jueves, 22 de abril de 2010
Después de 8 años, aprueban Cuenta Pública 2002
Después de ocho años, la Cámara de Diputados aprobó la revisión de la cuenta pública del 2002 sobre el manejo de recursos durante el gobierno de Vicente Fox.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 319 votos a favor, 19 en contra y 20 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2002.
El dictamen indica que durante el 2002 las finanzas públicas registraron un déficit presupuestario de 83 mil 827.4 millones de pesos, lo que representó el 1.36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que rebasó la meta de déficit fijada en 0.65 por ciento del PIB.
Lo anterior, es el resultado generado por el impacto presupuestario de 48 mil 878 millones de pesos, derivado de las operaciones asociadas a la liquidación del Banco Nacional de Crédito Rural S.N.C. (BANRURAL) y la creación de la Financiera Rural.
Por ello, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray Caso, aseguró que el documento no aprueba la Cuenta Pública del 2002 ni tampoco la desaprueba, pues únicamente tiene la obligación de señalar anomalías, deficiencias, así como proponer medidas e instrucciones para no repetir los errores de ese año.
AUDIO……….LUIS VIDEGARAY CASO……..el dictamen no pretende establecer sanciones o imputar responsabilidades específicas, simplemente la Cámara de Diputados cumple con la obligación a través del órgano técnico que es la Auditoría Superior de la Federación, la ASF elaboró 336 auditorías específicas y promovió tres mil 410 acciones correctivas por un monto de 72 mil millones de pesos a la Cuenta Pública 2002.
Indicó que el dictamen de la Cuenta Pública 2002 señala problemas graves en el gasto público federal, ya que en ese año se incrementó el gasto corriente en un 6.5 por ciento, pues solamente en el rubro erogaciones por servicios personales, materiales y suministros creció en un 3.5 por ciento por arriba de la inflación.
Durante su participación, el petista Mario Di Constanzo, arremetió en contra del ex presidente Vicente Fox, PAN y el PRI, así como de la propia Cámara de Diputados, que dijo se enreda y no hace nada.
Finalmente, a nombre de la bancada del PAN, Ramón Merino Loo, del Estado de Guanajuato, señaló que su grupo parlamentario está y estará siempre a favor de la transparencia en las cuentas públicas federales y agradeció que la mayoría de diputados, incluso perredistas hayan avalado la cuenta pública 2002, de Vicente Fox.
Fuente: Mónica Romero / WRadio
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 319 votos a favor, 19 en contra y 20 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2002.
El dictamen indica que durante el 2002 las finanzas públicas registraron un déficit presupuestario de 83 mil 827.4 millones de pesos, lo que representó el 1.36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que rebasó la meta de déficit fijada en 0.65 por ciento del PIB.
Lo anterior, es el resultado generado por el impacto presupuestario de 48 mil 878 millones de pesos, derivado de las operaciones asociadas a la liquidación del Banco Nacional de Crédito Rural S.N.C. (BANRURAL) y la creación de la Financiera Rural.
Por ello, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray Caso, aseguró que el documento no aprueba la Cuenta Pública del 2002 ni tampoco la desaprueba, pues únicamente tiene la obligación de señalar anomalías, deficiencias, así como proponer medidas e instrucciones para no repetir los errores de ese año.
AUDIO……….LUIS VIDEGARAY CASO……..el dictamen no pretende establecer sanciones o imputar responsabilidades específicas, simplemente la Cámara de Diputados cumple con la obligación a través del órgano técnico que es la Auditoría Superior de la Federación, la ASF elaboró 336 auditorías específicas y promovió tres mil 410 acciones correctivas por un monto de 72 mil millones de pesos a la Cuenta Pública 2002.
Indicó que el dictamen de la Cuenta Pública 2002 señala problemas graves en el gasto público federal, ya que en ese año se incrementó el gasto corriente en un 6.5 por ciento, pues solamente en el rubro erogaciones por servicios personales, materiales y suministros creció en un 3.5 por ciento por arriba de la inflación.
Durante su participación, el petista Mario Di Constanzo, arremetió en contra del ex presidente Vicente Fox, PAN y el PRI, así como de la propia Cámara de Diputados, que dijo se enreda y no hace nada.
Finalmente, a nombre de la bancada del PAN, Ramón Merino Loo, del Estado de Guanajuato, señaló que su grupo parlamentario está y estará siempre a favor de la transparencia en las cuentas públicas federales y agradeció que la mayoría de diputados, incluso perredistas hayan avalado la cuenta pública 2002, de Vicente Fox.
Fuente: Mónica Romero / WRadio
Revisan la cuenta pública del segundo año de la administración Fox
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto de la cuenta pública 2002, relativo a la pasada administración, en uso de su facultad exclusiva para la revisión de la Hacienda Federal del ejercicio fiscal de dicho año.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray (PRI) señaló que la resolución del pleno no aprueba ni desaprueba la cuenta entregada por la administración foxista, sino que únicamente cumple con la obligación parlamentaria de examinar y señalar anomalías con la finalidad de no repetir errores.
Como se consigna en el tercer resolutivo del documento, en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2002 se detectaron infracciones a los principios básicos de contabilidad gubernamental principalmente en algunas dependencias como las secretarías de Energía, de Educación, Hacienda y Comunicaciones y Transportes.
Sobre el dictamen, el legislador del Partido Verde Juan José Guerra, destacó que la acción de la cámara servirá particularmente para que el Ejecutivo tome medidas correctivas y para que el Congreso elabore y autorice mejores presupuestos.
A nombre del Partido Acción Nacional, el diputado Ramón Merino aseguró que su grupo parlamentario está a favor del dictamen ya que en él se reconocen logros alcanzados en las políticas públicas implementadas durante ese año.
En oposición el diputado Mario di Costanzo Armenta (PT), cuestionó la negativa de la resolución para valorar si la administración del ex presidente Fox ejerció “bien o mal” el gasto del Gobierno Federal, por lo que calificó el dictamen de “timorato”.
La crítica del PRD se concentró en el problema de los tiempos ya que, como dijo el legislador Vidal Llerenas, apenas se está discutiendo la Cuenta Pública 2002, cuando todavía restan por discutir las relativas a los últimos años de la administración pasada.
El documento avalado por la Cámara Baja por 318 votos a favor y 19 en contra, incluye algunos exhortos para que el Poder Ejecutivo Federal continúe reduciendo el gasto corriente e instruya a las dependencias a ejercer el gasto público conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos 2010.
Fuente: Canal del COngreso
Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray (PRI) señaló que la resolución del pleno no aprueba ni desaprueba la cuenta entregada por la administración foxista, sino que únicamente cumple con la obligación parlamentaria de examinar y señalar anomalías con la finalidad de no repetir errores.
Como se consigna en el tercer resolutivo del documento, en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2002 se detectaron infracciones a los principios básicos de contabilidad gubernamental principalmente en algunas dependencias como las secretarías de Energía, de Educación, Hacienda y Comunicaciones y Transportes.
Sobre el dictamen, el legislador del Partido Verde Juan José Guerra, destacó que la acción de la cámara servirá particularmente para que el Ejecutivo tome medidas correctivas y para que el Congreso elabore y autorice mejores presupuestos.
A nombre del Partido Acción Nacional, el diputado Ramón Merino aseguró que su grupo parlamentario está a favor del dictamen ya que en él se reconocen logros alcanzados en las políticas públicas implementadas durante ese año.
En oposición el diputado Mario di Costanzo Armenta (PT), cuestionó la negativa de la resolución para valorar si la administración del ex presidente Fox ejerció “bien o mal” el gasto del Gobierno Federal, por lo que calificó el dictamen de “timorato”.
La crítica del PRD se concentró en el problema de los tiempos ya que, como dijo el legislador Vidal Llerenas, apenas se está discutiendo la Cuenta Pública 2002, cuando todavía restan por discutir las relativas a los últimos años de la administración pasada.
El documento avalado por la Cámara Baja por 318 votos a favor y 19 en contra, incluye algunos exhortos para que el Poder Ejecutivo Federal continúe reduciendo el gasto corriente e instruya a las dependencias a ejercer el gasto público conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos 2010.
Fuente: Canal del COngreso
miércoles, 21 de abril de 2010
martes, 20 de abril de 2010
domingo, 18 de abril de 2010
Las malas cuentas de Calderón en 2008
La Auditoría Superior de la Federación detectó un manejo discrecional de los excedentes financieros del Gobierno Federal en 2008 para forzar el equilibrio presupuestal
MÉXICO, D.F.- El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa maquilló las cifras de su gasto de 2008, incurrió en subejercicios injustificados, realizó transferencias indebidas a diversos fondos e impidió que los millonarios recursos adicionales que obtuvo por ingresos excedentes llegaran a la población, destinándolos al mantenimiento del costoso aparato burocrático.
Desde la llegada del panismo al Gobierno Federal, los ingresos por excedentes petroleros y tributarios han alcanzado niveles sin precedente; para 2008 sumaban ya mil 282 millones de pesos. Sin embargo, gran parte de esos recursos ha ido a parar a los bolsillos de la alta burocracia: en los últimos 10 años, el número de plazas en el Gobierno Federal se incrementó en más de mil por ciento.
Lo anterior se desprende del análisis de la cuenta pública federal 2008 que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la Unidad de Evaluación y Control de la misma cámara y los informes cuatrimestrales de ese año de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la interpretación de los documentos que hacen legisladores del PRI y el PT, especializados en el manejo del gasto público.
Año tras año, la Cámara de Diputados autoriza una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos para el Gobierno Federal. En 2008, los legisladores autorizaron un gasto de 2 billones 894 mil 806 millones de pesos a la administración calderonista. De esta cantidad, 85% corresponde a pagos ineludibles como programas sociales, mantenimiento de escuelas, salarios de maestros y médicos y pago de la deuda, entre otros.
Por lo tanto, sólo 434 mil 220 millones de pesos pudieron ser etiquetados por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón realizó un manejo discrecional de esos recursos, e incluso fuera de la ley, para mantener el llamado "equilibrio presupuestal".
DINERO PERDIDO
De los 434 mil 220 millones de pesos que manejó libremente el gobierno calderonista, 315 mil 476 millones de pesos (el 72.6%) fueron captados por la venta de excedentes petroleros y recursos tributarios no previstos. Los legisladores no tienen certeza del uso de esos recursos, pues no cuentan con la justificación correspondiente.
Mario Di Costanzo, diputado federal del Partido del Trabajo y exfuncionario de Hacienda, detalla que más de la mitad de esos recursos fueron empleados en el gasto corriente de la administración de Calderón, esto es, pago de salario de altos funcionarios y el mantenimiento del aparto como compra de vehículos y gasolina. En contraste, la inversión pública cayó 40% y la deuda creció en 650 mil millones de pesos, asegura.
"Un ciudadano común no puede entender cómo con más ingresos en el país la inflación y la deuda crecieron en lugar de disminuir. Y la respuesta está en que poco más de la mitad de ese dinero se fue al pago de salarios y mantenimiento del aparato burocrático", expone.
El informe de la ASF señala que la mayor parte del gasto neto devengado se destinó al gasto corriente, "en el que los servicios personales representaron la mayor parte".
A su vez, el diputado del PRI Sebastián Lerdo de Tejada, especialista en la elaboración de presupuestos, acusa al gobierno panista de estar "engañando" a la población, pues el número de plazas de nivel superior –dice apoyado en datos de Hacienda– ha crecido por encima de mil por ciento desde el arribo del PAN a la Presidencia. Por ejemplo, en 2001 había 89 funcionaros que ganaban como subsecretarios de Estado o titulares de entidad. Para 2009, el número aumentó a mil 11 funcionarios, es decir, un crecimiento de mil 36 por ciento.
