jueves, 22 de abril de 2010
Después de 8 años, aprueban Cuenta Pública 2002
Después de ocho años, la Cámara de Diputados aprobó la revisión de la cuenta pública del 2002 sobre el manejo de recursos durante el gobierno de Vicente Fox.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 319 votos a favor, 19 en contra y 20 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2002.
El dictamen indica que durante el 2002 las finanzas públicas registraron un déficit presupuestario de 83 mil 827.4 millones de pesos, lo que representó el 1.36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que rebasó la meta de déficit fijada en 0.65 por ciento del PIB.
Lo anterior, es el resultado generado por el impacto presupuestario de 48 mil 878 millones de pesos, derivado de las operaciones asociadas a la liquidación del Banco Nacional de Crédito Rural S.N.C. (BANRURAL) y la creación de la Financiera Rural.
Por ello, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray Caso, aseguró que el documento no aprueba la Cuenta Pública del 2002 ni tampoco la desaprueba, pues únicamente tiene la obligación de señalar anomalías, deficiencias, así como proponer medidas e instrucciones para no repetir los errores de ese año.
AUDIO……….LUIS VIDEGARAY CASO……..el dictamen no pretende establecer sanciones o imputar responsabilidades específicas, simplemente la Cámara de Diputados cumple con la obligación a través del órgano técnico que es la Auditoría Superior de la Federación, la ASF elaboró 336 auditorías específicas y promovió tres mil 410 acciones correctivas por un monto de 72 mil millones de pesos a la Cuenta Pública 2002.
Indicó que el dictamen de la Cuenta Pública 2002 señala problemas graves en el gasto público federal, ya que en ese año se incrementó el gasto corriente en un 6.5 por ciento, pues solamente en el rubro erogaciones por servicios personales, materiales y suministros creció en un 3.5 por ciento por arriba de la inflación.
Durante su participación, el petista Mario Di Constanzo, arremetió en contra del ex presidente Vicente Fox, PAN y el PRI, así como de la propia Cámara de Diputados, que dijo se enreda y no hace nada.
Finalmente, a nombre de la bancada del PAN, Ramón Merino Loo, del Estado de Guanajuato, señaló que su grupo parlamentario está y estará siempre a favor de la transparencia en las cuentas públicas federales y agradeció que la mayoría de diputados, incluso perredistas hayan avalado la cuenta pública 2002, de Vicente Fox.
Fuente: Mónica Romero / WRadio
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 319 votos a favor, 19 en contra y 20 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2002.
El dictamen indica que durante el 2002 las finanzas públicas registraron un déficit presupuestario de 83 mil 827.4 millones de pesos, lo que representó el 1.36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que rebasó la meta de déficit fijada en 0.65 por ciento del PIB.
Lo anterior, es el resultado generado por el impacto presupuestario de 48 mil 878 millones de pesos, derivado de las operaciones asociadas a la liquidación del Banco Nacional de Crédito Rural S.N.C. (BANRURAL) y la creación de la Financiera Rural.
Por ello, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray Caso, aseguró que el documento no aprueba la Cuenta Pública del 2002 ni tampoco la desaprueba, pues únicamente tiene la obligación de señalar anomalías, deficiencias, así como proponer medidas e instrucciones para no repetir los errores de ese año.
AUDIO……….LUIS VIDEGARAY CASO……..el dictamen no pretende establecer sanciones o imputar responsabilidades específicas, simplemente la Cámara de Diputados cumple con la obligación a través del órgano técnico que es la Auditoría Superior de la Federación, la ASF elaboró 336 auditorías específicas y promovió tres mil 410 acciones correctivas por un monto de 72 mil millones de pesos a la Cuenta Pública 2002.
Indicó que el dictamen de la Cuenta Pública 2002 señala problemas graves en el gasto público federal, ya que en ese año se incrementó el gasto corriente en un 6.5 por ciento, pues solamente en el rubro erogaciones por servicios personales, materiales y suministros creció en un 3.5 por ciento por arriba de la inflación.
Durante su participación, el petista Mario Di Constanzo, arremetió en contra del ex presidente Vicente Fox, PAN y el PRI, así como de la propia Cámara de Diputados, que dijo se enreda y no hace nada.
Finalmente, a nombre de la bancada del PAN, Ramón Merino Loo, del Estado de Guanajuato, señaló que su grupo parlamentario está y estará siempre a favor de la transparencia en las cuentas públicas federales y agradeció que la mayoría de diputados, incluso perredistas hayan avalado la cuenta pública 2002, de Vicente Fox.
Fuente: Mónica Romero / WRadio
Revisan la cuenta pública del segundo año de la administración Fox
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto de la cuenta pública 2002, relativo a la pasada administración, en uso de su facultad exclusiva para la revisión de la Hacienda Federal del ejercicio fiscal de dicho año.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray (PRI) señaló que la resolución del pleno no aprueba ni desaprueba la cuenta entregada por la administración foxista, sino que únicamente cumple con la obligación parlamentaria de examinar y señalar anomalías con la finalidad de no repetir errores.
Como se consigna en el tercer resolutivo del documento, en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2002 se detectaron infracciones a los principios básicos de contabilidad gubernamental principalmente en algunas dependencias como las secretarías de Energía, de Educación, Hacienda y Comunicaciones y Transportes.
Sobre el dictamen, el legislador del Partido Verde Juan José Guerra, destacó que la acción de la cámara servirá particularmente para que el Ejecutivo tome medidas correctivas y para que el Congreso elabore y autorice mejores presupuestos.
A nombre del Partido Acción Nacional, el diputado Ramón Merino aseguró que su grupo parlamentario está a favor del dictamen ya que en él se reconocen logros alcanzados en las políticas públicas implementadas durante ese año.
En oposición el diputado Mario di Costanzo Armenta (PT), cuestionó la negativa de la resolución para valorar si la administración del ex presidente Fox ejerció “bien o mal” el gasto del Gobierno Federal, por lo que calificó el dictamen de “timorato”.
La crítica del PRD se concentró en el problema de los tiempos ya que, como dijo el legislador Vidal Llerenas, apenas se está discutiendo la Cuenta Pública 2002, cuando todavía restan por discutir las relativas a los últimos años de la administración pasada.
El documento avalado por la Cámara Baja por 318 votos a favor y 19 en contra, incluye algunos exhortos para que el Poder Ejecutivo Federal continúe reduciendo el gasto corriente e instruya a las dependencias a ejercer el gasto público conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos 2010.
Fuente: Canal del COngreso
Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray (PRI) señaló que la resolución del pleno no aprueba ni desaprueba la cuenta entregada por la administración foxista, sino que únicamente cumple con la obligación parlamentaria de examinar y señalar anomalías con la finalidad de no repetir errores.
Como se consigna en el tercer resolutivo del documento, en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2002 se detectaron infracciones a los principios básicos de contabilidad gubernamental principalmente en algunas dependencias como las secretarías de Energía, de Educación, Hacienda y Comunicaciones y Transportes.
Sobre el dictamen, el legislador del Partido Verde Juan José Guerra, destacó que la acción de la cámara servirá particularmente para que el Ejecutivo tome medidas correctivas y para que el Congreso elabore y autorice mejores presupuestos.
A nombre del Partido Acción Nacional, el diputado Ramón Merino aseguró que su grupo parlamentario está a favor del dictamen ya que en él se reconocen logros alcanzados en las políticas públicas implementadas durante ese año.
En oposición el diputado Mario di Costanzo Armenta (PT), cuestionó la negativa de la resolución para valorar si la administración del ex presidente Fox ejerció “bien o mal” el gasto del Gobierno Federal, por lo que calificó el dictamen de “timorato”.
La crítica del PRD se concentró en el problema de los tiempos ya que, como dijo el legislador Vidal Llerenas, apenas se está discutiendo la Cuenta Pública 2002, cuando todavía restan por discutir las relativas a los últimos años de la administración pasada.
El documento avalado por la Cámara Baja por 318 votos a favor y 19 en contra, incluye algunos exhortos para que el Poder Ejecutivo Federal continúe reduciendo el gasto corriente e instruya a las dependencias a ejercer el gasto público conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos 2010.
Fuente: Canal del COngreso
miércoles, 21 de abril de 2010
martes, 20 de abril de 2010
domingo, 18 de abril de 2010
Las malas cuentas de Calderón en 2008
La Auditoría Superior de la Federación detectó un manejo discrecional de los excedentes financieros del Gobierno Federal en 2008 para forzar el equilibrio presupuestal
MÉXICO, D.F.- El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa maquilló las cifras de su gasto de 2008, incurrió en subejercicios injustificados, realizó transferencias indebidas a diversos fondos e impidió que los millonarios recursos adicionales que obtuvo por ingresos excedentes llegaran a la población, destinándolos al mantenimiento del costoso aparato burocrático.
Desde la llegada del panismo al Gobierno Federal, los ingresos por excedentes petroleros y tributarios han alcanzado niveles sin precedente; para 2008 sumaban ya mil 282 millones de pesos. Sin embargo, gran parte de esos recursos ha ido a parar a los bolsillos de la alta burocracia: en los últimos 10 años, el número de plazas en el Gobierno Federal se incrementó en más de mil por ciento.
Lo anterior se desprende del análisis de la cuenta pública federal 2008 que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la Unidad de Evaluación y Control de la misma cámara y los informes cuatrimestrales de ese año de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la interpretación de los documentos que hacen legisladores del PRI y el PT, especializados en el manejo del gasto público.
Año tras año, la Cámara de Diputados autoriza una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos para el Gobierno Federal. En 2008, los legisladores autorizaron un gasto de 2 billones 894 mil 806 millones de pesos a la administración calderonista. De esta cantidad, 85% corresponde a pagos ineludibles como programas sociales, mantenimiento de escuelas, salarios de maestros y médicos y pago de la deuda, entre otros.
Por lo tanto, sólo 434 mil 220 millones de pesos pudieron ser etiquetados por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón realizó un manejo discrecional de esos recursos, e incluso fuera de la ley, para mantener el llamado "equilibrio presupuestal".
DINERO PERDIDO
De los 434 mil 220 millones de pesos que manejó libremente el gobierno calderonista, 315 mil 476 millones de pesos (el 72.6%) fueron captados por la venta de excedentes petroleros y recursos tributarios no previstos. Los legisladores no tienen certeza del uso de esos recursos, pues no cuentan con la justificación correspondiente.
Mario Di Costanzo, diputado federal del Partido del Trabajo y exfuncionario de Hacienda, detalla que más de la mitad de esos recursos fueron empleados en el gasto corriente de la administración de Calderón, esto es, pago de salario de altos funcionarios y el mantenimiento del aparto como compra de vehículos y gasolina. En contraste, la inversión pública cayó 40% y la deuda creció en 650 mil millones de pesos, asegura.
"Un ciudadano común no puede entender cómo con más ingresos en el país la inflación y la deuda crecieron en lugar de disminuir. Y la respuesta está en que poco más de la mitad de ese dinero se fue al pago de salarios y mantenimiento del aparato burocrático", expone.
El informe de la ASF señala que la mayor parte del gasto neto devengado se destinó al gasto corriente, "en el que los servicios personales representaron la mayor parte".
A su vez, el diputado del PRI Sebastián Lerdo de Tejada, especialista en la elaboración de presupuestos, acusa al gobierno panista de estar "engañando" a la población, pues el número de plazas de nivel superior –dice apoyado en datos de Hacienda– ha crecido por encima de mil por ciento desde el arribo del PAN a la Presidencia. Por ejemplo, en 2001 había 89 funcionaros que ganaban como subsecretarios de Estado o titulares de entidad. Para 2009, el número aumentó a mil 11 funcionarios, es decir, un crecimiento de mil 36 por ciento.
En el mismo periodo, de 4 mil 446 directores de área que había en 2001, la cifra llegó a 38 mil 427 directores, y de 69 jefes de unidad o titular de entidad se pasó a mil 212.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, el costo total del aparato burocrático del Gobierno Federal en 2008 fue de 185 mil 44 millones de pesos, de los cuales 6 mil 500 millones se emplearon para el pago de salarios; el resto (134 mil millones) en gasto corriente.
La ASF encontró que el Gobierno Federal erogó 126 mil 877 millones de pesos (poco más del 40% de los excedentes petroleros y tributarios) para "otros gastos corrientes".
Paradójicamente, la Cámara de Diputados obligó al Gobierno Federal a "racionalizar su gasto de operación" y le ordenó "compactar su estructura administrativa", según estableció en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.
Lo anterior implica la reorganización del Poder Ejecutivo Federal, incluyendo la revisión de la duplicidad de funciones, la reducción de los niveles salariales equivalentes en subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales "que no tenga dichos cargos" y la posible reducción de direcciones generales adjuntas.
En lugar de cumplir con el mandato, el gobierno de Felipe Calderón envió lo que fue considerado por priístas y petistas como "una burla": un plan de austeridad por tres años que comprende el ahorro de 40 mil 100 millones de pesos (13 mil 366 millones de pesos por año), cifra que contrasta con los 185 mil millones de pesos que gastó tan sólo en 2008 para el mantenimiento del aparato burocrático.
SIMULACIONES
La Auditoría Superior de la Federación detectó que en el llamado ramo 23 ("previsiones salariales") existió un sobregiro de 126 mil 877 millones de pesos, según el cuarto informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2008.
De acuerdo con el informe, Hacienda "autorizó la reasignación de gasto por 9 mil 538 millones de pesos a diversas entidades y fideicomisos, aun cuando, por lo avanzado del ejercicio fiscal, no era factible que dichos recursos se devengaran".
Además "se realizaron transferencias de recursos por 67 mil 587 millones de pesos a diversos ramos, sin que para ello hubiesen justificado las contingencias o gastos urgentes en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria".
El ramo 23 concentra recursos para contingencias como desastres naturales o aumentos salariales no previstos, y su aplicación debe estar siempre justificada. En realidad, el Gobierno Federal lo utiliza como una caja chica, considera el diputado federal Mario Di Costanzo.
"En este caso, nada de los más de 126 mil millones de pesos utilizados fue justificado", puntualiza.
La auditoría también llama la atención sobre el registro de recursos que el Gobierno Federal transfiere a diferentes fondos como "inversión física", pero que "son destinados al gasto corriente por sus ejecutores finales, como son los gobiernos estatales o municipales, razón por la cual se sobreestima el gasto de inversión".
Un ejemplo: según el informe de la auditoría, se dejaron de invertir 41 mil 331 millones de pesos en infraestructura; sin embargo, a esta cantidad hay que restarle 5 mil millones de pesos que supuestamente habían pasado al llamado Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y que debían de haberse utilizado para la infraestructura rural y urbana. Aunque fueron registrados en las cuentas del Gobierno Federal como inversión física y etiquetados para ese propósito, fueron usados "para gasto corriente".
LOS SUBEJERCICIOS
A esto se suman los llamados subejercicios, es decir, dinero que la federación dejó de ejercer injustificadamente en diversos programas sociales, dice por su parte el diputado priísta Sebastián Lerdo de Tejada, lo que para él es "una muestra plena de la ineficiencia en el ejercicio de los ingresos y el gasto público de parte del gobierno panista".
Peor aún: dice que las cuentas de la administración calderonista contienen "simulaciones y ajustes realizados por el Ejecutivo Federal para ocultar millonarios subejercicios en el gasto".
Reclama que el Gobierno Federal recurrió a la alquimia financiera "para que se alcanzara el equilibrio presupuestario y no se reflejara un subejercicio mayor al cierre de 2008".
Denuncia que Hacienda autorizó distribuir remanentes presupuestales por 44 mil 542.3 millones de pesos, de los cuales 9 mil 537.7 millones fueron transferidos a diversas dependencias, entidades, fondos y fideicomisos, así como para la constitución de depósitos en la Tesorería de la Federación (Tesote)".
Ofrece otros datos que él llama "preocupantes" sobre el manejo de las finanzas federales:
"En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encontraron recursos no devengados de los convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos a entidades federativas por 2 mil 100 millones de pesos.
"En el Programa Enciclopedia, la ASF detectó que la Secretaría de Educación Pública reportó indebidamente mil 300 millones de pesos como ejercidos, siendo que hasta octubre de 2009 se encontraban depositados en la Tesofe en una cuenta a favor de esa dependencia. También se realizaron transferencias por mil 73 millones de pesos a otras unidades administrativas y órganos desconcentrados para cubrir los capítulos de servicios personales y gastos de operación."
Lo que es más, la administración calderonista recurrió a la figura de fideicomisos para ejercer dinero de manera discrecional, sin la autorización de la Cámara de Diputados, como lo demuestran las auditorias financieras y de cumplimiento con el manejo de los llamados "aprovechamientos" (el dinero que ingresa a la federación por el cobro de usufructo de algunos bienes, al margen de la tributación que paga cada ciudadano) y de la recuperación de capital por venta de bienes.
El Gobierno Federal reportó a la ASF 353 fidecomisos, cifra menor a los existentes durante la administración de Vicente Fox. Sin embargo, los recursos depositados en estos instrumentos ascienden a 506 mil 946 millones de pesos.
‘EL ESCÁNDALO’
Sin embargo, dice Lerdo de Tejada, en 2008 "había 992 instrumentos jurídicos con disponibilidad de 601 mil 681 millones de pesos", según la información proporcionada por los tres poderes, órganos autónomos, instituciones públicas de educación superior y gobiernos estatales.
El "escándalo" –como lo llaman tanto el priísta Lerdo de Tejada como el petista Di Costanzo– radica en el manejo discrecional de esos recursos.
Lerdo de Tejada sostiene que estos instrumentos financieros han servido al gobierno para "desviar recursos" y utilizarlos con fines distintos para los que fueron autorizados.
Un ejemplo de lo anterior es el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP), constituido por Hacienda "en una cuenta de depósito de terceros en la Tesofe, mediante un acto que denominaron ‘acto jurídico análogo a mandato’, figura no prevista en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lugar de formalizarlo como un fideicomiso público. Una parte de los recursos del FARP los destinó Hacienda para atender la insuficiencia en el presupuesto original del ISSSTE en el rubro de pensiones y jubilaciones. Además, los rendimientos financieros de los recursos del FARP fueron depositados en cuentas distintas a las de dicho fondo", reportó la Auditoría Superior de la Federación.
El colmo, según el legislador Sebastián Lerdo de Tejada, es que "Hacienda obligó a Banobras a retirar 5 mil millones de pesos de su capital –depositado en el Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral de 2006–, y que lo regresara a la Tesofe para que ésta lo inscribiera en la Ley de Ingresos de la Federación como si fuera parte de los ingresos que se obtienen por impuestos o aprovechamientos o excedentes petroleros".
Lerdo de Tejada califica esta maniobra financiera como "una simulación para lograr un equilibrio presupuestal", como lo evidencia la propia ASF:
"La SHCP utilizó posteriormente dichos recursos para alcanzar un equilibrio presupuestal en las finanzas públicas, y en el ejercicio siguiente para autorizar un mayor gasto, sin la intervención y aprobación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, Hacienda continuó manejando discrecionalmente los fideicomisos, mandatos y actos análogos para canalizar recursos públicos excedentes enterados en la Tesofe y resignados en la Ley de Ingresos de la Federación."
"A esto sólo se le puede llamar un fraude a la nación", sostiene el diputado petista Mario Di Costanzo.
Fuente: Jesusa Cervantes / Proceso
MÉXICO, D.F.- El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa maquilló las cifras de su gasto de 2008, incurrió en subejercicios injustificados, realizó transferencias indebidas a diversos fondos e impidió que los millonarios recursos adicionales que obtuvo por ingresos excedentes llegaran a la población, destinándolos al mantenimiento del costoso aparato burocrático.
Desde la llegada del panismo al Gobierno Federal, los ingresos por excedentes petroleros y tributarios han alcanzado niveles sin precedente; para 2008 sumaban ya mil 282 millones de pesos. Sin embargo, gran parte de esos recursos ha ido a parar a los bolsillos de la alta burocracia: en los últimos 10 años, el número de plazas en el Gobierno Federal se incrementó en más de mil por ciento.
Lo anterior se desprende del análisis de la cuenta pública federal 2008 que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la Unidad de Evaluación y Control de la misma cámara y los informes cuatrimestrales de ese año de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la interpretación de los documentos que hacen legisladores del PRI y el PT, especializados en el manejo del gasto público.
Año tras año, la Cámara de Diputados autoriza una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos para el Gobierno Federal. En 2008, los legisladores autorizaron un gasto de 2 billones 894 mil 806 millones de pesos a la administración calderonista. De esta cantidad, 85% corresponde a pagos ineludibles como programas sociales, mantenimiento de escuelas, salarios de maestros y médicos y pago de la deuda, entre otros.
Por lo tanto, sólo 434 mil 220 millones de pesos pudieron ser etiquetados por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón realizó un manejo discrecional de esos recursos, e incluso fuera de la ley, para mantener el llamado "equilibrio presupuestal".
DINERO PERDIDO
De los 434 mil 220 millones de pesos que manejó libremente el gobierno calderonista, 315 mil 476 millones de pesos (el 72.6%) fueron captados por la venta de excedentes petroleros y recursos tributarios no previstos. Los legisladores no tienen certeza del uso de esos recursos, pues no cuentan con la justificación correspondiente.
Mario Di Costanzo, diputado federal del Partido del Trabajo y exfuncionario de Hacienda, detalla que más de la mitad de esos recursos fueron empleados en el gasto corriente de la administración de Calderón, esto es, pago de salario de altos funcionarios y el mantenimiento del aparto como compra de vehículos y gasolina. En contraste, la inversión pública cayó 40% y la deuda creció en 650 mil millones de pesos, asegura.
