intensiva y dos de la unidad de cuidados intensivos”.
El contrato de más de 4 mil millones de pesos comprende el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento y manutención y conservación del proyecto. Sin embargo, indica la ASF, la Ssa “no actuó de conformidad con lo establecido en el contrato, debido a que no exigió oportunamente al inversionista proveedor el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el mismo para que la prestación de los servicios médicos se dé con eficiencia, calidad y oportunidad para el buen funcionamiento del hospital”.
De la maquinaria que no fue instalada se destacan los monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, ultrasonido intravascular, portaendoscopios, oximetría de pulso, ortopantomógrafo, neuroestimuladores, sillón de exploración con unidad de otorrinolaringología, computadora para terapia de lenguaje y oftalmoscopio directo, entre otras.
Además, la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella– “proyectó y construyó un espacio que incumple con las necesidades requeridas para funcionar adecuadamente como un auditorio, el cual debe tener una capacidad para 200 personas con butacas con paletas y preparación de traductor simultáneo. El espacio construido no cumple con la acústica y visibilidad necesarias”.
La Ssa “tampoco ha exigido el equipamiento y mobiliario de la biblioteca, hemeroteca y videoteca, así como la colocación de cuadros de ambientación, macetones con vegetación natural, calcomanías, tapetes de acceso y un mural o murales en su caso”, revela la revisión a la Cuenta Pública 2008.
El máximo órgano de fiscalización del país solicitó la intervención del Órgano Interno de Control para fincar responsabilidades. En tanto, la Ssa tiene un plazo de 45 días hábiles para solventar los señalamientos de la ASF.
Concesiones por 19 mil MDP a militantes del PAN
Empresas ICA (Ingenieros Civiles Asociados) es una de las principales compañías que conforman los consorcios “ganadores” de los PPS carreteros. Estos esquemas licitados por la SCT rebasan un “adeudo” por 19 mil millones de pesos.
Informes del financiamiento de campaña en 2006 del Partido Acción Nacional (PAN) muestran que los accionistas de ICA, militantes del blanquiazul, aportaron recursos por más de 4.5 millones de pesos a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, en la contienda presidencial de 2006.
La compañía liderada por Bernardo Quintana Isaac se ha dedicado a la construcción de obra pública desde 1947, cuando su padre Bernardo Quintana Arrioja inició el negocio. Ésta ha firmado alianzas con Desarrolladora de Proyectos de Infraestructura, Controladora de Operaciones e Infraestructura y FCC Construcción, para obtener la concesión de cuatro de los seis PPS carreteros.
De los hermanos Bernardo, Alonso y Diego Quintana Kawage, Diego es el que aportó más recursos al PAN en 2006: 2 millones 790 mil pesos. Integrante del Consejo de Administración de ICA e hijo de Quintana Isaac, el empresario hizo los depósitos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los meses de enero, junio, julio y septiembre de ese año electoral, como muestra la Relación personalizada de aportaciones de militantes del PAN en efectivo 2006 (cuya copia posee Contralínea).
El nieto del fundador de ICA aparece en el Consejo de Administración como director de la Unidad de Negocios de Vivienda desde 2004. También es vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Mexicana de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.
Sus hermanos Alonso y Bernardo fueron también donadores panistas en las elecciones presidenciales pasadas. Ambos depositaron al CEN de PAN 900 mil pesos cada uno, en mayo y junio de aquel año.
El primero ocupa el cargo de director Corporativo de Finanzas y Administración de ICA, desde enero de 2007, luego de integrarse a la empresa familiar desde 1994. El segundo es el director general de ICA Construcciones Urbanas.
Contratos al margen de la ley
Además de los contratos a través de los esquemas PPS, las administraciones panistas han licitado siete proyectos carreteros, concesionados a la iniciativa privada por más de 20 años. La cifra total de este compromiso suma 19 mil 202 millones de pesos mediante seis tramos carreteros.