En el mismo periodo, de 4 mil 446 directores de área que había en 2001, la cifra llegó a 38 mil 427 directores, y de 69 jefes de unidad o titular de entidad se pasó a mil 212.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, el costo total del aparato burocrático del Gobierno Federal en 2008 fue de 185 mil 44 millones de pesos, de los cuales 6 mil 500 millones se emplearon para el pago de salarios; el resto (134 mil millones) en gasto corriente.
La ASF encontró que el Gobierno Federal erogó 126 mil 877 millones de pesos (poco más del 40% de los excedentes petroleros y tributarios) para "otros gastos corrientes".
Paradójicamente, la Cámara de Diputados obligó al Gobierno Federal a "racionalizar su gasto de operación" y le ordenó "compactar su estructura administrativa", según estableció en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.
Lo anterior implica la reorganización del Poder Ejecutivo Federal, incluyendo la revisión de la duplicidad de funciones, la reducción de los niveles salariales equivalentes en subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales "que no tenga dichos cargos" y la posible reducción de direcciones generales adjuntas.
En lugar de cumplir con el mandato, el gobierno de Felipe Calderón envió lo que fue considerado por priístas y petistas como "una burla": un plan de austeridad por tres años que comprende el ahorro de 40 mil 100 millones de pesos (13 mil 366 millones de pesos por año), cifra que contrasta con los 185 mil millones de pesos que gastó tan sólo en 2008 para el mantenimiento del aparato burocrático.
SIMULACIONES
La Auditoría Superior de la Federación detectó que en el llamado ramo 23 ("previsiones salariales") existió un sobregiro de 126 mil 877 millones de pesos, según el cuarto informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2008.
De acuerdo con el informe, Hacienda "autorizó la reasignación de gasto por 9 mil 538 millones de pesos a diversas entidades y fideicomisos, aun cuando, por lo avanzado del ejercicio fiscal, no era factible que dichos recursos se devengaran".
Además "se realizaron transferencias de recursos por 67 mil 587 millones de pesos a diversos ramos, sin que para ello hubiesen justificado las contingencias o gastos urgentes en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria".
El ramo 23 concentra recursos para contingencias como desastres naturales o aumentos salariales no previstos, y su aplicación debe estar siempre justificada. En realidad, el Gobierno Federal lo utiliza como una caja chica, considera el diputado federal Mario Di Costanzo.
"En este caso, nada de los más de 126 mil millones de pesos utilizados fue justificado", puntualiza.
La auditoría también llama la atención sobre el registro de recursos que el Gobierno Federal transfiere a diferentes fondos como "inversión física", pero que "son destinados al gasto corriente por sus ejecutores finales, como son los gobiernos estatales o municipales, razón por la cual se sobreestima el gasto de inversión".
Un ejemplo: según el informe de la auditoría, se dejaron de invertir 41 mil 331 millones de pesos en infraestructura; sin embargo, a esta cantidad hay que restarle 5 mil millones de pesos que supuestamente habían pasado al llamado Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y que debían de haberse utilizado para la infraestructura rural y urbana. Aunque fueron registrados en las cuentas del Gobierno Federal como inversión física y etiquetados para ese propósito, fueron usados "para gasto corriente".
LOS SUBEJERCICIOS
A esto se suman los llamados subejercicios, es decir, dinero que la federación dejó de ejercer injustificadamente en diversos programas sociales, dice por su parte el diputado priísta Sebastián Lerdo de Tejada, lo que para él es "una muestra plena de la ineficiencia en el ejercicio de los ingresos y el gasto público de parte del gobierno panista".
Peor aún: dice que las cuentas de la administración calderonista contienen "simulaciones y ajustes realizados por el Ejecutivo Federal para ocultar millonarios subejercicios en el gasto".
Reclama que el Gobierno Federal recurrió a la alquimia financiera "para que se alcanzara el equilibrio presupuestario y no se reflejara un subejercicio mayor al cierre de 2008".
Denuncia que Hacienda autorizó distribuir remanentes presupuestales por 44 mil 542.3 millones de pesos, de los cuales 9 mil 537.7 millones fueron transferidos a diversas dependencias, entidades, fondos y fideicomisos, así como para la constitución de depósitos en la Tesorería de la Federación (Tesote)".
Ofrece otros datos que él llama "preocupantes" sobre el manejo de las finanzas federales:
"En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encontraron recursos no devengados de los convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos a entidades federativas por 2 mil 100 millones de pesos.
"En el Programa Enciclopedia, la ASF detectó que la Secretaría de Educación Pública reportó indebidamente mil 300 millones de pesos como ejercidos, siendo que hasta octubre de 2009 se encontraban depositados en la Tesofe en una cuenta a favor de esa dependencia. También se realizaron transferencias por mil 73 millones de pesos a otras unidades administrativas y órganos desconcentrados para cubrir los capítulos de servicios personales y gastos de operación."
Lo que es más, la administración calderonista recurrió a la figura de fideicomisos para ejercer dinero de manera discrecional, sin la autorización de la Cámara de Diputados, como lo demuestran las auditorias financieras y de cumplimiento con el manejo de los llamados "aprovechamientos" (el dinero que ingresa a la federación por el cobro de usufructo de algunos bienes, al margen de la tributación que paga cada ciudadano) y de la recuperación de capital por venta de bienes.
El Gobierno Federal reportó a la ASF 353 fidecomisos, cifra menor a los existentes durante la administración de Vicente Fox. Sin embargo, los recursos depositados en estos instrumentos ascienden a 506 mil 946 millones de pesos.
‘EL ESCÁNDALO’
Sin embargo, dice Lerdo de Tejada, en 2008 "había 992 instrumentos jurídicos con disponibilidad de 601 mil 681 millones de pesos", según la información proporcionada por los tres poderes, órganos autónomos, instituciones públicas de educación superior y gobiernos estatales.
El "escándalo" –como lo llaman tanto el priísta Lerdo de Tejada como el petista Di Costanzo– radica en el manejo discrecional de esos recursos.
Lerdo de Tejada sostiene que estos instrumentos financieros han servido al gobierno para "desviar recursos" y utilizarlos con fines distintos para los que fueron autorizados.
Un ejemplo de lo anterior es el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP), constituido por Hacienda "en una cuenta de depósito de terceros en la Tesofe, mediante un acto que denominaron ‘acto jurídico análogo a mandato’, figura no prevista en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lugar de formalizarlo como un fideicomiso público. Una parte de los recursos del FARP los destinó Hacienda para atender la insuficiencia en el presupuesto original del ISSSTE en el rubro de pensiones y jubilaciones. Además, los rendimientos financieros de los recursos del FARP fueron depositados en cuentas distintas a las de dicho fondo", reportó la Auditoría Superior de la Federación.
El colmo, según el legislador Sebastián Lerdo de Tejada, es que "Hacienda obligó a Banobras a retirar 5 mil millones de pesos de su capital –depositado en el Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral de 2006–, y que lo regresara a la Tesofe para que ésta lo inscribiera en la Ley de Ingresos de la Federación como si fuera parte de los ingresos que se obtienen por impuestos o aprovechamientos o excedentes petroleros".
Lerdo de Tejada califica esta maniobra financiera como "una simulación para lograr un equilibrio presupuestal", como lo evidencia la propia ASF:
"La SHCP utilizó posteriormente dichos recursos para alcanzar un equilibrio presupuestal en las finanzas públicas, y en el ejercicio siguiente para autorizar un mayor gasto, sin la intervención y aprobación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, Hacienda continuó manejando discrecionalmente los fideicomisos, mandatos y actos análogos para canalizar recursos públicos excedentes enterados en la Tesofe y resignados en la Ley de Ingresos de la Federación."
"A esto sólo se le puede llamar un fraude a la nación", sostiene el diputado petista Mario Di Costanzo.
Fuente: Jesusa Cervantes / Proceso
MÉXICO, D.F.- El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa maquilló las cifras de su gasto de 2008, incurrió en subejercicios injustificados, realizó transferencias indebidas a diversos fondos e impidió que los millonarios recursos adicionales que obtuvo por ingresos excedentes llegaran a la población, destinándolos al mantenimiento del costoso aparato burocrático.
Desde la llegada del panismo al Gobierno Federal, los ingresos por excedentes petroleros y tributarios han alcanzado niveles sin precedente; para 2008 sumaban ya mil 282 millones de pesos. Sin embargo, gran parte de esos recursos ha ido a parar a los bolsillos de la alta burocracia: en los últimos 10 años, el número de plazas en el Gobierno Federal se incrementó en más de mil por ciento.
Lo anterior se desprende del análisis de la cuenta pública federal 2008 que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la Unidad de Evaluación y Control de la misma cámara y los informes cuatrimestrales de ese año de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la interpretación de los documentos que hacen legisladores del PRI y el PT, especializados en el manejo del gasto público.
Año tras año, la Cámara de Diputados autoriza una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos para el Gobierno Federal. En 2008, los legisladores autorizaron un gasto de 2 billones 894 mil 806 millones de pesos a la administración calderonista. De esta cantidad, 85% corresponde a pagos ineludibles como programas sociales, mantenimiento de escuelas, salarios de maestros y médicos y pago de la deuda, entre otros.
Por lo tanto, sólo 434 mil 220 millones de pesos pudieron ser etiquetados por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón realizó un manejo discrecional de esos recursos, e incluso fuera de la ley, para mantener el llamado "equilibrio presupuestal".
DINERO PERDIDO
De los 434 mil 220 millones de pesos que manejó libremente el gobierno calderonista, 315 mil 476 millones de pesos (el 72.6%) fueron captados por la venta de excedentes petroleros y recursos tributarios no previstos. Los legisladores no tienen certeza del uso de esos recursos, pues no cuentan con la justificación correspondiente.
Mario Di Costanzo, diputado federal del Partido del Trabajo y exfuncionario de Hacienda, detalla que más de la mitad de esos recursos fueron empleados en el gasto corriente de la administración de Calderón, esto es, pago de salario de altos funcionarios y el mantenimiento del aparto como compra de vehículos y gasolina. En contraste, la inversión pública cayó 40% y la deuda creció en 650 mil millones de pesos, asegura.
"Un ciudadano común no puede entender cómo con más ingresos en el país la inflación y la deuda crecieron en lugar de disminuir. Y la respuesta está en que poco más de la mitad de ese dinero se fue al pago de salarios y mantenimiento del aparato burocrático", expone.
El informe de la ASF señala que la mayor parte del gasto neto devengado se destinó al gasto corriente, "en el que los servicios personales representaron la mayor parte".
A su vez, el diputado del PRI Sebastián Lerdo de Tejada, especialista en la elaboración de presupuestos, acusa al gobierno panista de estar "engañando" a la población, pues el número de plazas de nivel superior –dice apoyado en datos de Hacienda– ha crecido por encima de mil por ciento desde el arribo del PAN a la Presidencia. Por ejemplo, en 2001 había 89 funcionaros que ganaban como subsecretarios de Estado o titulares de entidad. Para 2009, el número aumentó a mil 11 funcionarios, es decir, un crecimiento de mil 36 por ciento.
En el mismo periodo, de 4 mil 446 directores de área que había en 2001, la cifra llegó a 38 mil 427 directores, y de 69 jefes de unidad o titular de entidad se pasó a mil 212.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, el costo total del aparato burocrático del Gobierno Federal en 2008 fue de 185 mil 44 millones de pesos, de los cuales 6 mil 500 millones se emplearon para el pago de salarios; el resto (134 mil millones) en gasto corriente.