"Un ciudadano común no puede entender cómo con más ingresos en el país la inflación y la deuda crecieron en lugar de disminuir. Y la respuesta está en que poco más de la mitad de ese dinero se fue al pago de salarios y mantenimiento del aparato burocrático", expone.
El informe de la ASF señala que la mayor parte del gasto neto devengado se destinó al gasto corriente, "en el que los servicios personales representaron la mayor parte".
A su vez, el diputado del PRI Sebastián Lerdo de Tejada, especialista en la elaboración de presupuestos, acusa al gobierno panista de estar "engañando" a la población, pues el número de plazas de nivel superior –dice apoyado en datos de Hacienda– ha crecido por encima de mil por ciento desde el arribo del PAN a la Presidencia. Por ejemplo, en 2001 había 89 funcionaros que ganaban como subsecretarios de Estado o titulares de entidad. Para 2009, el número aumentó a mil 11 funcionarios, es decir, un crecimiento de mil 36 por ciento.
En el mismo periodo, de 4 mil 446 directores de área que había en 2001, la cifra llegó a 38 mil 427 directores, y de 69 jefes de unidad o titular de entidad se pasó a mil 212.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, el costo total del aparato burocrático del Gobierno Federal en 2008 fue de 185 mil 44 millones de pesos, de los cuales 6 mil 500 millones se emplearon para el pago de salarios; el resto (134 mil millones) en gasto corriente.
La ASF encontró que el Gobierno Federal erogó 126 mil 877 millones de pesos (poco más del 40% de los excedentes petroleros y tributarios) para "otros gastos corrientes".
Paradójicamente, la Cámara de Diputados obligó al Gobierno Federal a "racionalizar su gasto de operación" y le ordenó "compactar su estructura administrativa", según estableció en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.
Lo anterior implica la reorganización del Poder Ejecutivo Federal, incluyendo la revisión de la duplicidad de funciones, la reducción de los niveles salariales equivalentes en subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales "que no tenga dichos cargos" y la posible reducción de direcciones generales adjuntas.
En lugar de cumplir con el mandato, el gobierno de Felipe Calderón envió lo que fue considerado por priístas y petistas como "una burla": un plan de austeridad por tres años que comprende el ahorro de 40 mil 100 millones de pesos (13 mil 366 millones de pesos por año), cifra que contrasta con los 185 mil millones de pesos que gastó tan sólo en 2008 para el mantenimiento del aparato burocrático.
SIMULACIONES
La Auditoría Superior de la Federación detectó que en el llamado ramo 23 ("previsiones salariales") existió un sobregiro de 126 mil 877 millones de pesos, según el cuarto informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2008.
De acuerdo con el informe, Hacienda "autorizó la reasignación de gasto por 9 mil 538 millones de pesos a diversas entidades y fideicomisos, aun cuando, por lo avanzado del ejercicio fiscal, no era factible que dichos recursos se devengaran".
Además "se realizaron transferencias de recursos por 67 mil 587 millones de pesos a diversos ramos, sin que para ello hubiesen justificado las contingencias o gastos urgentes en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria".
El ramo 23 concentra recursos para contingencias como desastres naturales o aumentos salariales no previstos, y su aplicación debe estar siempre justificada. En realidad, el Gobierno Federal lo utiliza como una caja chica, considera el diputado federal Mario Di Costanzo.
"En este caso, nada de los más de 126 mil millones de pesos utilizados fue justificado", puntualiza.
La auditoría también llama la atención sobre el registro de recursos que el Gobierno Federal transfiere a diferentes fondos como "inversión física", pero que "son destinados al gasto corriente por sus ejecutores finales, como son los gobiernos estatales o municipales, razón por la cual se sobreestima el gasto de inversión".
Un ejemplo: según el informe de la auditoría, se dejaron de invertir 41 mil 331 millones de pesos en infraestructura; sin embargo, a esta cantidad hay que restarle 5 mil millones de pesos que supuestamente habían pasado al llamado Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y que debían de haberse utilizado para la infraestructura rural y urbana. Aunque fueron registrados en las cuentas del Gobierno Federal como inversión física y etiquetados para ese propósito, fueron usados "para gasto corriente".
LOS SUBEJERCICIOS
A esto se suman los llamados subejercicios, es decir, dinero que la federación dejó de ejercer injustificadamente en diversos programas sociales, dice por su parte el diputado priísta Sebastián Lerdo de Tejada, lo que para él es "una muestra plena de la ineficiencia en el ejercicio de los ingresos y el gasto público de parte del gobierno panista".
Peor aún: dice que las cuentas de la administración calderonista contienen "simulaciones y ajustes realizados por el Ejecutivo Federal para ocultar millonarios subejercicios en el gasto".
Reclama que el Gobierno Federal recurrió a la alquimia financiera "para que se alcanzara el equilibrio presupuestario y no se reflejara un subejercicio mayor al cierre de 2008".
Denuncia que Hacienda autorizó distribuir remanentes presupuestales por 44 mil 542.3 millones de pesos, de los cuales 9 mil 537.7 millones fueron transferidos a diversas dependencias, entidades, fondos y fideicomisos, así como para la constitución de depósitos en la Tesorería de la Federación (Tesote)".
Ofrece otros datos que él llama "preocupantes" sobre el manejo de las finanzas federales:
"En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encontraron recursos no devengados de los convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos a entidades federativas por 2 mil 100 millones de pesos.
"En el Programa Enciclopedia, la ASF detectó que la Secretaría de Educación Pública reportó indebidamente mil 300 millones de pesos como ejercidos, siendo que hasta octubre de 2009 se encontraban depositados en la Tesofe en una cuenta a favor de esa dependencia. También se realizaron transferencias por mil 73 millones de pesos a otras unidades administrativas y órganos desconcentrados para cubrir los capítulos de servicios personales y gastos de operación."
Lo que es más, la administración calderonista recurrió a la figura de fideicomisos para ejercer dinero de manera discrecional, sin la autorización de la Cámara de Diputados, como lo demuestran las auditorias financieras y de cumplimiento con el manejo de los llamados "aprovechamientos" (el dinero que ingresa a la federación por el cobro de usufructo de algunos bienes, al margen de la tributación que paga cada ciudadano) y de la recuperación de capital por venta de bienes.
El Gobierno Federal reportó a la ASF 353 fidecomisos, cifra menor a los existentes durante la administración de Vicente Fox. Sin embargo, los recursos depositados en estos instrumentos ascienden a 506 mil 946 millones de pesos.
‘EL ESCÁNDALO’
Sin embargo, dice Lerdo de Tejada, en 2008 "había 992 instrumentos jurídicos con disponibilidad de 601 mil 681 millones de pesos", según la información proporcionada por los tres poderes, órganos autónomos, instituciones públicas de educación superior y gobiernos estatales.
El "escándalo" –como lo llaman tanto el priísta Lerdo de Tejada como el petista Di Costanzo– radica en el manejo discrecional de esos recursos.
Lerdo de Tejada sostiene que estos instrumentos financieros han servido al gobierno para "desviar recursos" y utilizarlos con fines distintos para los que fueron autorizados.
Un ejemplo de lo anterior es el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP), constituido por Hacienda "en una cuenta de depósito de terceros en la Tesofe, mediante un acto que denominaron ‘acto jurídico análogo a mandato’, figura no prevista en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lugar de formalizarlo como un fideicomiso público. Una parte de los recursos del FARP los destinó Hacienda para atender la insuficiencia en el presupuesto original del ISSSTE en el rubro de pensiones y jubilaciones. Además, los rendimientos financieros de los recursos del FARP fueron depositados en cuentas distintas a las de dicho fondo", reportó la Auditoría Superior de la Federación.
El colmo, según el legislador Sebastián Lerdo de Tejada, es que "Hacienda obligó a Banobras a retirar 5 mil millones de pesos de su capital –depositado en el Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral de 2006–, y que lo regresara a la Tesofe para que ésta lo inscribiera en la Ley de Ingresos de la Federación como si fuera parte de los ingresos que se obtienen por impuestos o aprovechamientos o excedentes petroleros".
Lerdo de Tejada califica esta maniobra financiera como "una simulación para lograr un equilibrio presupuestal", como lo evidencia la propia ASF:
"La SHCP utilizó posteriormente dichos recursos para alcanzar un equilibrio presupuestal en las finanzas públicas, y en el ejercicio siguiente para autorizar un mayor gasto, sin la intervención y aprobación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, Hacienda continuó manejando discrecionalmente los fideicomisos, mandatos y actos análogos para canalizar recursos públicos excedentes enterados en la Tesofe y resignados en la Ley de Ingresos de la Federación."
"A esto sólo se le puede llamar un fraude a la nación", sostiene el diputado petista Mario Di Costanzo.
Fuente: Jesusa Cervantes / Proceso
sábado, 17 de abril de 2010
Pedirán a la Corte indagar violaciones a los derechos humanos en “Temaca”
Senadores, diputados y López Obrador firman manifiesto, con el propósito de frenar la Presa El Zapotillo
TEMACAPULIN, JALISCO.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y 20 diputados y senadores federales llegaron a Temacapulín con promesas bajo el brazo. Se instalaron en la plaza principal del pueblo y comenzaron sus eternos discursos. En cuestión de minutos, aparecieron siete patrullas estatales sin placas y con los números de las unidades ocultos, de las cuales se bajaron 28 elementos con armas tipo R-15 y cargadores especiales.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo se levantó de su sitio en el panel, junto a AMLO, y se dirigió hacia los policías: “No pueden estar aquí, es una reunión pacífica. ¿Quién los llamó?, ¿por qué rodean a un grupo de senadores y diputados que vienen a reunirse con la gente? Esto es contrario a la Constitución porque es una reunión de hombres libres y pacíficos. Esto que hacen es intimidación”.
El comandante Óscar Ortiz explicó que sólo era un operativo preventivo, ordenado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera. Algunas patrullas se retiraron y se quedaron frente a la plaza cuatro elementos, quienes tenían la instrucción de informar los nombres de los diputados y senadores que asistieron a “Temaca”. Un policía expresó que los 28 elementos trabajan juntos porque desde que los grupos delictivos entraron a la Región de los Altos, la instrucción es “no andar solos”.
“No a la Presa El Zapotillo”, fue la frase más repetida por los diputados y senadores que cumplieron su palabra de visitar a la gente de “Temaca”, acompañados por Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al sitio por tercera ocasión.
A la hora más soleada de ayer, llegaron simpatizantes del PT y de AMLO a la entrada del pueblo. Vieron a lo lejos un camión. “¡Ahí vienen, ahí vienen!”, gritaba principalmente gente que no era de “Temaca”, y algunos niños del poblado aparecieron con pancartas para solicitar ayuda.
Visitaron el museo, la iglesia histórica y caminaron hacia la plaza principal, donde los esperaban alrededor de 300 personas y una larga mesa con fruta y agua preparada por los habitantes “agradecidos” de “Temaca”.
En las sillas debajo del toldo estaba instalada gente de Guadalajara. Y en el sol, en las bancas de la plaza, al menos 80 pobladores escuchaban atentos los discursos de apoyo.
El diputado perredista Alejandro Encinas justificó su presencia en compañía de AMLO. “No venimos de un partido o de otro, somos diputados de un movimiento que quiere otro país y que en este caso haremos lo posible por detener la Presa El Zapotillo (que inundará el poblado)”.
Los diputados y senadores federales terminaron el evento a las 14:00 horas firmando un manifiesto, en el que enlistan una serie de compromisos, como que pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que investigue las violaciones a los derechos humanos de los habitantes.
Posteriormente, López Obrador señaló en entrevista que está seguro que el embalse no se construirá, pues los pobladores están respaldados por un grupo importante de funcionarios federales.
La presencia de policías la calificó como un acto de intimidación “muy torpe” del gobernador Emilio González Márquez.
Las solicitudes de legisladores:
Que se cancele el proyecto de la presa.
Se paren las obras del “Nuevo Temaca”.
Se acepte y cumpla cabalmente la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Se lleve el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se exhorte a las cámaras de diputados y senadores para que pidan a la Suprema Corte que averigüe la violación grave de garantías individuales con motivo de la Presa El Zapotillo.
Que se destinen recursos para examinar proyectos alternativos a El Zapotillo, que no implique afectaciones a núcleos poblacionales.
Cese al hostigamiento hacia las comunidades y se investiguen las recientes amenazas de muerte a miembros de la comunidad, a un defensor de derechos humanos y a una periodista de Radio UDG.
¿Quiénes firmaron el manifiesto?
Senadores: Lázaro Mazón Alonso, Javier Castellón, Yeidckol Polevnsky, Arturo Herxiz Reyes, Rosalinda López Hernández, Ricardo Monreal y Arturo Núñez, Jesús Garibay.
Diputados federales: Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo, Avelino Méndez, Rigoberto Salgado Vázquez, Balfre Vargas Cortez, Florentina Rosario Morales, Agustín Guerrero, Ifigenia Martínez, Mario di Constanzo, Laura Itzel Castillo, Leticia Quezada Contreras, Rosendo Marín y Pedro Vázquez González.
TEMACAPULIN, JALISCO.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y 20 diputados y senadores federales llegaron a Temacapulín con promesas bajo el brazo. Se instalaron en la plaza principal del pueblo y comenzaron sus eternos discursos. En cuestión de minutos, aparecieron siete patrullas estatales sin placas y con los números de las unidades ocultos, de las cuales se bajaron 28 elementos con armas tipo R-15 y cargadores especiales.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo se levantó de su sitio en el panel, junto a AMLO, y se dirigió hacia los policías: “No pueden estar aquí, es una reunión pacífica. ¿Quién los llamó?, ¿por qué rodean a un grupo de senadores y diputados que vienen a reunirse con la gente? Esto es contrario a la Constitución porque es una reunión de hombres libres y pacíficos. Esto que hacen es intimidación”.
El comandante Óscar Ortiz explicó que sólo era un operativo preventivo, ordenado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera. Algunas patrullas se retiraron y se quedaron frente a la plaza cuatro elementos, quienes tenían la instrucción de informar los nombres de los diputados y senadores que asistieron a “Temaca”. Un policía expresó que los 28 elementos trabajan juntos porque desde que los grupos delictivos entraron a la Región de los Altos, la instrucción es “no andar solos”.
“No a la Presa El Zapotillo”, fue la frase más repetida por los diputados y senadores que cumplieron su palabra de visitar a la gente de “Temaca”, acompañados por Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al sitio por tercera ocasión.
A la hora más soleada de ayer, llegaron simpatizantes del PT y de AMLO a la entrada del pueblo. Vieron a lo lejos un camión. “¡Ahí vienen, ahí vienen!”, gritaba principalmente gente que no era de “Temaca”, y algunos niños del poblado aparecieron con pancartas para solicitar ayuda.
Visitaron el museo, la iglesia histórica y caminaron hacia la plaza principal, donde los esperaban alrededor de 300 personas y una larga mesa con fruta y agua preparada por los habitantes “agradecidos” de “Temaca”.
En las sillas debajo del toldo estaba instalada gente de Guadalajara. Y en el sol, en las bancas de la plaza, al menos 80 pobladores escuchaban atentos los discursos de apoyo.
El diputado perredista Alejandro Encinas justificó su presencia en compañía de AMLO. “No venimos de un partido o de otro, somos diputados de un movimiento que quiere otro país y que en este caso haremos lo posible por detener la Presa El Zapotillo (que inundará el poblado)”.
Los diputados y senadores federales terminaron el evento a las 14:00 horas firmando un manifiesto, en el que enlistan una serie de compromisos, como que pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que investigue las violaciones a los derechos humanos de los habitantes.
Posteriormente, López Obrador señaló en entrevista que está seguro que el embalse no se construirá, pues los pobladores están respaldados por un grupo importante de funcionarios federales.
La presencia de policías la calificó como un acto de intimidación “muy torpe” del gobernador Emilio González Márquez.
Las solicitudes de legisladores:
Que se cancele el proyecto de la presa.
Se paren las obras del “Nuevo Temaca”.
Se acepte y cumpla cabalmente la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Se lleve el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se exhorte a las cámaras de diputados y senadores para que pidan a la Suprema Corte que averigüe la violación grave de garantías individuales con motivo de la Presa El Zapotillo.
Que se destinen recursos para examinar proyectos alternativos a El Zapotillo, que no implique afectaciones a núcleos poblacionales.
Cese al hostigamiento hacia las comunidades y se investiguen las recientes amenazas de muerte a miembros de la comunidad, a un defensor de derechos humanos y a una periodista de Radio UDG.
¿Quiénes firmaron el manifiesto?
Senadores: Lázaro Mazón Alonso, Javier Castellón, Yeidckol Polevnsky, Arturo Herxiz Reyes, Rosalinda López Hernández, Ricardo Monreal y Arturo Núñez, Jesús Garibay.
Diputados federales: Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo, Avelino Méndez, Rigoberto Salgado Vázquez, Balfre Vargas Cortez, Florentina Rosario Morales, Agustín Guerrero, Ifigenia Martínez, Mario di Constanzo, Laura Itzel Castillo, Leticia Quezada Contreras, Rosendo Marín y Pedro Vázquez González.
jueves, 15 de abril de 2010
Crudo a ultranza para EU
Tren parlamentario
A través de un portillo, ayer, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó la Estrategia Nacional de Energía que, previamente, el Senado le había aprobado al Ejecutivo federal. PRI y PAN pasaron sobre el resto de los partidos como una aplanadora, apisonando —“agachonamente”, les reiteraba Laura Itzel Castillo— el terraplén por donde ya se verán venir trasnacionales petroleras a extraer crudo del subsuelo, a contracorriente del 27 Constitucional.
Así como en el Senado jugó un papel central el senador priista Francisco Labastida Ochoa, así ayer, en San Lázaro, el coordinador priista Francisco Rojas Gutiérrez —antiguo director de Pemex en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari— maniobró para que su bancada se plegara a la hora de la votación al Partido Acción Nacional.
El constitucionalista metido a diputado, Jaime Cárdenas, les espetó: “Es una estrategia contradictoria con la Constitución, en sus artículos 25, 27 y 28. No es una estrategia que respete el principio de que la explotación de la energía eléctrica o los hidrocarburos corresponde a la nación, ni tampoco que respete el principio de área estratégica y exclusiva del Estado”.
En realidad, remachaba Cárdenas Gracia a un pleno de mayoría priista y panista domesticado y dócil, “cuando se establece que se va a continuar con esta sobreexplotación en la extracción del crudo, da la impresión claramente que lo que se está favoreciendo es a la seguridad energética de Estados Unidos y no a la de México”.
Estaban en el punto climático de la semana. La ratificación de la Estrategia Nacional de Energía que propuso Felipe Calderón al Congreso desde febrero, se había constituido en un territorio de batalla, adonde el PRI y el PAN no teniendo como su arma principal la argumentación echaron mano del artilugio leguleyo del acuerdo parlamentario, desde el cual trataban a toda costa de amordazar al PT, PRD y Convergencia para que éstos no les restregaran desde la tribuna su “abdicación”, su “actitud agachona”, su “contubernio”, su “servilismo”, en favor de “los que vienen”.
El ex priista jalisciense Enrique Ibarra (PT), dijo: “Los priistas, en el lenguaje de dientes para afuera, se ufanan de defender la explotación de la riqueza nacional, del petróleo, con un nacionalismo simulado. En la práctica, lo que hacen los priistas es violar sus documentos básicos y ser cómplices de un Gobierno de derecha y entreguista”.
Jueves 15 de abril de 2010. Reanudaban temprano la sesión ordinaria del día anterior. Recuérdese que una toma de tribuna de una treintena de diputados opositores había reventado la posibilidad que tanto perseguían PRI y PAN: ratificar raudamente la Estrategia de marras, cuya virtud más mencionada por priistas y panistas era su condición inédita.
César Burelo, del PRD, abrió: “No se permitió la discusión; no nos fue posible reservar uno o más artículos de dicho dictamen; no se discutieron los votos particulares. En suma, no se cumplieron los requisitos procesales de la técnica legislativa”.
Se refería al agandalle del presidente de la Comisión de Energía, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, quien levantado en vilo por los priistas se la había pasado, desde que llegó la minuta del Senado, evadiendo la discusión al interior de la Comisión, ayudado por la tardanza deliberada de Georgina Kessel en entregar las respuestas de las 237 preguntas parlamentarias que la Cámara de Diputados hizo a la secretaria de Energía, desde febrero pasado. Apenas el sábado reciente, día 10, las respuestas aquellas llegaron.
El PRI en voz de Guillermo Ruiz de Teresa: “Una vez recibidas las respuestas fue evidente que las aclaraciones siguieron siendo muy pobres y que nuestras interrogantes no habían sido satisfechas. Sin embargo, somos conscientes que el Congreso de la Unión es pilar en la construcción del proyecto nacional y que el Sistema Nacional de Planeación Democrática refiere la necesidad de visualizar una estrategia de crecimiento sostenido, uniforme e integrador del sector energético”.
Y fue entonces cuando el priista justificó su voto ratificador, a punto de concretarse: “Si la no ratificación implica no tener ninguna estrategia, es para todos mucho mejor tener una estrategia perfectible que sume todas nuestras consideraciones y que nos permita, año con año, hacer un documento más claro, más medible, saber con mayor exactitud a dónde vamos y qué queremos de este sector”.
El perredista Víctor Manuel Castro Cosío: “No sigan acordando lo que les venga en gana para hacer de este Congreso acuerdos metaconstitucionales”.
Tomás Gutiérrez, del PAN, reviró diciendo que se habían anexado las observaciones hechas en el Senado y en la Comisión de Energía.
