LOS PRECIOS AL MES DE OCTUBRE REFLEJAN YA EL GASOLINAZO DE NADA SIRVIO QUE CALDERON LO POSPONGA HASTA ENERO DE 2008: EL IMPUESTO SE DEBE DEROGAR

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Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo Octubre del 2007

De acuerdo con datos obtenidos por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno Legitimo de Andrés Manuel López Obrador, se observa que la evolución de los precios de 42 productos que componen la canasta básica revela que el crecimiento de los precios durante los primeros 10 meses del año fue de 34.6%, sin embargo el de los alimentos que forman parte de la canasta básica fue aún mayor, ya que se ubicó en casi 36.7%.

Así mientras que en enero de 2006 para adquirir éstos 42 productos básicos una persona que percibía un salario mínimo tenía que realizar un gasto de $ 740.44 pesos, para el mes de diciembre de 2006, el gasto necesario para adquirir esos mismos productos se ubicaba en $ 818.44 pesos.

Sin embargo en julio de este año, cuando ya se hablaba del gasolinazo, la canasta se ubico en 1,045.15 pesos y para la primera quincena del mes de octubre, ascendió a 1,102.28 pesos, cuando se oficializo la entrada en vigor del nuevo impuesto a la gasolina a partir del próximo mes de enero.

Es claro que tan sólo entre el mes de julio y la primera quincena del mes de octubre, el crecimiento en costo de esta canasta básica registró un incremento de 5.46% muy similar al incremento total que tendrá la gasolina gracias al impuesto propuesto por Acción Nacional y avalado por Calderón.

Cabe destacar que con base en el salario mínimo mensual el costo de estos productos pasó de representar el 50.8% del ingreso total de un trabajador en enero de 2006, a casi el 73% para la primera quincena del mes de octubre del presente año.

Sin embargo esta situación se ha visto recrudecida en el caso de los productos alimenticios que forman parte de la canasta básica, así por ejemplo se observa que el costo de los alimentos que integran una canasta básica pasó de 485.4 pesos en enero de 2006, a 540.46 en diciembre de 2006 y a 735.10 pesos en la primera quincena de septiembre de 2007, y a 738.90 para la primera quincena del mes de octubre, cifra que representa un incremento de 51.43% con respecto a enero de 2006 y un crecimiento de 36.7 % en lo que va de este año.

Es importante destacar que en el caso de los alimentos, prácticamente todos los productos que integran la canasta básica han registrado incrementos muy superiores al incremento del salario mínimo, así con respecto al mes de diciembre del 2006, así tenemos que el crecimiento de los precios de los siguientes productos ha sido: fríjol, lenteja (122.7%) salchicha (61%), leche condensada (73%), leche en polvo (55%), mantequilla (54%), el arroz (47%) y huevo (60%).

Finalmente es importante señalar que con respecto al mes de julio del presente año, también se observaron incrementos que reflejan ya el impuesto a la gasolina, así por ejemplo el frijol pasó de $16.0 a $20.0 el kg, la lenteja de 7.90 a 8.91 la bolsa de 500 grs, el paquete con 12 huevos de $14.70 a $ 16.0, el pan de caja bimbo de $18.90 a $ 20.0, el kilogramo de pollo entero pasó de $23.95 a $ 26.00

Esto quiere decir que mientras que en enero de 2006, un obrero requería de 15.24 días de trabajo (jornada laboral de 8 horas) percibiendo un salario mínimo, para adquirir 42 productos de la canasta básica, para la primera quincena del mes de octubre del presente año requiere de 21.7 días de trabajo, para adquirir la misma canasta de productos.

Lo anterior significa que en la actualidad un obrero que percibe el salario mínimo tiene que destinar casi 22 días de trabajo para poder obtener una canasta de 42 productos básicos, por lo que con lo que le resta (8 días de trabajo) tiene que hacer frente a los costos de transporte, vestido y vivienda, lo cual resulta prácticamente imposible, ya que el incremento del salario mínimo en 2007 fue de sólo 3.9%.

Así por ejemplo, un obrero que percibe el salario mínimo requería en enero de 2006 de 9.55 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, de 6.59 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, de 0.82 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortilla o de 2.47 horas de trabajo para adquirir 2 kg de azúcar.

Sin embargo para la primera quincena de 2007, el mismo obrero percibiendo un salario mínimo requiere en la actualidad de 11.5 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec, 10.7 horas de trabajo para adquirir un kilo de carne molida, 1:27 horas de trabajo para adquirir un kilo de tortillas.

Es importante señalar que el sólo anuncio del incremento que tendrá la gasolina y diesel, aunque sea hasta enero del 2008, ya empieza a reflejarse en los incrementos en los precios de prácticamente todos los productos, ya que esta situación es una cuestión de expectativas del publico en general ya que quienes perciben que en algún momento del tiempo, los precios se incrementaran, prefieren adelantarse y llevar a cabo el ajuste de inmediato, por ello, “los comerciantes y productores de servicios, se previenen incrementando los precios hoy, y no hasta mañana.”