La ASF encontró que el Gobierno Federal erogó 126 mil 877 millones de pesos (poco más del 40% de los excedentes petroleros y tributarios) para "otros gastos corrientes".
Paradójicamente, la Cámara de Diputados obligó al Gobierno Federal a "racionalizar su gasto de operación" y le ordenó "compactar su estructura administrativa", según estableció en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.
Lo anterior implica la reorganización del Poder Ejecutivo Federal, incluyendo la revisión de la duplicidad de funciones, la reducción de los niveles salariales equivalentes en subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales "que no tenga dichos cargos" y la posible reducción de direcciones generales adjuntas.
En lugar de cumplir con el mandato, el gobierno de Felipe Calderón envió lo que fue considerado por priístas y petistas como "una burla": un plan de austeridad por tres años que comprende el ahorro de 40 mil 100 millones de pesos (13 mil 366 millones de pesos por año), cifra que contrasta con los 185 mil millones de pesos que gastó tan sólo en 2008 para el mantenimiento del aparato burocrático.
SIMULACIONES
La Auditoría Superior de la Federación detectó que en el llamado ramo 23 ("previsiones salariales") existió un sobregiro de 126 mil 877 millones de pesos, según el cuarto informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2008.
De acuerdo con el informe, Hacienda "autorizó la reasignación de gasto por 9 mil 538 millones de pesos a diversas entidades y fideicomisos, aun cuando, por lo avanzado del ejercicio fiscal, no era factible que dichos recursos se devengaran".
Además "se realizaron transferencias de recursos por 67 mil 587 millones de pesos a diversos ramos, sin que para ello hubiesen justificado las contingencias o gastos urgentes en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria".
El ramo 23 concentra recursos para contingencias como desastres naturales o aumentos salariales no previstos, y su aplicación debe estar siempre justificada. En realidad, el Gobierno Federal lo utiliza como una caja chica, considera el diputado federal Mario Di Costanzo.
"En este caso, nada de los más de 126 mil millones de pesos utilizados fue justificado", puntualiza.
La auditoría también llama la atención sobre el registro de recursos que el Gobierno Federal transfiere a diferentes fondos como "inversión física", pero que "son destinados al gasto corriente por sus ejecutores finales, como son los gobiernos estatales o municipales, razón por la cual se sobreestima el gasto de inversión".
Un ejemplo: según el informe de la auditoría, se dejaron de invertir 41 mil 331 millones de pesos en infraestructura; sin embargo, a esta cantidad hay que restarle 5 mil millones de pesos que supuestamente habían pasado al llamado Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y que debían de haberse utilizado para la infraestructura rural y urbana. Aunque fueron registrados en las cuentas del Gobierno Federal como inversión física y etiquetados para ese propósito, fueron usados "para gasto corriente".
LOS SUBEJERCICIOS
A esto se suman los llamados subejercicios, es decir, dinero que la federación dejó de ejercer injustificadamente en diversos programas sociales, dice por su parte el diputado priísta Sebastián Lerdo de Tejada, lo que para él es "una muestra plena de la ineficiencia en el ejercicio de los ingresos y el gasto público de parte del gobierno panista".
Peor aún: dice que las cuentas de la administración calderonista contienen "simulaciones y ajustes realizados por el Ejecutivo Federal para ocultar millonarios subejercicios en el gasto".
Reclama que el Gobierno Federal recurrió a la alquimia financiera "para que se alcanzara el equilibrio presupuestario y no se reflejara un subejercicio mayor al cierre de 2008".
Denuncia que Hacienda autorizó distribuir remanentes presupuestales por 44 mil 542.3 millones de pesos, de los cuales 9 mil 537.7 millones fueron transferidos a diversas dependencias, entidades, fondos y fideicomisos, así como para la constitución de depósitos en la Tesorería de la Federación (Tesote)".
Ofrece otros datos que él llama "preocupantes" sobre el manejo de las finanzas federales:
"En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encontraron recursos no devengados de los convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos a entidades federativas por 2 mil 100 millones de pesos.
"En el Programa Enciclopedia, la ASF detectó que la Secretaría de Educación Pública reportó indebidamente mil 300 millones de pesos como ejercidos, siendo que hasta octubre de 2009 se encontraban depositados en la Tesofe en una cuenta a favor de esa dependencia. También se realizaron transferencias por mil 73 millones de pesos a otras unidades administrativas y órganos desconcentrados para cubrir los capítulos de servicios personales y gastos de operación."
Lo que es más, la administración calderonista recurrió a la figura de fideicomisos para ejercer dinero de manera discrecional, sin la autorización de la Cámara de Diputados, como lo demuestran las auditorias financieras y de cumplimiento con el manejo de los llamados "aprovechamientos" (el dinero que ingresa a la federación por el cobro de usufructo de algunos bienes, al margen de la tributación que paga cada ciudadano) y de la recuperación de capital por venta de bienes.
El Gobierno Federal reportó a la ASF 353 fidecomisos, cifra menor a los existentes durante la administración de Vicente Fox. Sin embargo, los recursos depositados en estos instrumentos ascienden a 506 mil 946 millones de pesos.
‘EL ESCÁNDALO’
Sin embargo, dice Lerdo de Tejada, en 2008 "había 992 instrumentos jurídicos con disponibilidad de 601 mil 681 millones de pesos", según la información proporcionada por los tres poderes, órganos autónomos, instituciones públicas de educación superior y gobiernos estatales.
El "escándalo" –como lo llaman tanto el priísta Lerdo de Tejada como el petista Di Costanzo– radica en el manejo discrecional de esos recursos.
Lerdo de Tejada sostiene que estos instrumentos financieros han servido al gobierno para "desviar recursos" y utilizarlos con fines distintos para los que fueron autorizados.
Un ejemplo de lo anterior es el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP), constituido por Hacienda "en una cuenta de depósito de terceros en la Tesofe, mediante un acto que denominaron ‘acto jurídico análogo a mandato’, figura no prevista en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lugar de formalizarlo como un fideicomiso público. Una parte de los recursos del FARP los destinó Hacienda para atender la insuficiencia en el presupuesto original del ISSSTE en el rubro de pensiones y jubilaciones. Además, los rendimientos financieros de los recursos del FARP fueron depositados en cuentas distintas a las de dicho fondo", reportó la Auditoría Superior de la Federación.
El colmo, según el legislador Sebastián Lerdo de Tejada, es que "Hacienda obligó a Banobras a retirar 5 mil millones de pesos de su capital –depositado en el Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral de 2006–, y que lo regresara a la Tesofe para que ésta lo inscribiera en la Ley de Ingresos de la Federación como si fuera parte de los ingresos que se obtienen por impuestos o aprovechamientos o excedentes petroleros".
Lerdo de Tejada califica esta maniobra financiera como "una simulación para lograr un equilibrio presupuestal", como lo evidencia la propia ASF:
"La SHCP utilizó posteriormente dichos recursos para alcanzar un equilibrio presupuestal en las finanzas públicas, y en el ejercicio siguiente para autorizar un mayor gasto, sin la intervención y aprobación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, Hacienda continuó manejando discrecionalmente los fideicomisos, mandatos y actos análogos para canalizar recursos públicos excedentes enterados en la Tesofe y resignados en la Ley de Ingresos de la Federación."
"A esto sólo se le puede llamar un fraude a la nación", sostiene el diputado petista Mario Di Costanzo.
Fuente: Jesusa Cervantes / Proceso
sábado, 17 de abril de 2010
Pedirán a la Corte indagar violaciones a los derechos humanos en “Temaca”
Senadores, diputados y López Obrador firman manifiesto, con el propósito de frenar la Presa El Zapotillo
TEMACAPULIN, JALISCO.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y 20 diputados y senadores federales llegaron a Temacapulín con promesas bajo el brazo. Se instalaron en la plaza principal del pueblo y comenzaron sus eternos discursos. En cuestión de minutos, aparecieron siete patrullas estatales sin placas y con los números de las unidades ocultos, de las cuales se bajaron 28 elementos con armas tipo R-15 y cargadores especiales.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo se levantó de su sitio en el panel, junto a AMLO, y se dirigió hacia los policías: “No pueden estar aquí, es una reunión pacífica. ¿Quién los llamó?, ¿por qué rodean a un grupo de senadores y diputados que vienen a reunirse con la gente? Esto es contrario a la Constitución porque es una reunión de hombres libres y pacíficos. Esto que hacen es intimidación”.
El comandante Óscar Ortiz explicó que sólo era un operativo preventivo, ordenado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera. Algunas patrullas se retiraron y se quedaron frente a la plaza cuatro elementos, quienes tenían la instrucción de informar los nombres de los diputados y senadores que asistieron a “Temaca”. Un policía expresó que los 28 elementos trabajan juntos porque desde que los grupos delictivos entraron a la Región de los Altos, la instrucción es “no andar solos”.
“No a la Presa El Zapotillo”, fue la frase más repetida por los diputados y senadores que cumplieron su palabra de visitar a la gente de “Temaca”, acompañados por Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al sitio por tercera ocasión.
A la hora más soleada de ayer, llegaron simpatizantes del PT y de AMLO a la entrada del pueblo. Vieron a lo lejos un camión. “¡Ahí vienen, ahí vienen!”, gritaba principalmente gente que no era de “Temaca”, y algunos niños del poblado aparecieron con pancartas para solicitar ayuda.
Visitaron el museo, la iglesia histórica y caminaron hacia la plaza principal, donde los esperaban alrededor de 300 personas y una larga mesa con fruta y agua preparada por los habitantes “agradecidos” de “Temaca”.
En las sillas debajo del toldo estaba instalada gente de Guadalajara. Y en el sol, en las bancas de la plaza, al menos 80 pobladores escuchaban atentos los discursos de apoyo.
El diputado perredista Alejandro Encinas justificó su presencia en compañía de AMLO. “No venimos de un partido o de otro, somos diputados de un movimiento que quiere otro país y que en este caso haremos lo posible por detener la Presa El Zapotillo (que inundará el poblado)”.
Los diputados y senadores federales terminaron el evento a las 14:00 horas firmando un manifiesto, en el que enlistan una serie de compromisos, como que pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que investigue las violaciones a los derechos humanos de los habitantes.
Posteriormente, López Obrador señaló en entrevista que está seguro que el embalse no se construirá, pues los pobladores están respaldados por un grupo importante de funcionarios federales.
La presencia de policías la calificó como un acto de intimidación “muy torpe” del gobernador Emilio González Márquez.
Las solicitudes de legisladores:
Que se cancele el proyecto de la presa.
Se paren las obras del “Nuevo Temaca”.
Se acepte y cumpla cabalmente la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Se lleve el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se exhorte a las cámaras de diputados y senadores para que pidan a la Suprema Corte que averigüe la violación grave de garantías individuales con motivo de la Presa El Zapotillo.
Que se destinen recursos para examinar proyectos alternativos a El Zapotillo, que no implique afectaciones a núcleos poblacionales.
Cese al hostigamiento hacia las comunidades y se investiguen las recientes amenazas de muerte a miembros de la comunidad, a un defensor de derechos humanos y a una periodista de Radio UDG.
¿Quiénes firmaron el manifiesto?
Senadores: Lázaro Mazón Alonso, Javier Castellón, Yeidckol Polevnsky, Arturo Herxiz Reyes, Rosalinda López Hernández, Ricardo Monreal y Arturo Núñez, Jesús Garibay.
Diputados federales: Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo, Avelino Méndez, Rigoberto Salgado Vázquez, Balfre Vargas Cortez, Florentina Rosario Morales, Agustín Guerrero, Ifigenia Martínez, Mario di Constanzo, Laura Itzel Castillo, Leticia Quezada Contreras, Rosendo Marín y Pedro Vázquez González.