Mario di Costanzo de plano los tildaba de “atracadores de la nación” y se constituía ayer en uno de esos diputados de nuevo cuño de gran aliento para la argumentación parlamentaria. Pedro Jiménez (Convergencia: “Es clara la intención de desmantelar la capacidad productiva de Pemex y llevarla a un punto de no retorno”. Laura Itzel Castillo: Esta Estrategia está basada en el aumento del precio de gasolinas, gas, diesel, impuestos, y en el aumento a la extracción de hidrocarburos en nuestro país tomando en consideración la demanda que existe en Estados Unidos”.
De cabo a rabo, la sesión se fue en torno de una argumentación opositora que fue irrebatible por parte del PRI y el PAN: la Estrategia Nacional de Energía de Calderón fue diseñada para extraer a ultranza petróleo para los Estados Unidos de Norteamérica.
Fuente: VIcente Bello / RMP
A través de un portillo, ayer, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó la Estrategia Nacional de Energía que, previamente, el Senado le había aprobado al Ejecutivo federal. PRI y PAN pasaron sobre el resto de los partidos como una aplanadora, apisonando —“agachonamente”, les reiteraba Laura Itzel Castillo— el terraplén por donde ya se verán venir trasnacionales petroleras a extraer crudo del subsuelo, a contracorriente del 27 Constitucional.
Así como en el Senado jugó un papel central el senador priista Francisco Labastida Ochoa, así ayer, en San Lázaro, el coordinador priista Francisco Rojas Gutiérrez —antiguo director de Pemex en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari— maniobró para que su bancada se plegara a la hora de la votación al Partido Acción Nacional.
El constitucionalista metido a diputado, Jaime Cárdenas, les espetó: “Es una estrategia contradictoria con la Constitución, en sus artículos 25, 27 y 28. No es una estrategia que respete el principio de que la explotación de la energía eléctrica o los hidrocarburos corresponde a la nación, ni tampoco que respete el principio de área estratégica y exclusiva del Estado”.
En realidad, remachaba Cárdenas Gracia a un pleno de mayoría priista y panista domesticado y dócil, “cuando se establece que se va a continuar con esta sobreexplotación en la extracción del crudo, da la impresión claramente que lo que se está favoreciendo es a la seguridad energética de Estados Unidos y no a la de México”.
Estaban en el punto climático de la semana. La ratificación de la Estrategia Nacional de Energía que propuso Felipe Calderón al Congreso desde febrero, se había constituido en un territorio de batalla, adonde el PRI y el PAN no teniendo como su arma principal la argumentación echaron mano del artilugio leguleyo del acuerdo parlamentario, desde el cual trataban a toda costa de amordazar al PT, PRD y Convergencia para que éstos no les restregaran desde la tribuna su “abdicación”, su “actitud agachona”, su “contubernio”, su “servilismo”, en favor de “los que vienen”.
El ex priista jalisciense Enrique Ibarra (PT), dijo: “Los priistas, en el lenguaje de dientes para afuera, se ufanan de defender la explotación de la riqueza nacional, del petróleo, con un nacionalismo simulado. En la práctica, lo que hacen los priistas es violar sus documentos básicos y ser cómplices de un Gobierno de derecha y entreguista”.
Jueves 15 de abril de 2010. Reanudaban temprano la sesión ordinaria del día anterior. Recuérdese que una toma de tribuna de una treintena de diputados opositores había reventado la posibilidad que tanto perseguían PRI y PAN: ratificar raudamente la Estrategia de marras, cuya virtud más mencionada por priistas y panistas era su condición inédita.
César Burelo, del PRD, abrió: “No se permitió la discusión; no nos fue posible reservar uno o más artículos de dicho dictamen; no se discutieron los votos particulares. En suma, no se cumplieron los requisitos procesales de la técnica legislativa”.
Se refería al agandalle del presidente de la Comisión de Energía, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, quien levantado en vilo por los priistas se la había pasado, desde que llegó la minuta del Senado, evadiendo la discusión al interior de la Comisión, ayudado por la tardanza deliberada de Georgina Kessel en entregar las respuestas de las 237 preguntas parlamentarias que la Cámara de Diputados hizo a la secretaria de Energía, desde febrero pasado. Apenas el sábado reciente, día 10, las respuestas aquellas llegaron.
El PRI en voz de Guillermo Ruiz de Teresa: “Una vez recibidas las respuestas fue evidente que las aclaraciones siguieron siendo muy pobres y que nuestras interrogantes no habían sido satisfechas. Sin embargo, somos conscientes que el Congreso de la Unión es pilar en la construcción del proyecto nacional y que el Sistema Nacional de Planeación Democrática refiere la necesidad de visualizar una estrategia de crecimiento sostenido, uniforme e integrador del sector energético”.
Y fue entonces cuando el priista justificó su voto ratificador, a punto de concretarse: “Si la no ratificación implica no tener ninguna estrategia, es para todos mucho mejor tener una estrategia perfectible que sume todas nuestras consideraciones y que nos permita, año con año, hacer un documento más claro, más medible, saber con mayor exactitud a dónde vamos y qué queremos de este sector”.
El perredista Víctor Manuel Castro Cosío: “No sigan acordando lo que les venga en gana para hacer de este Congreso acuerdos metaconstitucionales”.
Tomás Gutiérrez, del PAN, reviró diciendo que se habían anexado las observaciones hechas en el Senado y en la Comisión de Energía.
Mario di Costanzo de plano los tildaba de “atracadores de la nación” y se constituía ayer en uno de esos diputados de nuevo cuño de gran aliento para la argumentación parlamentaria. Pedro Jiménez (Convergencia: “Es clara la intención de desmantelar la capacidad productiva de Pemex y llevarla a un punto de no retorno”. Laura Itzel Castillo: Esta Estrategia está basada en el aumento del precio de gasolinas, gas, diesel, impuestos, y en el aumento a la extracción de hidrocarburos en nuestro país tomando en consideración la demanda que existe en Estados Unidos”.
De cabo a rabo, la sesión se fue en torno de una argumentación opositora que fue irrebatible por parte del PRI y el PAN: la Estrategia Nacional de Energía de Calderón fue diseñada para extraer a ultranza petróleo para los Estados Unidos de Norteamérica.
Fuente: VIcente Bello / RMP
CámCámara de Diputados aprueba Estrategia Nacional de Energía
Con los votos del PRI, PAN y PVEM, la Cámara de Diputados aprobó ayer la Estrategia Nacional de Energía que el pasado mes de febrero envió el Gobierno Federal, la cual pretende que sea el eje rector para los próximos 10 años en el sector.
La aprobación recibió 287 votos a favor y 58 en contra, de los diputados del PRD, PT y Convergencia, debido a que consideraron que la Estrategia “pone en riesgo la soberanía energética del país”.
El miércoles, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, pretendió someter a votación el dictamen de la Estrategia —aprobado ya por el Senado de la República—.Argumentó que el documento a favor contaba con las firmas de todos los coordinadores parlamentarios.
El dicho generó malestar, sobre todo en el coordinador del PRD, Alejandro Encinas, quien aclaró que él nunca firmó el citado dictamen. Finalmente, ayer fue votado a favor.Para tratar de mitigar el malestar de las bancas de PRD, PT y Convergencia, los diputados acordaron incorporar una “reflexión”, referente a la noción de lo que es la “soberanía energética”, destacando que debe de entenderse más allá de la “seguridad energética”.
Esto es, que se deberá garantizar la forma en que el país mantenga el poder de decisión sobre los energéticos que son propiedad de la nación; y que las empresas extranjeras no tengan injerencia en el dictamen de la política energética de México.Además, se le incluirá al documento de la Estrategia Nacional de Energía un “cuarto eje rector”, en el cual se deben establecer los objetivos históricos y sociales del sector energético, y manifestar que este debe reconocerse como palanca del desarrollo nacional.
Finalmente, se le incluyó un cuestionario de 137 preguntas a las cuales debe responder el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía. En ellas se deberán aclarar los objetivos, programas y sanciones de la Estrategia. El diputado del PT, Mario Di Costanzo, calificó de “absurdo” que la Cámara de Diputados apruebe primero una Estrategia y luego le pida la Ejecutivo federal que “aclare” cuales son los objetivos, programas y sanciones que incluye”. En tanto, la diputada del mismo partido, Laura Itzel Castillo, integrante de la Comisión de Energía, acusó al PRI y al PAN de “entreguistas” por avalar un documento que pon e en riesgo la soberanía de los energéticos nacionales.
Fuente: Apro
La aprobación recibió 287 votos a favor y 58 en contra, de los diputados del PRD, PT y Convergencia, debido a que consideraron que la Estrategia “pone en riesgo la soberanía energética del país”.
El miércoles, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, pretendió someter a votación el dictamen de la Estrategia —aprobado ya por el Senado de la República—.Argumentó que el documento a favor contaba con las firmas de todos los coordinadores parlamentarios.
El dicho generó malestar, sobre todo en el coordinador del PRD, Alejandro Encinas, quien aclaró que él nunca firmó el citado dictamen. Finalmente, ayer fue votado a favor.Para tratar de mitigar el malestar de las bancas de PRD, PT y Convergencia, los diputados acordaron incorporar una “reflexión”, referente a la noción de lo que es la “soberanía energética”, destacando que debe de entenderse más allá de la “seguridad energética”.
Esto es, que se deberá garantizar la forma en que el país mantenga el poder de decisión sobre los energéticos que son propiedad de la nación; y que las empresas extranjeras no tengan injerencia en el dictamen de la política energética de México.Además, se le incluirá al documento de la Estrategia Nacional de Energía un “cuarto eje rector”, en el cual se deben establecer los objetivos históricos y sociales del sector energético, y manifestar que este debe reconocerse como palanca del desarrollo nacional.
Finalmente, se le incluyó un cuestionario de 137 preguntas a las cuales debe responder el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía. En ellas se deberán aclarar los objetivos, programas y sanciones de la Estrategia. El diputado del PT, Mario Di Costanzo, calificó de “absurdo” que la Cámara de Diputados apruebe primero una Estrategia y luego le pida la Ejecutivo federal que “aclare” cuales son los objetivos, programas y sanciones que incluye”. En tanto, la diputada del mismo partido, Laura Itzel Castillo, integrante de la Comisión de Energía, acusó al PRI y al PAN de “entreguistas” por avalar un documento que pon e en riesgo la soberanía de los energéticos nacionales.
Fuente: Apro
Impuestos, excedentes y amenazas en comparecencia de SHCP
En la comparecencia del titular de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, en la Cámara de Diputados el Partido Revolucionario Institucional (PRI) continuó con su guerra contra el gobierno federal y el Partido Acción Nacional (PAN) al cuestionarlos severamente y amenazarlos con disminuir los impuestos.
El diputado priista Luis Videgaray, presidente de la comisión de presupuesto le manifestó al líder de su bancada, Francisco Rojas, antes de la presencia en el Pleno del funcionario federal que su intervención ”era dura, pero respetuosa”.
El también priista Oscar Levín Coppel, integrante de la comisión de Hacienda, le recordó al secretario Cordero Arroyo que ”tenemos la facultad de bajar los impuestos que subimos en esta soberanía,” ante la inoperancia que ha mostrado el gobierno federal en el manejo de los recursos obtenidos por la reforma fiscal para 2010.
El titular de las finanzas públicas, Cordero Arroyo, adelantó que habrán excedentes por 23 mil 800 millones de pesos para finales de este 2010.
La oposición le cuestionó la existencia de los regímenes especiales. El petista, Mario Di Constanzo le mencionó que por la consolidación fiscal se dejan de captar 850 mil millones de pesos.
El presidente de la comisión especial de regímenes fiscales especiales, el priísta, Sebastián Lerdo de Tejada, le solicitó al funcionario conocer los indicadores que tienen estos gastos fiscales para justificarlos, a lo que Cordero Arroyo sólo se limitó a expresar los existentes y mencionar que se encuentra abierto a su discusión.
El funcionario federal respondió que el 70 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se recauda es proveniente de los grandes contribuyentes.Por último, Cordero Arroyo especificó que el faltante fiscal de 2009 ´si existió y fue de 537 mil millones de pesos. 300 mil correspondieron a la baja de ingresos tributarios y petroleros y 237 mil a gastos ineludibles.
El diputado priista Luis Videgaray, presidente de la comisión de presupuesto le manifestó al líder de su bancada, Francisco Rojas, antes de la presencia en el Pleno del funcionario federal que su intervención ”era dura, pero respetuosa”.
El también priista Oscar Levín Coppel, integrante de la comisión de Hacienda, le recordó al secretario Cordero Arroyo que ”tenemos la facultad de bajar los impuestos que subimos en esta soberanía,” ante la inoperancia que ha mostrado el gobierno federal en el manejo de los recursos obtenidos por la reforma fiscal para 2010.
El titular de las finanzas públicas, Cordero Arroyo, adelantó que habrán excedentes por 23 mil 800 millones de pesos para finales de este 2010.
La oposición le cuestionó la existencia de los regímenes especiales. El petista, Mario Di Constanzo le mencionó que por la consolidación fiscal se dejan de captar 850 mil millones de pesos.
El presidente de la comisión especial de regímenes fiscales especiales, el priísta, Sebastián Lerdo de Tejada, le solicitó al funcionario conocer los indicadores que tienen estos gastos fiscales para justificarlos, a lo que Cordero Arroyo sólo se limitó a expresar los existentes y mencionar que se encuentra abierto a su discusión.
El funcionario federal respondió que el 70 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se recauda es proveniente de los grandes contribuyentes.Por último, Cordero Arroyo especificó que el faltante fiscal de 2009 ´si existió y fue de 537 mil millones de pesos. 300 mil correspondieron a la baja de ingresos tributarios y petroleros y 237 mil a gastos ineludibles.
“Gobierno caro y malo…”
Francisco Garfias / Arsenal
¿Alcanzas a ver lo que dice en la caricatura?, preguntó este reportero a Manuel Minjares, subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob, luego de que perredistas y petistas desplegaron en la tribuna de la Cámara de Diputados mantas y carteles en los que pedían la renuncia del presidente Calderón.
El funcionario, quien esperaba en el palco de los periodistas el ingreso de Ernesto Cordero al Salón de Sesiones, respondió con monumental desdén hacia los aliados electorales del PAN (en seis estados) que decoraban el recinto legislativo: “Seguramente dice alguna estupidez…”
En la caricatura aparecía la figura empequeñecida del presidente Calderón, escoltado por su secretario de Hacienda. Frente al mandatario aparecía un hombre desarrapado (cualquiera de los 50 millones de pobres oficialmente reconocidos) al que Felipe pedía: “Coopera para la lucha contra la pobreza…”
Ambos lados de la tribuna sirvieron de marco a carteles con el logo de la Presidencia de la República y la leyenda: “Para vivir mejor, renuncia Calderón…” El priista Rodrigo Reyna no pudo evitar la ironía. “Sólo les falta el emblema de las coaliciones”, se burló.
En ese ambiente se inició la comparecencia del secretario de Hacienda ante el pleno de los diputados. Aunque hubo raspones, el ejercicio fue más terso de lo esperado para el funcionario. ¿Será que la ausencia de Gerardo Fernández Noroña lo ayudó a salir más o menos bien librado?
El aguerrido petista está convaleciente. Fue operado de un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo. Pero pronto lo veremos dando lata otra vez. El más reciente reporte médico dice que ya recuperó casi 100% la visibilidad y que evoluciona bien. Planea regresar antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones, a fin de mes.
Noroña quiso estar simbólicamente en la comparecencia. Su foto con la leyenda “que renuncie Cordero y que ya renuncie Calderón” fue colocada en su curul mientras el secretario estuvo en el recinto parlamentario.
Lo que sí resultó evidente fue la falta de interés de una mayoría de diputados. Hacia las dos de la tarde, el Salón de Sesiones estaba tan lleno como un partido entre el Querétaro y los Indios de Ciudad Juárez en el estadio Azteca. Cordero le hablaba a las “honorables curules”. Eso llevó al diputado del PT Mario di Costanzo a solicitar la verificación del quórum. Ni caso le hicieron en ese momento. Pero esa omisión del presidente de la Mesa, el panista Francisco Ramírez Acuña, llevó posteriormente a los petistas a ocupar la tribuna.
Los diputados de oposición cuestionaron, una y otra vez, las “cifras alegres” que Cordero daba en tribuna para sustentar la idea de que avanza la recuperación económica (proyecciones de crecimiento al alza) y del empleo formal (286 mil puestos más en lo que va del año).
También pusieron en duda que el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público vaya a significar un ahorro de 40 mil millones de pesos entre 2010 y 2012 o que los subejercicios hayan sido menores en 2009. “Es un gobierno caro y malo”, sintetizó el priista Sebastián Lerdo de Tejada.
El panista-periodista Luis Enrique Mercado reaccionó de inmediato. No pudo aguantarse en lo de recordar a los priistas su pasado. “¿Ya se olvidaron las crisis del 76, 82, 85 y 95? Esos eran gobiernos caros y malos. Todavía estamos pagando el Fobaproa”, recordó. Y volvió a cuestionar: “¿Y los gobernadores de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son baratos y eficientes?”
La respuesta seguramente la comparten millones de mexicanos: tan malo el pinto como el colorado.
En Ciudad Juárez, tierra de nadie, la Secretaría de Salud aplicó una prueba de tamizaje para la detección de adicciones en 15 escuelas de secundaria y preparatoria. Los resultados no dejan de ser alarmantes: 12% de los estudiantes han estado en contacto con la droga. Para dimensionar: es como si, en un país de 100 millones de habitantes, 12 millones hubiesen tenido algo que ver con la mariguana, la cocaína, la heroína, las metanfetaminas…
Estos jóvenes y sus familiares serán canalizados a los Centros Nueva Vida para la Atención y Prevención de Adicciones, a fin de intentar reorientarlos y tratarlos en su problema, anunció el secretario de Salud, José Ángel Córdova
Fuente: Excélsior
¿Alcanzas a ver lo que dice en la caricatura?, preguntó este reportero a Manuel Minjares, subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob, luego de que perredistas y petistas desplegaron en la tribuna de la Cámara de Diputados mantas y carteles en los que pedían la renuncia del presidente Calderón.
El funcionario, quien esperaba en el palco de los periodistas el ingreso de Ernesto Cordero al Salón de Sesiones, respondió con monumental desdén hacia los aliados electorales del PAN (en seis estados) que decoraban el recinto legislativo: “Seguramente dice alguna estupidez…”
En la caricatura aparecía la figura empequeñecida del presidente Calderón, escoltado por su secretario de Hacienda. Frente al mandatario aparecía un hombre desarrapado (cualquiera de los 50 millones de pobres oficialmente reconocidos) al que Felipe pedía: “Coopera para la lucha contra la pobreza…”
Ambos lados de la tribuna sirvieron de marco a carteles con el logo de la Presidencia de la República y la leyenda: “Para vivir mejor, renuncia Calderón…” El priista Rodrigo Reyna no pudo evitar la ironía. “Sólo les falta el emblema de las coaliciones”, se burló.
En ese ambiente se inició la comparecencia del secretario de Hacienda ante el pleno de los diputados. Aunque hubo raspones, el ejercicio fue más terso de lo esperado para el funcionario. ¿Será que la ausencia de Gerardo Fernández Noroña lo ayudó a salir más o menos bien librado?
El aguerrido petista está convaleciente. Fue operado de un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo. Pero pronto lo veremos dando lata otra vez. El más reciente reporte médico dice que ya recuperó casi 100% la visibilidad y que evoluciona bien. Planea regresar antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones, a fin de mes.
Noroña quiso estar simbólicamente en la comparecencia. Su foto con la leyenda “que renuncie Cordero y que ya renuncie Calderón” fue colocada en su curul mientras el secretario estuvo en el recinto parlamentario.
Lo que sí resultó evidente fue la falta de interés de una mayoría de diputados. Hacia las dos de la tarde, el Salón de Sesiones estaba tan lleno como un partido entre el Querétaro y los Indios de Ciudad Juárez en el estadio Azteca. Cordero le hablaba a las “honorables curules”. Eso llevó al diputado del PT Mario di Costanzo a solicitar la verificación del quórum. Ni caso le hicieron en ese momento. Pero esa omisión del presidente de la Mesa, el panista Francisco Ramírez Acuña, llevó posteriormente a los petistas a ocupar la tribuna.
Los diputados de oposición cuestionaron, una y otra vez, las “cifras alegres” que Cordero daba en tribuna para sustentar la idea de que avanza la recuperación económica (proyecciones de crecimiento al alza) y del empleo formal (286 mil puestos más en lo que va del año).
También pusieron en duda que el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público vaya a significar un ahorro de 40 mil millones de pesos entre 2010 y 2012 o que los subejercicios hayan sido menores en 2009. “Es un gobierno caro y malo”, sintetizó el priista Sebastián Lerdo de Tejada.
El panista-periodista Luis Enrique Mercado reaccionó de inmediato. No pudo aguantarse en lo de recordar a los priistas su pasado. “¿Ya se olvidaron las crisis del 76, 82, 85 y 95? Esos eran gobiernos caros y malos. Todavía estamos pagando el Fobaproa”, recordó. Y volvió a cuestionar: “¿Y los gobernadores de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son baratos y eficientes?”
La respuesta seguramente la comparten millones de mexicanos: tan malo el pinto como el colorado.