El informe de la Cámara de Diputados explica que los PPS carreteros son una concesión otorgada a través de una licitación pública, que le garantiza al concesionario la adjudicación del contrato de prestación de servicios. Éste establece la asociación entre la SCT y la empresa privada para diseñar, financiar, construir, mantener y operar una carretera; el plazo del mismo va de 15 a 30 años.
De los seis proyectos licitados (de un total de siete programados) la ASF fiscalizó en la Cuenta Pública el “tramo carretero Querétaro-Irapuato”, que comprende 3 mil 628 millones de pesos. Concedido hasta por 20 años, el pago del contrato fue administrado como gasto corriente.
Sin embargo, el máximo órgano de fiscalización dice que los compromisos adquiridos bajo los esquemas PPS “representan obligaciones reales ineludibles de pago y de tener un carácter preferencial en la presupuestación anual, al momento de asignar y autorizar recursos, tal como fue el caso del contrato del proyecto de prestación de servicios del tramo carretero Querétaro- Irapuato, suscrito entre la SCT y la empresa Concesionaria de Vías Irapuato-Querétaro”.
El informe indica que es “conveniente que el Congreso de la Unión tenga una mayor participación en la autorización de este tipo de compromisos”, que formen parte del registro de la deuda pública federal, sean identificados plenamente en la Cuenta Pública y en los estados financieros de las paraestatales.
El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que el Congreso tiene la facultad para “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional”.
“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república.
“Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente”.
PPS, “pilar” del sector salud: Ssa
Manuel de la Llata Romero, director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de la Secretaría de Salud, defiende los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en el sector, y la deuda que conllevan. Son el “pilar” fundamental para incrementar la infraestructura hospitalaria que necesita México, dice.
“Es bien sabido que los recursos no abundan en nuestro país y tenemos que establecer los hospitales que se requieren; por ello, a partir de que en el gobierno de Vicente Fox quedaron aprobados, por las secretarías de Hacienda y la Función Pública, ahora se tiene proyectado que sean 12 PPS en todo el país, más tres en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey”, agrega.
Ante el impacto social que podrían tener estos proyectos, que en promedio significan un compromiso de más de 7 mil millones de pesos, a un plazo de 25 años, De la Llata dice que aún es “prematuro hacer juicios, pero sabemos que ha habido una reducción de padecimientos de personas que habitan en esas regiones, particularmente: cáncer, cardiología y algunas otras especialidades (sic)”.
Luego de que el pasado 17 de febrero se hicieran públicas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, el coordinador de los HRAE dice desconocer el porqué Acciona, proveedor, accionista del PPS del Bajío, tiene un contrato en el que se define que tiene derecho sobre las tierras en donde se edificó el HRAE por 50 años, y no por los 25 que durará la relación comercial con el gobierno federal, como lo menciona el órgano fiscalizador.
“Ese detalle no lo conozco, porque estos HRAE son entidades independientes, desde el punto de vista jurídico. Dependen normativamente de esta comisión, pero tienen una estructura de independencia. Ésa es la fortaleza del instituto. Son los directivos los que tendrán que solventar las observaciones de la auditoría”, comenta.
Sobre el incumplimiento de contrato de Grupo Marhnos en el HRAE de Ciudad Victoria, en donde la ASF detectó la falta de equipo y maquinaria para la atención médica, el funcionario de la Secretaría de Salud asegura que, justo un día antes de la entrevista con Contralínea (3 de marzo de 2010), se resolvieron algunas de las controversias con los proveedores: “Hubo algunos aspectos del equipamiento, y hemos tenido reuniones con ellos para que quede totalmente aclarado. Digamos que existe una visión distinta, pero confío en que quede totalmente aclarado”.
Sobre la entrega de donativos en la campaña presidencial de 2006, de familias que ahora tienen los PPS en su cartera de negocios, De la Llata prefiere no “opinar”, pues de eso sólo sabe la Dirección General de Infraestructura Física. “Nosotros sólo somos operativos”.
Mario Di Costanzo Armenta, economista y legislador por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, explica que los PPS generan una deuda “contingente” que finalmente se materializa, como los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto, un esquema que no fue idóneo para Petróleos Mexicanos.