TEMACAPULIN, JALISCO.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y 20 diputados y senadores federales llegaron a Temacapulín con promesas bajo el brazo. Se instalaron en la plaza principal del pueblo y comenzaron sus eternos discursos. En cuestión de minutos, aparecieron siete patrullas estatales sin placas y con los números de las unidades ocultos, de las cuales se bajaron 28 elementos con armas tipo R-15 y cargadores especiales.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo se levantó de su sitio en el panel, junto a AMLO, y se dirigió hacia los policías: “No pueden estar aquí, es una reunión pacífica. ¿Quién los llamó?, ¿por qué rodean a un grupo de senadores y diputados que vienen a reunirse con la gente? Esto es contrario a la Constitución porque es una reunión de hombres libres y pacíficos. Esto que hacen es intimidación”.
El comandante Óscar Ortiz explicó que sólo era un operativo preventivo, ordenado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera. Algunas patrullas se retiraron y se quedaron frente a la plaza cuatro elementos, quienes tenían la instrucción de informar los nombres de los diputados y senadores que asistieron a “Temaca”. Un policía expresó que los 28 elementos trabajan juntos porque desde que los grupos delictivos entraron a la Región de los Altos, la instrucción es “no andar solos”.
“No a la Presa El Zapotillo”, fue la frase más repetida por los diputados y senadores que cumplieron su palabra de visitar a la gente de “Temaca”, acompañados por Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al sitio por tercera ocasión.
A la hora más soleada de ayer, llegaron simpatizantes del PT y de AMLO a la entrada del pueblo. Vieron a lo lejos un camión. “¡Ahí vienen, ahí vienen!”, gritaba principalmente gente que no era de “Temaca”, y algunos niños del poblado aparecieron con pancartas para solicitar ayuda.
Visitaron el museo, la iglesia histórica y caminaron hacia la plaza principal, donde los esperaban alrededor de 300 personas y una larga mesa con fruta y agua preparada por los habitantes “agradecidos” de “Temaca”.
En las sillas debajo del toldo estaba instalada gente de Guadalajara. Y en el sol, en las bancas de la plaza, al menos 80 pobladores escuchaban atentos los discursos de apoyo.
El diputado perredista Alejandro Encinas justificó su presencia en compañía de AMLO. “No venimos de un partido o de otro, somos diputados de un movimiento que quiere otro país y que en este caso haremos lo posible por detener la Presa El Zapotillo (que inundará el poblado)”.
Los diputados y senadores federales terminaron el evento a las 14:00 horas firmando un manifiesto, en el que enlistan una serie de compromisos, como que pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que investigue las violaciones a los derechos humanos de los habitantes.
Posteriormente, López Obrador señaló en entrevista que está seguro que el embalse no se construirá, pues los pobladores están respaldados por un grupo importante de funcionarios federales.
La presencia de policías la calificó como un acto de intimidación “muy torpe” del gobernador Emilio González Márquez.
Las solicitudes de legisladores:
Que se cancele el proyecto de la presa.
Se paren las obras del “Nuevo Temaca”.
Se acepte y cumpla cabalmente la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Se lleve el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se exhorte a las cámaras de diputados y senadores para que pidan a la Suprema Corte que averigüe la violación grave de garantías individuales con motivo de la Presa El Zapotillo.
Que se destinen recursos para examinar proyectos alternativos a El Zapotillo, que no implique afectaciones a núcleos poblacionales.
Cese al hostigamiento hacia las comunidades y se investiguen las recientes amenazas de muerte a miembros de la comunidad, a un defensor de derechos humanos y a una periodista de Radio UDG.
¿Quiénes firmaron el manifiesto?
Senadores: Lázaro Mazón Alonso, Javier Castellón, Yeidckol Polevnsky, Arturo Herxiz Reyes, Rosalinda López Hernández, Ricardo Monreal y Arturo Núñez, Jesús Garibay.
Diputados federales: Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo, Avelino Méndez, Rigoberto Salgado Vázquez, Balfre Vargas Cortez, Florentina Rosario Morales, Agustín Guerrero, Ifigenia Martínez, Mario di Constanzo, Laura Itzel Castillo, Leticia Quezada Contreras, Rosendo Marín y Pedro Vázquez González.
jueves, 15 de abril de 2010
Crudo a ultranza para EU
Tren parlamentario
A través de un portillo, ayer, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó la Estrategia Nacional de Energía que, previamente, el Senado le había aprobado al Ejecutivo federal. PRI y PAN pasaron sobre el resto de los partidos como una aplanadora, apisonando —“agachonamente”, les reiteraba Laura Itzel Castillo— el terraplén por donde ya se verán venir trasnacionales petroleras a extraer crudo del subsuelo, a contracorriente del 27 Constitucional.
Así como en el Senado jugó un papel central el senador priista Francisco Labastida Ochoa, así ayer, en San Lázaro, el coordinador priista Francisco Rojas Gutiérrez —antiguo director de Pemex en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari— maniobró para que su bancada se plegara a la hora de la votación al Partido Acción Nacional.
El constitucionalista metido a diputado, Jaime Cárdenas, les espetó: “Es una estrategia contradictoria con la Constitución, en sus artículos 25, 27 y 28. No es una estrategia que respete el principio de que la explotación de la energía eléctrica o los hidrocarburos corresponde a la nación, ni tampoco que respete el principio de área estratégica y exclusiva del Estado”.
En realidad, remachaba Cárdenas Gracia a un pleno de mayoría priista y panista domesticado y dócil, “cuando se establece que se va a continuar con esta sobreexplotación en la extracción del crudo, da la impresión claramente que lo que se está favoreciendo es a la seguridad energética de Estados Unidos y no a la de México”.
Estaban en el punto climático de la semana. La ratificación de la Estrategia Nacional de Energía que propuso Felipe Calderón al Congreso desde febrero, se había constituido en un territorio de batalla, adonde el PRI y el PAN no teniendo como su arma principal la argumentación echaron mano del artilugio leguleyo del acuerdo parlamentario, desde el cual trataban a toda costa de amordazar al PT, PRD y Convergencia para que éstos no les restregaran desde la tribuna su “abdicación”, su “actitud agachona”, su “contubernio”, su “servilismo”, en favor de “los que vienen”.
El ex priista jalisciense Enrique Ibarra (PT), dijo: “Los priistas, en el lenguaje de dientes para afuera, se ufanan de defender la explotación de la riqueza nacional, del petróleo, con un nacionalismo simulado. En la práctica, lo que hacen los priistas es violar sus documentos básicos y ser cómplices de un Gobierno de derecha y entreguista”.
Jueves 15 de abril de 2010. Reanudaban temprano la sesión ordinaria del día anterior. Recuérdese que una toma de tribuna de una treintena de diputados opositores había reventado la posibilidad que tanto perseguían PRI y PAN: ratificar raudamente la Estrategia de marras, cuya virtud más mencionada por priistas y panistas era su condición inédita.
César Burelo, del PRD, abrió: “No se permitió la discusión; no nos fue posible reservar uno o más artículos de dicho dictamen; no se discutieron los votos particulares. En suma, no se cumplieron los requisitos procesales de la técnica legislativa”.
Se refería al agandalle del presidente de la Comisión de Energía, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, quien levantado en vilo por los priistas se la había pasado, desde que llegó la minuta del Senado, evadiendo la discusión al interior de la Comisión, ayudado por la tardanza deliberada de Georgina Kessel en entregar las respuestas de las 237 preguntas parlamentarias que la Cámara de Diputados hizo a la secretaria de Energía, desde febrero pasado. Apenas el sábado reciente, día 10, las respuestas aquellas llegaron.
El PRI en voz de Guillermo Ruiz de Teresa: “Una vez recibidas las respuestas fue evidente que las aclaraciones siguieron siendo muy pobres y que nuestras interrogantes no habían sido satisfechas. Sin embargo, somos conscientes que el Congreso de la Unión es pilar en la construcción del proyecto nacional y que el Sistema Nacional de Planeación Democrática refiere la necesidad de visualizar una estrategia de crecimiento sostenido, uniforme e integrador del sector energético”.
Y fue entonces cuando el priista justificó su voto ratificador, a punto de concretarse: “Si la no ratificación implica no tener ninguna estrategia, es para todos mucho mejor tener una estrategia perfectible que sume todas nuestras consideraciones y que nos permita, año con año, hacer un documento más claro, más medible, saber con mayor exactitud a dónde vamos y qué queremos de este sector”.
El perredista Víctor Manuel Castro Cosío: “No sigan acordando lo que les venga en gana para hacer de este Congreso acuerdos metaconstitucionales”.
Tomás Gutiérrez, del PAN, reviró diciendo que se habían anexado las observaciones hechas en el Senado y en la Comisión de Energía.
Mario di Costanzo de plano los tildaba de “atracadores de la nación” y se constituía ayer en uno de esos diputados de nuevo cuño de gran aliento para la argumentación parlamentaria. Pedro Jiménez (Convergencia: “Es clara la intención de desmantelar la capacidad productiva de Pemex y llevarla a un punto de no retorno”. Laura Itzel Castillo: Esta Estrategia está basada en el aumento del precio de gasolinas, gas, diesel, impuestos, y en el aumento a la extracción de hidrocarburos en nuestro país tomando en consideración la demanda que existe en Estados Unidos”.
De cabo a rabo, la sesión se fue en torno de una argumentación opositora que fue irrebatible por parte del PRI y el PAN: la Estrategia Nacional de Energía de Calderón fue diseñada para extraer a ultranza petróleo para los Estados Unidos de Norteamérica.
Fuente: VIcente Bello / RMP
A través de un portillo, ayer, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó la Estrategia Nacional de Energía que, previamente, el Senado le había aprobado al Ejecutivo federal. PRI y PAN pasaron sobre el resto de los partidos como una aplanadora, apisonando —“agachonamente”, les reiteraba Laura Itzel Castillo— el terraplén por donde ya se verán venir trasnacionales petroleras a extraer crudo del subsuelo, a contracorriente del 27 Constitucional.
Así como en el Senado jugó un papel central el senador priista Francisco Labastida Ochoa, así ayer, en San Lázaro, el coordinador priista Francisco Rojas Gutiérrez —antiguo director de Pemex en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari— maniobró para que su bancada se plegara a la hora de la votación al Partido Acción Nacional.
El constitucionalista metido a diputado, Jaime Cárdenas, les espetó: “Es una estrategia contradictoria con la Constitución, en sus artículos 25, 27 y 28. No es una estrategia que respete el principio de que la explotación de la energía eléctrica o los hidrocarburos corresponde a la nación, ni tampoco que respete el principio de área estratégica y exclusiva del Estado”.
En realidad, remachaba Cárdenas Gracia a un pleno de mayoría priista y panista domesticado y dócil, “cuando se establece que se va a continuar con esta sobreexplotación en la extracción del crudo, da la impresión claramente que lo que se está favoreciendo es a la seguridad energética de Estados Unidos y no a la de México”.
Estaban en el punto climático de la semana. La ratificación de la Estrategia Nacional de Energía que propuso Felipe Calderón al Congreso desde febrero, se había constituido en un territorio de batalla, adonde el PRI y el PAN no teniendo como su arma principal la argumentación echaron mano del artilugio leguleyo del acuerdo parlamentario, desde el cual trataban a toda costa de amordazar al PT, PRD y Convergencia para que éstos no les restregaran desde la tribuna su “abdicación”, su “actitud agachona”, su “contubernio”, su “servilismo”, en favor de “los que vienen”.