En Ciudad Juárez, tierra de nadie, la Secretaría de Salud aplicó una prueba de tamizaje para la detección de adicciones en 15 escuelas de secundaria y preparatoria. Los resultados no dejan de ser alarmantes: 12% de los estudiantes han estado en contacto con la droga. Para dimensionar: es como si, en un país de 100 millones de habitantes, 12 millones hubiesen tenido algo que ver con la mariguana, la cocaína, la heroína, las metanfetaminas…
Estos jóvenes y sus familiares serán canalizados a los Centros Nueva Vida para la Atención y Prevención de Adicciones, a fin de intentar reorientarlos y tratarlos en su problema, anunció el secretario de Salud, José Ángel Córdova
Fuente: Excélsior
miércoles, 14 de abril de 2010
Hacienda suplanta facultades del Congreso de la Unión: Di Costanzo
El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Mario Di Costanzo del Partido del Trabajo, denunció que la Secretaría de Hacienda está suplantando facultades del Congreso de la Unión ya que llevó a cabo modificaciones a las reglas misceláneas que cambian la consolidación fiscal, lo cual provoca que se condonen impuestos a las grandes empresas por más de 15 mil millones de pesos.
El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Mario Di Costanzo del Partido del Trabajo, denunció que la Secretaría de Hacienda está suplantando facultades del Congreso de la Unión ya que llevó a cabo modificaciones a las reglas misceláneas que cambian la consolidación fiscal, lo cual provoca que se condonen impuestos a las grandes empresas por más de 15 mil millones de pesos.
En comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados el legislador Mario Di Constanzo le dijo al representante de la SHCP Ernesto Cordero Arroyo que este año se autorizó que se cobrara a las grandes empresas sólo el 25 por ciento, en impuestos diferidos, sin embargo, la Secretaría de Hacienda proyectó una recaudación de 16 mil millones de pesos -a pesar de que se redujo esa cantidad con respecto a la propuesta original- la recaudación proyectada se redujo en sólo 2 mil millones de pesos, lo cual muestra una grave inconsistencia por parte de Hacienda.
Solicitó que la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales de la Cámara de Diputados, confronte las cifras de consolidación Fiscal, proporcionadas por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con las entregadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Fuente: SDP
El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Mario Di Costanzo del Partido del Trabajo, denunció que la Secretaría de Hacienda está suplantando facultades del Congreso de la Unión ya que llevó a cabo modificaciones a las reglas misceláneas que cambian la consolidación fiscal, lo cual provoca que se condonen impuestos a las grandes empresas por más de 15 mil millones de pesos.
En comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados el legislador Mario Di Constanzo le dijo al representante de la SHCP Ernesto Cordero Arroyo que este año se autorizó que se cobrara a las grandes empresas sólo el 25 por ciento, en impuestos diferidos, sin embargo, la Secretaría de Hacienda proyectó una recaudación de 16 mil millones de pesos -a pesar de que se redujo esa cantidad con respecto a la propuesta original- la recaudación proyectada se redujo en sólo 2 mil millones de pesos, lo cual muestra una grave inconsistencia por parte de Hacienda.
Solicitó que la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales de la Cámara de Diputados, confronte las cifras de consolidación Fiscal, proporcionadas por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con las entregadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Fuente: SDP
martes, 13 de abril de 2010
Exigen auditoría a programa de salud
Diputados federales exigieron auditar el gasto creciente del Seguro Popular y denunciaron que, como una muestra del desastre de ese programa, millones de credenciales de afiliados fueron producidas y almacenadas, y sólo van a la incineración.
El PRI dijo que la investigación de EL UNIVERSAL sobre el derroche e ineficacia del Seguro Popular, confirma que se trata de un programa “populista y electorero”. Junto con el PVEM y el PT, el PRI dijo que en el presupuesto de egresos 2011 se debe corregir el esquema del programa.
El PT afirmó que la seguridad social debe ser brindada por el Estado a través de un solo organismo en el que se fusionen los existentes.
El fracaso del Seguro Popular es vergonzoso, dijeron los diputados de oposición integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y afirmaron que el responsable del incumplimiento es el secretario Ernesto Cordero cuando presidió Sedesol.
Ricardo López Pescador (PRI) dijo que su bancada prepara una reforma para que la Cámara de Diputados vigile y supervise el ejercicio del gasto público del Ejecutivo federal; esos instrumentos permitirán conocer las fallas en el desempeño de programas como el Seguro Popular, que es un barril sin fondo.
Por ahora, lamentó, “apenas revisamos la Cuenta Pública 2008”, así nunca vamos a corregir las actuales fallas.
Pablo Escudero (PVEM), quien preside la Comisión de la Función Pública, dijo que el Seguro Popular no tiene parámetros de medición; carece de las estadísticas de los servicios y los recursos que se asignan no tienen retorno al sector Salud.
Además arrastra grandes subejercicios. Propuso que este programa sea asumido por el IMSS-Solidaridad.
Mario Di Costanzo (PT) culpó al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, de haber llevado a la política social al fracaso, cuando fue titular de la Sedesol, y en ese paquete de frustraciones, el Seguro Popular es una pérdida por la que debe renunciar y ser sujeto a juicio político.
Fuente: El Universal
El PRI dijo que la investigación de EL UNIVERSAL sobre el derroche e ineficacia del Seguro Popular, confirma que se trata de un programa “populista y electorero”. Junto con el PVEM y el PT, el PRI dijo que en el presupuesto de egresos 2011 se debe corregir el esquema del programa.
El PT afirmó que la seguridad social debe ser brindada por el Estado a través de un solo organismo en el que se fusionen los existentes.
El fracaso del Seguro Popular es vergonzoso, dijeron los diputados de oposición integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y afirmaron que el responsable del incumplimiento es el secretario Ernesto Cordero cuando presidió Sedesol.
Ricardo López Pescador (PRI) dijo que su bancada prepara una reforma para que la Cámara de Diputados vigile y supervise el ejercicio del gasto público del Ejecutivo federal; esos instrumentos permitirán conocer las fallas en el desempeño de programas como el Seguro Popular, que es un barril sin fondo.
Por ahora, lamentó, “apenas revisamos la Cuenta Pública 2008”, así nunca vamos a corregir las actuales fallas.
Pablo Escudero (PVEM), quien preside la Comisión de la Función Pública, dijo que el Seguro Popular no tiene parámetros de medición; carece de las estadísticas de los servicios y los recursos que se asignan no tienen retorno al sector Salud.
Además arrastra grandes subejercicios. Propuso que este programa sea asumido por el IMSS-Solidaridad.
Mario Di Costanzo (PT) culpó al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, de haber llevado a la política social al fracaso, cuando fue titular de la Sedesol, y en ese paquete de frustraciones, el Seguro Popular es una pérdida por la que debe renunciar y ser sujeto a juicio político.
Fuente: El Universal
lunes, 12 de abril de 2010
Atribuyen fracaso de Seguro Popular a Cordero
Mario Di Costanzo (PT) dice que en todos los programas sociales hay resultados negativos, y ello se debe al desempeño del extitular de Sedesol
El diputado Mario Di Costanzo (PT), secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, urgió la renuncia del secretario de Hacienda, Ernestro Cordero, a quien señala de ser el principal responsable del fracaso en la cobertura y la calidad del Seguro Popular.
La calidad del Seguro Popular es tan mala que tiene una disminución en la reafiliación, dijo el legislador en entrevista en el Palacio Legislativo.
Al Seguro Popular lo han utilizado para fines electoreros, dijo Di Costanzo, quien en la estructura del Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador lleva el análisis de los temas de la Hacienda Pública.
En su edición de este lunes, EL UNIVERSAL publica que el Seguro Popular se significa por el derroche y falta de resultados satisfactorios, lo que ha generado descontento y frustración entre los segmentos populares de la población que no tienen acceso al IMSS y al ISSSTE y que vieron en el programa de cobertura médica la opción a contar con atención a la salud, como lo prometía la publicidad oficial, desde el sexenio pasado.
"Tenemos un Estado fallido en todos los programas de la política social, no sólo en el Seguro Popular", dijo el legislador Di Costanzo.
Como solución propuso que las instituciones de seguridad social, como el IMSS, ISSSTE y los institutos de las Fuerzas Armadas y de Pemex, se fusionen en una institución que brinde servicios a todos los mexicanos por igual.
Además de la renuncia del secretaro Ernesto Cordero, por la situación de los programas de Desarrollo Social, Di Costanzo señaló que el PT pedirá juicio político contra el integrante del gabiente presidencial, por haber destruido, dijo, la política social de México.
Fuente: El Universal
El diputado Mario Di Costanzo (PT), secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, urgió la renuncia del secretario de Hacienda, Ernestro Cordero, a quien señala de ser el principal responsable del fracaso en la cobertura y la calidad del Seguro Popular.
La calidad del Seguro Popular es tan mala que tiene una disminución en la reafiliación, dijo el legislador en entrevista en el Palacio Legislativo.
Al Seguro Popular lo han utilizado para fines electoreros, dijo Di Costanzo, quien en la estructura del Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador lleva el análisis de los temas de la Hacienda Pública.
En su edición de este lunes, EL UNIVERSAL publica que el Seguro Popular se significa por el derroche y falta de resultados satisfactorios, lo que ha generado descontento y frustración entre los segmentos populares de la población que no tienen acceso al IMSS y al ISSSTE y que vieron en el programa de cobertura médica la opción a contar con atención a la salud, como lo prometía la publicidad oficial, desde el sexenio pasado.
"Tenemos un Estado fallido en todos los programas de la política social, no sólo en el Seguro Popular", dijo el legislador Di Costanzo.
Como solución propuso que las instituciones de seguridad social, como el IMSS, ISSSTE y los institutos de las Fuerzas Armadas y de Pemex, se fusionen en una institución que brinde servicios a todos los mexicanos por igual.
Además de la renuncia del secretaro Ernesto Cordero, por la situación de los programas de Desarrollo Social, Di Costanzo señaló que el PT pedirá juicio político contra el integrante del gabiente presidencial, por haber destruido, dijo, la política social de México.
Fuente: El Universal
jueves, 8 de abril de 2010
Gobierno fracasa en desarrollo social: ASF
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó un análisis de resultados en materia de Desarrollo Social de 2008, a la Cámara de Diputados, en el que se señala la falta de resultados satisfactorios por parte del gobierno federal, a pesar de que Hacienda cuenta con un mayor gasto, lo que generó el malestar de legisladores de la oposición.
De acuerdo con la ASF, la pobreza aumentó entre 2006 y 2008, así como su espectro de enfermedades y mortalidad, y se detectó un fracaso en materia de educación.
Sobre el tema, el diputado César Augusto Santiago (PRI) dijo que “el problema no es de recursos, sino de mediocridad del gobierno”.
El legislador Mario Di Costanzo (PT) lamentó que en los años del gobierno del presidente Felipe Calderón se destruyera la política social.
Calificación negativa
Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, presentó un reporte de las auditorías en materia de desarrollo social, que comprende Educación, Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, el cual arrojó 46 calificaciones negativas, lo que fue considerado por el PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia como la expresión de que la política de desarrollo social está reprobada.
El jefe de la Unidad de Evaluación y Control de la ASF, Roberto Michel, concluyó que en los últimos años se han destinado crecientes recursos al combate a la pobreza, pero ha aumentado el número de pobres.
Dijo que pese a que México destina más recursos del PIB a la educación, en comparación con Estados Unidos o Alemania, “la calidad del gasto ejercido es baja”, de modo que “el desempeño educativo mexicano está a la par de países como El Congo”.
En salud es creciente la asignación de recursos, pero el esquema de enfermedad, muerte e insuficiencia en los servicios ha incrementado.
Fuente: El Universal
De acuerdo con la ASF, la pobreza aumentó entre 2006 y 2008, así como su espectro de enfermedades y mortalidad, y se detectó un fracaso en materia de educación.
Sobre el tema, el diputado César Augusto Santiago (PRI) dijo que “el problema no es de recursos, sino de mediocridad del gobierno”.
El legislador Mario Di Costanzo (PT) lamentó que en los años del gobierno del presidente Felipe Calderón se destruyera la política social.
Calificación negativa
Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, presentó un reporte de las auditorías en materia de desarrollo social, que comprende Educación, Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, el cual arrojó 46 calificaciones negativas, lo que fue considerado por el PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia como la expresión de que la política de desarrollo social está reprobada.
El jefe de la Unidad de Evaluación y Control de la ASF, Roberto Michel, concluyó que en los últimos años se han destinado crecientes recursos al combate a la pobreza, pero ha aumentado el número de pobres.
Dijo que pese a que México destina más recursos del PIB a la educación, en comparación con Estados Unidos o Alemania, “la calidad del gasto ejercido es baja”, de modo que “el desempeño educativo mexicano está a la par de países como El Congo”.
En salud es creciente la asignación de recursos, pero el esquema de enfermedad, muerte e insuficiencia en los servicios ha incrementado.
Fuente: El Universal
miércoles, 7 de abril de 2010
Los dientes son para morder
Miguel Ángel Granados Chapa
Es infortunado el símil escogido por el presidente Calderón al presentar su proyecto de reforma a la ley de competencia económica. Inclinándose ante una fórmula insulsa que circula en el periodismo de negocios él mismo dijo que el ordenamiento propuesto tendrá dientes. Obviamente quiere decir que será eficaz por contener sanciones disuasorias, inhibitorias de prácticas monopólicas, penas severas de que carece la legislación presente (que estaría chimuela según la metáfora), pero evoca la mordida que ha sido un modo de eludir normas como la que el Ejecutivo busca que se apruebe en la Cámara de diputados inicialmente. Digamos de paso que al escoger este escenario para iniciar esta reforma Calderón podrá proponer un intercambio de concesiones respecto de su proyecto de reforma política que discutirá el Senado.
Abandonemos la odontología al examinar el fin y los medios de esta ley. No insinuemos siquiera con esa apelación a las piezas dentarias que conforme al viejo refrán jurídico (y cínico), "hecha la ley, hecha la trampa". Es decir no sugiramos siquiera que habría vías expeditas supletorias del procedimiento formal aplicables mediante dádivas a los poderosos funcionarios que podrían, en situación tan remota que parece imposible, llevar a prisión a altos ejecutivos de empresas monopólicas, según hará posible la nueva ley.
Aunque de inmediato brotaron observaciones críticas al proyecto, ya de la oposición parlamentaria, ya del sector empresarial, es previsible la aprobación de los contenidos principales propuestos por el Ejecutivo, porque en pocas regiones de la vida pública se ha formado un consenso tan preciso como en este, sobre los daños, frenos y lastres que significan las prácticas monopólicas. Estimó Calderón, para concretar el perjuicio a los consumidores (y debió decir también a los usuarios, omisión que esperemos sea sólo por economía de lenguaje y no porque se pretenda cocer aparte a los prestadores de servicios) que "más del treinta por ciento del gasto de los hogares se destina a mercados que tienen algún tipo de problema en la competencia, y en esos mercados los consumidores gastan alrededor de un 40 por ciento más de lo que les costarían los bienes y servicios si existieran más empresas ofreciéndolos en condiciones más competitivas". El problema, añadió, afecta más a los pobres, pues destinan no el 30 como en la media nacional, sino el 40 por ciento de sus ingresos "a pagar bienes y servicios que son más caros simplemente porque hay pocas, o incluso una sola empresa, que los produce y los oferta".
El proyecto de Calderón no será el único en el debate legislativo. En noviembre de 2006, apenas proclamado Presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador entregó a los diputados que siguen su programa, una iniciativa de ley de precios competitivos, que contiene disposiciones en línea semejante a la propuesta anteayer desde Los Pinos. Uno de sus autores, Mario di Constanzo, es ahora miembro de la Cámara y estará en posición de discutir en comisiones y en el pleno el contenido de la nueva disposición, desde la perspectiva trazada desde entonces.
Al presentar el anteproyecto López Obrador mencionó una retahíla de efectos perniciosos derivados de las prácticas monopólicas. A causa de ellas, pagamos en México 223 por ciento más que en Estados Unidos por el cemento gris; 260 por ciento más por el internet de banda ancha, 230 por ciento más en telefonía fija (y 65 más que en la móvil); en el servicio básico de Cablevisión la diferencia respecto del similar en Estados Unidos es 116 por ciento.
El panorama es más abrumador en tratándose de servicios bancarios, según las cuentas de López Obrador: la tarjeta Banamex Clásica es 178 por ciento más cara que su similar norteamericana; la Bancomer Visa, 115 por ciento: el crédito de la vivienda, 150 por ciento y, en el colmo escandaloso las comisiones cobradas por los bancos son ¡3,600 por ciento! superiores a las pagadas en el exterior, incluidos los países donde se ubican las metrópolis de nuestro sistema de intermediación financiera.
Lamentablemente, el abuso de ese sector permanecerá intocado porque la banca goza de un régimen jurídico particular, una suerte de fuero. Las reglas de la competencia económica no la rigen, sino las que establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que suele privilegiar el interés de sus sujetos regulados por encima del de los usuarios. El grupo parlamentario a que pertenece Di Constanzo, y probablemente otros de diversos partidos, deberían aprovechar el debate para extender a esa comarca la legislación contraria a las prácticas monopólicas.
Aunque según la vieja proclama de Gómez Morín no debe haber ilusos para que no haya decepcionados, la iniciativa de Calderón abre la posibilidad de regular jurídica e institucionalmente la competencia con elementos más sólidos. No esperemos milagros de ella, o de lo que resulte del debate, porque la materia a que se refiere no es dúctil, tiene su propia consistencia y su propia dinámica. Hay una contradicción sustancial en las leyes que promueven la competencia para evitar los monopolios: aquella, la competencia, conduce inexorablemente a la concentración, a la absorción de empresas (el pez grande se come al chico). Esperemos que la nueva norma sujete en alguna medida a los grandes intereses, los que están en situación de ofrecer gratificaciones a funcionarios que deben calificar las condiciones de la competencia... y de morder.
Es infortunado el símil escogido por el presidente Calderón al presentar su proyecto de reforma a la ley de competencia económica. Inclinándose ante una fórmula insulsa que circula en el periodismo de negocios él mismo dijo que el ordenamiento propuesto tendrá dientes. Obviamente quiere decir que será eficaz por contener sanciones disuasorias, inhibitorias de prácticas monopólicas, penas severas de que carece la legislación presente (que estaría chimuela según la metáfora), pero evoca la mordida que ha sido un modo de eludir normas como la que el Ejecutivo busca que se apruebe en la Cámara de diputados inicialmente. Digamos de paso que al escoger este escenario para iniciar esta reforma Calderón podrá proponer un intercambio de concesiones respecto de su proyecto de reforma política que discutirá el Senado.
Abandonemos la odontología al examinar el fin y los medios de esta ley. No insinuemos siquiera con esa apelación a las piezas dentarias que conforme al viejo refrán jurídico (y cínico), "hecha la ley, hecha la trampa". Es decir no sugiramos siquiera que habría vías expeditas supletorias del procedimiento formal aplicables mediante dádivas a los poderosos funcionarios que podrían, en situación tan remota que parece imposible, llevar a prisión a altos ejecutivos de empresas monopólicas, según hará posible la nueva ley.
Aunque de inmediato brotaron observaciones críticas al proyecto, ya de la oposición parlamentaria, ya del sector empresarial, es previsible la aprobación de los contenidos principales propuestos por el Ejecutivo, porque en pocas regiones de la vida pública se ha formado un consenso tan preciso como en este, sobre los daños, frenos y lastres que significan las prácticas monopólicas. Estimó Calderón, para concretar el perjuicio a los consumidores (y debió decir también a los usuarios, omisión que esperemos sea sólo por economía de lenguaje y no porque se pretenda cocer aparte a los prestadores de servicios) que "más del treinta por ciento del gasto de los hogares se destina a mercados que tienen algún tipo de problema en la competencia, y en esos mercados los consumidores gastan alrededor de un 40 por ciento más de lo que les costarían los bienes y servicios si existieran más empresas ofreciéndolos en condiciones más competitivas". El problema, añadió, afecta más a los pobres, pues destinan no el 30 como en la media nacional, sino el 40 por ciento de sus ingresos "a pagar bienes y servicios que son más caros simplemente porque hay pocas, o incluso una sola empresa, que los produce y los oferta".
El proyecto de Calderón no será el único en el debate legislativo. En noviembre de 2006, apenas proclamado Presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador entregó a los diputados que siguen su programa, una iniciativa de ley de precios competitivos, que contiene disposiciones en línea semejante a la propuesta anteayer desde Los Pinos. Uno de sus autores, Mario di Constanzo, es ahora miembro de la Cámara y estará en posición de discutir en comisiones y en el pleno el contenido de la nueva disposición, desde la perspectiva trazada desde entonces.
Al presentar el anteproyecto López Obrador mencionó una retahíla de efectos perniciosos derivados de las prácticas monopólicas. A causa de ellas, pagamos en México 223 por ciento más que en Estados Unidos por el cemento gris; 260 por ciento más por el internet de banda ancha, 230 por ciento más en telefonía fija (y 65 más que en la móvil); en el servicio básico de Cablevisión la diferencia respecto del similar en Estados Unidos es 116 por ciento.
El panorama es más abrumador en tratándose de servicios bancarios, según las cuentas de López Obrador: la tarjeta Banamex Clásica es 178 por ciento más cara que su similar norteamericana; la Bancomer Visa, 115 por ciento: el crédito de la vivienda, 150 por ciento y, en el colmo escandaloso las comisiones cobradas por los bancos son ¡3,600 por ciento! superiores a las pagadas en el exterior, incluidos los países donde se ubican las metrópolis de nuestro sistema de intermediación financiera.
Lamentablemente, el abuso de ese sector permanecerá intocado porque la banca goza de un régimen jurídico particular, una suerte de fuero. Las reglas de la competencia económica no la rigen, sino las que establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que suele privilegiar el interés de sus sujetos regulados por encima del de los usuarios. El grupo parlamentario a que pertenece Di Constanzo, y probablemente otros de diversos partidos, deberían aprovechar el debate para extender a esa comarca la legislación contraria a las prácticas monopólicas.