El pretexto, comenta, es “encontrar nuevos negocios para entregárselos a los privados y seguir endeudando al país, cuando se puede hacer una inversión directa. Los empresarios son los nuevos intermediarios que se van a quedar con todo. Es otra manera de seguir entregando al país”. (ER)
“Problemas latentes en un contrato PPS”
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica cuáles podrían ser los problemas que genere la contratación de obra a través de los PPS:
· El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un proyecto de Prestación de Servicios, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública. El sector privado requiere una tasa de retorno superior a la tasa requerida por el sector público. Esta diferencia impacta en las finanzas públicas y en la capacidad gubernamental para mantener y expandir los servicios existentes.
· Si bien, la inyección de recursos privados permite satisfacer necesidades y proveer servicios públicos, que podrían haberse pospuesto o no atendido en el corto plazo, también en el largo plazo se acumulan pasivos durante la vida del contrato.
· Dado que se trata de contratos de largo plazo, superiores a 15 años, en la contraparte privada se podrían observar cambios en las estrategias de inversión, en la organización, en la propiedad o en la junta directiva.
· Finalmente, los PPS emergen cuando un inversionista privado o el gobierno identifica una oportunidad, no necesariamente responden a necesidades urgentes plenamente identificadas, en este caso, el sector privado los desarrolla con un costo extra.
* Reportera de las revistas mexicanas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna, negocios y finanzas. Egresada de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, UNAM. Becaria de los diplomados de Periodismo Radial y Periodismo de Investigación, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba.
viernes, 12 de marzo de 2010
Emplazan a SAT a acatar fallo de IFAI
Alberto Morales, Juan Arvizu y Andrea Merlos / El Universal
El Sistema de Administración Tributaria tendrá 10 días hábiles —una vez que sea notificado por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)— para que dé a conocer la lista de personas físicas y morales beneficiadas con la cancelación de sus deudas fiscales en 2007, cuyo monto asciende a 73 mil 900 millones de pesos.
El comisionado Ángel Trinidad Zaldívar aseguró que la próxima semana notificarán al órgano encargado de la recaudación fiscal la resolución del IFAI.
El funcionario del instituto dijo que con la resolución se da un gran paso para que la transparencia avance hacia la rendición de cuentas, pues ahora los ciudadanos no sólo conocen cuánto y cómo se gastan los recursos públicos, sino que también pueden evaluar cómo las dependencias toman sus decisiones.
Dijo que en caso de que el SAT no dé la información solicitada, por procedimiento se notificará al Órgano Interno de Control de la dependencia y a la Secretaría de la Función Pública para que se inicie una investigación.
Aplauden resolución
Las bancadas del PRI y del PT en la Cámara de Diputados se congratularon de que el SAT deba de dar una respuesta positiva a una petición de información sobre los grandes causantes a los que se les perdonan impuestos.
El grupo parlamentario del PRI estuvo de acuerdo con la apertura de esas listas, que servirá a los congresistas para legislar en materia fiscal, pero que guarda la secrecía que debe darse a la información de los causantes.
El PT destacó que una vez satisfecha la solicitud de información que un particular ha formulado al SAT, “esperemos que la Cámara de Diputados, a su vez, solicite a ese tercero le pase la información que fue negada a los diputados en la discusión de la Ley de Ingresos para 2010”.
El diputado Óscar Levín Coppel (PRI), integrante de la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales, afirmó que esta apertura ordenada por el IFAI “es una decisión en el camino correcto”.
Mario Di Costanzo (PT) consideró que el darse a conocer los nombres de los beneficiados por la Secretaría de Hacienda con grandes devoluciones de impuestos, servirá al Congreso de la Unión para legislar de manera clara sobre la materia.
En las devoluciones de impuestos y en los créditos fiscales, es muy seguro que se encontrarán muchos casos de beneficio por uso discrecional de funciones de parte de autoridades de la Secretaría de Hacienda, señaló el legislador, quien en varias ocasiones ha recibido respuestas negativas al solicitar la información que el IFAI ordenó abrir.