El ex priista jalisciense Enrique Ibarra (PT), dijo: “Los priistas, en el lenguaje de dientes para afuera, se ufanan de defender la explotación de la riqueza nacional, del petróleo, con un nacionalismo simulado. En la práctica, lo que hacen los priistas es violar sus documentos básicos y ser cómplices de un Gobierno de derecha y entreguista”.
Jueves 15 de abril de 2010. Reanudaban temprano la sesión ordinaria del día anterior. Recuérdese que una toma de tribuna de una treintena de diputados opositores había reventado la posibilidad que tanto perseguían PRI y PAN: ratificar raudamente la Estrategia de marras, cuya virtud más mencionada por priistas y panistas era su condición inédita.
César Burelo, del PRD, abrió: “No se permitió la discusión; no nos fue posible reservar uno o más artículos de dicho dictamen; no se discutieron los votos particulares. En suma, no se cumplieron los requisitos procesales de la técnica legislativa”.
Se refería al agandalle del presidente de la Comisión de Energía, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, quien levantado en vilo por los priistas se la había pasado, desde que llegó la minuta del Senado, evadiendo la discusión al interior de la Comisión, ayudado por la tardanza deliberada de Georgina Kessel en entregar las respuestas de las 237 preguntas parlamentarias que la Cámara de Diputados hizo a la secretaria de Energía, desde febrero pasado. Apenas el sábado reciente, día 10, las respuestas aquellas llegaron.
El PRI en voz de Guillermo Ruiz de Teresa: “Una vez recibidas las respuestas fue evidente que las aclaraciones siguieron siendo muy pobres y que nuestras interrogantes no habían sido satisfechas. Sin embargo, somos conscientes que el Congreso de la Unión es pilar en la construcción del proyecto nacional y que el Sistema Nacional de Planeación Democrática refiere la necesidad de visualizar una estrategia de crecimiento sostenido, uniforme e integrador del sector energético”.
Y fue entonces cuando el priista justificó su voto ratificador, a punto de concretarse: “Si la no ratificación implica no tener ninguna estrategia, es para todos mucho mejor tener una estrategia perfectible que sume todas nuestras consideraciones y que nos permita, año con año, hacer un documento más claro, más medible, saber con mayor exactitud a dónde vamos y qué queremos de este sector”.
El perredista Víctor Manuel Castro Cosío: “No sigan acordando lo que les venga en gana para hacer de este Congreso acuerdos metaconstitucionales”.
Tomás Gutiérrez, del PAN, reviró diciendo que se habían anexado las observaciones hechas en el Senado y en la Comisión de Energía.
Mario di Costanzo de plano los tildaba de “atracadores de la nación” y se constituía ayer en uno de esos diputados de nuevo cuño de gran aliento para la argumentación parlamentaria. Pedro Jiménez (Convergencia: “Es clara la intención de desmantelar la capacidad productiva de Pemex y llevarla a un punto de no retorno”. Laura Itzel Castillo: Esta Estrategia está basada en el aumento del precio de gasolinas, gas, diesel, impuestos, y en el aumento a la extracción de hidrocarburos en nuestro país tomando en consideración la demanda que existe en Estados Unidos”.
De cabo a rabo, la sesión se fue en torno de una argumentación opositora que fue irrebatible por parte del PRI y el PAN: la Estrategia Nacional de Energía de Calderón fue diseñada para extraer a ultranza petróleo para los Estados Unidos de Norteamérica.
Fuente: VIcente Bello / RMP
CámCámara de Diputados aprueba Estrategia Nacional de Energía
Con los votos del PRI, PAN y PVEM, la Cámara de Diputados aprobó ayer la Estrategia Nacional de Energía que el pasado mes de febrero envió el Gobierno Federal, la cual pretende que sea el eje rector para los próximos 10 años en el sector.
La aprobación recibió 287 votos a favor y 58 en contra, de los diputados del PRD, PT y Convergencia, debido a que consideraron que la Estrategia “pone en riesgo la soberanía energética del país”.
El miércoles, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, pretendió someter a votación el dictamen de la Estrategia —aprobado ya por el Senado de la República—.Argumentó que el documento a favor contaba con las firmas de todos los coordinadores parlamentarios.
El dicho generó malestar, sobre todo en el coordinador del PRD, Alejandro Encinas, quien aclaró que él nunca firmó el citado dictamen. Finalmente, ayer fue votado a favor.Para tratar de mitigar el malestar de las bancas de PRD, PT y Convergencia, los diputados acordaron incorporar una “reflexión”, referente a la noción de lo que es la “soberanía energética”, destacando que debe de entenderse más allá de la “seguridad energética”.
Esto es, que se deberá garantizar la forma en que el país mantenga el poder de decisión sobre los energéticos que son propiedad de la nación; y que las empresas extranjeras no tengan injerencia en el dictamen de la política energética de México.Además, se le incluirá al documento de la Estrategia Nacional de Energía un “cuarto eje rector”, en el cual se deben establecer los objetivos históricos y sociales del sector energético, y manifestar que este debe reconocerse como palanca del desarrollo nacional.
Finalmente, se le incluyó un cuestionario de 137 preguntas a las cuales debe responder el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía. En ellas se deberán aclarar los objetivos, programas y sanciones de la Estrategia. El diputado del PT, Mario Di Costanzo, calificó de “absurdo” que la Cámara de Diputados apruebe primero una Estrategia y luego le pida la Ejecutivo federal que “aclare” cuales son los objetivos, programas y sanciones que incluye”. En tanto, la diputada del mismo partido, Laura Itzel Castillo, integrante de la Comisión de Energía, acusó al PRI y al PAN de “entreguistas” por avalar un documento que pon e en riesgo la soberanía de los energéticos nacionales.
Fuente: Apro
La aprobación recibió 287 votos a favor y 58 en contra, de los diputados del PRD, PT y Convergencia, debido a que consideraron que la Estrategia “pone en riesgo la soberanía energética del país”.
El miércoles, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, pretendió someter a votación el dictamen de la Estrategia —aprobado ya por el Senado de la República—.Argumentó que el documento a favor contaba con las firmas de todos los coordinadores parlamentarios.
El dicho generó malestar, sobre todo en el coordinador del PRD, Alejandro Encinas, quien aclaró que él nunca firmó el citado dictamen. Finalmente, ayer fue votado a favor.Para tratar de mitigar el malestar de las bancas de PRD, PT y Convergencia, los diputados acordaron incorporar una “reflexión”, referente a la noción de lo que es la “soberanía energética”, destacando que debe de entenderse más allá de la “seguridad energética”.
Esto es, que se deberá garantizar la forma en que el país mantenga el poder de decisión sobre los energéticos que son propiedad de la nación; y que las empresas extranjeras no tengan injerencia en el dictamen de la política energética de México.Además, se le incluirá al documento de la Estrategia Nacional de Energía un “cuarto eje rector”, en el cual se deben establecer los objetivos históricos y sociales del sector energético, y manifestar que este debe reconocerse como palanca del desarrollo nacional.
Finalmente, se le incluyó un cuestionario de 137 preguntas a las cuales debe responder el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía. En ellas se deberán aclarar los objetivos, programas y sanciones de la Estrategia. El diputado del PT, Mario Di Costanzo, calificó de “absurdo” que la Cámara de Diputados apruebe primero una Estrategia y luego le pida la Ejecutivo federal que “aclare” cuales son los objetivos, programas y sanciones que incluye”. En tanto, la diputada del mismo partido, Laura Itzel Castillo, integrante de la Comisión de Energía, acusó al PRI y al PAN de “entreguistas” por avalar un documento que pon e en riesgo la soberanía de los energéticos nacionales.
Fuente: Apro
Impuestos, excedentes y amenazas en comparecencia de SHCP
En la comparecencia del titular de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, en la Cámara de Diputados el Partido Revolucionario Institucional (PRI) continuó con su guerra contra el gobierno federal y el Partido Acción Nacional (PAN) al cuestionarlos severamente y amenazarlos con disminuir los impuestos.
El diputado priista Luis Videgaray, presidente de la comisión de presupuesto le manifestó al líder de su bancada, Francisco Rojas, antes de la presencia en el Pleno del funcionario federal que su intervención ”era dura, pero respetuosa”.
El también priista Oscar Levín Coppel, integrante de la comisión de Hacienda, le recordó al secretario Cordero Arroyo que ”tenemos la facultad de bajar los impuestos que subimos en esta soberanía,” ante la inoperancia que ha mostrado el gobierno federal en el manejo de los recursos obtenidos por la reforma fiscal para 2010.
El titular de las finanzas públicas, Cordero Arroyo, adelantó que habrán excedentes por 23 mil 800 millones de pesos para finales de este 2010.
La oposición le cuestionó la existencia de los regímenes especiales. El petista, Mario Di Constanzo le mencionó que por la consolidación fiscal se dejan de captar 850 mil millones de pesos.
El presidente de la comisión especial de regímenes fiscales especiales, el priísta, Sebastián Lerdo de Tejada, le solicitó al funcionario conocer los indicadores que tienen estos gastos fiscales para justificarlos, a lo que Cordero Arroyo sólo se limitó a expresar los existentes y mencionar que se encuentra abierto a su discusión.
El funcionario federal respondió que el 70 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se recauda es proveniente de los grandes contribuyentes.Por último, Cordero Arroyo especificó que el faltante fiscal de 2009 ´si existió y fue de 537 mil millones de pesos. 300 mil correspondieron a la baja de ingresos tributarios y petroleros y 237 mil a gastos ineludibles.
El diputado priista Luis Videgaray, presidente de la comisión de presupuesto le manifestó al líder de su bancada, Francisco Rojas, antes de la presencia en el Pleno del funcionario federal que su intervención ”era dura, pero respetuosa”.
El también priista Oscar Levín Coppel, integrante de la comisión de Hacienda, le recordó al secretario Cordero Arroyo que ”tenemos la facultad de bajar los impuestos que subimos en esta soberanía,” ante la inoperancia que ha mostrado el gobierno federal en el manejo de los recursos obtenidos por la reforma fiscal para 2010.
El titular de las finanzas públicas, Cordero Arroyo, adelantó que habrán excedentes por 23 mil 800 millones de pesos para finales de este 2010.
La oposición le cuestionó la existencia de los regímenes especiales. El petista, Mario Di Constanzo le mencionó que por la consolidación fiscal se dejan de captar 850 mil millones de pesos.
El presidente de la comisión especial de regímenes fiscales especiales, el priísta, Sebastián Lerdo de Tejada, le solicitó al funcionario conocer los indicadores que tienen estos gastos fiscales para justificarlos, a lo que Cordero Arroyo sólo se limitó a expresar los existentes y mencionar que se encuentra abierto a su discusión.
El funcionario federal respondió que el 70 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se recauda es proveniente de los grandes contribuyentes.Por último, Cordero Arroyo especificó que el faltante fiscal de 2009 ´si existió y fue de 537 mil millones de pesos. 300 mil correspondieron a la baja de ingresos tributarios y petroleros y 237 mil a gastos ineludibles.
“Gobierno caro y malo…”
Francisco Garfias / Arsenal
¿Alcanzas a ver lo que dice en la caricatura?, preguntó este reportero a Manuel Minjares, subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob, luego de que perredistas y petistas desplegaron en la tribuna de la Cámara de Diputados mantas y carteles en los que pedían la renuncia del presidente Calderón.