Aunque según la vieja proclama de Gómez Morín no debe haber ilusos para que no haya decepcionados, la iniciativa de Calderón abre la posibilidad de regular jurídica e institucionalmente la competencia con elementos más sólidos. No esperemos milagros de ella, o de lo que resulte del debate, porque la materia a que se refiere no es dúctil, tiene su propia consistencia y su propia dinámica. Hay una contradicción sustancial en las leyes que promueven la competencia para evitar los monopolios: aquella, la competencia, conduce inexorablemente a la concentración, a la absorción de empresas (el pez grande se come al chico). Esperemos que la nueva norma sujete en alguna medida a los grandes intereses, los que están en situación de ofrecer gratificaciones a funcionarios que deben calificar las condiciones de la competencia... y de morder.
martes, 6 de abril de 2010
Aprueba la Cámara de Diputados que la piratería sea perseguida de oficio
A partir de ahora, la piratería será perseguida de oficio en México y no solamente por denuncia de los afectados, como ocurría anteriormente.
La Cámara de Diputados avaló reformas al Código Penal Federal y a la Ley de la Propiedad Industrial, para que la Procuraduría General de la República (PGR) persiga con más rigor este delito.
Impuso penas de dos a seis años de prisión y una multa de cien a diez mil días de salario mínimo, al que venda en vía pública, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley.
"Se trata, precisamente, de un cambio única y exclusivamente en la forma de persecución de este delito. La industria tuvo una afectación de 964 mil 688 millones de pesos solamente en el año anterior; ocho de cada 10 personas compraron productos piratas", dijo Arturo Zamora Jiménez, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El Partido del Trabajo (PT), rechazó la nueva norma por considerar que castiga una actividad originada por la pobreza.
"Hablamos también de perseguir de oficio a estos vendedores ambulantes cuando, por ejemplo, en el 2008 el número de pobres en este país se incrementó en casi 6 millones y el presupuesto destinado a las funciones de desarrollo social fue de 1.3 billones de pesos; y no perseguimos a los negligentes funcionarios de las dependencias, que provocaron este crecimiento en la pobreza", menciono Mario Di Constanzo Armenta, Diputado PT.
Los legisladores del PT también argumentaron, que el dictamen no busca abatir la corrupción en las aduanas, principal puerta de entrada para la mercancía pirata.
En contraparte, el presidente de la Comisión de Justicia, reiteró las pérdidas que provoca ese delito y la necesidad de sentar las bases de la cultura de la legalidad en el país.
"¿Sabían ustedes, compañeros diputados, que la industria de la recreación pierde 750 millones de dólares al año? Que de estos 750 millones de dólares, se pierde un millón de dólares al día por concepto de impuestos, con los que se pueden crear centros recreativos, centros de salud, escuelas, hospitales y programas de desarrollo social", señalo Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Con la presencia del cantautor Armando Manzanero y del artista plástico y escultor Enrique Carbajal, "Sebastián", como invitados en el pleno, la mayoría de los diputados decidieron aprobar el dictamen, que tuvo su origen en el Senado de la República, y que ahora fue turnado al Poder Ejecutivo para su publicación y puesta en marcha.
Fuente: Carlos Ibarra / Once Noticias
La Cámara de Diputados avaló reformas al Código Penal Federal y a la Ley de la Propiedad Industrial, para que la Procuraduría General de la República (PGR) persiga con más rigor este delito.
Impuso penas de dos a seis años de prisión y una multa de cien a diez mil días de salario mínimo, al que venda en vía pública, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley.
"Se trata, precisamente, de un cambio única y exclusivamente en la forma de persecución de este delito. La industria tuvo una afectación de 964 mil 688 millones de pesos solamente en el año anterior; ocho de cada 10 personas compraron productos piratas", dijo Arturo Zamora Jiménez, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El Partido del Trabajo (PT), rechazó la nueva norma por considerar que castiga una actividad originada por la pobreza.
"Hablamos también de perseguir de oficio a estos vendedores ambulantes cuando, por ejemplo, en el 2008 el número de pobres en este país se incrementó en casi 6 millones y el presupuesto destinado a las funciones de desarrollo social fue de 1.3 billones de pesos; y no perseguimos a los negligentes funcionarios de las dependencias, que provocaron este crecimiento en la pobreza", menciono Mario Di Constanzo Armenta, Diputado PT.
Los legisladores del PT también argumentaron, que el dictamen no busca abatir la corrupción en las aduanas, principal puerta de entrada para la mercancía pirata.
En contraparte, el presidente de la Comisión de Justicia, reiteró las pérdidas que provoca ese delito y la necesidad de sentar las bases de la cultura de la legalidad en el país.
"¿Sabían ustedes, compañeros diputados, que la industria de la recreación pierde 750 millones de dólares al año? Que de estos 750 millones de dólares, se pierde un millón de dólares al día por concepto de impuestos, con los que se pueden crear centros recreativos, centros de salud, escuelas, hospitales y programas de desarrollo social", señalo Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Con la presencia del cantautor Armando Manzanero y del artista plástico y escultor Enrique Carbajal, "Sebastián", como invitados en el pleno, la mayoría de los diputados decidieron aprobar el dictamen, que tuvo su origen en el Senado de la República, y que ahora fue turnado al Poder Ejecutivo para su publicación y puesta en marcha.
Fuente: Carlos Ibarra / Once Noticias
jueves, 25 de marzo de 2010
viernes, 19 de marzo de 2010
Hacienda suplanta facultades del Congreso de la Unión: Di Costanzo
Modificó reglas misceláneas de la consolidación fiscal, explica el integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados
Notilegis
El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Mario Di Costanzo (PT), denunció que la Secretaría de Hacienda está suplantando facultades del Congreso de la Unión ya que llevó a cabo modificaciones a las reglas misceláneas que cambian la consolidación fiscal, lo cual provoca que se condonen impuestos a las grandes empresas por más de 15 mil millones de pesos.
En 2010 –explicó- se autorizó que se cobrara a las grandes empresas sólo el 25 por ciento, en impuestos diferidos, sin embargo, la Secretaría de Hacienda proyectó una recaudación de 16 mil millones de pesos -a pesar de que se redujo esa cantidad con respecto a la propuesta original- la recaudación proyectada se redujo en sólo 2 mil millones de pesos, lo cual muestra una grave inconsistencia por parte de Hacienda.
Por lo anterior, solicitó que la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales de la Cámara de Diputados, confronte las cifras de consolidación Fiscal, proporcionadas por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con las entregadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El legislador informó que la regla 17 de la miscelánea fiscal le otorga un perdón a las empresas que iban a verse afectadas con esta nueva disposición, de cobrar los impuestos diferidos, que hace que se reduzcan en casi 90 por ciento, lo que representa una nueva manera de suplantar al Congreso. “Nuevamente quieren echar para atrás lo que el Congreso había estipulado en materia de consolidación fiscal”, señaló.
Estas reglas –dijo- que obviamente no pasan por la sanción de la Cámara de Diputados son porque precisamente son sólo reglas. Lo que haré hoy mismo es solicitar que este tema de las reglas misceláneas que están echando para atrás en materia de consolidación fiscal sea objeto de lo que se le va a preguntar al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, durante su próxima comparecencia.
Di Costanzo Armenta consideró que los anuncios optimistas que hace el secretario de Hacienda sobre la recuperación económica del país es para que se pierda la atención sobre ese documento, que incluso, reveló ya es materia de flashes informativos por parte de los diferentes despachos fiscales que les dicen a sus clientes que prácticamente el esquema de consolidación se echan para atrás.
“Si es que el Gobierno tiene mucho dinero y está como para perdonarle impuestos a las grandes empresas, pues mejor que le baje los impuestos a la gente, baje el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el precio de la gasolina, es una doble actitud provechosa que beneficia a los grandes empresarios en una época que se pelea el mercado electoral mediante el perdón de impuestos”, indicó.
Anticipó que al interior de su fracción parlamentaria analizarán la posibilidad de interponer una controversia constitucional, ya que se está suplantando las facultades del Congreso de la Unión. “Desgraciadamente aquí hay un fondo electoral en el que el PAN está buscando reconciliarse con aquellos grupos que legitimaron en la elección a Felipe Calderón”, sostuvo.
Notilegis
El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Mario Di Costanzo (PT), denunció que la Secretaría de Hacienda está suplantando facultades del Congreso de la Unión ya que llevó a cabo modificaciones a las reglas misceláneas que cambian la consolidación fiscal, lo cual provoca que se condonen impuestos a las grandes empresas por más de 15 mil millones de pesos.
En 2010 –explicó- se autorizó que se cobrara a las grandes empresas sólo el 25 por ciento, en impuestos diferidos, sin embargo, la Secretaría de Hacienda proyectó una recaudación de 16 mil millones de pesos -a pesar de que se redujo esa cantidad con respecto a la propuesta original- la recaudación proyectada se redujo en sólo 2 mil millones de pesos, lo cual muestra una grave inconsistencia por parte de Hacienda.
Por lo anterior, solicitó que la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales de la Cámara de Diputados, confronte las cifras de consolidación Fiscal, proporcionadas por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con las entregadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El legislador informó que la regla 17 de la miscelánea fiscal le otorga un perdón a las empresas que iban a verse afectadas con esta nueva disposición, de cobrar los impuestos diferidos, que hace que se reduzcan en casi 90 por ciento, lo que representa una nueva manera de suplantar al Congreso. “Nuevamente quieren echar para atrás lo que el Congreso había estipulado en materia de consolidación fiscal”, señaló.
Estas reglas –dijo- que obviamente no pasan por la sanción de la Cámara de Diputados son porque precisamente son sólo reglas. Lo que haré hoy mismo es solicitar que este tema de las reglas misceláneas que están echando para atrás en materia de consolidación fiscal sea objeto de lo que se le va a preguntar al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, durante su próxima comparecencia.
Di Costanzo Armenta consideró que los anuncios optimistas que hace el secretario de Hacienda sobre la recuperación económica del país es para que se pierda la atención sobre ese documento, que incluso, reveló ya es materia de flashes informativos por parte de los diferentes despachos fiscales que les dicen a sus clientes que prácticamente el esquema de consolidación se echan para atrás.
“Si es que el Gobierno tiene mucho dinero y está como para perdonarle impuestos a las grandes empresas, pues mejor que le baje los impuestos a la gente, baje el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el precio de la gasolina, es una doble actitud provechosa que beneficia a los grandes empresarios en una época que se pelea el mercado electoral mediante el perdón de impuestos”, indicó.
Anticipó que al interior de su fracción parlamentaria analizarán la posibilidad de interponer una controversia constitucional, ya que se está suplantando las facultades del Congreso de la Unión. “Desgraciadamente aquí hay un fondo electoral en el que el PAN está buscando reconciliarse con aquellos grupos que legitimaron en la elección a Felipe Calderón”, sostuvo.
Va el Presidente por los asesinatos en Juárez, afirman
El presidente Felipe Calderón no saldrá de territorio estadunidense "sin un jalón de orejas" por la falta de control que hay sobre la delincuencia organizada y la expansión de los grupos de la droga en todo México, coincidieron la experta en seguridad pública de la UNAM Aida Valero y el diputado petista Mario Di Constanzo.
Valero manifestó su preocupación de que en regiones como Tamaulipas las autoridades locales oculten los enfrentamientos que ocurren contra los integrantes del crimen organizado, porque se impide una intervención oportuna de la PGR.
Di Constanzo dijo que el primer mandatario acudirá a Washingtno para que lo "regañen" por la lucha fallida contra el crimen organizado que ya cobró sus primeras víctimas de ciudadanía estadunidense.
Por su parte, el especialista en estudios internacionales de la University de Miami Alberto Lozano dijo que el encuentro que sostendrán el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Calderón Hinojosa es una doble oportunidad para México, porque se puede considerar una ampliación del presupuesto a la Iniciativa Mérida y retomar el debate sobre el tema migratorio.
En entrevistas por separado con El Sol de México, Lozano Vázquez consideró la invitación de Obama como un signo de preocupación de su gobierno sobre lo que sucede en la frontera con nuestro país.
"Los círculos de intelectuales de ambos países veían que para Obama, México no era una prioridad en su política exterior, porque iniciaba su mandato con una crisis económica y dos guerras. Pero las muertes vinculadas al consulado de Estados Unidos en Juárez hicieron que Obama voltee hacia México", exteriorizó.
A su vez, el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Partido Nueva Alianza y secretario de la Mesa Directiva, destacó que "México no debe ser rehén de presiones por parte de Estados Unidos, de ningún otro país ni de organismos internacionales".
En tanto, el priísta Humberto Benítez Treviño señaló que ambos mandatarios tienen que rendir cuentas de lo qué realizan en materia de seguridad pública.
Entrevistados por separado, Jaime Arturo Vázquez Aguilar afirmó que la seguridad y el combate al crimen es responsabilidad de ambos gobiernos con una estrategia franca que combata verdaderamente al crimen organizado.
"Se debe encontrar un punto de coincidencia para trabajar conjuntamente como buenos vecinos y resolver este grave problema", dijo.
Fuente: Judith García y Gabriel Xantomila / El Sol de México
Valero manifestó su preocupación de que en regiones como Tamaulipas las autoridades locales oculten los enfrentamientos que ocurren contra los integrantes del crimen organizado, porque se impide una intervención oportuna de la PGR.
Di Constanzo dijo que el primer mandatario acudirá a Washingtno para que lo "regañen" por la lucha fallida contra el crimen organizado que ya cobró sus primeras víctimas de ciudadanía estadunidense.
Por su parte, el especialista en estudios internacionales de la University de Miami Alberto Lozano dijo que el encuentro que sostendrán el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Calderón Hinojosa es una doble oportunidad para México, porque se puede considerar una ampliación del presupuesto a la Iniciativa Mérida y retomar el debate sobre el tema migratorio.
En entrevistas por separado con El Sol de México, Lozano Vázquez consideró la invitación de Obama como un signo de preocupación de su gobierno sobre lo que sucede en la frontera con nuestro país.
"Los círculos de intelectuales de ambos países veían que para Obama, México no era una prioridad en su política exterior, porque iniciaba su mandato con una crisis económica y dos guerras. Pero las muertes vinculadas al consulado de Estados Unidos en Juárez hicieron que Obama voltee hacia México", exteriorizó.
A su vez, el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Partido Nueva Alianza y secretario de la Mesa Directiva, destacó que "México no debe ser rehén de presiones por parte de Estados Unidos, de ningún otro país ni de organismos internacionales".
En tanto, el priísta Humberto Benítez Treviño señaló que ambos mandatarios tienen que rendir cuentas de lo qué realizan en materia de seguridad pública.
Entrevistados por separado, Jaime Arturo Vázquez Aguilar afirmó que la seguridad y el combate al crimen es responsabilidad de ambos gobiernos con una estrategia franca que combata verdaderamente al crimen organizado.
"Se debe encontrar un punto de coincidencia para trabajar conjuntamente como buenos vecinos y resolver este grave problema", dijo.
Fuente: Judith García y Gabriel Xantomila / El Sol de México
miércoles, 17 de marzo de 2010
Reporta la ASF crecimiento en la deuda pública federal
Acudió a la Cámara de Diputados el titular de la Auditoría Superior de la Federación para explicar a detalle el Informe del Análisis de los Resultados de la Cuenta Pública 2008, en lo referente al sector de hacienda y crédito público.
Frente a los miembros de la Comisión de Vigilancia, Juan Manuel Portal indicó que las auditorías practicadas por la instancia a su cargo al gobierno federal revelaron el incumplimiento del Plan Estratégico del Sistema de Administración Tributaria, que busca lograr una recaudación más eficiente.
En cuanto a cifras, el auditor indicó que la Federación tuvo un ingreso adicional de 315 mil millones de pesos y el 60 por ciento provino del petróleo; en referencia a la deuda pública, informó que creció a 221 mil millones de pesos.
Portal Martínez dijo que entre los procesos que han repercutido al endeudamiento del gobierno federal destacan rescate bancario de 1994-1995, la expropiación de los ingenios azucareros y las liquidaciones de Financiera Nacional Azucarera.
Los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia realizaron algunas preguntas sobre la Cuenta Pública, a la vez que manifestaron su desacuerdo por el manejo de los recursos en el gobierno federal.
El legislador Sebastián Lerdo de Tejada (PRI) habló de la administración discrecional que se ha venido haciendo en la Secretaría de Hacienda sobre los fideicomisos, mandatos y actos análogos para canalizar recursos públicos excedentes entregados a la Tesorería de la Federación.
Por su parte, el miembro de la fracción del PRD en la Cámara Baja, Ramón Jiménez López, dijo que a partir de este análisis se muestra que el gobierno mexicano mal gastó en el año 2008 el equivalente a 50 mil millones de dólares, con lo cual se pudieron haber construido 10 refinerías.
Al abordar el tema de la economía nacional, el diputado Mario Di Costanzo(PT) acusó el mal desempeño del Ejecutivo a decir de la inflación que tuvo el país, la caída en la inversión, y el aumento en la deuda de cada mexicano, por lo que pidió dar a conocer a los responsables.
Sobre este punto, Portal Martínez respondió que la ASF no puede aún revelar esa información, por lo menos hasta que venza el plazo para que se entregue la documentación final de la Cuenta Pública. Sin embargo, prometió al legislador del PT revisar estos datos de manera conjunta en cuanto sea posible.
Fuente: Canal del Congreso
Frente a los miembros de la Comisión de Vigilancia, Juan Manuel Portal indicó que las auditorías practicadas por la instancia a su cargo al gobierno federal revelaron el incumplimiento del Plan Estratégico del Sistema de Administración Tributaria, que busca lograr una recaudación más eficiente.
En cuanto a cifras, el auditor indicó que la Federación tuvo un ingreso adicional de 315 mil millones de pesos y el 60 por ciento provino del petróleo; en referencia a la deuda pública, informó que creció a 221 mil millones de pesos.
Portal Martínez dijo que entre los procesos que han repercutido al endeudamiento del gobierno federal destacan rescate bancario de 1994-1995, la expropiación de los ingenios azucareros y las liquidaciones de Financiera Nacional Azucarera.
Los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia realizaron algunas preguntas sobre la Cuenta Pública, a la vez que manifestaron su desacuerdo por el manejo de los recursos en el gobierno federal.
El legislador Sebastián Lerdo de Tejada (PRI) habló de la administración discrecional que se ha venido haciendo en la Secretaría de Hacienda sobre los fideicomisos, mandatos y actos análogos para canalizar recursos públicos excedentes entregados a la Tesorería de la Federación.
Por su parte, el miembro de la fracción del PRD en la Cámara Baja, Ramón Jiménez López, dijo que a partir de este análisis se muestra que el gobierno mexicano mal gastó en el año 2008 el equivalente a 50 mil millones de dólares, con lo cual se pudieron haber construido 10 refinerías.
Al abordar el tema de la economía nacional, el diputado Mario Di Costanzo(PT) acusó el mal desempeño del Ejecutivo a decir de la inflación que tuvo el país, la caída en la inversión, y el aumento en la deuda de cada mexicano, por lo que pidió dar a conocer a los responsables.
Sobre este punto, Portal Martínez respondió que la ASF no puede aún revelar esa información, por lo menos hasta que venza el plazo para que se entregue la documentación final de la Cuenta Pública. Sin embargo, prometió al legislador del PT revisar estos datos de manera conjunta en cuanto sea posible.
Fuente: Canal del Congreso
Estrategia de la secretaría de Energía carece de líneas de acción, señala Mario Di Constanzo
Diputados del PT y Convergencia presentarán un punto de acuerdo para que se formulen preguntas parlamentarias a la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Georgina Kessel Martínez, a fin de que explique los recursos económicos y humanos con los que se lograrán las metas que se plantean en La Estrategia Nacional de Energía. En conferencia de prensa los diputados del Partido del Trabajo (PT), Laura Itzel Castillo, Mario Di Costanzo, Enrique Ibarra Pedroza y el coordinador de la bancada de Convergencia, Pedro Jiménez León, señalaron que la estrategia nacional de energía presentada por la SENER indica qué se piensa hacer y cuáles son la metas más no la forma para lograrlo y la procedencia de los recursos para ello.
La diputada Laura Itzel Castillo dijo que el plan presentado como estrategia es inaceptable desde el punto de vista técnico ya que necesariamente está basado en información originada en Pemex Exploración y Producción (PEP) que, por el desmantelamiento de sus cuadros técnicos, carece de la capacidad de análisis requerida para formular un programa nacional de energía.
Esta aseveración se fundamenta en el fracaso de las últimas metas establecidas para las producciones en Cantarell, Chicontepec, Cuenca de Burgos, en Jujo Tecominoacán y en Samaria, sí en estos campos en los que Pemex cuenta con amplia y confiable información, no se ha cumplido con las metas, es lógico concluir que presentar metas basadas en recursos imprecisos de campos por descubrir y desarrollar, no tiene la menor credibilidad.
En su intervención el coordinador de Convergencia, Pedro Jiménez León, manifestó su respaldo al punto de acuerdo, ya que consideró que un plan estratégico debe contener con claridad la situación actual y la futura deseada del sector. “Es claro que fue un trabajo encargado para cumplir un requisito, pero este no reúne la calidad ni requisitos para un sector tan importante como lo es el energético”, precisó. Por su parte, el diputado Mario Di Costanzo manifestó que no es posible que la estrategia nacional del país se base en lo que se puede extraer de un yacimiento o región (Chicontepec) en donde se ve que no se extrae lo estimado y que el costo de eso es elevado. “La estrategia carece de líneas de acción para saber cómo se va allegar a los objetivos”, indicó. El plazo para dar respuesta a las preguntas parlamentarias por parte de la dependencia federal será de 15 días.