Por esta razón, diversos productos alimenticios, como la carne, el huevo, la leche y el pan bolillo, ya aumentaron y de seguro volverán a incrementar su precio en diciembre o en enero, esto a pesar de las absurdas declaraciones del Gobernador del Banco de México, de los legisladores del PRI del PAN y de algunos integrantes de la corriente de “nueva izquierda” que han llegado a señalar que “solo es necesario un incremento al salario”, por lo que es cuestión de negociarlo.

Esta situación sugiere, además que el seguimiento de los precios que realiza el Banco de México, para obtener la inflación o el crecimiento de los precios en la economía, ya no refleja la realidad de el poder adquisitivo de las familias, esto debido a que la ponderación que realiza el Banco Central para calcular el crecimiento de los precios, contiene sesgos que tienden a subestimar el crecimiento de los precios.

Finalmente se debe decir, que la cifra que se recaudará durante el próximo año debido al impuesto a la gasolina (8,000 millones de pesos) es equivalente al gasto del gobierno por concepto de seguro de gastos médicos mayores para funcionarios de alto nivel, al gasto en seguro de separación individualizada para funcionarios de alto nivel, y al gasto en servicios de accesoria que tendrá el gobierno federal, por lo que resulta estos ingresos podrían ser compensados con un programa de austeridad.

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El Estado miente y la “oposición progresista” lo solapa

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
21 de octubre de 2007

Tal parece que el Estado mexicano se acostumbró a mentir y la “oposición progresista” se acostumbró a solapar: sólo basta recordar lo que se ha venido diciendo recientemente sobre diferentes temas de importancia nacional, pues respecto de la reforma fiscal, por ejemplo, Felipe Calderón y Agustín Carstens señalaron que su propuesta aprobada por el PRIAN acabaría con los paraísos fiscales y que ahora pagarían impuestos aquellos empresarios que nunca los habían pagado, pero durante esta semana se aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos para 2008 y en él se puede observar claramente que mientras que la recaudación por el impuesto sobre la renta será de 580 mil millones de pesos, la del famoso IETU será de apenas 69 mil millones de pesos.

Esto, en otras palabras, quiere decir que el impuesto que supuestamente terminaría con los paraísos fiscales recolectará para las arcas nacionales apenas la doceava parte de lo que se recauda con el impuesto que se quiere desaparecer en el futuro.

¿Cómo es posible que los legisladores hayan exigido transparencia y legalidad al IPAB en el proceso de venta de Aeroméxico y, sin embargo, hayan permanecido callados y quietos mientras que esta aerolínea era vendida a un grupo de empresarios representados por Banamex que de pronto presentaron una oferta pública de acciones (OPA Hostil) por la empresa, aun cuando la propia ley del IPAB establece que no podrán adquirir bienes del IPAB aquellas personas o empresas que hayan sido apoyadas por el Fobaproa, y que los procesos de venta de bienes del IPAB tendrán que hacerse mediante subasta pública o licitación?

¿Acaso los legisladores ya se olvidaron que el rescate de Banamex le costó al erario aproximadamente 73 mil millones de pesos y actualmente Banamex-Citigroup recibe cuantiosos intereses de los pagarés del Fobaproa-IPAB, a cargo de los contribuyentes?

También olvidaron, al parecer, que la venta de Banamex fue un “cruce protegido de acciones” que permitió que no se pagara impuestos en la operación financiera más grande de la historia económica moderna del país.

No es posible que esto haya sucedido sin el menor pronunciamiento del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que por cierto es perredista y que según cuentan estaba de viaje; otros, sin embargo, ahora sí, cuando la transacción ya se consumó, gritan a los cuatro vientos la necesidad de revisar la operación. Un poco tarde, ¿no cree?

Por su parte, Vicente Fox se quiere exhibir en Estados Unidos como un mártir de la honestidad y la transparencia, cuando su inexplicable riqueza está a la vista de todos los mexicanos y de la revisión de sus propias declaraciones patrimoniales se observa, por ejemplo, que cobró dos veces (en 2005 y 2006) esa prebenda denominada Seguro de Separación Individualizado: en suma, de sus propias declaraciones patrimoniales se desprende que violentó gravemente la Constitución Política de nuestro país.

Y mientras esto sucede, la Cámara de Diputados ha constituido mañosamente una “Comisión para dar Seguimiento” a las denuncias presentadas contra el ex presidente, en vez de tomar una acción legal clara y contundente ante la PGR.

Aquí conviene mencionar que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su artículo 84, textualmente:

“Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Secretaría podrá ordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y auditoría. Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, la Secretaría hará ante ésta la solicitud correspondiente”.

Más aún, el artículo 86 de la ley en comento agrega que: Serán sancionados en los términos que disponga el Código Penal los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.

De esta manera, todo lo anterior nos debe recordar el refrán que reza: “No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”, y que si bien el Estado se acostumbró a mentir, la “oposición progresista”, también se ha acostumbrado a solapar.

¿Será acaso ésta la nueva izquierda o la izquierda que necesita este país?

Banamex compra Aeroméxico: ¿subasta o arreglo?

Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo

Una vez más, como si poseyera al genio de la lámpara y su suerte fuese inagotable, Banamex libró todos los aparentes obstáculos legales que al menos en teoría le impedían participar en la compra venta de Aeroméxico y adquiere la estratégica línea aérea en una operación plagada de recelos.

Uno se pregunta, por ejemplo: ¿De dónde saca Banamex recursos para comprar la aerolínea, considerando que es una filial de Citigroup y esa matriz enfrenta problemas de cartera vencida en Estados Unidos? ¿Por qué fue aceptada la oferta de una institución financiera que fue objeto hace apenas una década del rescate bancario más escandaloso en la historia moderna del país? ¿Cuánto recibió Banamex en el reemplazo de pagarés Fobaproa por garantías IPAB? ¿No entran en juego esos recursos en esta adquisición de Aeroméxico? ¿Estaremos pagando los contribuyentes el nuevo juguete de este banco ahora extranjero? ¿Hubo subasta realmente o más bien un arreglo en esta operación?

Antecedentes

Ya desde 1982, durante la expropiación de 66 bancos ordenada por el gobierno federal en turno, esta institución bancaria se benefició por un pago excesivo de indemnización, pues por los tres principales bancos (Banamex, Bancomer y Serfin) se pagaron 118 mil millones de pesos en lugar de la cifra propuesta por los responsables hacendarios del momento, que era de 47 mil millones.

Años más tarde, cuando se decide reprivatizar la banca, los beneficiados son de nuevo los dueños de los grandes grupos financiero-industriales, puesto que las principales casas de bolsa y los más connotados ex banqueros compraron las 18 sociedades nacionales de crédito ofrecidas. La casa de bolsa Acciones y Valores, por ejemplo, fue la que compró Banamex.

Y durante el rescate bancario que motivó la crisis financiera de 1995, otra vez corre con suerte cuando los responsables del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) deciden admitir como beneficiarios a bancos que no requerían auxilio puesto que mostraban índices de capital superiores a los exigidos por la ley y gozaban de una excelente administración, como era el caso de Banamex que, al mismo tiempo que reportaba utilidades, reducía sus reservas de riesgo y hasta pagaba dividendos a sus accionistas.

Pero no sólo eso: el Fobaproa le compró además indebidamente créditos por aproximadamente 7 mil millones de pesos, al adquirir cartera con todo e intereses moratorios.

De hecho, para Banamex fue tan productivo el rescate que hoy, de las 12 instituciones que recibieron estos apoyos, es una de las cuatro que siguen operando, mientras que las otras fueron liquidadas, fusionadas o intervenidas posteriormente con “doble costo fiscal” para el gobierno mexicano.

Más aún: Banamex recibió del Fobaproa pagarés por montos de aproximadamente 79 mil millones de pesos, que al final del “saneamiento” se transformaron en una erogación por casi 104 mil millones (a valor actual).

Por cierto que poco antes, en 2001, se vendió a Citigroup en casi 125 mil millones de pesos en beneficio de particulares y mediante una operación bursátil que los libró de pagar de impuestos por casi 12 mil 500 millones de pesos.

Sospechas

Hay que subrayar también que, en el proceso de extranjerización de la banca en México, se dan casos emblemáticos como el de Banamex, que representa 3% de los activos totales de Citigroup y aporta 10% de las ganancias del mayor grupo financiero del mundo; es, como quien dice, la estrella del banco estadunidense.

Habría que preguntarse, eso sí, porqué mientras no cobra comisiones por manejo de cuenta en Estados Unidos, Banamex-Citigroup es una de las instituciones de nuestro país que más costosa resulta en términos de provisión de servicios financieros.

Igualmente es motivo de recelo el hecho de que mientras Citigroup enfrenta problemas de cartera vencida en Estados Unidos, su filial en México tiene los recursos suficientes para comprar Aeroméxico en casi 250 millones de dólares.

Otro factor de sospecha es, justo es decirlo, la decisión de las autoridades para “cerrar” la subasta en una hora determinada e impedir así la entrada de otra oferta que hubiera permitido elevar el costo de la aerolínea hasta por lo menos 260 millones de dólares: ¿acaso no se manejan así todas las subastas del mundo, con base en la puja de las partes, que van ofreciendo más cada vez hasta llegar a un límite?

Al no permitir esa puja dejando correr más tiempo para la subasta, las autoridades incumplieron de plano el mandato que les obligaba teóricamente a maximizar la recuperación en el proceso de venta de Aeroméxico, pues conforme a la Ley era su responsabilidad “tutelar por una sana administración del activo y proceder a la venta de los bienes al mejor precio posible”.

Y lo peor de todo: ¿no resulta por lo menos ilegítimo (no hablemos ya de legalidad) aceptar que la línea aérea se compre con recursos vinculados de una u otra forma con transacciones financieras en las que figura o figuró dinero de los contribuyentes que Banamex recibió vía el rescate bancario?

¿Será posible que Aeroméxico se le esté comprando al gobierno con dinero que Banamex recibió, en parte, del propio gobierno en el pasado reciente?

Las autoridades tendrán que responder estas y otras muchas interrogantes, más temprano que tarde…