El funcionario, quien esperaba en el palco de los periodistas el ingreso de Ernesto Cordero al Salón de Sesiones, respondió con monumental desdén hacia los aliados electorales del PAN (en seis estados) que decoraban el recinto legislativo: “Seguramente dice alguna estupidez…”
En la caricatura aparecía la figura empequeñecida del presidente Calderón, escoltado por su secretario de Hacienda. Frente al mandatario aparecía un hombre desarrapado (cualquiera de los 50 millones de pobres oficialmente reconocidos) al que Felipe pedía: “Coopera para la lucha contra la pobreza…”
Ambos lados de la tribuna sirvieron de marco a carteles con el logo de la Presidencia de la República y la leyenda: “Para vivir mejor, renuncia Calderón…” El priista Rodrigo Reyna no pudo evitar la ironía. “Sólo les falta el emblema de las coaliciones”, se burló.
En ese ambiente se inició la comparecencia del secretario de Hacienda ante el pleno de los diputados. Aunque hubo raspones, el ejercicio fue más terso de lo esperado para el funcionario. ¿Será que la ausencia de Gerardo Fernández Noroña lo ayudó a salir más o menos bien librado?
El aguerrido petista está convaleciente. Fue operado de un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo. Pero pronto lo veremos dando lata otra vez. El más reciente reporte médico dice que ya recuperó casi 100% la visibilidad y que evoluciona bien. Planea regresar antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones, a fin de mes.
Noroña quiso estar simbólicamente en la comparecencia. Su foto con la leyenda “que renuncie Cordero y que ya renuncie Calderón” fue colocada en su curul mientras el secretario estuvo en el recinto parlamentario.
Lo que sí resultó evidente fue la falta de interés de una mayoría de diputados. Hacia las dos de la tarde, el Salón de Sesiones estaba tan lleno como un partido entre el Querétaro y los Indios de Ciudad Juárez en el estadio Azteca. Cordero le hablaba a las “honorables curules”. Eso llevó al diputado del PT Mario di Costanzo a solicitar la verificación del quórum. Ni caso le hicieron en ese momento. Pero esa omisión del presidente de la Mesa, el panista Francisco Ramírez Acuña, llevó posteriormente a los petistas a ocupar la tribuna.
Los diputados de oposición cuestionaron, una y otra vez, las “cifras alegres” que Cordero daba en tribuna para sustentar la idea de que avanza la recuperación económica (proyecciones de crecimiento al alza) y del empleo formal (286 mil puestos más en lo que va del año).
También pusieron en duda que el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público vaya a significar un ahorro de 40 mil millones de pesos entre 2010 y 2012 o que los subejercicios hayan sido menores en 2009. “Es un gobierno caro y malo”, sintetizó el priista Sebastián Lerdo de Tejada.
El panista-periodista Luis Enrique Mercado reaccionó de inmediato. No pudo aguantarse en lo de recordar a los priistas su pasado. “¿Ya se olvidaron las crisis del 76, 82, 85 y 95? Esos eran gobiernos caros y malos. Todavía estamos pagando el Fobaproa”, recordó. Y volvió a cuestionar: “¿Y los gobernadores de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son baratos y eficientes?”
La respuesta seguramente la comparten millones de mexicanos: tan malo el pinto como el colorado.
En Ciudad Juárez, tierra de nadie, la Secretaría de Salud aplicó una prueba de tamizaje para la detección de adicciones en 15 escuelas de secundaria y preparatoria. Los resultados no dejan de ser alarmantes: 12% de los estudiantes han estado en contacto con la droga. Para dimensionar: es como si, en un país de 100 millones de habitantes, 12 millones hubiesen tenido algo que ver con la mariguana, la cocaína, la heroína, las metanfetaminas…
Estos jóvenes y sus familiares serán canalizados a los Centros Nueva Vida para la Atención y Prevención de Adicciones, a fin de intentar reorientarlos y tratarlos en su problema, anunció el secretario de Salud, José Ángel Córdova
Fuente: Excélsior
¿Alcanzas a ver lo que dice en la caricatura?, preguntó este reportero a Manuel Minjares, subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob, luego de que perredistas y petistas desplegaron en la tribuna de la Cámara de Diputados mantas y carteles en los que pedían la renuncia del presidente Calderón.
El funcionario, quien esperaba en el palco de los periodistas el ingreso de Ernesto Cordero al Salón de Sesiones, respondió con monumental desdén hacia los aliados electorales del PAN (en seis estados) que decoraban el recinto legislativo: “Seguramente dice alguna estupidez…”
En la caricatura aparecía la figura empequeñecida del presidente Calderón, escoltado por su secretario de Hacienda. Frente al mandatario aparecía un hombre desarrapado (cualquiera de los 50 millones de pobres oficialmente reconocidos) al que Felipe pedía: “Coopera para la lucha contra la pobreza…”
Ambos lados de la tribuna sirvieron de marco a carteles con el logo de la Presidencia de la República y la leyenda: “Para vivir mejor, renuncia Calderón…” El priista Rodrigo Reyna no pudo evitar la ironía. “Sólo les falta el emblema de las coaliciones”, se burló.
En ese ambiente se inició la comparecencia del secretario de Hacienda ante el pleno de los diputados. Aunque hubo raspones, el ejercicio fue más terso de lo esperado para el funcionario. ¿Será que la ausencia de Gerardo Fernández Noroña lo ayudó a salir más o menos bien librado?
El aguerrido petista está convaleciente. Fue operado de un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo. Pero pronto lo veremos dando lata otra vez. El más reciente reporte médico dice que ya recuperó casi 100% la visibilidad y que evoluciona bien. Planea regresar antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones, a fin de mes.
Noroña quiso estar simbólicamente en la comparecencia. Su foto con la leyenda “que renuncie Cordero y que ya renuncie Calderón” fue colocada en su curul mientras el secretario estuvo en el recinto parlamentario.
Lo que sí resultó evidente fue la falta de interés de una mayoría de diputados. Hacia las dos de la tarde, el Salón de Sesiones estaba tan lleno como un partido entre el Querétaro y los Indios de Ciudad Juárez en el estadio Azteca. Cordero le hablaba a las “honorables curules”. Eso llevó al diputado del PT Mario di Costanzo a solicitar la verificación del quórum. Ni caso le hicieron en ese momento. Pero esa omisión del presidente de la Mesa, el panista Francisco Ramírez Acuña, llevó posteriormente a los petistas a ocupar la tribuna.
Los diputados de oposición cuestionaron, una y otra vez, las “cifras alegres” que Cordero daba en tribuna para sustentar la idea de que avanza la recuperación económica (proyecciones de crecimiento al alza) y del empleo formal (286 mil puestos más en lo que va del año).
También pusieron en duda que el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público vaya a significar un ahorro de 40 mil millones de pesos entre 2010 y 2012 o que los subejercicios hayan sido menores en 2009. “Es un gobierno caro y malo”, sintetizó el priista Sebastián Lerdo de Tejada.
El panista-periodista Luis Enrique Mercado reaccionó de inmediato. No pudo aguantarse en lo de recordar a los priistas su pasado. “¿Ya se olvidaron las crisis del 76, 82, 85 y 95? Esos eran gobiernos caros y malos. Todavía estamos pagando el Fobaproa”, recordó. Y volvió a cuestionar: “¿Y los gobernadores de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son baratos y eficientes?”
La respuesta seguramente la comparten millones de mexicanos: tan malo el pinto como el colorado.
En Ciudad Juárez, tierra de nadie, la Secretaría de Salud aplicó una prueba de tamizaje para la detección de adicciones en 15 escuelas de secundaria y preparatoria. Los resultados no dejan de ser alarmantes: 12% de los estudiantes han estado en contacto con la droga. Para dimensionar: es como si, en un país de 100 millones de habitantes, 12 millones hubiesen tenido algo que ver con la mariguana, la cocaína, la heroína, las metanfetaminas…
Estos jóvenes y sus familiares serán canalizados a los Centros Nueva Vida para la Atención y Prevención de Adicciones, a fin de intentar reorientarlos y tratarlos en su problema, anunció el secretario de Salud, José Ángel Córdova
Fuente: Excélsior
miércoles, 14 de abril de 2010
Hacienda suplanta facultades del Congreso de la Unión: Di Costanzo
El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Mario Di Costanzo del Partido del Trabajo, denunció que la Secretaría de Hacienda está suplantando facultades del Congreso de la Unión ya que llevó a cabo modificaciones a las reglas misceláneas que cambian la consolidación fiscal, lo cual provoca que se condonen impuestos a las grandes empresas por más de 15 mil millones de pesos.
El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Mario Di Costanzo del Partido del Trabajo, denunció que la Secretaría de Hacienda está suplantando facultades del Congreso de la Unión ya que llevó a cabo modificaciones a las reglas misceláneas que cambian la consolidación fiscal, lo cual provoca que se condonen impuestos a las grandes empresas por más de 15 mil millones de pesos.
En comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados el legislador Mario Di Constanzo le dijo al representante de la SHCP Ernesto Cordero Arroyo que este año se autorizó que se cobrara a las grandes empresas sólo el 25 por ciento, en impuestos diferidos, sin embargo, la Secretaría de Hacienda proyectó una recaudación de 16 mil millones de pesos -a pesar de que se redujo esa cantidad con respecto a la propuesta original- la recaudación proyectada se redujo en sólo 2 mil millones de pesos, lo cual muestra una grave inconsistencia por parte de Hacienda.
Solicitó que la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales de la Cámara de Diputados, confronte las cifras de consolidación Fiscal, proporcionadas por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con las entregadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Fuente: SDP
El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Mario Di Costanzo del Partido del Trabajo, denunció que la Secretaría de Hacienda está suplantando facultades del Congreso de la Unión ya que llevó a cabo modificaciones a las reglas misceláneas que cambian la consolidación fiscal, lo cual provoca que se condonen impuestos a las grandes empresas por más de 15 mil millones de pesos.
En comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados el legislador Mario Di Constanzo le dijo al representante de la SHCP Ernesto Cordero Arroyo que este año se autorizó que se cobrara a las grandes empresas sólo el 25 por ciento, en impuestos diferidos, sin embargo, la Secretaría de Hacienda proyectó una recaudación de 16 mil millones de pesos -a pesar de que se redujo esa cantidad con respecto a la propuesta original- la recaudación proyectada se redujo en sólo 2 mil millones de pesos, lo cual muestra una grave inconsistencia por parte de Hacienda.
Solicitó que la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales de la Cámara de Diputados, confronte las cifras de consolidación Fiscal, proporcionadas por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con las entregadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Fuente: SDP
martes, 13 de abril de 2010
Exigen auditoría a programa de salud
Diputados federales exigieron auditar el gasto creciente del Seguro Popular y denunciaron que, como una muestra del desastre de ese programa, millones de credenciales de afiliados fueron producidas y almacenadas, y sólo van a la incineración.
El PRI dijo que la investigación de EL UNIVERSAL sobre el derroche e ineficacia del Seguro Popular, confirma que se trata de un programa “populista y electorero”. Junto con el PVEM y el PT, el PRI dijo que en el presupuesto de egresos 2011 se debe corregir el esquema del programa.
El PT afirmó que la seguridad social debe ser brindada por el Estado a través de un solo organismo en el que se fusionen los existentes.
El fracaso del Seguro Popular es vergonzoso, dijeron los diputados de oposición integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y afirmaron que el responsable del incumplimiento es el secretario Ernesto Cordero cuando presidió Sedesol.
Ricardo López Pescador (PRI) dijo que su bancada prepara una reforma para que la Cámara de Diputados vigile y supervise el ejercicio del gasto público del Ejecutivo federal; esos instrumentos permitirán conocer las fallas en el desempeño de programas como el Seguro Popular, que es un barril sin fondo.