Fuente: América Multimedios Agencia de Noticias
La diputada Laura Itzel Castillo dijo que el plan presentado como estrategia es inaceptable desde el punto de vista técnico ya que necesariamente está basado en información originada en Pemex Exploración y Producción (PEP) que, por el desmantelamiento de sus cuadros técnicos, carece de la capacidad de análisis requerida para formular un programa nacional de energía.
Esta aseveración se fundamenta en el fracaso de las últimas metas establecidas para las producciones en Cantarell, Chicontepec, Cuenca de Burgos, en Jujo Tecominoacán y en Samaria, sí en estos campos en los que Pemex cuenta con amplia y confiable información, no se ha cumplido con las metas, es lógico concluir que presentar metas basadas en recursos imprecisos de campos por descubrir y desarrollar, no tiene la menor credibilidad.
En su intervención el coordinador de Convergencia, Pedro Jiménez León, manifestó su respaldo al punto de acuerdo, ya que consideró que un plan estratégico debe contener con claridad la situación actual y la futura deseada del sector. “Es claro que fue un trabajo encargado para cumplir un requisito, pero este no reúne la calidad ni requisitos para un sector tan importante como lo es el energético”, precisó. Por su parte, el diputado Mario Di Costanzo manifestó que no es posible que la estrategia nacional del país se base en lo que se puede extraer de un yacimiento o región (Chicontepec) en donde se ve que no se extrae lo estimado y que el costo de eso es elevado. “La estrategia carece de líneas de acción para saber cómo se va allegar a los objetivos”, indicó. El plazo para dar respuesta a las preguntas parlamentarias por parte de la dependencia federal será de 15 días.
Fuente: América Multimedios Agencia de Noticias
Se queda corto el plan de austeridad
El Programa Nacional de Reducción del Gasto Público que el Ejecutivo presentó ayer a la Cámara de Diputados, propone una meta de disminución del gasto gubernamental de 40 mil 100 millones de pesos a lo largo de 2010, 2011 y 2012.
Este ahorro, que se alcanzará a partir de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto en servicios personales y en el de operación, administrativo y de apoyo, se destinará a los programas prioritarios del gobierno federal, informó la Secretaría de Hacienda.
Para el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray, el programa "está totalmente por debajo de las expectativas, ya que durante 2009 la Cámara de Diputados logró reducir en 42 mil millones de pesos su gasto únicamente en 3 rubros, mientras el gobierno propone disminuir su gasto en 40 mil 100 millones para el resto de la administración".
"Este plan de austeridad es una burla, ya que equivale a 13 mil 300 millones de pesos al año, lo que no es ni lo que anualmente el gobierno federal eroga en el seguro de gastos médicos mayores o en el seguro de separación individualizado de los funcionarios públicos", enfatizó el diputado del PT Mario Di Costanzo.
Fuente: El Financiero/APB.
Este ahorro, que se alcanzará a partir de medidas de austeridad y racionalidad en el gasto en servicios personales y en el de operación, administrativo y de apoyo, se destinará a los programas prioritarios del gobierno federal, informó la Secretaría de Hacienda.
Para el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Videgaray, el programa "está totalmente por debajo de las expectativas, ya que durante 2009 la Cámara de Diputados logró reducir en 42 mil millones de pesos su gasto únicamente en 3 rubros, mientras el gobierno propone disminuir su gasto en 40 mil 100 millones para el resto de la administración".
"Este plan de austeridad es una burla, ya que equivale a 13 mil 300 millones de pesos al año, lo que no es ni lo que anualmente el gobierno federal eroga en el seguro de gastos médicos mayores o en el seguro de separación individualizado de los funcionarios públicos", enfatizó el diputado del PT Mario Di Costanzo.
Fuente: El Financiero/APB.
Surge nueva moda: diputados pasan lista en ausencia
La nueva modalidad de pasar lista en la Cámara de Diputados, sin estar presente, es enviar proyectos de iniciativa a la Mesa Directiva donde un secretario da cuenta de ellos. Es lo que hace Jorge Kahwagi Macari, diputado federal por el Partido Nueva Alianza. Actualmente cada uno de los legisladores obtiene una dieta neta mensual de 150 mil pesos, sin contar prestaciones económicas y sociales de todo tipo desde ayuda para transporte terrestre, aviones, casetas, gasolinas, así como jugosos viáticos para viajes al extranjero, entre otros.
Y es que Kahwagi presenta reformas sin estar presente, lo que fue duramente criticado por otras bancadas. El petista Mario Di Costanzo calificó el hecho de falta de respeto "porque nunca se para aquí'', en referencia al exboxeador. La última reforma que presentó Kahwagi fue al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que fue enviada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por la Mesa Directiva.
En esa ocasión, el diputado Mario Di Costanzo, desde su curul presidente al presidente de la Mesa Directiva en turno: "No sé si la nueva manera de pasar lista en esta Cámara es presentando iniciativas, lo digo porque se me hace una falta de respeto a este Congreso, que el diputado Kahwagi nunca se pare por aquí y cada sesión envíe una o dos iniciativas".
Sobre el tema, el diputado Carlos Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista, presentó una iniciativa que pretende descontar un día de dieta a los legisladores que falten sin justificación alguna a la sesión del Pleno y de comisiones, con el propósito de mejorar la imagen de los legisladores y fortalecer el trabajo legislativo.
Indicó que la propuesta tiene como fin terminar con el rezago legislativo y fortalecer la rendición de cuentas. La Ley, abundó el legislador, que nos rige carece de sanción alguna. Prevé la obligación a los miembros de las comisiones de acudir puntualmente a las reuniones, y de no hacerlo justificar su falta, es decir, el ordenamiento no contempla un castigo en caso de incumplimiento.
Ezeta Salcedo precisó que la reforma al artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General pretende establecer una sanción para aquellos representantes que no asistan al trabajo legislativo. Explicó que el trabajo en el Pleno y en comisiones concentra el estudio, discusiones e intercambio de ideas de las iniciativas o proyectos de ley que habrán de aprobarse.
Reconoció que las inasistencias de los integrantes de comisiones, es uno de los principales factores que agravan el rezago legislativo.
La dieta es la retribución o remuneración a la que los diputados tienen derecho por el desempeño del cargo, el cual implica el cumplimiento de diversas obligaciones inherentes a la función de legislador, entre ellas, la de asistir al Pleno y a las reuniones de comisiones para cumplir con la función de dictamen.
* REZAGO LEGISLATIVO
De la anterior legislatura (60) quedaron pendientes de ser dictaminados dos mil 973 asuntos, de los cuales dos mil 841 son iniciativas y 132 minutas del Senado. Las comisiones que tienen mayores asuntos retrasados son las de Gobernación (205), Hacienda (395) y de Justicia (252).
Respecto a las proposiciones, solamente quedaron vigentes 12 de la Comisión de Desarrollo Social y dos de Energía. Mientras que en trámite de archivo existen mil 189 puntos de acuerdo; 141, en la Comisión de Gobernación; 166, en Hacienda; 106, en Medio Ambiente y 142, en Presupuesto y Cuenta Pública.
En la actual legislatura (61), hay más de 135 iniciativas, ocho minutas, 106 proposiciones con punto de acuerdo, lo que hace un total de 249 asuntos; predominan 51 en la Comisión de Hacienda e igual número en la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Fuente: Gabriel Xantomila / El Sol de México
Y es que Kahwagi presenta reformas sin estar presente, lo que fue duramente criticado por otras bancadas. El petista Mario Di Costanzo calificó el hecho de falta de respeto "porque nunca se para aquí'', en referencia al exboxeador. La última reforma que presentó Kahwagi fue al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que fue enviada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por la Mesa Directiva.
En esa ocasión, el diputado Mario Di Costanzo, desde su curul presidente al presidente de la Mesa Directiva en turno: "No sé si la nueva manera de pasar lista en esta Cámara es presentando iniciativas, lo digo porque se me hace una falta de respeto a este Congreso, que el diputado Kahwagi nunca se pare por aquí y cada sesión envíe una o dos iniciativas".
Sobre el tema, el diputado Carlos Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista, presentó una iniciativa que pretende descontar un día de dieta a los legisladores que falten sin justificación alguna a la sesión del Pleno y de comisiones, con el propósito de mejorar la imagen de los legisladores y fortalecer el trabajo legislativo.
Indicó que la propuesta tiene como fin terminar con el rezago legislativo y fortalecer la rendición de cuentas. La Ley, abundó el legislador, que nos rige carece de sanción alguna. Prevé la obligación a los miembros de las comisiones de acudir puntualmente a las reuniones, y de no hacerlo justificar su falta, es decir, el ordenamiento no contempla un castigo en caso de incumplimiento.
Ezeta Salcedo precisó que la reforma al artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General pretende establecer una sanción para aquellos representantes que no asistan al trabajo legislativo. Explicó que el trabajo en el Pleno y en comisiones concentra el estudio, discusiones e intercambio de ideas de las iniciativas o proyectos de ley que habrán de aprobarse.
Reconoció que las inasistencias de los integrantes de comisiones, es uno de los principales factores que agravan el rezago legislativo.
La dieta es la retribución o remuneración a la que los diputados tienen derecho por el desempeño del cargo, el cual implica el cumplimiento de diversas obligaciones inherentes a la función de legislador, entre ellas, la de asistir al Pleno y a las reuniones de comisiones para cumplir con la función de dictamen.
* REZAGO LEGISLATIVO
De la anterior legislatura (60) quedaron pendientes de ser dictaminados dos mil 973 asuntos, de los cuales dos mil 841 son iniciativas y 132 minutas del Senado. Las comisiones que tienen mayores asuntos retrasados son las de Gobernación (205), Hacienda (395) y de Justicia (252).
Respecto a las proposiciones, solamente quedaron vigentes 12 de la Comisión de Desarrollo Social y dos de Energía. Mientras que en trámite de archivo existen mil 189 puntos de acuerdo; 141, en la Comisión de Gobernación; 166, en Hacienda; 106, en Medio Ambiente y 142, en Presupuesto y Cuenta Pública.
En la actual legislatura (61), hay más de 135 iniciativas, ocho minutas, 106 proposiciones con punto de acuerdo, lo que hace un total de 249 asuntos; predominan 51 en la Comisión de Hacienda e igual número en la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Fuente: Gabriel Xantomila / El Sol de México
martes, 16 de marzo de 2010
Toman petistas tribuna en San Lázaro
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo tomó la tribuna de la Cámara de Diputados alrededor de las 11:45 de la mañana, justo cuando dio inicio la sesión ordinaria de este martes.
Los diputados petistas, encabezados por Gerardo Fernández Noroña, subieron a la tribuna y colocaron banderas rojinegras. Noroña anunció que su bancada iniciará una "huelga política" ante la situación que vive el país.
Sin dar más detalles, los diputados, además de Noroña, Porfirio Muñoz Ledo, Mario di Constanzo, entre otros, se colocaron a lo largo de la tribuna mientras que el PRI, en voz de su vicecoordinador, Jorge Carlos Ramírez Marín, le exigió al presidente de la Mesa Directiva, Francisco Ramírez Acuña, que convocara al orden y decretara un receso.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez, advirtió que la Cámara no será una vez más rehén de los grupos políticos que protestan por diversas causas, por lo que continúa la sesión aún con los petistas arriba.
Debido a que la tribuna se encuentra tomada, los diputados que tiene que hablar para presentar sus iniciativas lo hacen desde su curul.
Fuente: Mónica Romero / W Radio
Los diputados petistas, encabezados por Gerardo Fernández Noroña, subieron a la tribuna y colocaron banderas rojinegras. Noroña anunció que su bancada iniciará una "huelga política" ante la situación que vive el país.
Sin dar más detalles, los diputados, además de Noroña, Porfirio Muñoz Ledo, Mario di Constanzo, entre otros, se colocaron a lo largo de la tribuna mientras que el PRI, en voz de su vicecoordinador, Jorge Carlos Ramírez Marín, le exigió al presidente de la Mesa Directiva, Francisco Ramírez Acuña, que convocara al orden y decretara un receso.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez, advirtió que la Cámara no será una vez más rehén de los grupos políticos que protestan por diversas causas, por lo que continúa la sesión aún con los petistas arriba.
Debido a que la tribuna se encuentra tomada, los diputados que tiene que hablar para presentar sus iniciativas lo hacen desde su curul.
Fuente: Mónica Romero / W Radio
Incumple gobierno con programa de austeridad: PRI y PT
* Diputados priistas recordaron que ayer venció el plazo para entregar la propuesta multianual de ajuste al gasto público
* El recorte "no debe ser algo tradicional, sino sustantivo": Levín Coppel
Las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) en San Lázaro criticaron el incumplimiento del gobierno federal por no haber entregado ayer el programa de austeridad que se le exigió en el decreto del Presupuesto de Egresos de la federación para este año.
Los diputados priistas, Óscar Levín Coppel y Sebastián Lerdo de Tejada, recordaron que ayer venció el plazo para entregar la propuesta multianual de ajuste al gasto público.
Señalaron que se les ha informado que será en el transcurso de este martes cuando se les envíe la propuesta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se espera un documento realista, en el cual los recortes sean con base en la erradicación de duplicidad de funciones y de la creación de nuevas subsecretarías o cargos directivos que se han dado a lo largo de la presente administración, expresaron.
Sebastián Lerdo de Tejada, manifestó: "vamos a revisarlo con toda acuciosidad para que cumpla lo que mandata este Artículo 18 (del PEF), que es fundamentalmente evitar duplicidades en las plazas de la alta burocracia del gobierno federal".
Aseveró que van a "hacer un importante ajuste al gasto corriente para que el gobierno no solamente le pida a la población que se ajuste el cinturón".
Al respecto Óscar Levín Coppel mencionó que el recorte "no debe ser algo tradicional, sino sustantivo", con el fin de que hayan ajustes en las áreas donde se ha demostrado que son ineficientes.
Dijo que un recorte de 5 por ciento del gasto corriente para después generar un conflicto a las instituciones porque tienen que invertir más en gasto de operación, no beneficia al país, por lo cual se debe enviar una propuesta que permita enfrentar la crisis económica que viven los mexicanos.
Durante la sesión de pleno, el diputado del PT, Mario Di Costanzo Armenta, le preguntó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y legislador del PAN, Francisco Ramírez Acuña, sobre el informe del Programa Nacional de Reducción del Gasto.
"Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía como fecha límite el 15 de marzo y de no exigírselo así, estaría violando el decreto de presupuesto", destacó.
A su vez, el panista y presidente de la Comisión de Hacienda, Mario Alberto Becerra Pocoroba, consideró que la propuesta del gobierno federal estará acorde con la realidad del país.
"El plan debe reconocer la realidad de nuestro país. Es muy importante que el presidente nos diga cuáles son sus puntos para hacer una verdadera disminución en el gasto público porque será muy importante en 2011", subrayó.
Fuente: El Financiero (Con información de Notimex/TPC)
* El recorte "no debe ser algo tradicional, sino sustantivo": Levín Coppel
Las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) en San Lázaro criticaron el incumplimiento del gobierno federal por no haber entregado ayer el programa de austeridad que se le exigió en el decreto del Presupuesto de Egresos de la federación para este año.
Los diputados priistas, Óscar Levín Coppel y Sebastián Lerdo de Tejada, recordaron que ayer venció el plazo para entregar la propuesta multianual de ajuste al gasto público.
Señalaron que se les ha informado que será en el transcurso de este martes cuando se les envíe la propuesta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se espera un documento realista, en el cual los recortes sean con base en la erradicación de duplicidad de funciones y de la creación de nuevas subsecretarías o cargos directivos que se han dado a lo largo de la presente administración, expresaron.
Sebastián Lerdo de Tejada, manifestó: "vamos a revisarlo con toda acuciosidad para que cumpla lo que mandata este Artículo 18 (del PEF), que es fundamentalmente evitar duplicidades en las plazas de la alta burocracia del gobierno federal".
Aseveró que van a "hacer un importante ajuste al gasto corriente para que el gobierno no solamente le pida a la población que se ajuste el cinturón".
Al respecto Óscar Levín Coppel mencionó que el recorte "no debe ser algo tradicional, sino sustantivo", con el fin de que hayan ajustes en las áreas donde se ha demostrado que son ineficientes.
Dijo que un recorte de 5 por ciento del gasto corriente para después generar un conflicto a las instituciones porque tienen que invertir más en gasto de operación, no beneficia al país, por lo cual se debe enviar una propuesta que permita enfrentar la crisis económica que viven los mexicanos.
Durante la sesión de pleno, el diputado del PT, Mario Di Costanzo Armenta, le preguntó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y legislador del PAN, Francisco Ramírez Acuña, sobre el informe del Programa Nacional de Reducción del Gasto.
"Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía como fecha límite el 15 de marzo y de no exigírselo así, estaría violando el decreto de presupuesto", destacó.
A su vez, el panista y presidente de la Comisión de Hacienda, Mario Alberto Becerra Pocoroba, consideró que la propuesta del gobierno federal estará acorde con la realidad del país.
"El plan debe reconocer la realidad de nuestro país. Es muy importante que el presidente nos diga cuáles son sus puntos para hacer una verdadera disminución en el gasto público porque será muy importante en 2011", subrayó.
Fuente: El Financiero (Con información de Notimex/TPC)
lunes, 15 de marzo de 2010
Profeco: la procuraduría inútil
Isabel Argüello
Laura Soto Pinetti compró un vehículo automotor Gol Sedán, color negro, de la marca Volkswagen, el 27 de abril de 2009. Pasaron algunos meses para que, casualmente, se diera cuenta de que su coche había sido sometido a reparaciones antes de que ella lo “estrenara”. Luego de una investigación propia, se enteraría de que tiempo atrás un espectacular había caído encima de los autos que se encontraban en la sala de exhibición de Vehículos Aragón, SA de CV, y la compañía había decidido reconstruirlos y venderlos como “nuevos”. Ella fue una de las víctimas del engaño.
Ante el reclamo de Soto Pinetti, presentado en octubre del año pasado, los abogados de la franquicia respondieron –hasta el 8 de enero de 2010– que se reservaban su “derecho de emitir una opinión”.
Pero la consumidora defraudada también interpuso una queja en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). El 16 de octubre acudió a la Delegación del Norte de la dependencia para abrir el expediente PFC.NDF.B.3/003136-2009 contra Volkswagen de México, SA de CV, y Vehículos Aragón. Sin embrago, después de una audiencia realizada el 26 de noviembre, que duró 33 minutos, se le informó que quedaban “a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma que más le conviniera a sus intereses”; es decir, la Profeco cerró el caso y lo turnó al Archivo General.
––Yo creí que me podían ayudar en la Procuraduría, porque soy consumidor. Se supone que le resuelven a uno este tipo de problemas…
A decir de Soto Pinetti, los servidores públicos de la Profeco y los representantes legales de Volkswagen mostraron siempre una camaradería, aunque el trato hacia ella fue distante.
El caso de Laura Soto es uno de los 111 mil que recibió la Profeco durante 2009. Según el comunicado 011 emitido por esta instancia el 3 de febrero pasado, 14 mil 867 procedimientos concluyeron con multas a proveedores: poco más del 13 por ciento de los casos se resolvió a favor del consumidor. Así, recuperó 1 mil 106 millones de pesos para los ciudadanos.
El propio comunicado da cuenta de que los sectores contra los que mayor número de quejas se interponen son telecomunicaciones, inmobiliario y electricidad.
El sector vehicular también es uno de los obligados por el artículo 39 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a indicar el estado físico de sus productos (deficiencia, uso o reconstrucción), información que no fue proporcionada a la ciudadana Soto Pinetti al momento de realizar la compra.
Antes de que la consumidora acudiera a la Profeco, Juan Manuel Noguez, gerente de Ventas de Vehículos Aragón, le había dicho que los desperfectos encontrados en el automóvil “seguramente” se debían a “la sal del mar, porque los embarcan desde Brasil… O se dañó a la hora de bajarlo de la madrina (grúa)”. Y le ofreció cambiar las piezas dañadas del vehículo y un carro para que se transportara en esos días.
––No, señor. Yo compré un coche nuevo; yo no compré uno usado o reparado –fue la respuesta de Soto Pinetti.
Proceso conciliatorio
En la audiencia, efectuada en noviembre, estuvieron presentes: Teresa Guadalupe Bautista Franco y Rodolfo Mondragón Monroy, conciliadora y delegado de la Procuraduría; Sergio Chávez Martínez, abogado de la concesionaria vehicular; y Soto Pinetti, a quien no se le permitió estar acompañada de su esposo por no contar con una carta poder.
La consumidora solicitó el cambio de su auto. La licenciada Bautista Franco argumentó que la Procuraduría no tiene ese tipo de facultades y que, si no aceptaba los términos de Volkswagen, se cerraba el proceso; además, que no tenía caso volverla a citar a otra audiencia.
En entrevista con Contralínea, Norelly Domínguez Acosta, subprocuradora de Servicios, dice que no se puede obligar al proveedor a la devolución, pero que “el Poder Judicial tiene los medios para hacer cumplir la sentencia que el juzgado determine”.
Carolina López Reyes, directora de Atención a Medios, señala que cuando no se ponen de acuerdo las partes involucradas se cierra el caso. “Después de este proceso de conciliación, la persona puede acudir a un MP (Ministerio Público) con una denuncia penal; la idea es hacerlo de inmediato”.
Sin embargo, a la consumidora no se le informó siquiera que podía acudir al Ministerio Público para levantar un acta civil o penal. Soto Pinetti dice que no se sintió respaldada ni asesorada.
Domínguez Acosta indica que todo procedimiento conciliatorio tarda aproximadamente 90 días naturales para resolverse. “Citamos al proveedor y al consumidor. Se pueden celebrar tres audiencias, buscando un acuerdo, y si no hay ninguna satisfacción, se dejan a salvo los derechos del consumidor para que los haga valer como le convenga, básicamente a través del Poder Judicial”.