“Queremos saber quiénes son los beneficiados de estos créditos fiscales”, subrayó Di Costanzo, integrante del “gobierno legítimo” del dirigente político Andrés Manuel López Obrador, por parte de Hacienda.
Dijo que está “muy bien que el IFAI ordene al SAT lo que la Secretaría de Hacienda le negó al Congreso, que será el último en enterarse de esa información básica para legislar”, comentó.
Vislumbran equilibrio
“Esto da equilibrio y facilitará la toma de decisiones en materia fiscal en el trabajo legislativo”, mencionó Mario Di Costanzo, integrante de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En materia fiscal, “los diputados deben saber dónde están parados, por elemental técnica legislativa. Los diputados deben saber quién y cuánto paga”.
El Sistema de Administración Tributaria tendrá 10 días hábiles —una vez que sea notificado por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)— para que dé a conocer la lista de personas físicas y morales beneficiadas con la cancelación de sus deudas fiscales en 2007, cuyo monto asciende a 73 mil 900 millones de pesos.
El comisionado Ángel Trinidad Zaldívar aseguró que la próxima semana notificarán al órgano encargado de la recaudación fiscal la resolución del IFAI.
El funcionario del instituto dijo que con la resolución se da un gran paso para que la transparencia avance hacia la rendición de cuentas, pues ahora los ciudadanos no sólo conocen cuánto y cómo se gastan los recursos públicos, sino que también pueden evaluar cómo las dependencias toman sus decisiones.
Dijo que en caso de que el SAT no dé la información solicitada, por procedimiento se notificará al Órgano Interno de Control de la dependencia y a la Secretaría de la Función Pública para que se inicie una investigación.
Aplauden resolución
Las bancadas del PRI y del PT en la Cámara de Diputados se congratularon de que el SAT deba de dar una respuesta positiva a una petición de información sobre los grandes causantes a los que se les perdonan impuestos.
El grupo parlamentario del PRI estuvo de acuerdo con la apertura de esas listas, que servirá a los congresistas para legislar en materia fiscal, pero que guarda la secrecía que debe darse a la información de los causantes.
El PT destacó que una vez satisfecha la solicitud de información que un particular ha formulado al SAT, “esperemos que la Cámara de Diputados, a su vez, solicite a ese tercero le pase la información que fue negada a los diputados en la discusión de la Ley de Ingresos para 2010”.
El diputado Óscar Levín Coppel (PRI), integrante de la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales, afirmó que esta apertura ordenada por el IFAI “es una decisión en el camino correcto”.
Mario Di Costanzo (PT) consideró que el darse a conocer los nombres de los beneficiados por la Secretaría de Hacienda con grandes devoluciones de impuestos, servirá al Congreso de la Unión para legislar de manera clara sobre la materia.
En las devoluciones de impuestos y en los créditos fiscales, es muy seguro que se encontrarán muchos casos de beneficio por uso discrecional de funciones de parte de autoridades de la Secretaría de Hacienda, señaló el legislador, quien en varias ocasiones ha recibido respuestas negativas al solicitar la información que el IFAI ordenó abrir.
“Queremos saber quiénes son los beneficiados de estos créditos fiscales”, subrayó Di Costanzo, integrante del “gobierno legítimo” del dirigente político Andrés Manuel López Obrador, por parte de Hacienda.
Dijo que está “muy bien que el IFAI ordene al SAT lo que la Secretaría de Hacienda le negó al Congreso, que será el último en enterarse de esa información básica para legislar”, comentó.
Vislumbran equilibrio
“Esto da equilibrio y facilitará la toma de decisiones en materia fiscal en el trabajo legislativo”, mencionó Mario Di Costanzo, integrante de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En materia fiscal, “los diputados deben saber dónde están parados, por elemental técnica legislativa. Los diputados deben saber quién y cuánto paga”.
miércoles, 10 de marzo de 2010
martes, 9 de marzo de 2010
martes, 2 de marzo de 2010
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