Por ahora, lamentó, “apenas revisamos la Cuenta Pública 2008”, así nunca vamos a corregir las actuales fallas.
Pablo Escudero (PVEM), quien preside la Comisión de la Función Pública, dijo que el Seguro Popular no tiene parámetros de medición; carece de las estadísticas de los servicios y los recursos que se asignan no tienen retorno al sector Salud.
Además arrastra grandes subejercicios. Propuso que este programa sea asumido por el IMSS-Solidaridad.
Mario Di Costanzo (PT) culpó al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, de haber llevado a la política social al fracaso, cuando fue titular de la Sedesol, y en ese paquete de frustraciones, el Seguro Popular es una pérdida por la que debe renunciar y ser sujeto a juicio político.
Fuente: El Universal
El PRI dijo que la investigación de EL UNIVERSAL sobre el derroche e ineficacia del Seguro Popular, confirma que se trata de un programa “populista y electorero”. Junto con el PVEM y el PT, el PRI dijo que en el presupuesto de egresos 2011 se debe corregir el esquema del programa.
El PT afirmó que la seguridad social debe ser brindada por el Estado a través de un solo organismo en el que se fusionen los existentes.
El fracaso del Seguro Popular es vergonzoso, dijeron los diputados de oposición integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y afirmaron que el responsable del incumplimiento es el secretario Ernesto Cordero cuando presidió Sedesol.
Ricardo López Pescador (PRI) dijo que su bancada prepara una reforma para que la Cámara de Diputados vigile y supervise el ejercicio del gasto público del Ejecutivo federal; esos instrumentos permitirán conocer las fallas en el desempeño de programas como el Seguro Popular, que es un barril sin fondo.
Por ahora, lamentó, “apenas revisamos la Cuenta Pública 2008”, así nunca vamos a corregir las actuales fallas.
Pablo Escudero (PVEM), quien preside la Comisión de la Función Pública, dijo que el Seguro Popular no tiene parámetros de medición; carece de las estadísticas de los servicios y los recursos que se asignan no tienen retorno al sector Salud.
Además arrastra grandes subejercicios. Propuso que este programa sea asumido por el IMSS-Solidaridad.
Mario Di Costanzo (PT) culpó al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, de haber llevado a la política social al fracaso, cuando fue titular de la Sedesol, y en ese paquete de frustraciones, el Seguro Popular es una pérdida por la que debe renunciar y ser sujeto a juicio político.
Fuente: El Universal
lunes, 12 de abril de 2010
Atribuyen fracaso de Seguro Popular a Cordero
Mario Di Costanzo (PT) dice que en todos los programas sociales hay resultados negativos, y ello se debe al desempeño del extitular de Sedesol
El diputado Mario Di Costanzo (PT), secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, urgió la renuncia del secretario de Hacienda, Ernestro Cordero, a quien señala de ser el principal responsable del fracaso en la cobertura y la calidad del Seguro Popular.
La calidad del Seguro Popular es tan mala que tiene una disminución en la reafiliación, dijo el legislador en entrevista en el Palacio Legislativo.
Al Seguro Popular lo han utilizado para fines electoreros, dijo Di Costanzo, quien en la estructura del Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador lleva el análisis de los temas de la Hacienda Pública.
En su edición de este lunes, EL UNIVERSAL publica que el Seguro Popular se significa por el derroche y falta de resultados satisfactorios, lo que ha generado descontento y frustración entre los segmentos populares de la población que no tienen acceso al IMSS y al ISSSTE y que vieron en el programa de cobertura médica la opción a contar con atención a la salud, como lo prometía la publicidad oficial, desde el sexenio pasado.
"Tenemos un Estado fallido en todos los programas de la política social, no sólo en el Seguro Popular", dijo el legislador Di Costanzo.
Como solución propuso que las instituciones de seguridad social, como el IMSS, ISSSTE y los institutos de las Fuerzas Armadas y de Pemex, se fusionen en una institución que brinde servicios a todos los mexicanos por igual.
Además de la renuncia del secretaro Ernesto Cordero, por la situación de los programas de Desarrollo Social, Di Costanzo señaló que el PT pedirá juicio político contra el integrante del gabiente presidencial, por haber destruido, dijo, la política social de México.
Fuente: El Universal
El diputado Mario Di Costanzo (PT), secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, urgió la renuncia del secretario de Hacienda, Ernestro Cordero, a quien señala de ser el principal responsable del fracaso en la cobertura y la calidad del Seguro Popular.
La calidad del Seguro Popular es tan mala que tiene una disminución en la reafiliación, dijo el legislador en entrevista en el Palacio Legislativo.
Al Seguro Popular lo han utilizado para fines electoreros, dijo Di Costanzo, quien en la estructura del Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador lleva el análisis de los temas de la Hacienda Pública.
En su edición de este lunes, EL UNIVERSAL publica que el Seguro Popular se significa por el derroche y falta de resultados satisfactorios, lo que ha generado descontento y frustración entre los segmentos populares de la población que no tienen acceso al IMSS y al ISSSTE y que vieron en el programa de cobertura médica la opción a contar con atención a la salud, como lo prometía la publicidad oficial, desde el sexenio pasado.
"Tenemos un Estado fallido en todos los programas de la política social, no sólo en el Seguro Popular", dijo el legislador Di Costanzo.
Como solución propuso que las instituciones de seguridad social, como el IMSS, ISSSTE y los institutos de las Fuerzas Armadas y de Pemex, se fusionen en una institución que brinde servicios a todos los mexicanos por igual.
Además de la renuncia del secretaro Ernesto Cordero, por la situación de los programas de Desarrollo Social, Di Costanzo señaló que el PT pedirá juicio político contra el integrante del gabiente presidencial, por haber destruido, dijo, la política social de México.
Fuente: El Universal
jueves, 8 de abril de 2010
Gobierno fracasa en desarrollo social: ASF
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó un análisis de resultados en materia de Desarrollo Social de 2008, a la Cámara de Diputados, en el que se señala la falta de resultados satisfactorios por parte del gobierno federal, a pesar de que Hacienda cuenta con un mayor gasto, lo que generó el malestar de legisladores de la oposición.
De acuerdo con la ASF, la pobreza aumentó entre 2006 y 2008, así como su espectro de enfermedades y mortalidad, y se detectó un fracaso en materia de educación.
Sobre el tema, el diputado César Augusto Santiago (PRI) dijo que “el problema no es de recursos, sino de mediocridad del gobierno”.
El legislador Mario Di Costanzo (PT) lamentó que en los años del gobierno del presidente Felipe Calderón se destruyera la política social.
Calificación negativa
Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, presentó un reporte de las auditorías en materia de desarrollo social, que comprende Educación, Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, el cual arrojó 46 calificaciones negativas, lo que fue considerado por el PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia como la expresión de que la política de desarrollo social está reprobada.
El jefe de la Unidad de Evaluación y Control de la ASF, Roberto Michel, concluyó que en los últimos años se han destinado crecientes recursos al combate a la pobreza, pero ha aumentado el número de pobres.
Dijo que pese a que México destina más recursos del PIB a la educación, en comparación con Estados Unidos o Alemania, “la calidad del gasto ejercido es baja”, de modo que “el desempeño educativo mexicano está a la par de países como El Congo”.
En salud es creciente la asignación de recursos, pero el esquema de enfermedad, muerte e insuficiencia en los servicios ha incrementado.
Fuente: El Universal
De acuerdo con la ASF, la pobreza aumentó entre 2006 y 2008, así como su espectro de enfermedades y mortalidad, y se detectó un fracaso en materia de educación.
Sobre el tema, el diputado César Augusto Santiago (PRI) dijo que “el problema no es de recursos, sino de mediocridad del gobierno”.
El legislador Mario Di Costanzo (PT) lamentó que en los años del gobierno del presidente Felipe Calderón se destruyera la política social.
Calificación negativa
Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, presentó un reporte de las auditorías en materia de desarrollo social, que comprende Educación, Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, el cual arrojó 46 calificaciones negativas, lo que fue considerado por el PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia como la expresión de que la política de desarrollo social está reprobada.
El jefe de la Unidad de Evaluación y Control de la ASF, Roberto Michel, concluyó que en los últimos años se han destinado crecientes recursos al combate a la pobreza, pero ha aumentado el número de pobres.
Dijo que pese a que México destina más recursos del PIB a la educación, en comparación con Estados Unidos o Alemania, “la calidad del gasto ejercido es baja”, de modo que “el desempeño educativo mexicano está a la par de países como El Congo”.
En salud es creciente la asignación de recursos, pero el esquema de enfermedad, muerte e insuficiencia en los servicios ha incrementado.
Fuente: El Universal
miércoles, 7 de abril de 2010
Los dientes son para morder
Miguel Ángel Granados Chapa
Es infortunado el símil escogido por el presidente Calderón al presentar su proyecto de reforma a la ley de competencia económica. Inclinándose ante una fórmula insulsa que circula en el periodismo de negocios él mismo dijo que el ordenamiento propuesto tendrá dientes. Obviamente quiere decir que será eficaz por contener sanciones disuasorias, inhibitorias de prácticas monopólicas, penas severas de que carece la legislación presente (que estaría chimuela según la metáfora), pero evoca la mordida que ha sido un modo de eludir normas como la que el Ejecutivo busca que se apruebe en la Cámara de diputados inicialmente. Digamos de paso que al escoger este escenario para iniciar esta reforma Calderón podrá proponer un intercambio de concesiones respecto de su proyecto de reforma política que discutirá el Senado.
Abandonemos la odontología al examinar el fin y los medios de esta ley. No insinuemos siquiera con esa apelación a las piezas dentarias que conforme al viejo refrán jurídico (y cínico), "hecha la ley, hecha la trampa". Es decir no sugiramos siquiera que habría vías expeditas supletorias del procedimiento formal aplicables mediante dádivas a los poderosos funcionarios que podrían, en situación tan remota que parece imposible, llevar a prisión a altos ejecutivos de empresas monopólicas, según hará posible la nueva ley.
Aunque de inmediato brotaron observaciones críticas al proyecto, ya de la oposición parlamentaria, ya del sector empresarial, es previsible la aprobación de los contenidos principales propuestos por el Ejecutivo, porque en pocas regiones de la vida pública se ha formado un consenso tan preciso como en este, sobre los daños, frenos y lastres que significan las prácticas monopólicas. Estimó Calderón, para concretar el perjuicio a los consumidores (y debió decir también a los usuarios, omisión que esperemos sea sólo por economía de lenguaje y no porque se pretenda cocer aparte a los prestadores de servicios) que "más del treinta por ciento del gasto de los hogares se destina a mercados que tienen algún tipo de problema en la competencia, y en esos mercados los consumidores gastan alrededor de un 40 por ciento más de lo que les costarían los bienes y servicios si existieran más empresas ofreciéndolos en condiciones más competitivas". El problema, añadió, afecta más a los pobres, pues destinan no el 30 como en la media nacional, sino el 40 por ciento de sus ingresos "a pagar bienes y servicios que son más caros simplemente porque hay pocas, o incluso una sola empresa, que los produce y los oferta".
El proyecto de Calderón no será el único en el debate legislativo. En noviembre de 2006, apenas proclamado Presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador entregó a los diputados que siguen su programa, una iniciativa de ley de precios competitivos, que contiene disposiciones en línea semejante a la propuesta anteayer desde Los Pinos. Uno de sus autores, Mario di Constanzo, es ahora miembro de la Cámara y estará en posición de discutir en comisiones y en el pleno el contenido de la nueva disposición, desde la perspectiva trazada desde entonces.