Ante las quejas de la consumidora sobre “maltrato”, Domínguez Acosta explica que, “como servidores públicos, estamos regidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Servicio Profesional, la Ley de Servidores Públicos”.
El papel de la Profeco
“Un fracaso”, es el calificativo que utiliza el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfonso Bouzas Ortiz para definir la labor conciliadora de la Profeco. Manifiesta que el interés empresarial domina y la Procuraduría ha sido reducida a una instancia que afecta a los propios consumidores.
El objetivo de la Profeco es conciliar proveedores y consumidores. Pero, para que haya una verdadera protección del consumidor, debe redefinirse la política económica, priorizar el interés del consumidor y meter frenos al sector empresarial, añade Bouzas Ortiz.
Explica que el procedimiento actual de defensa de los consumidores que realiza la Procuraduría depende de la disposición de conciliar: si el empresario no desea una conciliación, no se le puede obligar y el consumidor llega a la conclusión de que perdió el tiempo. Señala que, para que los consumidores puedan ser defendidos realmente, se necesita una reforma a la ley.
––No se tiene el mecanismo ni la cultura de protección al consumidor. La Procuraduría se convierte en un aparto burocrático que no sirve de nada y las instancias gubernamentales se preocupan de todo, menos de proteger al consumidor –concluye el abogado laboral, quien también es doctor en derechos social y maestro en sociología del trabajo.
En una postura similar, Mario Di Costanzo, diputado del Partido del Trabajo, considera que las funciones principales de la Profeco son la defensa del consumidor en conflictos con el proveedor y la de informar sobre las condiciones del mercado. Y en ambas, “más o menos ha cumplido con su papel”.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, comenta que “hay un abismo” entre los objetivos de la Profeco y su cumplimiento. Su labor conciliadora se encuentra limitada. Por ello, también demanda una reforma a la ley.
––En realidad, la Profeco, más que una procuraduría, es una especie de concertación entre las partes. Se pierde tiempo y no hay resultados en este proceso de conciliación; los consumidores abandonan los casos y muchas veces el propio proceso de conciliación puede ser tortuoso y largo. Entonces, esto es lo que hace que los consumidores no acudan a Profeco, a menos que haya un daño o gasto mayor.
Daniel Gershenson, miembro de Al consumidor, AC, dice que la Profeco fue una idea que en 1976, “en un sistema muy autoritario”, constituía una novedad, pues los usuarios estarían representados y el gobierno velaría por sus intereses. Pero el concepto se devaluó porque se convirtió en una burocracia.
––Si nos vamos al aspecto puramente informativo, creo que Profeco sí ha cumplido. Por otro lado, si se trata de facultar a los consumidores y de limitar excesos de empresas inescrupulosas, Profeco ha sido un fracaso rotundo. El proceso de conciliación es una verdadera monserga.
La lectura que hace es que la Profeco no cumple con las características necesarias para definirse como procuraduría, “a lo más que aspira es a sentar al consumidor junto con los abogados de estos grandes corporativos en un proceso desigual y en donde, por lo general, los que salen siempre ganando son estos corporativos”. Propone una renovación completa, en la que se incluyan la delimitación de actividades y la ingerencia que pueda tener la Secretaría de Economía.
Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, señala que la Profeco “no sirve para nada” porque es una instancia cada día más sometida a los grupos del gran capital.
Irónicamente, recuerda que el 15 de marzo es el Día Internacional del Consumidor y que la Profeco organiza un acto protocolario con grandes empresas y grupos que están siendo demandados por los consumidores. “Más que un día del consumidor, es un día de los grandes empresarios”.
Finalmente, Dolores Rojas, de Oxfam México, asevera que la conciliación es una salida pronta, pues parece que la mentalidad de la institución es: “mejor un buen arreglo que un mal pleito o un mal arreglo que un buen pleito que pueda durar tanto tiempo”.
––No me parece que frente a un mal servicio o un incumplimiento de un proveedor se concilie, cuando lo que tiene que haber es un cumplimiento del contrato, o sea, tendría que ser sancionado.
“No volvería nunca más con la Profeco”, dice Laura Soto, quien conduce un auto reconstruido que Volkswagen le vendió como nuevo. Aún paga mensualidades por 3 mil 900 pesos, que no concluirá hasta que sume 153 mil 648 pesos.
Laura Soto Pinetti compró un vehículo automotor Gol Sedán, color negro, de la marca Volkswagen, el 27 de abril de 2009. Pasaron algunos meses para que, casualmente, se diera cuenta de que su coche había sido sometido a reparaciones antes de que ella lo “estrenara”. Luego de una investigación propia, se enteraría de que tiempo atrás un espectacular había caído encima de los autos que se encontraban en la sala de exhibición de Vehículos Aragón, SA de CV, y la compañía había decidido reconstruirlos y venderlos como “nuevos”. Ella fue una de las víctimas del engaño.
Ante el reclamo de Soto Pinetti, presentado en octubre del año pasado, los abogados de la franquicia respondieron –hasta el 8 de enero de 2010– que se reservaban su “derecho de emitir una opinión”.
Pero la consumidora defraudada también interpuso una queja en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). El 16 de octubre acudió a la Delegación del Norte de la dependencia para abrir el expediente PFC.NDF.B.3/003136-2009 contra Volkswagen de México, SA de CV, y Vehículos Aragón. Sin embrago, después de una audiencia realizada el 26 de noviembre, que duró 33 minutos, se le informó que quedaban “a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma que más le conviniera a sus intereses”; es decir, la Profeco cerró el caso y lo turnó al Archivo General.
––Yo creí que me podían ayudar en la Procuraduría, porque soy consumidor. Se supone que le resuelven a uno este tipo de problemas…
A decir de Soto Pinetti, los servidores públicos de la Profeco y los representantes legales de Volkswagen mostraron siempre una camaradería, aunque el trato hacia ella fue distante.
El caso de Laura Soto es uno de los 111 mil que recibió la Profeco durante 2009. Según el comunicado 011 emitido por esta instancia el 3 de febrero pasado, 14 mil 867 procedimientos concluyeron con multas a proveedores: poco más del 13 por ciento de los casos se resolvió a favor del consumidor. Así, recuperó 1 mil 106 millones de pesos para los ciudadanos.
El propio comunicado da cuenta de que los sectores contra los que mayor número de quejas se interponen son telecomunicaciones, inmobiliario y electricidad.
El sector vehicular también es uno de los obligados por el artículo 39 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a indicar el estado físico de sus productos (deficiencia, uso o reconstrucción), información que no fue proporcionada a la ciudadana Soto Pinetti al momento de realizar la compra.
Antes de que la consumidora acudiera a la Profeco, Juan Manuel Noguez, gerente de Ventas de Vehículos Aragón, le había dicho que los desperfectos encontrados en el automóvil “seguramente” se debían a “la sal del mar, porque los embarcan desde Brasil… O se dañó a la hora de bajarlo de la madrina (grúa)”. Y le ofreció cambiar las piezas dañadas del vehículo y un carro para que se transportara en esos días.
––No, señor. Yo compré un coche nuevo; yo no compré uno usado o reparado –fue la respuesta de Soto Pinetti.
Proceso conciliatorio
En la audiencia, efectuada en noviembre, estuvieron presentes: Teresa Guadalupe Bautista Franco y Rodolfo Mondragón Monroy, conciliadora y delegado de la Procuraduría; Sergio Chávez Martínez, abogado de la concesionaria vehicular; y Soto Pinetti, a quien no se le permitió estar acompañada de su esposo por no contar con una carta poder.
La consumidora solicitó el cambio de su auto. La licenciada Bautista Franco argumentó que la Procuraduría no tiene ese tipo de facultades y que, si no aceptaba los términos de Volkswagen, se cerraba el proceso; además, que no tenía caso volverla a citar a otra audiencia.
En entrevista con Contralínea, Norelly Domínguez Acosta, subprocuradora de Servicios, dice que no se puede obligar al proveedor a la devolución, pero que “el Poder Judicial tiene los medios para hacer cumplir la sentencia que el juzgado determine”.
Carolina López Reyes, directora de Atención a Medios, señala que cuando no se ponen de acuerdo las partes involucradas se cierra el caso. “Después de este proceso de conciliación, la persona puede acudir a un MP (Ministerio Público) con una denuncia penal; la idea es hacerlo de inmediato”.
Sin embargo, a la consumidora no se le informó siquiera que podía acudir al Ministerio Público para levantar un acta civil o penal. Soto Pinetti dice que no se sintió respaldada ni asesorada.
Domínguez Acosta indica que todo procedimiento conciliatorio tarda aproximadamente 90 días naturales para resolverse. “Citamos al proveedor y al consumidor. Se pueden celebrar tres audiencias, buscando un acuerdo, y si no hay ninguna satisfacción, se dejan a salvo los derechos del consumidor para que los haga valer como le convenga, básicamente a través del Poder Judicial”.
Ante las quejas de la consumidora sobre “maltrato”, Domínguez Acosta explica que, “como servidores públicos, estamos regidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Servicio Profesional, la Ley de Servidores Públicos”.
El papel de la Profeco
“Un fracaso”, es el calificativo que utiliza el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfonso Bouzas Ortiz para definir la labor conciliadora de la Profeco. Manifiesta que el interés empresarial domina y la Procuraduría ha sido reducida a una instancia que afecta a los propios consumidores.
El objetivo de la Profeco es conciliar proveedores y consumidores. Pero, para que haya una verdadera protección del consumidor, debe redefinirse la política económica, priorizar el interés del consumidor y meter frenos al sector empresarial, añade Bouzas Ortiz.
Explica que el procedimiento actual de defensa de los consumidores que realiza la Procuraduría depende de la disposición de conciliar: si el empresario no desea una conciliación, no se le puede obligar y el consumidor llega a la conclusión de que perdió el tiempo. Señala que, para que los consumidores puedan ser defendidos realmente, se necesita una reforma a la ley.
––No se tiene el mecanismo ni la cultura de protección al consumidor. La Procuraduría se convierte en un aparto burocrático que no sirve de nada y las instancias gubernamentales se preocupan de todo, menos de proteger al consumidor –concluye el abogado laboral, quien también es doctor en derechos social y maestro en sociología del trabajo.
En una postura similar, Mario Di Costanzo, diputado del Partido del Trabajo, considera que las funciones principales de la Profeco son la defensa del consumidor en conflictos con el proveedor y la de informar sobre las condiciones del mercado. Y en ambas, “más o menos ha cumplido con su papel”.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, comenta que “hay un abismo” entre los objetivos de la Profeco y su cumplimiento. Su labor conciliadora se encuentra limitada. Por ello, también demanda una reforma a la ley.
––En realidad, la Profeco, más que una procuraduría, es una especie de concertación entre las partes. Se pierde tiempo y no hay resultados en este proceso de conciliación; los consumidores abandonan los casos y muchas veces el propio proceso de conciliación puede ser tortuoso y largo. Entonces, esto es lo que hace que los consumidores no acudan a Profeco, a menos que haya un daño o gasto mayor.
Daniel Gershenson, miembro de Al consumidor, AC, dice que la Profeco fue una idea que en 1976, “en un sistema muy autoritario”, constituía una novedad, pues los usuarios estarían representados y el gobierno velaría por sus intereses. Pero el concepto se devaluó porque se convirtió en una burocracia.
––Si nos vamos al aspecto puramente informativo, creo que Profeco sí ha cumplido. Por otro lado, si se trata de facultar a los consumidores y de limitar excesos de empresas inescrupulosas, Profeco ha sido un fracaso rotundo. El proceso de conciliación es una verdadera monserga.
La lectura que hace es que la Profeco no cumple con las características necesarias para definirse como procuraduría, “a lo más que aspira es a sentar al consumidor junto con los abogados de estos grandes corporativos en un proceso desigual y en donde, por lo general, los que salen siempre ganando son estos corporativos”. Propone una renovación completa, en la que se incluyan la delimitación de actividades y la ingerencia que pueda tener la Secretaría de Economía.
Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, señala que la Profeco “no sirve para nada” porque es una instancia cada día más sometida a los grupos del gran capital.
Irónicamente, recuerda que el 15 de marzo es el Día Internacional del Consumidor y que la Profeco organiza un acto protocolario con grandes empresas y grupos que están siendo demandados por los consumidores. “Más que un día del consumidor, es un día de los grandes empresarios”.
Finalmente, Dolores Rojas, de Oxfam México, asevera que la conciliación es una salida pronta, pues parece que la mentalidad de la institución es: “mejor un buen arreglo que un mal pleito o un mal arreglo que un buen pleito que pueda durar tanto tiempo”.
––No me parece que frente a un mal servicio o un incumplimiento de un proveedor se concilie, cuando lo que tiene que haber es un cumplimiento del contrato, o sea, tendría que ser sancionado.
“No volvería nunca más con la Profeco”, dice Laura Soto, quien conduce un auto reconstruido que Volkswagen le vendió como nuevo. Aún paga mensualidades por 3 mil 900 pesos, que no concluirá hasta que sume 153 mil 648 pesos.
A empresarios panistas, contratos por 37 mil MDP
Érika Ramírez *
El gobierno federal endeuda a México con más de 37 mil 600 millones de pesos. Los compromisos se asumieron a través de nueve Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), esquemas de financiamiento firmados entre la iniciativa privada y el gobierno federal. La deuda tardará en cubrirse más de dos décadas y fue adquirida sin el consentimiento del Congreso de la Unión durante el periodo 2005-2008.
Bajo el pretexto de ampliar la infraestructura hospitalaria de la nación, en la Presidencia de Vicente Fox se inició este esquema de negocios en el sector salud, mismo que se amplió a la construcción de tramos carreteros y, también, contempla la edificación de una universidad en San Luis Potosí.
Luego de la fiscalización de hospitales regionales y unidades de especialidades médicas del Bajío y de Ciudad Victoria, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por incumplimiento de contratos y la “no” incorporación de los montos comprometidos en la deuda pública del país.
Ya en 2007, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre los “problemas latentes” que atraen las también llamadas asociaciones público-privadas. Destaca en su informe CEFP/019/2007: “El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un PPS, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública”. Es decir, contrario al discurso oficial, al país le resulta más caro “invitar” a la iniciativa privada a invertir en la construcción de obra pública y prestación de servicios.
En un primer esquema de promoción de estos vehículos de financiamiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –entonces a cargo de Francisco Gil Díaz– proyectó llevar a cabo 11 esquemas, de los cuales, tres serían desarrollados por las secretarías de Salud, siete más por la de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, según muestra el portal de internet oficial.
Sin embargo, la Secretaría de Salud indica que los PPS podrían incrementarse hasta en 10 institutos de salud. Los mismos deberán acabar su concurso de licitación al final de la segunda administración panista, bajo el plan México 2030, Proyecto de Gran Visión (Contralínea 171), firmado por Felipe Calderón Hijonosa.
Hospitales “especiales”
Documentos oficiales muestran que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón suman ya un adeudo en el sector salud por 18 mil 481 millones 181 mil 500 pesos. La cifra engloba la firma de contratos para la construcción de tres unidades hospitalarias en Guanajuato, Ciudad Victoria y Estado de México.
Los contratos fueron asignados a la trasnacional española Acciona para el Hospital Regional de Alta especialidad (HRAE) Bajío; Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella, quienes aportaron más de 2 millones de pesos al Partido Acción Nacional–, el HRAE Ciudad Victoria; así como a Constructora y Edificadora GIA+A, Constructora Hispánica, y Eductrade, el HRAE de Ixtapaluca. Los dos primeros merecieron observaciones del máximo órgano de fiscalización del país.
En marzo de 2009, Contralínea documentó que la “primera etapa” de administración de los PPS puso en marcha la construcción del HRAE Bajío. El 7 de noviembre de 2005, la Secretaría de Salud (Ssa) –entonces a cargo de Julio Frenk Mora– firmó el contrato 00012004-005, por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, con la trasnacional española.
Sin embargo, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la ASF, revela que el contrato se modificó el 25 de enero de 2007 y duplicó el monto inicial. A los más de 3 mil millones se le sumaron otros 4 mil 617 millones 684 mil pesos, lo que implica que el compromiso ascendió a 7 mil 748 millones 559 mil pesos. El mismo tiene vigencia hasta el 30 de enero de 2031.
En las “observaciones” que la ASF señala a la Ssa, el máximo órgano de fiscalización del país pone en entredicho la legalidad de los contratos y los pagos por 143 millones de pesos que debe pagar anualmente la secretaría, por 25 años: “aún no se había previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, hoy abrogada, la modalidad de autorización de presupuestos multianuales de gasto”.
Los compromisos, dice el informe, fueron autorizados “únicamente” por la SHCP, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, “sin participación alguna de la Cámara de Diputados”, para presupuestar el gasto y los compromisos de pago “con efectos similares a un endeudamiento público”.
La ASF destaca la manera “discrecional” de contratar los esquemas de financiamiento, pues hasta enero de 2009 –cuando se llevó a cabo la auditoría–, la Cámara de Diputados “no participa en la autorización de los PPS ni de los presupuestos multianuales correspondientes, dichas responsabilidades son ejercidas a total discreción por la SHCP”.
“Si bien, los compromisos de pago que se adquirieron en el contrato PPS no se clasifican como deuda y sólo se registran como gasto corriente, su efecto en las finanzas públicas es el mismo que el de la contratación de un crédito a largo plazo autorizado como deuda por el Congreso de la Unión”, dice.
Además, requiere la homologación del contrato de concesión sobre el terreno en el que está construido el HRAE Bajío, ya que “en el contrato del PPS no se especifica tal situación y el título de concesión se otorgó por un plazo de 50 años, periodo que difirió con el plazo del PPS, que fue a 25 años”. Tampoco se especificó qué sucederá con la concesión del terreno durante el tiempo restante, menciona la ASF.
Incumplimiento de los Servitje
Otro de los contratos auditados por la ASF fue el que firmó la administración de Felipe Calderón con quienes financiaron su campaña en 2006: los Mariscal Servitje y Mariscal Torroella. El proyecto de Prestación de Servicios HRAE de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que costará al erario más de 4 mil millones de pesos; monto que deberá liquidarse hasta el 11 de julio de 2032.
A través de la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, los accionistas de grupo Bimbo obtuvieron el contrato 00012003-009-06, que concursó en una licitación pública internacional.
El compromiso, pactado entre la Ssa y los empresarios, fue incumplido “al no poner en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y no exigieron que el inversionista proveedor suministrara e instalara el equipamiento médico necesario”.
Pese a que el 10 de enero la Ssa certificó la terminación de los trabajos, la dependencia a cargo de Córdova Villalobos “no utilizó los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos del proyecto, debido a que no ha puesto en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE”, indica la ASF.
Del hospital de atención especializada no se pusieron en servicio las áreas de “anatomía patológica, medicina física y rehabilitación, medicina nuclear, oncología, radioterapia, quimioterapia, y braquioterapia, y parcialmente consulta externa y hospitalización con 20 camas, cuatro camas en terapia intensiva y dos de la unidad de cuidados intensivos”.
El contrato de más de 4 mil millones de pesos comprende el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento y manutención y conservación del proyecto. Sin embargo, indica la ASF, la Ssa “no actuó de conformidad con lo establecido en el contrato, debido a que no exigió oportunamente al inversionista proveedor el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el mismo para que la prestación de los servicios médicos se dé con eficiencia, calidad y oportunidad para el buen funcionamiento del hospital”.
De la maquinaria que no fue instalada se destacan los monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, ultrasonido intravascular, portaendoscopios, oximetría de pulso, ortopantomógrafo, neuroestimuladores, sillón de exploración con unidad de otorrinolaringología, computadora para terapia de lenguaje y oftalmoscopio directo, entre otras.
Además, la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella– “proyectó y construyó un espacio que incumple con las necesidades requeridas para funcionar adecuadamente como un auditorio, el cual debe tener una capacidad para 200 personas con butacas con paletas y preparación de traductor simultáneo. El espacio construido no cumple con la acústica y visibilidad necesarias”.
La Ssa “tampoco ha exigido el equipamiento y mobiliario de la biblioteca, hemeroteca y videoteca, así como la colocación de cuadros de ambientación, macetones con vegetación natural, calcomanías, tapetes de acceso y un mural o murales en su caso”, revela la revisión a la Cuenta Pública 2008.
El máximo órgano de fiscalización del país solicitó la intervención del Órgano Interno de Control para fincar responsabilidades. En tanto, la Ssa tiene un plazo de 45 días hábiles para solventar los señalamientos de la ASF.
Concesiones por 19 mil MDP a militantes del PAN
Empresas ICA (Ingenieros Civiles Asociados) es una de las principales compañías que conforman los consorcios “ganadores” de los PPS carreteros. Estos esquemas licitados por la SCT rebasan un “adeudo” por 19 mil millones de pesos.
Informes del financiamiento de campaña en 2006 del Partido Acción Nacional (PAN) muestran que los accionistas de ICA, militantes del blanquiazul, aportaron recursos por más de 4.5 millones de pesos a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, en la contienda presidencial de 2006.
La compañía liderada por Bernardo Quintana Isaac se ha dedicado a la construcción de obra pública desde 1947, cuando su padre Bernardo Quintana Arrioja inició el negocio. Ésta ha firmado alianzas con Desarrolladora de Proyectos de Infraestructura, Controladora de Operaciones e Infraestructura y FCC Construcción, para obtener la concesión de cuatro de los seis PPS carreteros.
De los hermanos Bernardo, Alonso y Diego Quintana Kawage, Diego es el que aportó más recursos al PAN en 2006: 2 millones 790 mil pesos. Integrante del Consejo de Administración de ICA e hijo de Quintana Isaac, el empresario hizo los depósitos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los meses de enero, junio, julio y septiembre de ese año electoral, como muestra la Relación personalizada de aportaciones de militantes del PAN en efectivo 2006 (cuya copia posee Contralínea).