Al presentar el anteproyecto López Obrador mencionó una retahíla de efectos perniciosos derivados de las prácticas monopólicas. A causa de ellas, pagamos en México 223 por ciento más que en Estados Unidos por el cemento gris; 260 por ciento más por el internet de banda ancha, 230 por ciento más en telefonía fija (y 65 más que en la móvil); en el servicio básico de Cablevisión la diferencia respecto del similar en Estados Unidos es 116 por ciento.
El panorama es más abrumador en tratándose de servicios bancarios, según las cuentas de López Obrador: la tarjeta Banamex Clásica es 178 por ciento más cara que su similar norteamericana; la Bancomer Visa, 115 por ciento: el crédito de la vivienda, 150 por ciento y, en el colmo escandaloso las comisiones cobradas por los bancos son ¡3,600 por ciento! superiores a las pagadas en el exterior, incluidos los países donde se ubican las metrópolis de nuestro sistema de intermediación financiera.
Lamentablemente, el abuso de ese sector permanecerá intocado porque la banca goza de un régimen jurídico particular, una suerte de fuero. Las reglas de la competencia económica no la rigen, sino las que establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que suele privilegiar el interés de sus sujetos regulados por encima del de los usuarios. El grupo parlamentario a que pertenece Di Constanzo, y probablemente otros de diversos partidos, deberían aprovechar el debate para extender a esa comarca la legislación contraria a las prácticas monopólicas.
Aunque según la vieja proclama de Gómez Morín no debe haber ilusos para que no haya decepcionados, la iniciativa de Calderón abre la posibilidad de regular jurídica e institucionalmente la competencia con elementos más sólidos. No esperemos milagros de ella, o de lo que resulte del debate, porque la materia a que se refiere no es dúctil, tiene su propia consistencia y su propia dinámica. Hay una contradicción sustancial en las leyes que promueven la competencia para evitar los monopolios: aquella, la competencia, conduce inexorablemente a la concentración, a la absorción de empresas (el pez grande se come al chico). Esperemos que la nueva norma sujete en alguna medida a los grandes intereses, los que están en situación de ofrecer gratificaciones a funcionarios que deben calificar las condiciones de la competencia... y de morder.
Es infortunado el símil escogido por el presidente Calderón al presentar su proyecto de reforma a la ley de competencia económica. Inclinándose ante una fórmula insulsa que circula en el periodismo de negocios él mismo dijo que el ordenamiento propuesto tendrá dientes. Obviamente quiere decir que será eficaz por contener sanciones disuasorias, inhibitorias de prácticas monopólicas, penas severas de que carece la legislación presente (que estaría chimuela según la metáfora), pero evoca la mordida que ha sido un modo de eludir normas como la que el Ejecutivo busca que se apruebe en la Cámara de diputados inicialmente. Digamos de paso que al escoger este escenario para iniciar esta reforma Calderón podrá proponer un intercambio de concesiones respecto de su proyecto de reforma política que discutirá el Senado.
Abandonemos la odontología al examinar el fin y los medios de esta ley. No insinuemos siquiera con esa apelación a las piezas dentarias que conforme al viejo refrán jurídico (y cínico), "hecha la ley, hecha la trampa". Es decir no sugiramos siquiera que habría vías expeditas supletorias del procedimiento formal aplicables mediante dádivas a los poderosos funcionarios que podrían, en situación tan remota que parece imposible, llevar a prisión a altos ejecutivos de empresas monopólicas, según hará posible la nueva ley.
Aunque de inmediato brotaron observaciones críticas al proyecto, ya de la oposición parlamentaria, ya del sector empresarial, es previsible la aprobación de los contenidos principales propuestos por el Ejecutivo, porque en pocas regiones de la vida pública se ha formado un consenso tan preciso como en este, sobre los daños, frenos y lastres que significan las prácticas monopólicas. Estimó Calderón, para concretar el perjuicio a los consumidores (y debió decir también a los usuarios, omisión que esperemos sea sólo por economía de lenguaje y no porque se pretenda cocer aparte a los prestadores de servicios) que "más del treinta por ciento del gasto de los hogares se destina a mercados que tienen algún tipo de problema en la competencia, y en esos mercados los consumidores gastan alrededor de un 40 por ciento más de lo que les costarían los bienes y servicios si existieran más empresas ofreciéndolos en condiciones más competitivas". El problema, añadió, afecta más a los pobres, pues destinan no el 30 como en la media nacional, sino el 40 por ciento de sus ingresos "a pagar bienes y servicios que son más caros simplemente porque hay pocas, o incluso una sola empresa, que los produce y los oferta".
El proyecto de Calderón no será el único en el debate legislativo. En noviembre de 2006, apenas proclamado Presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador entregó a los diputados que siguen su programa, una iniciativa de ley de precios competitivos, que contiene disposiciones en línea semejante a la propuesta anteayer desde Los Pinos. Uno de sus autores, Mario di Constanzo, es ahora miembro de la Cámara y estará en posición de discutir en comisiones y en el pleno el contenido de la nueva disposición, desde la perspectiva trazada desde entonces.
Al presentar el anteproyecto López Obrador mencionó una retahíla de efectos perniciosos derivados de las prácticas monopólicas. A causa de ellas, pagamos en México 223 por ciento más que en Estados Unidos por el cemento gris; 260 por ciento más por el internet de banda ancha, 230 por ciento más en telefonía fija (y 65 más que en la móvil); en el servicio básico de Cablevisión la diferencia respecto del similar en Estados Unidos es 116 por ciento.
El panorama es más abrumador en tratándose de servicios bancarios, según las cuentas de López Obrador: la tarjeta Banamex Clásica es 178 por ciento más cara que su similar norteamericana; la Bancomer Visa, 115 por ciento: el crédito de la vivienda, 150 por ciento y, en el colmo escandaloso las comisiones cobradas por los bancos son ¡3,600 por ciento! superiores a las pagadas en el exterior, incluidos los países donde se ubican las metrópolis de nuestro sistema de intermediación financiera.
Lamentablemente, el abuso de ese sector permanecerá intocado porque la banca goza de un régimen jurídico particular, una suerte de fuero. Las reglas de la competencia económica no la rigen, sino las que establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que suele privilegiar el interés de sus sujetos regulados por encima del de los usuarios. El grupo parlamentario a que pertenece Di Constanzo, y probablemente otros de diversos partidos, deberían aprovechar el debate para extender a esa comarca la legislación contraria a las prácticas monopólicas.
Aunque según la vieja proclama de Gómez Morín no debe haber ilusos para que no haya decepcionados, la iniciativa de Calderón abre la posibilidad de regular jurídica e institucionalmente la competencia con elementos más sólidos. No esperemos milagros de ella, o de lo que resulte del debate, porque la materia a que se refiere no es dúctil, tiene su propia consistencia y su propia dinámica. Hay una contradicción sustancial en las leyes que promueven la competencia para evitar los monopolios: aquella, la competencia, conduce inexorablemente a la concentración, a la absorción de empresas (el pez grande se come al chico). Esperemos que la nueva norma sujete en alguna medida a los grandes intereses, los que están en situación de ofrecer gratificaciones a funcionarios que deben calificar las condiciones de la competencia... y de morder.
martes, 6 de abril de 2010
Aprueba la Cámara de Diputados que la piratería sea perseguida de oficio
A partir de ahora, la piratería será perseguida de oficio en México y no solamente por denuncia de los afectados, como ocurría anteriormente.
La Cámara de Diputados avaló reformas al Código Penal Federal y a la Ley de la Propiedad Industrial, para que la Procuraduría General de la República (PGR) persiga con más rigor este delito.
Impuso penas de dos a seis años de prisión y una multa de cien a diez mil días de salario mínimo, al que venda en vía pública, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley.
"Se trata, precisamente, de un cambio única y exclusivamente en la forma de persecución de este delito. La industria tuvo una afectación de 964 mil 688 millones de pesos solamente en el año anterior; ocho de cada 10 personas compraron productos piratas", dijo Arturo Zamora Jiménez, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El Partido del Trabajo (PT), rechazó la nueva norma por considerar que castiga una actividad originada por la pobreza.
"Hablamos también de perseguir de oficio a estos vendedores ambulantes cuando, por ejemplo, en el 2008 el número de pobres en este país se incrementó en casi 6 millones y el presupuesto destinado a las funciones de desarrollo social fue de 1.3 billones de pesos; y no perseguimos a los negligentes funcionarios de las dependencias, que provocaron este crecimiento en la pobreza", menciono Mario Di Constanzo Armenta, Diputado PT.
Los legisladores del PT también argumentaron, que el dictamen no busca abatir la corrupción en las aduanas, principal puerta de entrada para la mercancía pirata.
En contraparte, el presidente de la Comisión de Justicia, reiteró las pérdidas que provoca ese delito y la necesidad de sentar las bases de la cultura de la legalidad en el país.
"¿Sabían ustedes, compañeros diputados, que la industria de la recreación pierde 750 millones de dólares al año? Que de estos 750 millones de dólares, se pierde un millón de dólares al día por concepto de impuestos, con los que se pueden crear centros recreativos, centros de salud, escuelas, hospitales y programas de desarrollo social", señalo Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Con la presencia del cantautor Armando Manzanero y del artista plástico y escultor Enrique Carbajal, "Sebastián", como invitados en el pleno, la mayoría de los diputados decidieron aprobar el dictamen, que tuvo su origen en el Senado de la República, y que ahora fue turnado al Poder Ejecutivo para su publicación y puesta en marcha.
Fuente: Carlos Ibarra / Once Noticias
La Cámara de Diputados avaló reformas al Código Penal Federal y a la Ley de la Propiedad Industrial, para que la Procuraduría General de la República (PGR) persiga con más rigor este delito.
Impuso penas de dos a seis años de prisión y una multa de cien a diez mil días de salario mínimo, al que venda en vía pública, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley.
"Se trata, precisamente, de un cambio única y exclusivamente en la forma de persecución de este delito. La industria tuvo una afectación de 964 mil 688 millones de pesos solamente en el año anterior; ocho de cada 10 personas compraron productos piratas", dijo Arturo Zamora Jiménez, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El Partido del Trabajo (PT), rechazó la nueva norma por considerar que castiga una actividad originada por la pobreza.
"Hablamos también de perseguir de oficio a estos vendedores ambulantes cuando, por ejemplo, en el 2008 el número de pobres en este país se incrementó en casi 6 millones y el presupuesto destinado a las funciones de desarrollo social fue de 1.3 billones de pesos; y no perseguimos a los negligentes funcionarios de las dependencias, que provocaron este crecimiento en la pobreza", menciono Mario Di Constanzo Armenta, Diputado PT.
Los legisladores del PT también argumentaron, que el dictamen no busca abatir la corrupción en las aduanas, principal puerta de entrada para la mercancía pirata.
En contraparte, el presidente de la Comisión de Justicia, reiteró las pérdidas que provoca ese delito y la necesidad de sentar las bases de la cultura de la legalidad en el país.
"¿Sabían ustedes, compañeros diputados, que la industria de la recreación pierde 750 millones de dólares al año? Que de estos 750 millones de dólares, se pierde un millón de dólares al día por concepto de impuestos, con los que se pueden crear centros recreativos, centros de salud, escuelas, hospitales y programas de desarrollo social", señalo Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Con la presencia del cantautor Armando Manzanero y del artista plástico y escultor Enrique Carbajal, "Sebastián", como invitados en el pleno, la mayoría de los diputados decidieron aprobar el dictamen, que tuvo su origen en el Senado de la República, y que ahora fue turnado al Poder Ejecutivo para su publicación y puesta en marcha.
Fuente: Carlos Ibarra / Once Noticias
Suscribirse a:
Entradas (Atom)