El nieto del fundador de ICA aparece en el Consejo de Administración como director de la Unidad de Negocios de Vivienda desde 2004. También es vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Mexicana de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.
Sus hermanos Alonso y Bernardo fueron también donadores panistas en las elecciones presidenciales pasadas. Ambos depositaron al CEN de PAN 900 mil pesos cada uno, en mayo y junio de aquel año.
El primero ocupa el cargo de director Corporativo de Finanzas y Administración de ICA, desde enero de 2007, luego de integrarse a la empresa familiar desde 1994. El segundo es el director general de ICA Construcciones Urbanas.
Contratos al margen de la ley
Además de los contratos a través de los esquemas PPS, las administraciones panistas han licitado siete proyectos carreteros, concesionados a la iniciativa privada por más de 20 años. La cifra total de este compromiso suma 19 mil 202 millones de pesos mediante seis tramos carreteros.
El informe de la Cámara de Diputados explica que los PPS carreteros son una concesión otorgada a través de una licitación pública, que le garantiza al concesionario la adjudicación del contrato de prestación de servicios. Éste establece la asociación entre la SCT y la empresa privada para diseñar, financiar, construir, mantener y operar una carretera; el plazo del mismo va de 15 a 30 años.
De los seis proyectos licitados (de un total de siete programados) la ASF fiscalizó en la Cuenta Pública el “tramo carretero Querétaro-Irapuato”, que comprende 3 mil 628 millones de pesos. Concedido hasta por 20 años, el pago del contrato fue administrado como gasto corriente.
Sin embargo, el máximo órgano de fiscalización dice que los compromisos adquiridos bajo los esquemas PPS “representan obligaciones reales ineludibles de pago y de tener un carácter preferencial en la presupuestación anual, al momento de asignar y autorizar recursos, tal como fue el caso del contrato del proyecto de prestación de servicios del tramo carretero Querétaro- Irapuato, suscrito entre la SCT y la empresa Concesionaria de Vías Irapuato-Querétaro”.
El informe indica que es “conveniente que el Congreso de la Unión tenga una mayor participación en la autorización de este tipo de compromisos”, que formen parte del registro de la deuda pública federal, sean identificados plenamente en la Cuenta Pública y en los estados financieros de las paraestatales.
El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que el Congreso tiene la facultad para “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional”.
“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república.
“Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente”.
PPS, “pilar” del sector salud: Ssa
Manuel de la Llata Romero, director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de la Secretaría de Salud, defiende los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en el sector, y la deuda que conllevan. Son el “pilar” fundamental para incrementar la infraestructura hospitalaria que necesita México, dice.
“Es bien sabido que los recursos no abundan en nuestro país y tenemos que establecer los hospitales que se requieren; por ello, a partir de que en el gobierno de Vicente Fox quedaron aprobados, por las secretarías de Hacienda y la Función Pública, ahora se tiene proyectado que sean 12 PPS en todo el país, más tres en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey”, agrega.
Ante el impacto social que podrían tener estos proyectos, que en promedio significan un compromiso de más de 7 mil millones de pesos, a un plazo de 25 años, De la Llata dice que aún es “prematuro hacer juicios, pero sabemos que ha habido una reducción de padecimientos de personas que habitan en esas regiones, particularmente: cáncer, cardiología y algunas otras especialidades (sic)”.
Luego de que el pasado 17 de febrero se hicieran públicas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, el coordinador de los HRAE dice desconocer el porqué Acciona, proveedor, accionista del PPS del Bajío, tiene un contrato en el que se define que tiene derecho sobre las tierras en donde se edificó el HRAE por 50 años, y no por los 25 que durará la relación comercial con el gobierno federal, como lo menciona el órgano fiscalizador.
“Ese detalle no lo conozco, porque estos HRAE son entidades independientes, desde el punto de vista jurídico. Dependen normativamente de esta comisión, pero tienen una estructura de independencia. Ésa es la fortaleza del instituto. Son los directivos los que tendrán que solventar las observaciones de la auditoría”, comenta.
Sobre el incumplimiento de contrato de Grupo Marhnos en el HRAE de Ciudad Victoria, en donde la ASF detectó la falta de equipo y maquinaria para la atención médica, el funcionario de la Secretaría de Salud asegura que, justo un día antes de la entrevista con Contralínea (3 de marzo de 2010), se resolvieron algunas de las controversias con los proveedores: “Hubo algunos aspectos del equipamiento, y hemos tenido reuniones con ellos para que quede totalmente aclarado. Digamos que existe una visión distinta, pero confío en que quede totalmente aclarado”.
Sobre la entrega de donativos en la campaña presidencial de 2006, de familias que ahora tienen los PPS en su cartera de negocios, De la Llata prefiere no “opinar”, pues de eso sólo sabe la Dirección General de Infraestructura Física. “Nosotros sólo somos operativos”.
Mario Di Costanzo Armenta, economista y legislador por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, explica que los PPS generan una deuda “contingente” que finalmente se materializa, como los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto, un esquema que no fue idóneo para Petróleos Mexicanos.
El pretexto, comenta, es “encontrar nuevos negocios para entregárselos a los privados y seguir endeudando al país, cuando se puede hacer una inversión directa. Los empresarios son los nuevos intermediarios que se van a quedar con todo. Es otra manera de seguir entregando al país”. (ER)
“Problemas latentes en un contrato PPS”
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica cuáles podrían ser los problemas que genere la contratación de obra a través de los PPS:
· El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un proyecto de Prestación de Servicios, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública. El sector privado requiere una tasa de retorno superior a la tasa requerida por el sector público. Esta diferencia impacta en las finanzas públicas y en la capacidad gubernamental para mantener y expandir los servicios existentes.
· Si bien, la inyección de recursos privados permite satisfacer necesidades y proveer servicios públicos, que podrían haberse pospuesto o no atendido en el corto plazo, también en el largo plazo se acumulan pasivos durante la vida del contrato.
· Dado que se trata de contratos de largo plazo, superiores a 15 años, en la contraparte privada se podrían observar cambios en las estrategias de inversión, en la organización, en la propiedad o en la junta directiva.
· Finalmente, los PPS emergen cuando un inversionista privado o el gobierno identifica una oportunidad, no necesariamente responden a necesidades urgentes plenamente identificadas, en este caso, el sector privado los desarrolla con un costo extra.
* Reportera de las revistas mexicanas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna, negocios y finanzas. Egresada de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, UNAM. Becaria de los diplomados de Periodismo Radial y Periodismo de Investigación, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba.
El gobierno federal endeuda a México con más de 37 mil 600 millones de pesos. Los compromisos se asumieron a través de nueve Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), esquemas de financiamiento firmados entre la iniciativa privada y el gobierno federal. La deuda tardará en cubrirse más de dos décadas y fue adquirida sin el consentimiento del Congreso de la Unión durante el periodo 2005-2008.
Bajo el pretexto de ampliar la infraestructura hospitalaria de la nación, en la Presidencia de Vicente Fox se inició este esquema de negocios en el sector salud, mismo que se amplió a la construcción de tramos carreteros y, también, contempla la edificación de una universidad en San Luis Potosí.
Luego de la fiscalización de hospitales regionales y unidades de especialidades médicas del Bajío y de Ciudad Victoria, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por incumplimiento de contratos y la “no” incorporación de los montos comprometidos en la deuda pública del país.
Ya en 2007, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre los “problemas latentes” que atraen las también llamadas asociaciones público-privadas. Destaca en su informe CEFP/019/2007: “El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un PPS, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública”. Es decir, contrario al discurso oficial, al país le resulta más caro “invitar” a la iniciativa privada a invertir en la construcción de obra pública y prestación de servicios.
En un primer esquema de promoción de estos vehículos de financiamiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –entonces a cargo de Francisco Gil Díaz– proyectó llevar a cabo 11 esquemas, de los cuales, tres serían desarrollados por las secretarías de Salud, siete más por la de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, según muestra el portal de internet oficial.
Sin embargo, la Secretaría de Salud indica que los PPS podrían incrementarse hasta en 10 institutos de salud. Los mismos deberán acabar su concurso de licitación al final de la segunda administración panista, bajo el plan México 2030, Proyecto de Gran Visión (Contralínea 171), firmado por Felipe Calderón Hijonosa.
Hospitales “especiales”
Documentos oficiales muestran que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón suman ya un adeudo en el sector salud por 18 mil 481 millones 181 mil 500 pesos. La cifra engloba la firma de contratos para la construcción de tres unidades hospitalarias en Guanajuato, Ciudad Victoria y Estado de México.
Los contratos fueron asignados a la trasnacional española Acciona para el Hospital Regional de Alta especialidad (HRAE) Bajío; Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella, quienes aportaron más de 2 millones de pesos al Partido Acción Nacional–, el HRAE Ciudad Victoria; así como a Constructora y Edificadora GIA+A, Constructora Hispánica, y Eductrade, el HRAE de Ixtapaluca. Los dos primeros merecieron observaciones del máximo órgano de fiscalización del país.
En marzo de 2009, Contralínea documentó que la “primera etapa” de administración de los PPS puso en marcha la construcción del HRAE Bajío. El 7 de noviembre de 2005, la Secretaría de Salud (Ssa) –entonces a cargo de Julio Frenk Mora– firmó el contrato 00012004-005, por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, con la trasnacional española.
Sin embargo, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la ASF, revela que el contrato se modificó el 25 de enero de 2007 y duplicó el monto inicial. A los más de 3 mil millones se le sumaron otros 4 mil 617 millones 684 mil pesos, lo que implica que el compromiso ascendió a 7 mil 748 millones 559 mil pesos. El mismo tiene vigencia hasta el 30 de enero de 2031.
En las “observaciones” que la ASF señala a la Ssa, el máximo órgano de fiscalización del país pone en entredicho la legalidad de los contratos y los pagos por 143 millones de pesos que debe pagar anualmente la secretaría, por 25 años: “aún no se había previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, hoy abrogada, la modalidad de autorización de presupuestos multianuales de gasto”.
Los compromisos, dice el informe, fueron autorizados “únicamente” por la SHCP, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, “sin participación alguna de la Cámara de Diputados”, para presupuestar el gasto y los compromisos de pago “con efectos similares a un endeudamiento público”.
La ASF destaca la manera “discrecional” de contratar los esquemas de financiamiento, pues hasta enero de 2009 –cuando se llevó a cabo la auditoría–, la Cámara de Diputados “no participa en la autorización de los PPS ni de los presupuestos multianuales correspondientes, dichas responsabilidades son ejercidas a total discreción por la SHCP”.
“Si bien, los compromisos de pago que se adquirieron en el contrato PPS no se clasifican como deuda y sólo se registran como gasto corriente, su efecto en las finanzas públicas es el mismo que el de la contratación de un crédito a largo plazo autorizado como deuda por el Congreso de la Unión”, dice.
Además, requiere la homologación del contrato de concesión sobre el terreno en el que está construido el HRAE Bajío, ya que “en el contrato del PPS no se especifica tal situación y el título de concesión se otorgó por un plazo de 50 años, periodo que difirió con el plazo del PPS, que fue a 25 años”. Tampoco se especificó qué sucederá con la concesión del terreno durante el tiempo restante, menciona la ASF.
Incumplimiento de los Servitje
Otro de los contratos auditados por la ASF fue el que firmó la administración de Felipe Calderón con quienes financiaron su campaña en 2006: los Mariscal Servitje y Mariscal Torroella. El proyecto de Prestación de Servicios HRAE de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que costará al erario más de 4 mil millones de pesos; monto que deberá liquidarse hasta el 11 de julio de 2032.
A través de la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, los accionistas de grupo Bimbo obtuvieron el contrato 00012003-009-06, que concursó en una licitación pública internacional.
El compromiso, pactado entre la Ssa y los empresarios, fue incumplido “al no poner en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y no exigieron que el inversionista proveedor suministrara e instalara el equipamiento médico necesario”.
Pese a que el 10 de enero la Ssa certificó la terminación de los trabajos, la dependencia a cargo de Córdova Villalobos “no utilizó los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos del proyecto, debido a que no ha puesto en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE”, indica la ASF.
Del hospital de atención especializada no se pusieron en servicio las áreas de “anatomía patológica, medicina física y rehabilitación, medicina nuclear, oncología, radioterapia, quimioterapia, y braquioterapia, y parcialmente consulta externa y hospitalización con 20 camas, cuatro camas en terapia intensiva y dos de la unidad de cuidados intensivos”.
El contrato de más de 4 mil millones de pesos comprende el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento y manutención y conservación del proyecto. Sin embargo, indica la ASF, la Ssa “no actuó de conformidad con lo establecido en el contrato, debido a que no exigió oportunamente al inversionista proveedor el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el mismo para que la prestación de los servicios médicos se dé con eficiencia, calidad y oportunidad para el buen funcionamiento del hospital”.
De la maquinaria que no fue instalada se destacan los monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, ultrasonido intravascular, portaendoscopios, oximetría de pulso, ortopantomógrafo, neuroestimuladores, sillón de exploración con unidad de otorrinolaringología, computadora para terapia de lenguaje y oftalmoscopio directo, entre otras.
Además, la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella– “proyectó y construyó un espacio que incumple con las necesidades requeridas para funcionar adecuadamente como un auditorio, el cual debe tener una capacidad para 200 personas con butacas con paletas y preparación de traductor simultáneo. El espacio construido no cumple con la acústica y visibilidad necesarias”.
La Ssa “tampoco ha exigido el equipamiento y mobiliario de la biblioteca, hemeroteca y videoteca, así como la colocación de cuadros de ambientación, macetones con vegetación natural, calcomanías, tapetes de acceso y un mural o murales en su caso”, revela la revisión a la Cuenta Pública 2008.
El máximo órgano de fiscalización del país solicitó la intervención del Órgano Interno de Control para fincar responsabilidades. En tanto, la Ssa tiene un plazo de 45 días hábiles para solventar los señalamientos de la ASF.
Concesiones por 19 mil MDP a militantes del PAN
Empresas ICA (Ingenieros Civiles Asociados) es una de las principales compañías que conforman los consorcios “ganadores” de los PPS carreteros. Estos esquemas licitados por la SCT rebasan un “adeudo” por 19 mil millones de pesos.
Informes del financiamiento de campaña en 2006 del Partido Acción Nacional (PAN) muestran que los accionistas de ICA, militantes del blanquiazul, aportaron recursos por más de 4.5 millones de pesos a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, en la contienda presidencial de 2006.
La compañía liderada por Bernardo Quintana Isaac se ha dedicado a la construcción de obra pública desde 1947, cuando su padre Bernardo Quintana Arrioja inició el negocio. Ésta ha firmado alianzas con Desarrolladora de Proyectos de Infraestructura, Controladora de Operaciones e Infraestructura y FCC Construcción, para obtener la concesión de cuatro de los seis PPS carreteros.
De los hermanos Bernardo, Alonso y Diego Quintana Kawage, Diego es el que aportó más recursos al PAN en 2006: 2 millones 790 mil pesos. Integrante del Consejo de Administración de ICA e hijo de Quintana Isaac, el empresario hizo los depósitos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los meses de enero, junio, julio y septiembre de ese año electoral, como muestra la Relación personalizada de aportaciones de militantes del PAN en efectivo 2006 (cuya copia posee Contralínea).
El nieto del fundador de ICA aparece en el Consejo de Administración como director de la Unidad de Negocios de Vivienda desde 2004. También es vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Mexicana de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.
Sus hermanos Alonso y Bernardo fueron también donadores panistas en las elecciones presidenciales pasadas. Ambos depositaron al CEN de PAN 900 mil pesos cada uno, en mayo y junio de aquel año.
El primero ocupa el cargo de director Corporativo de Finanzas y Administración de ICA, desde enero de 2007, luego de integrarse a la empresa familiar desde 1994. El segundo es el director general de ICA Construcciones Urbanas.
Contratos al margen de la ley
Además de los contratos a través de los esquemas PPS, las administraciones panistas han licitado siete proyectos carreteros, concesionados a la iniciativa privada por más de 20 años. La cifra total de este compromiso suma 19 mil 202 millones de pesos mediante seis tramos carreteros.
El informe de la Cámara de Diputados explica que los PPS carreteros son una concesión otorgada a través de una licitación pública, que le garantiza al concesionario la adjudicación del contrato de prestación de servicios. Éste establece la asociación entre la SCT y la empresa privada para diseñar, financiar, construir, mantener y operar una carretera; el plazo del mismo va de 15 a 30 años.
De los seis proyectos licitados (de un total de siete programados) la ASF fiscalizó en la Cuenta Pública el “tramo carretero Querétaro-Irapuato”, que comprende 3 mil 628 millones de pesos. Concedido hasta por 20 años, el pago del contrato fue administrado como gasto corriente.
Sin embargo, el máximo órgano de fiscalización dice que los compromisos adquiridos bajo los esquemas PPS “representan obligaciones reales ineludibles de pago y de tener un carácter preferencial en la presupuestación anual, al momento de asignar y autorizar recursos, tal como fue el caso del contrato del proyecto de prestación de servicios del tramo carretero Querétaro- Irapuato, suscrito entre la SCT y la empresa Concesionaria de Vías Irapuato-Querétaro”.
El informe indica que es “conveniente que el Congreso de la Unión tenga una mayor participación en la autorización de este tipo de compromisos”, que formen parte del registro de la deuda pública federal, sean identificados plenamente en la Cuenta Pública y en los estados financieros de las paraestatales.
El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que el Congreso tiene la facultad para “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional”.
“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república.
“Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente”.
PPS, “pilar” del sector salud: Ssa
Manuel de la Llata Romero, director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de la Secretaría de Salud, defiende los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en el sector, y la deuda que conllevan. Son el “pilar” fundamental para incrementar la infraestructura hospitalaria que necesita México, dice.
“Es bien sabido que los recursos no abundan en nuestro país y tenemos que establecer los hospitales que se requieren; por ello, a partir de que en el gobierno de Vicente Fox quedaron aprobados, por las secretarías de Hacienda y la Función Pública, ahora se tiene proyectado que sean 12 PPS en todo el país, más tres en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey”, agrega.
Ante el impacto social que podrían tener estos proyectos, que en promedio significan un compromiso de más de 7 mil millones de pesos, a un plazo de 25 años, De la Llata dice que aún es “prematuro hacer juicios, pero sabemos que ha habido una reducción de padecimientos de personas que habitan en esas regiones, particularmente: cáncer, cardiología y algunas otras especialidades (sic)”.
Luego de que el pasado 17 de febrero se hicieran públicas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, el coordinador de los HRAE dice desconocer el porqué Acciona, proveedor, accionista del PPS del Bajío, tiene un contrato en el que se define que tiene derecho sobre las tierras en donde se edificó el HRAE por 50 años, y no por los 25 que durará la relación comercial con el gobierno federal, como lo menciona el órgano fiscalizador.
“Ese detalle no lo conozco, porque estos HRAE son entidades independientes, desde el punto de vista jurídico. Dependen normativamente de esta comisión, pero tienen una estructura de independencia. Ésa es la fortaleza del instituto. Son los directivos los que tendrán que solventar las observaciones de la auditoría”, comenta.
Sobre el incumplimiento de contrato de Grupo Marhnos en el HRAE de Ciudad Victoria, en donde la ASF detectó la falta de equipo y maquinaria para la atención médica, el funcionario de la Secretaría de Salud asegura que, justo un día antes de la entrevista con Contralínea (3 de marzo de 2010), se resolvieron algunas de las controversias con los proveedores: “Hubo algunos aspectos del equipamiento, y hemos tenido reuniones con ellos para que quede totalmente aclarado. Digamos que existe una visión distinta, pero confío en que quede totalmente aclarado”.
Sobre la entrega de donativos en la campaña presidencial de 2006, de familias que ahora tienen los PPS en su cartera de negocios, De la Llata prefiere no “opinar”, pues de eso sólo sabe la Dirección General de Infraestructura Física. “Nosotros sólo somos operativos”.
Mario Di Costanzo Armenta, economista y legislador por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, explica que los PPS generan una deuda “contingente” que finalmente se materializa, como los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto, un esquema que no fue idóneo para Petróleos Mexicanos.
El pretexto, comenta, es “encontrar nuevos negocios para entregárselos a los privados y seguir endeudando al país, cuando se puede hacer una inversión directa. Los empresarios son los nuevos intermediarios que se van a quedar con todo. Es otra manera de seguir entregando al país”. (ER)
“Problemas latentes en un contrato PPS”
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica cuáles podrían ser los problemas que genere la contratación de obra a través de los PPS:
· El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un proyecto de Prestación de Servicios, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública. El sector privado requiere una tasa de retorno superior a la tasa requerida por el sector público. Esta diferencia impacta en las finanzas públicas y en la capacidad gubernamental para mantener y expandir los servicios existentes.
· Si bien, la inyección de recursos privados permite satisfacer necesidades y proveer servicios públicos, que podrían haberse pospuesto o no atendido en el corto plazo, también en el largo plazo se acumulan pasivos durante la vida del contrato.
· Dado que se trata de contratos de largo plazo, superiores a 15 años, en la contraparte privada se podrían observar cambios en las estrategias de inversión, en la organización, en la propiedad o en la junta directiva.
· Finalmente, los PPS emergen cuando un inversionista privado o el gobierno identifica una oportunidad, no necesariamente responden a necesidades urgentes plenamente identificadas, en este caso, el sector privado los desarrolla con un costo extra.
* Reportera de las revistas mexicanas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna, negocios y finanzas. Egresada de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, UNAM. Becaria de los diplomados de Periodismo Radial y Periodismo de Investigación, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba.
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